“Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”

 

Ley Núm. 83 de 2 de Mayo de 1941, según enmendada

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 27 de 10 de Junio de 1959

Ley Núm. 58 de 6 de Junio de 1960

Ley Núm. 62 de 17 de Junio de 1966

Ley Núm. 39 de 23 de Mayo de 1967

Ley Núm. 112 de 28 de Junio de 1969

Ley Núm. 5 de 28 de Junio de 1973

Ley Núm. 36 de 25 de Mayo de 1973

Ley Núm. 106 de 28 de Junio de 1974

Ley Núm. 59 de 27 de mayo de 1976

Ley Núm. 3 de 1 de Febrero de 1979

Ley Núm. 57 de 30 de Mayo de 1979

Ley Núm. 46 de 12 de Mayo de 1980

Ley Núm. 148 de 18 de Junio de 1980

Ley Núm. 4 de 8 de Junio de 1981

Ley Núm. 144 de 2 de Agosto de 1988

Ley Núm. 34 de 24 de Julio de 1989

Ley Núm. 29 de 26 de Julio de 1991

Ley Núm. 32 de 22 de Julio de 1992

Ley Núm. 84 de 13 de Agosto de 1994

Ley Núm. 47 de 23 de Mayo de 1995

Ley Núm. 164 de 11 de Agosto de 1995

Ley Núm. 124 de 11 de Agosto de 1996

Ley Núm. 164 de 23 de Agosto de 1996

Ley Núm. 152 de 19 de Julio de 1998

Ley Núm. 145 de 9 de Agosto de 2002

Ley Núm. 194 de 17 de Agosto de 2002

Ley Núm. 272 de 8 de Diciembre de 2002

Ley Núm. 297 de 25 de Diciembre de 2002

Ley Núm. 28 de 1 de Enero de 2003

Ley Núm. 189 de 18 de Agosto de 2003

Ley Núm. 300 de 8 de Diciembre de 2003

Ley Núm. 255 de 7 de Septiembre de 2004

Ley Núm. 370 de 16 de Septiembre de 2004

Ley Núm. 2 de 5 de Enero de 2006

Ley Núm. 223 de 4 de Octubre de 2006

Ley Núm. 79 de 29 de Julio de 2007

Ley Núm. 86 de 30 de Julio de 2007

Ley Núm. 131 de 27 de Septiembre de 2007

Ley Núm. 138 de 1 de Octubre de 2007

Ley Núm. 162 de 7 de Diciembre de 2009

Ley Núm. 222 de 30 de Diciembre de 2010

Ley Núm. 233 de 11 de Diciembre de 2011

Ley Núm. 234 de 11 de Diciembre de 2011

Ley Núm. 236 de 11 de Diciembre de 2011

Ley Núm. 238 de 11 de Diciembre de 2011

Ley Núm. 29 de 25 de Junio de 2013

Ley Núm. 57 de 27 de Mayo de 2014

Ley Núm. 152 de 6 de Septiembre de 2014

Ley Núm. 4 de 16 de Febrero de 2016

Ley Núm. 22 de 7 de Abril de 2016

Ley Núm. 37 de 26 de Junio de 2017

Ley Núm. 107 de 30 de Mayo de 2018

Ley Núm. 207 de 5 de Agosto de 2018

Ley Núm. 211 de 12 de Agosto de 2018

Ley Núm. 271 de 15 de Diciembre de 2018

Ley Núm. 17 de 11 de Abril de 2019

Ley Núm. 33 de 22 de Mayo de 2019

Ley Núm. 121 de 15 de Agosto de 2020)​

 

 

Creando la Autoridad de Fuentes Fluviales [Nota: Renominada Autoridad de Energía Eléctrica, Ley 57-1979]; Proveyendo para sus facultades y deberes; Traspasando a dicha Autoridad todas las propiedades, derechos, deberes y obligaciones de utilización de las fuentes fluviales; Autorizándola para adquirir, construir, conservar, operar, mejorar y extender empresas productoras de rentas para continuar el desarrollo de las fuentes fluviales de la isla; Proveyendo para la fijación y cobro de tarifas, derechos y otros impuestos por los servicios de tales empresas y para separar o combinar, empeñar, gravar y de otro modo comprometer las rentas de las mismas; Autorizándola a aceptar donaciones y préstamos de los Estados Unidos o de cualquiera agencia o dependencia de los mismos, a tomar dinero a préstamo y emitir bonos negociables, proveyendo para el pago de dichos bonos y para la fijación de los derechos de los tenedores de los mismos; Autorizando a el pueblo de Puerto Rico a adquirir bienes raíces para la Autoridad; Autorizando a los municipios y subdivisiones a ceder y traspasar propiedad inmueble a la Autoridad; Declarando de utilidad pública cualesquiera obras, proyectos e inmuebles necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta ley; prohibiendo la expedición de interdictos que impidan la ejecución de esta ley, y para otros fines.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

Sección 1. — (22 L.P.R.A. § 191)

 

   Esta ley podrá citarse con el nombre de “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.

 

 

DEFINICIONES

 

 

Sección 2. Definiciones. (22 L.P.R.A. § 192)

 

   Los siguientes términos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en esta Ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:

(a) Acuerdo de Acreedores. — Significará cualquier acuerdo firmado (incluyendo sus apéndices, anejos y documentos suplementarios) entre la Autoridad y varios de sus acreedores principales, según enmendado o suplementado, mediante el cual ciertos términos y condiciones de la deuda actual se modifican y la Autoridad pudiera comprometerse a (i) implantar ciertas medidas de reforma administrativa, operacional y de gobernanza; (ii) modernizar la generación de electricidad; (iii) optimizar la transmisión y distribución de electricidad; y (iv) obtener ahorros operacionales. Ni el Acuerdo ni enmienda o suplemento futuro alguno podrán ser contrarios a las disposiciones de la “Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica”.

(b) Agencia federal. — Significará los Estados Unidos de América, el Presidente de los Estados Unidos de América, cualquiera de sus departamentos, o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por los Estados Unidos de América.

(c) Autoridad o AEE. — Significará la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico que se crea por esta Ley.

(d) Bonos. — Significará los bonos, bonos a término, bonos convertibles, obligaciones, pagarés, bonos provisionales o interinos, recibos, certificados, u otros comprobantes de deudas u obligaciones que la Autoridad está facultada para emitir, de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

(e) Comisión o Negociado.Significará el Negociado de Energía de Puerto Rico, según establecido en virtud del Plan de Reorganización de la Junta Reglamentadora de Servicio Público de Puerto Rico y la Ley 211-2018, que es un ente independiente especializado encargado de reglamentar, supervisar y hacer cumplir la política pública energética del Gobierno de Puerto Rico, anterior Comisión de Energía creada por la Ley 57-2014, según enmendada. Toda referencia que esta Ley haga a “la Comisión o Comisión de Energía”, se entenderá que se refiere al Negociado de Energía de Puerto Rico.

(f) Conservación. — Significará cualquier reducción en el consumo de energía eléctrica que resulte de cambios en los patrones de consumo de energía de los clientes.

(g) Eficiencia energética.Significará la disminución en el uso de energía atribuibles al reemplazo de enseres y equipo, modernización de tecnología o a una mejor operación de materiales y equipos existentes, o cualquier otro programa desarrollado e implementado a los fines de reducir el consumo de energía.

(h) Empresa. — Significará cualquiera de las siguientes o combinación de dos o más de las mismas para continuar el desarrollo de la producción energética, a saber: obras, instalaciones, estructuras, riego, electricidad, calefacción, alumbrado, fuerza o equipos, con todas sus partes y pertenencias, y terrenos y derechos sobre terrenos, derechos y privilegios en relación con los mismos y toda o cualquier otra propiedad o servicios que la Autoridad considere necesarios, propios, incidentales o convenientes, en conexión con sus actividades, incluyendo, pero sin limitarse a, sistemas de abastecimiento y distribución hidroeléctricos y de riego, centrales para generar de manera centralizada o distribuida electricidad por fuerza hidráulica, o por cualesquiera otros medios, incluyendo el vapor y las fuentes renovables de energía, y estaciones, pantanos, represas, canales, túneles, conductos, líneas de trasmisión y distribución, otras instalaciones y accesorios necesarios, útiles o corrientemente usados y empleados para la producción, desviación, captación, embalse, conservación, aprovechamiento, transporte, distribución, venta, intercambio, entrega o cualquier otra disposición de energía eléctrica, equipo eléctrico, suministro, servicios y otras actividades en que la Autoridad desee interesarse o se interese en consecución de sus propósitos.

(i) Energía renovable. — Significará lo mismo que el término “energía verde” según definido en la Ley 82-2010, según enmendada, o su sucesora.

(j) Funcionario o empleado. Funcionarios, empleados o personas que trabajan en la Autoridad de Energía Eléctrica o cualquiera de sus entidades o subsidiarias.

(k) Instalaciones de Servicios Públicos Indispensables. Significará las instalaciones de salud, estaciones de policía y fuerzas armadas, estaciones de bomberos, oficinas de manejo de emergencias, prisiones, instalaciones para el suministro y tratamiento de agua y tratamiento de aguas residuales e instalaciones educativas propiedad del, o utilizada por, el gobierno que se designe por la Comisión como una “Instalación de Servicios Públicos Indispensables” mediante reglamento.

(l) Junta. — Significará la Junta de Gobierno de la Autoridad.

(m) Modernización. Significará el desarrollo de proyectos para nuevas plantas generatrices o para reemplazar plantas existentes de conformidad con el más reciente plan integrado de recursos aprobado por el Negociado.

(n) Participación ciudadana. — Significará la variedad de mecanismos para permitir que los clientes de la Autoridad y las compañías generadoras y/o distribuidoras de energía certificadas en Puerto Rico tengan espacios para expresar sus preocupaciones, dar sugerencias y ser incluidos en los procesos de toma de decisiones. Estos mecanismos incluirán, pero no se limitarán a la solicitud y recibo de comentarios, fotografías y otros documentos del público, reuniones de administradores de la Autoridad con grupos focales de clientes, reuniones regionales abiertas con clientes de la Autoridad de esa región, vistas públicas, y el establecimiento de vehículos que viabilicen la participación por medios electrónicos.

(o) Plan integrado de recursos o “PIR”. Significará un plan que considere todos los recursos razonables para satisfacer la demanda de los servicios eléctricos durante determinado período de tiempo, incluyendo aquellos relacionados a la oferta energética, ya sean los recursos existentes, tradicionales y/o nuevos, y aquellos relacionados a la demanda energética, tales como conservación y eficiencia energética, respuesta a la demanda o “demand response”, y la generación distribuida por parte del cliente industrial, comercial o residencial. Todo plan integrado de recursos estará sujeto a las reglas establecidas por el Negociado y deberá ser aprobado por el mismo. Todo plan deberá hacerse con amplia participación ciudadana y todos los grupos de interés.

(p) Productor independiente. — Significará cualquier persona, natural o jurídica, que tenga una instalación de generación eléctrica en Puerto Rico primordialmente para su propio consumo y que pueda proveer electricidad generada en exceso de su consumo a la AEE. También incluirá los generadores distribuidos.

(q) Respuesta a la demanda. — Significará programas de manejo de carga a la red eléctrica con el fin de reducir o cambiar la carga de horas pico y/o problemas de confiabilidad de la red. Los programas de respuesta a la demanda, o “demand response programs” pueden incluir control de carga directa (tales como aires acondicionados y calentadores de agua), tarifas para incentivar reducción en consumo en ciertas horas donde hay problemas de confiabilidad de la red, y cualquier otro programa diseñado que se pueda ejecutar a través de contadores y otras tecnologías inteligentes.

(r) Sistema Hidroeléctrico del Servicio de Riego de Puerto Rico, Costa Sur. — Significará las obras hidroeléctricas, así como líneas de transmisión y de distribución y todas las instalaciones que forman el sistema eléctrico construido o adquirido conforme a las disposiciones de la Ley de Riego Público, aprobada el 18 de septiembre de 1908, y leyes suplementarias o enmendatorias de aquélla.

(s) Sistema de Utilización de las Fuentes Fluviales. — Significará todas las obras y toda la propiedad que forman el aprovechamiento de fuentes fluviales y sistema eléctrico que han sido construidas o adquiridas, o están en proceso de construcción o adquisición o que es el propósito construir o adquirir por el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, junto con los derechos, derechos de agua, y derechos de fuerza hidráulica, usados, útiles o apropiados en conexión con dicho aprovechamiento y sistema hasta ahora realizado o con la continuación y expansión de dicho aprovechamiento y sistema por medio de empresas productoras de rentas, bajo las disposiciones de la Ley Núm. 60, aprobada el 28 de julio de 1925; Resolución Conjunta Núm. 36, aprobada el 29 de abril de 1927; Ley Núm. 36, aprobada el 25 de abril de 1930; Ley Núm. 93, aprobada el 6 de mayo de 1938; Ley Núm. 7, aprobada el 6 de abril de 1931; Resolución Conjunta Núm. 5, aprobada el 8 de abril de 1931; Ley Núm. 8, aprobada el 12 de julio de 1932; Resolución Conjunta Núm. 7, aprobada el 29 de marzo de 1935; Resolución Conjunta Núm. 27, aprobada el 17 de abril de 1935; Ley Núm. 41, aprobada el 6 de agosto de 1935; Ley Núm. 1, aprobada el 22 de septiembre de 1936; Ley Núm. 94, aprobada el 6 de mayo de 1938; y Ley Núm. 21, aprobada el 17 de junio de 1939; todas las cuales son leyes y resoluciones conjuntas de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

(t) Solicitar contribuciones. Se entenderá como cualquier pedido, realizado personalmente por un miembro de la Junta, funcionario o empleado, mientras se encuentre en funciones de su trabajo, para que realice cualquier contribución en líquido o en especie, para beneficio de un partido político, movimiento o comité de acción política o candidato a algún puesto electivo.

(u) Tenedor de bonos, bonista o cualquier término similar. — Significará cualquier bono o bonos en circulación, inscritos a su nombre o no inscritos, o el dueño, según el registro, de cualquier bono o bonos en circulación que a la fecha estén inscritos a nombre de otra persona que no sea el portador.

(v) Utilización de las Fuentes Fluviales. — Significará el organismo que por disposición de ley estableció el Comisionado de lo Interior de Puerto Rico para ocuparse de las actividades provistas por la Ley Núm. 60, aprobada el 28 de julio de 1925; la Resolución Conjunta Núm. 36, aprobada el 29 de abril de 1927; la Ley Núm. 36, aprobada el 25 de abril de 1930; la Ley Núm. 93, aprobada el 6 de mayo de 1938; y bajo cuya dirección el Comisionado de lo Interior de Puerto Rico, de conformidad con lo dispuesto en la Ley Núm. 58, aprobada el 30 de abril de 1928, puso también todo lo relativo al funcionamiento del “Sistema Hidroeléctrico del Servicio de Riego de Puerto Rico, Costa Sur”, incluyendo estudios y dirección técnica de nuevas construcciones, extensiones y mejoras de dicho sistema.

   Las palabras usadas en el número singular incluirán el número plural y viceversa y las palabras que se refieren a personas incluirán firmas, sociedades de todas clases y corporaciones.



CREACIÓN Y FORMACIÓN DE LA AUTORIDAD

 

 

Sección 3. Creación y Formación de la Autoridad (22 L.P.R.A. § 193)

 

(a) Por la presente se crea un cuerpo corporativo y político que constituirá una corporación pública e instrumentalidad gubernamental autónoma del Gobierno de Puerto Rico con el nombre de “Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.

(b) La Autoridad creada por la presente es y deberá ser una instrumentalidad gubernamental, sujeta al control de su Junta de Gobierno, pero es una corporación con existencia y personalidad legales separadas y aparte de la del Gobierno de Puerto Rico. La Autoridad y su Junta de Gobierno serán reguladas por el Negociado y deberán someter, en la forma y manera dispuesta por el Negociado, toda la información requerida y solicitada por el mismo. Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas, pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, empresas y propiedades de la Autoridad, sus funcionarios, agentes o empleados, debe entenderse que son de la mencionada corporación y no del Gobierno de Puerto Rico ni de ninguna de sus oficinas, negociado, departamento, comisión, dependencia, municipalidad, rama, agente, funcionario o empleado.

 

 

JUNTA DE GOBIERNO

 

 

Sección 4. Junta de Gobierno. (22 L.P.R.A. § 194)

 

   Los poderes de la Autoridad se ejercerán y su política general y dirección estratégica se determinará por una Junta de Gobierno, que será su ente rector, en adelante llamada la (“Junta”).

(a) Nombramiento y composición de la Junta. — La Junta de Gobierno estará compuesta por siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado tres (3) de los siete (7) miembros que compondrán la Junta. Dichos miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado serán seleccionados de una lista de, por lo menos, diez (10) candidatos presentada al Gobernador y preparada por una firma reconocida para la búsqueda de talento ejecutivo para juntas directivas en instituciones de tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad. La identificación de candidatos se realizará de acuerdo a criterios objetivos de trasfondo educativo y profesional. Los criterios de trasfondo educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, el campo de la ingeniería eléctrica o mecánica, la administración de empresas, economía y finanzas o legal, con no menos de diez (10) años de experiencia en su campo laboral. Además, estos deberán tener pericia en asuntos de energía y no podrán ser empleados públicos, excepto el ser profesor de la Universidad de Puerto Rico. Esta lista incluirá, en la medida en que estén disponibles, al menos cinco (5) residentes de Puerto Rico. El Gobernador evaluará la lista de candidatos recomendados y escogerá tres (3) personas de la lista. Si el Gobernador rechazare alguna o todas las personas recomendadas, la referida firma de búsqueda de talentos estará obligada a someter una nueva lista dentro de los siguientes treinta (30) días calendario. El Gobernador podrá utilizar la lista más reciente previamente presentada para su consideración de candidatos de ser necesario llenar una vacante causada por renuncia, muerte, incapacidad, destitución o reemplazo ocurrido dentro del término original del miembro que se sustituye.

   Tres (3) de los siete (7) miembros serán elegidos por el Gobernador a su sola discreción, entre los cuales se incluirá un (1) miembro que será independiente. Este miembro independiente deberá tener pericia en asuntos energéticos y no podrá ser empleado del Gobierno de Puerto Rico; el término de su nombramiento será de cinco (5) años.

   El miembro restante será un representante del interés de clientes, quien se elegirá mediante una elección que será supervisada por la Oficina del Procurador del Ciudadano (Ombudsman) y que se celebrará bajo el procedimiento dispuesto en el inciso (c) de esta Sección, debiendo proveer la Autoridad las instalaciones y todos los recursos económicos necesarios a tal fin. No obstante, los procesos iniciados para elegir al representante del interés de clientes en la Junta realizados por el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) previo a la aprobación de la Ley 207-2018, continuarán su trámite bajo la jurisdicción del DACO, hasta la elección del representante del interés de clientes. El candidato a representante de los clientes, entre otros requisitos, deberá contar con un trasfondo educativo y profesional, de no menos de diez (10) años de experiencia en su campo profesional. Los criterios de trasfondo educativo y profesional deberán incluir, como mínimo, el campo de la ingeniería eléctrica o mecánica, la administración de empresas, o economía y finanzas. Además, este deberá tener pericia en asuntos de energía y no podrá ser empleado público, excepto de ser profesor del Sistema de la Universidad de Puerto Rico.

   Los miembros nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado tendrán términos escalonados. Uno (1) de los miembros ocupará el cargo por cinco (5) años y dos (2) por seis (6) años. El miembro electo como representante del interés de los clientes ocupará su cargo por el término de cinco (5) años. No obstante, los dos (2) miembros restantes nombrados por el Gobernador a su sola discreción serán de libre remoción, ocuparán su cargo por el término establecido por el Gobernador, y podrán ser sustituidos por este en cualquier momento.

   Ningún miembro de la Junta de Gobierno podrá ser designado o electo para dicho cargo por más de tres (3) términos consecutivos. A los miembros de la Junta no les aplicarán las disposiciones del Artículo 5.1 de la Ley 1-2012, según enmendada.

   Toda vacante en los cargos de los miembros que nombra el Gobernador se cubrirá por nombramiento de éstos por el término que falte para la expiración del nombramiento original del mismo modo en que se seleccionaron. La designación del sustituto deberá realizarse dentro de los seis (6) meses de ocurrida la vacante. No obstante, de ocurrir una vacante en el cargo del miembro electo como representante de los clientes, la misma se cubrirá mediante el proceso de elección reglamentado por el Ombudsman, dentro de un período de ciento veinte (120) días a partir de la fecha de ocurrir dicha vacante, y comenzará a transcurrir un nuevo término de cinco (5) años.

   El miembro independiente y el miembro electo estarán sujetos a los requisitos de independencia bajo las Reglas Finales de Gobierno Corporativo de la Bolsa de Valores de Nueva York (NYSE). No podrá ser miembro de la Junta persona alguna, incluido el miembro que representa el interés de los clientes, que: (i) sea empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o con quien haga transacciones de cualquier índole, incluyendo el tomar dinero a préstamo o proveer materia prima; (ii) en los tres (3) años anteriores a su cargo haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole; (iii) sea empleado, miembro, asesor o contratista de cualquiera de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; (iv) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (v) no haya provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM) o cumplido con los demás requisitos aplicables a toda persona que desee ser funcionario público; o (vi) ningún miembro nombrado por el Gobernador podrá ser un oficial de la AEE ni oficial o director de la “Corporación para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.

   Disponiéndose que el solo hecho de ser abonado de la Autoridad no constituirá impedimento para ser miembro de la Junta.

   Los miembros de la Junta recibirán por sus servicios aquella compensación que determine la Junta por unanimidad. De no lograr la unanimidad, el Gobernador entonces determinará la compensación de los miembros. Esta compensación será comparable a aquella recibida por miembros de juntas de instituciones en la industria de la energía de tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad, tomando en cuenta la naturaleza de la Autoridad como corporación pública del Gobierno de Puerto Rico, y, en cualquier caso, que sea suficiente para atraer candidatos cualificados.

   No obstante a lo anterior, los miembros de la Junta que sean empleados del Gobierno de Puerto Rico, no recibirán compensación alguna por sus servicios, salvo el reembolso de gastos. Para poder recibir reembolso de gastos, cada miembro de la Junta tendrá que presentar un documento que evidencie la reunión o gestión o gasto por la cual se solicita reembolso, y el objetivo de dicha reunión, gestión o gasto. Estos documentos se publicarán en el portal de Internet de la Autoridad.

   El cumplimiento por parte de la Junta con estándares de gobernanza de la industria será evaluado por lo menos cada tres (3) años por un consultor reconocido como perito en la materia y con amplia experiencia asesorando juntas directivas de entidades con ingresos, complejidades y riesgos similares a los de la Autoridad. Dicho informe será remitido a la atención del Gobernador. El resumen ejecutivo con los hallazgos y recomendaciones de dicho informe será publicado por la Autoridad en su página de internet.

(b) Organización de la Junta; quorum; designación del Director Ejecutivo.

   Dentro de los treinta (30) días después de nombrada, la Junta se reunirá, organizará y designará su Presidente y Vicepresidente. En esa misma ocasión designará y fijará la compensación de un Director Ejecutivo y designará, además, un Secretario, ninguno de los cuales será miembro de la Junta. Los trabajos de la Junta podrán realizarse en uno o más comités de trabajo, cuya composición y funciones serán delimitadas por el Presidente de la Junta.

   La Junta podrá delegar en un Director Ejecutivo o en los otros funcionarios, agentes o empleados de la Autoridad, aquellos poderes y deberes que estime propios. El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutivo de la Autoridad, y será responsable por la ejecución de la política que establezca la Junta y por la supervisión general de las fases administrativas y operacionales de la Autoridad.

   La Junta tendrá la potestad de contratar, a través del Director Ejecutivo, aquellos asesores independientes que de tiempo en tiempo necesite para poder descargar de manera óptima sus funciones bajo esta Ley. La Autoridad contará con un auditor general, que será empleado de la Autoridad, pero que informará sus hallazgos directamente a la Junta con total independencia de criterio, y le suplirá la información necesaria y se reunirá periódicamente con el Comité de Auditoría creado en virtud de esta Ley.

   Cuatro (4) miembros de la Junta constituirán quorum para conducir los negocios de ésta y para cualquier otro fin. Todo acuerdo de la Junta se tomará por no menos de la mayoría de los miembros presentes en la reunión donde se haya constituido quorum, independientemente de si existe inhibición de alguno de los presentes. El quorum se establecerá al momento de comenzar la reunión y la misma podrá proseguir aun cuando alguno de los miembros abandone la reunión después de comenzada. No obstante, no se podrá tomar decisión alguna si al momento de la votación no existe quorum.

   Mientras se celebra la elección para elegir al representante del cliente conforme a esta nueva estructura de la Junta, permanecerá vacante la posición de miembro electo. No obstante, luego de la vigencia de esta Ley, y mientras se nombran y confirman los miembros que requieren consentimiento del Senado y se elige al miembro electo, por un periodo de ciento ochenta (180) días, los miembros de la Junta nombrados por el Gobernador podrán constituir quorum. Durante este periodo, las decisiones serán tomadas por la mayoría de los miembros que estén en función.

   Las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta deben ser transmitidas simultáneamente por Internet y expuestas posteriormente en el portal de Internet de la Autoridad, con excepción de aquellas reuniones o momentos de una reunión en que se vayan a discutir temas, tales como: (i) información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada con la negociación de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relación con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas estén en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad; o (ix) asuntos de seguridad pública relacionados con amenazas contra la Autoridad, sus bienes o sus empleados. Igualmente, los miembros de la Junta y participantes en las reuniones no transmitidas por las razones antes expuestas, mantendrán de forma confidencial lo discutido en dichas reuniones hasta que la razón para la confidencialidad haya dejado de existir o estén obligados por ley a divulgar dicha información. En la medida en que sea posible, la transmisión deberá proyectarse en vivo, en las oficinas comerciales de la Autoridad, y la grabación deberá estar disponible en el portal de Internet de la Autoridad durante el próximo día laborable después de la reunión. Toda grabación deberá mantenerse accesible en el portal de Internet de la Autoridad por un término que no sea menor de seis (6) meses desde la fecha que fue inicialmente expuesta. Transcurrido dicho término, las grabaciones serán archivadas en algún lugar al cual la ciudadanía pueda tener acceso para estudio posterior.

   La Autoridad deberá anunciar en su portal de Internet y en sus oficinas comerciales, el itinerario de las reuniones ordinarias de la Junta de Gobierno junto con la agenda de la última reunión de la Junta y la agenda de la próxima. Se publicarán, además, las actas de los trabajos de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta en el portal de Internet de la Autoridad, una vez sean aprobadas por la Junta en una reunión subsiguiente. Previo a la publicación de las actas, la Junta también deberá haber aprobado la versión de cada acta a ser publicada, que suprimirá: (i) información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada con la negociación de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relación con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre investigaciones internas de la Autoridad mientras éstas estén en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad; o (ix) asuntos de seguridad pública de la Autoridad, sus bienes o sus empleados, o relacionados a amenazas contra éstos. El Secretario propondrá a la Junta, para su aprobación, el texto del acta y propondrá el texto que se suprimirá en la versión que se publicará. Se entenderá por la palabra “acta” la relación escrita de lo sucedido, tratado o acordado en la Junta.

   En caso de conflicto entre las disposiciones de esta Sección y las disposiciones de la Ley Núm. 159-2013, según enmendada, que ordena a todas las corporaciones e instrumentalidades públicas de Puerto Rico a transmitir en su portal de Internet las reuniones de sus Juntas, prevalecerán las disposiciones de esta Ley sobre las de aquella.

   La Autoridad publicará en el portal de Internet todos los contratos, incluyendo exhibits y anejos, perfeccionados por la Autoridad, detallando una relación de las partes, la causa y el objeto de dichos contratos. Los contratos se publicarán dentro de un periodo de diez (10) días calendario de haberse firmado. La Autoridad tendrá que publicar todos los contratos, independientemente de si éstos están exentos de radicación ante la Oficina del Contralor de Puerto Rico. No obstante, la Autoridad no divulgará información considerada confidencial, como, por ejemplo, el número de Seguro Social del contratista, información que constituya secretos de negocio o asuntos similares a los enumerados anteriormente que no serían objeto de divulgación si fueran discutidos en una reunión de Junta.

   Al menos una vez al año, la Junta celebrará una reunión pública en donde atenderán preguntas y preocupaciones de los clientes y la ciudadanía en general. En dicha reunión, los asistentes podrán hacer preguntas a los miembros de la Junta sobre asuntos relacionados con la Autoridad. La reunión se anunciará con al menos cinco (5) días laborables de anticipación en un periódico de circulación general y en la página de Internet de la Autoridad. El miembro de la Junta que sea representante de los clientes podrá realizar reuniones públicas adicionales con sus representados como parte del ejercicio de sus funciones como miembro de la Junta. Dichas reuniones deberán ser coordinadas con el Presidente de la Junta.

(c) Procedimiento para la elección de los representantes del interés de los clientes.

(1) El Ombudsman aprobará un reglamento para implantar el procedimiento de elección dispuesto en esta Sección. Dicho proceso de reglamentación deberá cumplir con lo dispuesto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 134 de 30 de junio de 1977, según enmendada, conocida como “Ley del Procurador del Ciudadano (Ombudsman)”.

(2) En o antes de los ciento veinte (120) días previos a la fecha de vencimiento del término del representante del interés de los clientes en la Junta de Gobierno de la Autoridad, el Ombudsman emitirá una convocatoria a elección, en la que especificará los requisitos para ser nominado como candidato a miembro de la Junta como el representante de los intereses de los clientes. La convocatoria deberá publicarse mediante avisos en los medios de comunicación, en los portales de Internet de la Autoridad y del Ombudsman, y enviarse junto con la facturación que hace la Autoridad a sus abonados.

(3) El Ombudsman diseñará y distribuirá un formulario de Petición de Nominación, en el cual todo aspirante a ser nominado como candidato hará constar bajo juramento su nombre, circunstancias personales, dirección física, dirección postal, teléfono, lugar de trabajo, ocupación, experiencias de trabajo previas que sean relevantes, preparación académica y número de cuenta con la Autoridad. En la petición para comparecer como representante de los intereses del cliente se incluirán la firma de no menos de treinta (30) abonados residenciales, con su nombre, dirección y número de cuenta con la Autoridad, y diez (10) abonados comerciales y diez (10) abonados industriales con el número de cuenta y el nombre, título y firma de un oficial autorizado de dicho abonado, que endosan la nominación del peticionario. Se incluirá, además, una carta en papel timbrado y firmada por un (1) oficial de cada abonado comercial o industrial, certificando el endoso de dicho abonado al candidato. Estos formularios deberán estar disponibles para ser completados en su totalidad, en formato digital por los aspirantes, en los portales de Internet de la Autoridad y del Ombudsman.

   El Ombudsman incluirá en el reglamento un mecanismo de validación de endosos de conformidad con los propósitos de esta Ley. El reglamento dispondrá que los resultados del proceso de validación de endosos serán certificados por un notario. Igualmente, en dicho reglamento se incluirán los requisitos que, de conformidad con esta Ley y otras leyes aplicables, deberán tener los candidatos. Todo candidato deberá ser cliente bona fide de la Autoridad.

(4) En o antes de los noventa (90) días previos a la fecha de vencimiento del término del representante del interés de los clientes, el Ombudsman certificará como candidatos a los siete (7) peticionarios que hayan sometido el mayor número de endosos, y que hayan cumplido con los demás requisitos establecidos en este inciso. Disponiéndose que, cada uno de los candidatos seleccionados podrá designar a una persona para que lo represente en los procedimientos y durante el escrutinio.

(5) En o antes de los sesenta (60) días previos a la fecha de vencimiento del término del representante del interés de los clientes el Ombudsman, en consulta con el Secretario de la Junta de Gobierno de la Autoridad, procederá con el diseño e impresión de la papeleta al escrutinio. El diseño de la papeleta para representante del interés de los clientes deberá incluir un espacio para la firma del cliente votante y un espacio para que el cliente escriba su número de cuenta y la dirección postal en la que recibe la factura de la Autoridad por el servicio eléctrico; la papeleta para los clientes comerciales o industriales incluirá un espacio donde el abonado incluirá su número de cuenta y el nombre, título y firma de un oficial autorizado a emitir el voto a nombre de dicho abonado. La papeleta deberá advertir que el voto no será contado si el cliente omite firmar su papeleta y escribir su número de cuenta.

(6) Las papeletas solo se distribuirán por correo conjuntamente con la factura de servicio a cada abonado. En el caso de aquellos clientes que estén suscritos al servicio de recibo de facturas mediante Internet, se les enviará una papeleta a la dirección postal que aparece en el registro de su cuenta. La factura o el sobre con que se incluya una papeleta deberá además incluir un sobre prefranqueado y predirigido a la dirección establecida por el Ombudsman para el recibo de las papeletas. No obstante, antes de comenzar la distribución de papeletas por correo, el funcionario o funcionaria designada por el Ombudsman certificará bajo juramento ante notario la cantidad de papeletas impresas. El número de papeletas impresas deberá corresponder al número de la cantidad de abonados con derecho a votar en la elección, más un cinco por ciento (5%). Asimismo, un funcionario o funcionaria designada por la Autoridad llevará el conteo de las papeletas enviadas y, al concluir el proceso de distribución por correo, certificará bajo juramento ante notario el número total de papeletas enviadas.

(7) Cada uno de los candidatos seleccionados como representante de los intereses de los clientes designará a una persona para que le represente en estos procedimientos, y estas personas, junto a un representante del Ombudsman y un representante del Secretario de la Junta, constituirán un Comité de Elección, que será presidido y dirigido por el representante del Ombudsman.

(8) El Comité de Elección preparará y publicará, de manera prominente en el portal de Internet de la Autoridad, información sobre los candidatos que permita a los clientes hacer un juicio sobre las capacidades de los aspirantes.

(9) El Comité de Elección procurará acuerdos de colaboración de servicio público con los distintos medios de comunicación masiva en Puerto Rico para promover entre los abonados de la Autoridad el proceso de elección, así como dar a conocer, en igualdad de condiciones, a todos los aspirantes.

(10) El Comité de Elección, durante los diez (10) días siguientes a la fecha límite para el recibo de las papeletas, procederá a realizar el escrutinio y notificará el resultado al Ombudsman, quien certificará el candidato electo y notificará la certificación al Gobernador de Puerto Rico y al Presidente de la Junta.

(11) Una vez electos los representantes de los clientes, éstos le remitirán al Ombudsman un informe trimestral que detalle las labores realizadas, logros obtenidos y recomendaciones sobre los asuntos tratados en las reuniones de la Junta. Estableciéndose que dicho informe no incluirá información que por disposición de ley o reglamento aplicable sea confidencial o privilegiada. Recibido el informe trimestral en la Oficina del Procurador del Ciudadano, éste lo publicará inmediatamente a través de su portal de Internet.

(d) Roles de la Junta; Código de Ética; Deberes de Fiducia.

(1) Roles de la Junta. — La función principal de la Junta de Gobierno es dar dirección estratégica a la Autoridad, a la vez que delega en el Director Ejecutivo las funciones y trabajos administrativos de la corporación pública. Entre los deberes y responsabilidades de la Junta están incluidos los siguientes:

(i) Definir, con la colaboración del Director Ejecutivo, la dirección estratégica de la Autoridad, sus prioridades y valores principales, y velar por su cumplimiento, pero sin adentrarse en los asuntos de la administración cotidiana de la Autoridad que son delegados al Director Ejecutivo. Cada valor y meta se debe vincular a métricas y objetivos de desempeño, y a mecanismos para velar por su cumplimiento;

(ii) Desarrollar, actualizar y establecer por escrito políticas afines con las funciones, roles y responsabilidades de los miembros de la Junta y de su personal de apoyo que aseguren una mejor gobernanza y fiscalización efectiva de la corporación pública, siguiendo las mejores prácticas de gobernanza de compañías eléctricas públicas;

(iii) Desarrollar y mantener un marco de rendición de cuentas claro y transparente. A esos efectos, la Junta deberá establecer expectativas y medir resultados de las ejecutorias de sus miembros, del Director Ejecutivo y su equipo de trabajo, asegurándose que sean afines con el mandato de la Autoridad, las políticas de la Autoridad, sus metas y sus valores, y siguiendo las mejores prácticas de la industria;

(iv) Dar instrucciones a funcionarios y empleados de la Autoridad para asegurar el cumplimiento de la Autoridad con su misión, las políticas de la Autoridad, sus metas y valores. Disponiéndose que, ningún miembro de la Junta podrá dar instrucciones de forma individual o personal a empleados de la Autoridad. Toda instrucción debe venir de la Junta en pleno y obedecer a una determinación o instrucción de dicho cuerpo; y

(v) Establecer y mantener actualizado un modelo de gobernanza participativo y dinámico, para lo cual estudiará y utilizará como referencia las mejores prácticas en la industria, y los modelos de gobernanza de compañías eléctricas públicas comparables.

(vi) Implantar las medidas operacionales y los ahorros especificados en el Acuerdo de Acreedores con relación a cada uno de los renglones allí contemplados, así como cualesquiera otros ahorros y oportunidades identificadas, cumplir con la tarifa de la Autoridad según autorizada por la Comisión, y lograr la eficiencia operacional, así como la diversificación y modernización necesaria para proveerle a los clientes energía de forma confiable al menor costo razonable.

(vii) Dentro de un año de ser constituida, aprobar un documento rector que establezca la misión, visión, valores y estrategia corporativa de la Autoridad de conformidad con la Ley 83, supra, y el Acuerdo de Acreedores. Anualmente, y en la medida de lo necesario, la Junta actualizará dicho documento.

   La Junta podrá contratar los asesores que necesite para ejercer adecuadamente sus responsabilidades.

(2) Código de Ética. — La Junta adoptará un código de ética que regirá la conducta de sus miembros y de su equipo de trabajo. Entre otros objetivos, el código de ética deberá requerir que la conducta de los miembros de la Junta y de su equipo de trabajo esté guiada en todo momento por el interés público, el interés de los clientes y las mejores prácticas de la industria eléctrica, y no por la búsqueda de beneficios personales, ni ganancias para otras personas naturales o jurídicas; requerir y vigilar por la inexistencia de conflictos de interés y la clarificación inmediata de apariencia de conflictos de interés que pongan en duda la lealtad y el deber de fiducia de los miembros de la Junta y de su equipo de trabajo con los intereses de los clientes y de la Autoridad; requerir que todo miembro de la Junta deba prepararse adecuadamente para comparecer a las reuniones ordinarias y extraordinarias, y estar en posición de poder deliberar sobre los asuntos de la Autoridad; y proveer herramientas para prevenir, orientar, guiar y adjudicar en cuanto al cumplimiento de los deberes y responsabilidades éticas de los individuos a quienes regulará el código de ética de la Junta. Además, el código de ética se diseñará al amparo de las mejores prácticas de gobernanza en la industria eléctrica, y será compatible con otras normas sobre ética que sean aplicables, como por ejemplo, las disposiciones de la “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”.

(3) Deberes de Fiducia. — Todas las acciones de la Junta y sus miembros se regirán por los más altos deberes de lealtad, debido cuidado, competencia, y diligencia en beneficio de la Autoridad y del interés público de proveer un servicio público esencial de calidad a los clientes mediante tarifas justas y razonables consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionen un servicio adecuado al menor costo razonable para garantizar la confiabilidad y seguridad del Sistema. Los miembros no representarán a acreedor alguno ni intereses ajenos a la Autoridad.

(e) Comité de Auditoría.

(1) Creación. — A partir del 1 de julio de 2014, la Junta deberá nombrar un Comité de Auditoría compuesto de tres (3) miembros de la Junta, uno de los cuales será el Presidente del Comité.

(2) Deberes. — El Comité tendrá los siguientes deberes:

(i) Adoptar estatutos que regirán sus deberes y responsabilidades utilizando las mejores prácticas en Comités de Auditoría a nivel nacional y/o internacional;

(ii) Escoger, proponer la compensación y supervisar los trabajos de los auditores externos independientes de la Autoridad;

(iii) Conducir o autorizar investigaciones de cualquier asunto de la gerencia o de empleados de la Autoridad;

(iv) Requerir cualquier información, incluyendo testimonio oral o documentos, que sea necesaria para ejercer sus responsabilidades;

(v) Reunirse regular y periódicamente con la gerencia y los administradores para estar al tanto de las operaciones y transacciones de la Autoridad; y

(vi) Establecer los procedimientos para el recibo, retención y evaluación de quejas y asuntos sometidos por los empleados de la Autoridad relacionados a prácticas de contabilidad, controles internos, y asuntos de auditoría, proveyéndose la oportunidad de someter preocupaciones confidenciales y anónimas relacionadas a controles internos y prácticas gerenciales y administrativas.

(f) Desempeño y conducta.

   Sin limitar las disposiciones generales de conducta y deberes éticos y de fiducia que dispone esta Ley, incluyendo el deber de confidencialidad que se dispone en el inciso (b) de esta Sección, ningún miembro de la Junta podrá:

(i) aportar dinero o hacer contribuciones, en forma directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o partidos políticos mientras ocupa su cargo;

(ii) aspirar a puestos políticos o hacer campaña para ocupar o para apoyar a alguien que aspire a ocupar algún cargo público electivo o algún puesto en la dirección u organización de un partido político o participar en campañas político partidistas de clase alguna mientras ocupe su cargo;

(iii) hacer expresiones, comentarios o manifestaciones públicas sobre asuntos o actos de naturaleza político partidista mientras ocupe su cargo;

(iv) intimidar, obligar, exigir o solicitar que otros miembros de la Junta, funcionarios o empleados hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo laboral para llevar a cabo o participar en actividades político partidistas; o

(v) solicitar mientras se encuentra en funciones de su trabajo o, intimidar, obligar, exigir que otros miembros de la Junta, funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses electorales del partido o candidato político de su preferencia.

   Sin que se pueda interpretar como una limitación a las facultades conferidas al Gobernador de Puerto Rico bajo la Ley Núm. 3-2017, el Gobernador podrá destituir cualquier miembro de la Junta por las siguientes causas:

(i) incurrir en conducta prohibida en el párrafo anterior;

(ii) incompetencia, inhabilidad profesional manifiesta o negligencia en el desempeño de sus funciones y deberes;

(iii) conducta inmoral o ilícita;

(iv) la condena por cualquier delito grave o menos grave que implique depravación moral o delitos contra el erario o la función pública;

(v) abuso manifiesto de la Autoridad o la discreción que le confiere esta u otras leyes;

(vi) entorpecimiento malicioso y deliberado de las labores de la Junta;

(vii) destrucción de la propiedad de la Autoridad;

(viii) trabajar bajo los efectos del alcohol o sustancias controladas;

(ix) fraude;

(x) violación a la Ley de Ética Gubernamental, Ley Núm. 1-2012, según enmendada;

(xi) abandono de sus deberes; o

(xii) incumplir con los requisitos para ser miembro de la Junta, según dispone este Capítulo.

   También podrán ser separados de sus cargos por causa de incapacidad física o mental para ejercer sus funciones, en cuyo caso no se considerará una destitución.

(g) Responsabilidad de miembros de la Junta y oficiales. Sin incidir en los derechos que les confieren las disposiciones de la Ley Núm. 104 de 29 de junio de 1955, según enmendada, conocida como la “Ley de Pleitos contra el Estado”, ningún miembro presente o futuro de la Junta, oficial, agente o empleado de la Autoridad incurrirá en responsabilidad civil por cualquier acción de buena fe en el desempeño de sus funciones y responsabilidades en virtud de las disposiciones de esta Ley, sujeto a que en la conducta por la que se le indemniza no haya incurrido en delito, dolo o negligencia crasa, y serán indemnizados por los costos incurridos relacionados a cualquier reclamación por la que disfrutan de inmunidad según aquí dispuesto. La Junta y sus directores individuales, y los oficiales, agentes o empleados de la Autoridad también serán indemnizados por cualquier responsabilidad civil adjudicada bajo las leyes de los Estados Unidos de América sujeto a que en la conducta por la que se le indemniza no hayan incurrido en delito, dolo o negligencia crasa. Toda multa impuesta por incurrido en conducta constitutiva de delito, dolo o negligencia crasa ingresará al Fondo de Energía Verde de Puerto Rico creado en virtud de la Ley 83-2010, según enmendada, conocida como “Ley de Incentivos de Energía Verde de Puerto Rico” o disposiciones análogas en leyes de incentivos.

(h) Intervención con la función administrativa.

   Ningún funcionario electo de la Rama Ejecutiva, Legislativa o de los municipios podrá, directa o indirectamente, intervenir en el desempeño de las funciones o toma de decisiones de la Junta o de los oficiales ejecutivos de la Autoridad, incluyendo, pero sin limitarse a intervenir para influir en el resultado o decisiones de los oficiales ejecutivos o de la Junta sobre controversias o determinaciones de relaciones laborales, decisiones de recursos humanos, tales como nombramientos o compensaciones, negociaciones de convenios colectivos, determinaciones de revisiones tarifarias, de contratación, de desconexión de servicios, determinaciones del contenido o la implementación del programa de mejoras capitales, y demás temas operacionales o funciones inherentes a los oficiales ejecutivos y a la Junta, así como tampoco intervendrán en los procesos y tomas de decisiones de la Comisión de Energía, excepto cuando se trate de una notificación o comunicación formal del funcionario como parte de sus gestiones y obligaciones oficiales o cuando su intervención sea necesaria para proteger la vida, propiedad o la seguridad pública en casos de emergencia.

 

 

DIRECTOR EJECUTIVO

 

 

Sección 4A. Director Ejecutivo; Oficiales Ejecutivos. (22 L.P.R.A. § 195) [Nota: El Art. 2.4 de la Ley 17-2019 renumeró la anterior Sección 5 como Sec. 4A ]

 

(a) El Director Ejecutivo será nombrado por la Junta exclusivamente a base de experiencia, capacidad y otras cualidades que especialmente capaciten para realizar los fines de la Autoridad. La Junta podrá destituir de su cargo al Director Ejecutivo, a su discreción. No podrá ser Director Ejecutivo persona alguna que no haya provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

(b) Creación y designación de oficiales ejecutivos.

   Además del cargo de Director Ejecutivo, la Junta creará o designará los puestos de otros oficiales ejecutivos según estime necesarios, cuyos puestos tendrán el término de tiempo y aquellas otras condiciones de empleo que entiendan adecuadas según el cargo, para ejecutar los fines y funciones de la Autoridad. Entre los oficiales ejecutivos se incluirán aquellos miembros de la gerencia alta e intermedia en puestos que, por la importancia de sus funciones, la Junta determine que amerita se rijan por las disposiciones de esta Sección. El Director Ejecutivo seleccionará aquellas personas con la capacidad y experiencia profesional que requiera cada puesto según criterios objetivos definidos por la Junta. Las transacciones de personal de los oficiales ejecutivos, se regirá, en lo que esta Ley no disponga, por las normativas aplicables a la empresa privada. Éstos recibirán compensación comparable a aquella recibida por profesionales en posiciones similares en instituciones en la industria de la energía de tamaño, complejidad y riesgos similares a la Autoridad y podrán ser destituidos por el Director Ejecutivo o la Junta, a su discreción, con o sin causa, aunque no podrá ser por causas discriminatorias.

(c) Desempeño y conducta.

   Al evaluar su selección, así como al evaluar anualmente el desempeño de las personas en posiciones de oficiales ejecutivos, la Junta en el caso del Director Ejecutivo, y el Director Ejecutivo en el caso de los restantes oficiales ejecutivos, se guiará por criterios de experiencia, educación, profesionalismo, competencia en la ejecución de sus deberes, efectividad en su desempeño, y cualquier otro criterio que la Junta defina claramente. Sin limitar las disposiciones generales de conducta impropia que se enumeran más adelante, ni el Director Ejecutivo ni ningún otro oficial ejecutivo podrá:

(i) aportar dinero o hacer contribuciones, en forma directa o indirecta, a organizaciones, candidatos o partidos políticos mientras ocupa su cargo;

(ii) aspirar a puestos políticos o hacer campaña para ocupar o para apoyar a alguien que aspire a ocupar algún cargo público electivo o algún puesto en la dirección u organización de un partido político o participar en campañas político partidistas de clase alguna mientras ocupe su cargo;

(iii) hacer expresiones, comentarios o manifestaciones públicas sobre asuntos o actos de naturaleza político partidista mientras ocupe su cargo;

(iv) intimidar, obligar, exigir o solicitar que otros oficiales ejecutivos, funcionarios o empleados hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo laboral para llevar a cabo o participar en actividades político partidistas; o

(v) solicitar mientras se encuentra en funciones de su trabajo o, intimidar, obligar, exigir que otros oficiales ejecutivos, funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses electorales del partido o candidato político de su preferencia.

 

 

CENTRO DE CONTROL ENERGÉTICO

 

 

Sección 4B. — Centro de Control Energético y su Director. (22 L.P.R.A. § 195a) [Nota: El Art. 2.5 de la Ley 57-2014 añadió esta Sección como 5A. El Art. 2.4 de la Ley 17-2019 la renumeró como Sec. 4B ]

 

(a) Con el fin de proteger la confianza en el manejo de la red eléctrica, evitar el discrimen contra las compañías de energía interconectadas a la red eléctrica y asegurar mayor independencia en la gestión de la red eléctrica, la Junta nombrará, con el consejo del Director Ejecutivo, a un Director del Centro de Control Energético, quien responderá directamente al Director Ejecutivo. Con la asistencia del Director Ejecutivo y del Director del Centro de Control Energético, la Junta establecerá y mantendrá los mecanismos que aseguren la operación autónoma del Centro de Control Energético. La Junta podrá destituir de su cargo al Director del Centro de Control Energético, pero sólo por justa causa y luego de habérsele notificado y dársele oportunidad de ser oído. El Director del Centro de Control Energético tendrá preparación como ingeniero relevante a su cargo y al menos diez (10) años de experiencia probada en el manejo de redes eléctricas. No podrá ocupar el cargo de Director del Centro persona alguna que: (i) en los dos (2) años anteriores a su cargo, haya tenido una relación o interés comercial directo con la Autoridad; (ii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su designación; (iii) sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o (iv) no haya provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

(b) El Director del Centro de Control Energético deberá recopilar y proveerle a la Autoridad la información diaria sobre desglose de energía, de modo que la misma pueda ser publicada en el sitio de Internet de la Autoridad conforme a lo dispuesto en el Artículo 2.2 de esta Ley.

 

 

PODERES Y FACULTADES

 

 

Sección 5. — Poderes y Facultades. [Nota: El Art. 2.6 de la Ley 17-2019 añadió esta nueva Sección 5]

 

   A la Autoridad se le confieren, y esta tendrá y podrá ejercer, los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a efectos los propósitos mencionados, incluyendo los siguientes:

(a) Tener sucesión perpetua como corporación;

(b) Adoptar, alterar y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial;

(c) Formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos y reglamentos para:

(1) regir las normas de sus negocios en general y ejercitar y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le conceden e imponen;

(2) garantizar la seguridad de las personas o la propiedad, reglamentar el uso y disfrute de sus propiedades y de aquellas otras bajo su administración;

(3) el uso y consumo de la energía eléctrica; y

(4) la intervención con y manipulación de equipos, empresas, facilidades, aparatos, instrumentos, alambres, contadores, transformadores y objetos de cualesquiera naturaleza análoga propiedad de la Autoridad que se utilicen en relación con la producción, transmisión, distribución y uso y consumo de energía eléctrica. Los reglamentos así adoptados tendrán fuerza de ley, una vez se cumpla con las disposiciones de la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”;

(d) Tener completo dominio e intervención sobre cualquier empresa que adquiera o construya, incluyendo el poder de determinar el carácter y la necesidad de todos los gastos y el modo como los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagarse, pero sujeto a las regulaciones del Negociado, disponiéndose que todas las acciones de los empleados y gerenciales de la Autoridad y su Junta de Gobierno están sujetos a las disposiciones de la Ley de Ética Gubernamental, y a los más altos deberes de fiducia para con el pueblo de Puerto Rico;

(e) Demandar y ser demandada en todos los tribunales sujeto a los límites aquí establecidos;

(f) Hacer contratos y formalizar todos los instrumentos que fueren necesarios o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus facultades;

(g) Preparar o contratar la preparación de planos, proyectos y presupuestos de gastos para la construcción, reconstrucción, extensión, mejora, ampliación o reparación de cualquiera empresa o parte o partes de ésta, y de tiempo en tiempo modificar tales planos, proyectos y presupuestos;

(h) Adquirir, en cualquier forma legal, incluyendo, sin limitación, adquisición por compra bien sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, arrendamiento, manda, legado o donación, y poseer, conservar, usar y explotar cualquiera empresa o partes de esta;

(i) Adquirir por los procedimientos indicados en el inciso anterior, producir, embalsar, desarrollar, manufacturar, someter a tratamiento, poseer, conservar, usar, transmitir, distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer de cualquier otro modo de agua, energía eléctrica, equipos y aquellas otras cosas, suministros y servicios que la Autoridad estime necesarios, propios, incidentales o convenientes, en conexión con sus actividades;

(j) Adquirir, poseer y usar, cualesquiera bienes raíces, personales o mixtos, corpóreos o incorpóreos, o cualquier interés sobre los mismos, que considere necesarios o convenientes para realizar los fines de la Autoridad y (con sujeción a las limitaciones de esta Ley) arrendar en carácter de arrendadora, o permutar cualquiera propiedad o interés sobre la misma, adquirido por ésta en cualquier tiempo;

(k) Construir o reconstruir cualquier empresa o parte o partes de esta, y cualesquiera adiciones, mejoras y ampliaciones a cualquier empresa de la Autoridad, mediante contrato o contratos, o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos;

(l) Proponer y cobrar tarifas justas, razonables, no mayores a los veinte (20) centavos el kilovatio hora, según establecido en la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico y no discriminatorias, derechos, rentas y otros cargos aprobados por el Negociado, por el uso de las instalaciones de la Autoridad o por los servicios de energía eléctrica u otros artículos vendidos, prestados o suministrados por la Autoridad, que sean suficientes para cubrir los gastos razonables incurridos por la Autoridad en el desarrollo, mejoras, extensión, reparación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones y propiedades, para el pago de principal e intereses de sus bonos, y para cumplir con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores de cualesquiera bonos de la Autoridad y otros acreedores;

(m) Proveer mecanismos de participación ciudadana y establecer un programa continuo de educación a sus empleados y a la comunidad en general, que fomente la conservación y eficiencia energética, sujeto a las reglas establecidas por el Negociado. A esos fines, la Autoridad podrá establecer acuerdos de colaboración con otras entidades públicas, entidades cívicas, organizaciones no gubernamentales y otras instituciones interesadas en facilitar la coordinación y reducir los costos de los programas de educación y de los mecanismos para permitir y fomentar la participación ciudadana;

(n) Nombrar oficiales ejecutivos y aquellos funcionarios, agentes y empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación por sus servicios que la Autoridad determine;

(o) Tomar dinero a préstamo, hacer y emitir bonos para cualquiera de sus fines corporativos, y garantizar el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante gravamen o pignoración de todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, e ingresos; disponiéndose, no obstante, que la Autoridad podrá otorgar gravámenes sobre activos muebles e inmuebles según sea necesario para cumplir con la reglamentación federal que permite financiamiento o garantías del Gobierno de los Estados Unidos a través de cualquiera de sus agencias para poder participar de programas federales. No podrá imponerse gravamen alguno sobre activos de la Autoridad en la medida en que no lo permita el o los acuerdos con los bonistas u otros acuerdos con acreedores de la Autoridad al amparo de la Ley PROMESA, Public Law No. 114-187. Excepto en lo referente a bonos y otros instrumentos de financiamiento relacionados con la reestructuración de la Autoridad de conformidad con los acuerdos alcanzados con acreedores de la Autoridad, cuyos parámetros de deuda se regirán por las disposiciones del Capítulo IV de la Ley 4-2016 y el Acuerdo de Acreedores, antes de tomar dinero a préstamo o emitir bonos para cualquiera de sus fines corporativos, la Autoridad requerirá la aprobación del Negociado demostrando que el propuesto financiamiento se utilizará para proyectos y los costos asociados al mismo que sean consistentes con el Plan Integrado de Recursos;

(p) Hacer y emitir bonos con el propósito de consolidar, reembolsar, comprar, pagar o redimir cualesquiera bonos u obligaciones, emitidos o subrogados por ella, que estén en circulación; o cualesquiera bonos u obligaciones cuyo principal e intereses sean pagaderos en total o en parte de sus rentas;

(q) Aceptar donaciones y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras transacciones, con cualquier agencia federal, el Gobierno de Puerto Rico o subdivisiones políticas del Gobierno de Puerto Rico, e invertir el producto de cualesquiera de dichas donaciones para cualquier fin corporativo;

(r) Vender o de otro modo disponer de cualquiera propiedad real, personal o mixta o de cualquier interés sobre las mismas, que a juicio de la Junta no sea ya necesaria para el negocio de la Autoridad o para efectuar los propósitos de esta Ley, sujeto al cumplimiento de cualesquiera condiciones establecidas en las leyes, reglamentos y normas aplicables;

(s) Entrar, cuando no hubiese otra manera de hacerlo, previa notificación escrita con al menos cinco (5) días laborables de anticipación a sus dueños o poseedores en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua, o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos y estudios para ejercer específicamente las facultades dispuestas en esta Ley. La entrada debe ser a la hora de conveniencia del dueño o poseedor del predio en cuestión, y debe hacerse de la menor duración posible para no afectar indebidamente el uso y disfrute del dueño o poseedor del predio;

(t) Ceder y transferir propiedad mueble excedente, libre de costo, en favor de otras entidades gubernamentales o municipios, sujeto al cumplimiento de cualesquiera condiciones establecidas en los reglamentos y normas aplicables;

(u) Con la previa aprobación del Negociado, crear, ya sea en Puerto Rico o en cualquier otra jurisdicción, o contratar con, compañías, sociedades, o corporaciones subsidiarias, con fines pecuniarios o no pecuniarios, afiliadas o asociadas, para fines, entre otros, de:

i.   escindir y separar en una o más subsidiarias, las funciones de generación, transmisión y distribución de la Autoridad,

ii.   participar en Alianzas Público Privadas de acuerdo a la Ley 29-2009, según enmendada y Ley 120-2018, según enmendada,

iii.   desarrollar, financiar, construir y operar proyectos industriales y otras infraestructuras directamente relacionadas con la maximización de la infraestructura eléctrica de la Autoridad (para tener un sistema eléctrico estable, de la más alta tecnología, sostenible, confiable y altamente eficiente),

iv.   adquirir, tener y disponer de valores y participaciones, contratos, bonos u otros intereses en otras compañías, entidades o corporaciones, y ejercer todos y cada uno de los poderes y derechos que tal interés le conceda, siempre que, a juicio de la Junta, dicha gestión sea necesaria, apropiada o conveniente para alcanzar los propósitos de la Autoridad o para ejercer sus poderes, y

v.   vender, arrendar, ceder o de otra forma traspasar cualquier propiedad de la Autoridad o delegar o transferir cualesquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes, a cualesquiera de dichas compañías, entidades o corporaciones que estén sujetas a su dominio total o parcial, excepto el derecho a instar procedimientos de expropiación.

(v) Formular, adoptar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus poderes y deberes.

(w) Realizar procesos competitivos de solicitud de propuesta o contratos de Alianzas Público Privadas, de conformidad con la Ley 120-2018, según enmendada, conocida como la “Ley para Transformar el Sistema Eléctrico de Puerto Rico”, y la Ley 29-2009, según enmendada, conocida como la “Ley de Alianzas Público Privadas”; y con los parámetros requeridos por la “Ley de Política Pública Energética” y en esta Ley, para desarrollar, financiar, construir, operar y dar mantenimiento, en todo o en parte, a la red eléctrica, a sus plantas generatrices y demás instalaciones e infraestructura, así como para fomentar nuevos proyectos de generación, transmisión, distribución, optimización de servicios a los consumidores y cualquier otro proyecto necesario cónsono con el Plan Integrado de Recursos.

(x) Cualquier cantidad que la Autoridad adeude a cualquier agencia, instrumentalidad o corporación pública del Gobierno de Puerto Rico podrá ser compensada contra cualquier deuda que dicha agencia, instrumentalidad o corporación pública adeude a la Autoridad, siempre que tal compensación no violente acuerdos de fideicomiso con bonistas.

(y) Realizar todos los actos necesarios o convenientes para llevar a efecto los poderes que se le confieren por esta o por cualquiera otra ley.

(z) Asistir al Comité de Expertos y Asesores sobre Cambio Climático, creado mediante la “Ley deMitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático de Puerto Rico”​, cuando este así lo requiera, en la confección del Plan de Mitigación, Adaptación y Resiliencia al Cambio Climático que requiere el Artículo 9 de dicha Ley. 

   Los poderes y facultades de la Autoridad de Energía Eléctrica podrán ser delegados y transferidos como parte de un Contrato de Alianza bajo las disposiciones de la Ley 29-2019 y la Ley 120-2018.

 

Sección 5B. — Derogada. [Nota: El Art. 7 de la Ley 4-2016 añadió la anterior Sección 5B; El Art. 2.7 de la Ley 17-2019 la derogó]

 

 

DEBERES Y RESPONSABILIDADES

 

 

Sección 6. — Deberes y responsabilidades. (22 L.P.R.A. § 196)

 

(a) Proveer y permitir que se provea energía eléctrica de forma confiable, limpia, eficiente, resiliente y asequible aportando al bienestar general y al desarrollo sostenible del pueblo de Puerto Rico;

(b) Garantizar que se provea un servicio universal de energía eléctrica;

(c) Conducir sus negocios de manera responsable, eficiente, y con prácticas fiscales y operacionales acertadas;

(d) Enfrentar los retos energéticos y ambientales mediante la utilización de adelantos científicos y tecnológicos disponibles e incorporar las mejores prácticas en las industrias energéticas de otras jurisdicciones;

(e) Facilitar la interconexión de productores de energía renovable distribuida a la red eléctrica;

(f) Asegurar la continuidad y confiabilidad del servicio eléctrico;

(g) Cumplir cabalmente con las normas, reglamentos, órdenes, mandatos, solicitudes y penalidades emitidas por el Negociado en el ejercicio de sus deberes de regular y fiscalizar el sistema eléctrico de la isla, y abstenerse de toda acción que pueda negar, paralizar, entorpecer, retrasar u obstaculizar las órdenes del Negociado;

(h) Cumplir con toda legislación y regulación ambiental aplicable, incluyendo, pero sin limitarse a, los Estándares de Mercurio y Tóxicos de Aire (conocido en inglés como los “Mercury and Air Toxic Standards” o M.A.T.S.), fiscalizados por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés);

(i) Establecer, con la aprobación del Negociado, una factura de energía eléctrica para cada tipo de cliente de la Autoridad o su sucesora, que identifique de manera clara y detallada las categorías de los diferentes cargos y créditos al consumidor, incluyendo, pero sin limitarse a, el ajuste por compra de combustible y el ajuste por compra de energía a los productores de energía, el crédito por medición neta, la contribución en lugar de impuestos y subsidios creados por leyes especiales, el Cargo de Transición (según este término es definido en el Capítulo IV de la Ley 4-2016) y el Cargo Base, que incluirá el cargo de manejo y servicio de la cuenta, el cargo por consumo, los gastos operacionales, energía hurtada, pérdida de electricidad, pago de deuda no incluida en el Cargo de Transición, deudas por cobrar del sector público, deudas por cobrar del sector privado, y cualquier otro cargo que incida en la factura de los abonados. Cualquier otro detalle sobre las tarifas y cargos que el Negociado determine no sea viable incluir en la factura se publicará y explicará en las páginas web de la Autoridad y del Negociado. La factura deberá ser totalmente transparente y deberá ser aprobada por el Negociado sujeto al cumplimiento con las reglas establecidas por esta Ley. La factura no incluirá ni englobará ningún otro costo o cargo bajo las cláusulas de compra de combustible y compra de energía que no sea aquel aprobado por el Negociado conforme a los mandatos de esta Ley y de la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, Ley 57-2014, según enmendada;

(j) Proveer documentos e información de la Autoridad que sean solicitados por los clientes, con excepción de: (i) información que sea privilegiada a tenor con lo dispuesto en las Reglas de Evidencia de Puerto Rico; (ii) información relacionada con la negociación de convenios colectivos, con disputas laborales o con asuntos de personal, tales como nombramientos, evaluaciones, disciplina y despido; (iii) ideas en relación con la negociación de potenciales contratos de la Autoridad o con la determinación de resolver o rescindir contratos vigentes; (iv) información sobre estrategias en asuntos litigiosos de la Autoridad; (v) información sobre investigaciones internas de la Autoridad mientras estas estén en curso; (vi) aspectos sobre la propiedad intelectual de terceras personas; (vii) secretos de negocios de terceras personas; (viii) asuntos que la Autoridad deba mantener en confidencia al amparo de algún acuerdo de confidencialidad, siempre y cuando dicho acuerdo no sea contrario al interés público; o (ix) asuntos de seguridad pública relacionados con amenazas contra la Autoridad, sus bienes o sus empleados. En cumplimiento con este deber, además de la versión original de los documentos donde aparezca dicha información, la Autoridad publicará y pondrá a disposición de los clientes documentos que organicen y provean la información de manera que facilite su manejo y de manera que las personas sin conocimiento especializado en disciplinas particulares puedan entenderla. La información que la Autoridad deberá hacer pública incluye, pero no se limita a, el informe financiero mensual de la Autoridad, incluidos los datos por categoría de cliente, el precio por tipo de combustible y el promedio, el costo del kilovatio hora de cada categoría de cliente durante los tres (3) meses anteriores, el costo de producción por kilovatio hora y por planta de generación, los gastos operacionales de la Autoridad del último mes, y la distribución de generación por tipo de tecnología y tipo de combustible;

(k) Tener y mantener un portal de Internet con acceso libre de costo, a través del cual la Autoridad provea, como mínimo, lo siguiente:

i.   Una plataforma para pagar las facturas, examinar el historial del consumo, verificar el patrón de uso, y obtener información relacionada con la factura tal como la lectura del contador al iniciarse y terminar el período de facturación, las fechas y los días comprendidos en el período, la constante del contador, la tarifa, la fecha de la próxima lectura, así como cualquier otro dato que facilite la verificación de la lectura;

ii.   Información sobre la infraestructura eléctrica, incluyendo la información sobre los generadores públicos y privados, para que los clientes puedan evaluar la situación de la infraestructura eléctrica y de la Autoridad como instrumentalidad pública;

iii.   Copia de todos sus contratos y de las resoluciones de la Junta de Gobierno;

iv.   Toda la documentación relacionada a los ingresos, ventas, gastos, desembolsos, activos, deudas, cuentas por cobrar, y cualquier otra información financiera de la Autoridad;

v.   El precio por barril, o su equivalente, por tipo de combustible, el promedio del costo por kilovatio hora para cada sector de clientes, el costo de producción por kilovatio hora, y por central eléctrica todos los gastos y costos operacionales, el desglose de costos operacionales en relación con la generación, la transmisión y la distribución del servicio eléctrico, el costo de servicio a cada tipo de cliente, la división de generación por tipo de tecnología, y cualquier otra información operacional de la Autoridad;

vi.   El desglose de la demanda de energía que proyecta y determina el Centro de Control Energético de la AEE;

vii.   Datos relacionados con la capacidad y el margen de reserva de energía;

viii. Estatus de los procesos internos de la Autoridad para implantar los cambios requeridos con legislación para reformar el sistema energético de Puerto Rico;

ix.   Acceso a una plataforma mediante la cual los clientes puedan solicitar información y documentos públicos de la Autoridad que no se encuentren disponibles en el portal;

x.   Copia del o los acuerdos que se alcancen con los bonistas en virtud de la Ley PROMESA; y

xi.   Los informes financieros mensuales, los cuales deberán publicarse en el portal en o antes del término de treinta (30) días luego de concluir el mes al que corresponda cada informe.

   La información con relación a los incisos v, vi y vii aquí dispuestos deberá ser publicada en tiempo real.

(l) Notificar al público, con por lo menos cuarenta y ocho (48) horas de antelación, sobre interrupciones del servicio programadas. La Autoridad deberá hacer dicha notificación a través de su portal de Internet, por las redes sociales, y cualquier otro medio de comunicación.

(m) Someter un informe al Gobernador, al Negociado y a ambos Cuerpos de la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de mayo de cada año, donde indique las medidas que se hayan tomado en el año natural anterior para atender las emergencias que se puedan suscitar relacionadas con la temporada de huracanes venidera y de otros disturbios atmosféricos, incluyendo las inundaciones que puedan afectar el sistema eléctrico de la isla. Asimismo, en dicho informe se presentarán los planes o protocolos adoptados para casos de incendio en las facilidades e instalaciones de la Autoridad. Deberá incluir, además, cualquier medida que ya hayan identificado como prevención y conservación de las líneas eléctricas en caso de un temblor de tierra. El informe incluirá, sin que se entienda como una limitación, la siguiente información:

i.   Mejoras al Plan de Operación para Emergencias por Disturbios Atmosféricos Revisado de la Autoridad de Energía Eléctrica;

ii.   Desarrollo de un plan de emergencias para enfrentarse a un posible temblor de tierra o terremoto;

iii.   Los planes o protocolos adoptados para casos de incendio en las facilidades e instalaciones de la Autoridad;

iv.   Situación del programa de desganche de árboles con el propósito de proteger las líneas de transmisión eléctricas mientras se protegen nuestros árboles y evitar daños a estos;

v.   Protocolo para tomar la decisión y poner en vigor la desconexión del sistema eléctrico;

vi.   Adiestramientos que se hayan ofrecido para capacitar al personal operacional esencial de la Autoridad sobre los procedimientos en caso de emergencias por disturbios atmosféricos, incendios en facilidades o instalaciones de la Autoridad o terremotos, así como una certificación acreditando que todo personal que ejerce funciones de supervisión en áreas operacionales, ha sido debidamente orientado sobre las normas del plan operacional de emergencia vigente; y

vii.   Planes de contingencia para atender situaciones con posterioridad al paso de una tormenta, huracán, incendio en facilidades o instalaciones de la Autoridad o terremoto, dirigidos a normalizar o restablecer el sistema eléctrico a la mayor brevedad posible.

(n) Desarrollar y cumplir con un plan integrado de recursos de acuerdo a los parámetros y requisitos establecidos por el Negociado de conformidad con la política pública energética.

(o) Cuando los cargos contenidos en una factura incluyan tres (3) o más mensualidades vencidas por servicios que, por error u omisión de la Autoridad, no fueron previamente facturados, la Autoridad deberá ofrecerle al cliente un plan de pago razonable en atención a su capacidad económica. No obstante lo anterior, la Autoridad tendrá un máximo de ciento ochenta (180) días para facturar por cualquier servicio provisto. Transcurrido dicho término la Autoridad no podrá cobrar por el servicio provisto y no facturado. La Autoridad contará con un término máximo de ciento veinte (120) días a partir de la expedición de las facturas por concepto de consumo de energía eléctrica para notificar a los clientes de errores de cálculo de los cargos. Una vez concluido dicho término, la Autoridad no podrá reclamar cargos retroactivos por concepto de errores en el cálculo de los cargos, tales como aquellos de índole administrativo, operacional o de la lectura errónea de los contadores de consumo de electricidad. Esto aplicará solo a clientes residenciales; no aplicará a clientes comerciales, industriales, institucionales o de otra índole y tampoco aplicará a cargos o ajustes periódicos provistos en la tarifa aprobada por el Negociado o a los Cargos de Transición de la estructura de titulización (“securitization”). En aquellos casos en que los clientes mantienen sus contadores fuera del alcance visual de los lectores, o cuando ocurren eventos de fuerza mayor que impidan las lecturas de los contadores, tales como huracanes, entre otros, la medida no aplicará a facturas que se emitan a base de estimados. Asimismo, se prohíbe como práctica de cobro y apremio de pago, informar a las agencias de crédito (“credit bureaus”) las cuentas en atraso de sus clientes residenciales, excepto cuando se trate de una cuenta no objetada de un cliente cuyo monto y recurrencia de falta de pago, tras haberse realizado más de dos requerimientos de pago y agotado los mecanismos de cobro típicos de los negocios cuando sus clientes no pagan por servicios, denotando así la intención de no cumplir con sus obligaciones de pago con la Autoridad o que de otro modo implique la intención de defraudar a la Autoridad.

(p) Toda factura que la Autoridad envíe a sus clientes deberá advertir sobre su derecho a objetar la factura (excepto los Cargos de Transición de la estructura de titulización “securitization”) y solicitar una investigación por parte de la Autoridad. En su portal de Internet y en cada una de sus oficinas regionales y comerciales, la Autoridad deberá además proveer la información sobre los procesos, términos y requisitos para objetar una factura y solicitar una investigación a la Autoridad, y para luego acudir ante el Negociado para solicitar la revisión de la decisión de la Autoridad. De igual forma, en su portal de Internet y en cada una de sus oficinas regionales y comerciales, la Autoridad deberá proveer la información sobre los procesos, términos y requisitos para solicitar la revisión ante el Negociado de cualquier decisión de la Autoridad sobre la factura al cliente.

 

TARIFAS

 

 

Sección 6A. — Procedimiento de Revisión de Tarifas de la Autoridad. (22 L.P.R.A. § 196a) [Nota: El Art. 2.7 de la Ley 57-2014 añadió esta Sección. La Ley 4-2016 la enmendó posteriormente]

 

(a) Revisión de Tarifa Propuesta. Toda tarifa propuesta por la Autoridad deberá ser revisada por la Comisión de Energía antes de entrar en vigor, sujeto a los términos dispuestos en la Ley de Transformación y ALIVIO Energético de Puerto Rico, Ley 57-2014, y esta Sección. El proceso de revisión de tarifas asegurará que todas las tarifas sean justas y razonables y consistentes con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionan un servicio confiable y adecuado, al menor costo razonable.

(b) Procedimientos en la Autoridad. Previo a la radicación de una propuesta de revisión de tarifa, la Autoridad podrá celebrar vistas públicas ante la Junta de Gobierno de la Autoridad o ante cualquier juez o jueces administrativos u oficiales examinadores que para ese fin se designen a solicitud de la Junta de Gobierno. Cuando así sean designados, el juez administrativo u oficial examinador conducirá las vistas públicas conforme a las normas procesales que se establezcan para esos propósitos. La Autoridad, de ser aplicable, notificará al público el calendario de vistas públicas mediante la publicación o exposición de un anuncio a esos efectos en el portal de Internet de la Autoridad y mediante anuncios en otros medios de comunicación, con al menos quince (15) días de antelación a la fecha de celebración de las vistas públicas. De celebrarse vistas públicas, la Autoridad radicará en la Comisión un informe detallado sobre dichos procedimientos que será parte del expediente de solicitud de revisión.

   Al momento de anunciar la celebración de las vistas públicas a las que se refiere el párrafo anterior, la Autoridad notificará a la Oficina Independiente de Protección al Consumidor (OIPC). La OIPC tendrá a su cargo verificar y coordinar con la Autoridad para que se otorgue oportunidad razonable de participación ciudadana en las vistas públicas relacionadas con la revisión de la tarifa. Como parte de esa función, la OIPC velará, sin limitarse a ello, que se cumplan los siguientes parámetros:

(i) La Autoridad proveyó notificación al público de la celebración de la vista con al menos quince (15) días de antelación a su celebración;

(ii) La Autoridad proveyó información suficiente y comprensible a los presentes sobre las revisiones propuestas y los fundamentos para las mismas; y

(iii) Se le concede oportunidad suficiente y razonable a los presentes para hacer preguntas y expresar sus preocupaciones dentro del proceso previamente acordado con la Autoridad.

   No podrán llevarse a cabo vistas públicas sin la presencia de un representante de la OIPC. No obstante, cuando el puesto de Director de la OIPC esté vacante, las funciones de la OIPC en las vistas públicas a las que se refiere este inciso las realizará la persona en quien el Gobernador delegue temporeramente para estos fines. La Autoridad proveerá el personal y equipo necesario para grabar la totalidad de las vistas públicas, y será el custodio de todas las grabaciones.

   La OIPC preparará una minuta detallada de cada vista pública, y le proveerá copia de la misma a la Autoridad. Las minutas preparadas por la OIPC deberán formar parte del expediente que presente la Autoridad durante el proceso de revisión de la tarifa propuesta ante la Comisión de Energía.

   Las disposiciones de la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas”, y las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”], aplicarán a los procesos de modificación y revisión de la tarifa de la Autoridad en tanto y en cuanto sean compatibles con las disposiciones y requisitos sobre la modificación y revisión de tarifa establecidos en esta Sección. En tanto las disposiciones de la citada Ley Núm. 21 sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.

(c) Revisión Inicial de Tarifa. La tarifa vigente a la fecha de aprobación de la Ley de Transformación y ALIVIO Energético seguirá vigente hasta que la misma sea revisada por la Comisión de Energía de conformidad con las disposiciones de esta Sección y la Ley de Transformación y ALIVIO Energético. El primer proceso de revisión de tarifa culminará no más tarde de ciento ochenta (180) días luego de que la Comisión determine mediante resolución que la petición de la Autoridad está completa. Durante dicho proceso, la Autoridad tendrá el peso de la prueba para demostrar que la tarifa propuesta es justa y razonable y consistente con prácticas fiscales y operacionales acertadas que proporcionan un servicio confiable y adecuado, al menor costo razonable. La Autoridad presentará toda la información solicitada por la Comisión, que incluirá, pero no necesariamente se limitará a, toda la documentación relacionada a:

(i) La eficiencia, suficiencia e idoneidad de las instalaciones y del servicio;

(ii) los costos directos e indirectos de generación, transmisión y distribución de energía, incluyendo costos marginales, “stranded costs” y costos atribuibles a la pérdida de energía por hurto o ineficiencia;

(iii) los costos relacionados con el repago de la deuda de la Autoridad;

(iv) todos los cargos y costos incluidos en el “Ajuste por Combustible” a la fecha de aprobación de la Ley de Transformación y ALIVIO Energético;

(v) la capacidad de la Autoridad para mejorar el servicio que brinda y mejorar sus instalaciones;

(vi) la conservación de energía y el uso eficiente de recursos energéticos alternativos;

(vii) datos relacionados al efecto de leyes especiales, subsidios y aportaciones; y

(viii) cualquier otro dato o información que la Comisión considere necesaria para evaluar y aprobar las tarifas.

   La Comisión emitirá resolución indicando si la petición está completa o requerirá información adicional dentro de un término de quince (15) días a partir de la fecha de radicación de la petición.

   La Comisión aprobará una tarifa que: (i) sea suficiente para asegurar el pago de principal, intereses, reservas y demás requisitos de los bonos y otras obligaciones financieras que no hayan sido canceladas (defeased) como parte de la titulización contemplada en el Capítulo IV de la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica y costos razonables de proveer los servicios de la Autoridad; (ii) cumpla con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieron con o a beneficio de los compradores o tenedores de cualesquiera bonos u otras obligaciones financieras de la Autoridad; (iii) provea para cubrir los costos de la contribución en lugar de impuestos y otras aportaciones y subsidios requeridos a la Autoridad por leyes especiales; (iv) permanecerá vigente durante ciclos de por lo menos tres (3) años, salvo por aquellos ajustes periódicos aprobados por la Comisión como parte de la tarifa aprobada, y salvo que la Comisión motu proprio determine realizar una revisión; y (v) considere eficiencias y ahorros operacionales y administrativos contemplados en el Acuerdo de Acreedores según razonablemente estimados de buena fe por la Autoridad y determinados a la fecha de presentación de la propuesta a la Comisión. La Autoridad, como parte de toda propuesta de tarifa, podrá proponer uno o más cargos en la tarifa que reflejen de forma transparente las cantidades que los abonados pagarán por concepto de las obligaciones de la Autoridad con los bonistas y otros acreedores. Excepto el Cargo de Transición de la estructura de titulización (securitization), cuya determinación se regirá por lo dispuesto en el Capítulo IV de la Ley para la Revitalización de la Autoridad de Energía Eléctrica y el Artículo 6.25A de la Ley 57-2014, la Comisión revisará estos cargos a la luz de las obligaciones financieras de la Autoridad, de forma que sean suficientes para garantizar el pago anual de las deudas contraídas con los bonistas.

   La Autoridad propondrá un cargo de ajuste para recuperar los costos variables en la compra de combustible y en la compra de energía. Tal cargo de ajuste por compra de combustible y compra de energía sólo podrá incluir los costos directamente relacionados con la compra de combustible y la compra de energía. Bajo ninguna circunstancia el repago de líneas de crédito (incluyendo intereses) formará parte de los costos directamente relacionados con la compra de combustible y la compra de energía. Además, la Autoridad propondrá separadamente los cargos y ajustes correspondientes a costos de subsidios y por la contribución en lugar de impuestos, crédito por medición neta y aquellos otros cargos o créditos que al desglosarlos individualmente permiten mayor transparencia en la factura. Los cargos correspondientes a costos de subsidios y a la contribución en lugar de impuestos serán de conformidad con lo establecido en la Sección 22 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, conocida como la “Ley de la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico”.

   La Comisión deberá aprobar bajo los cargos de “ajuste por combustible” y “ajuste por compra de energía” únicamente los costos directamente relacionados con la compra de combustible y la compra de energía respectivamente, o aquella porción variable del precio de combustible y energía que no se incluya en la tarifa básica, según sea el caso. Ningún otro gasto o cargo podrá ser denominado ni incluido como “ajuste por combustible” o “ajuste por compra de energía”.

   Cada tres (3) años, o con mayor frecuencia, de así entenderlo necesario, la Comisión aprobará y establecerá un plan de mitigación para asegurar que los costos que estimen que no son conformes a las prácticas de la industria, tales como el hurto de luz, las cuentas por cobrar y las pérdidas atribuibles a la ineficiencia del sistema eléctrico se atemperen a los estándares de la industria. La Autoridad cumplirá, en un término no mayor de tres (3) años, u otro término menor designado por la Comisión, con cada plan de mitigación aprobado por la Comisión.

   La Autoridad y la Comisión establecerán un plan para la implantación de la nueva factura transparente, según se dispone en las Secciones 6A y 6B de esta Ley. No obstante, el Cargo de Transición de la estructura de titulización (securitization) podrá ser puesto en vigor según el itinerario de pago de dicha transacción y de conformidad con sus términos, ya sea como parte de la factura actual de la Autoridad o en la nueva factura transparente de conformidad con las Secciones 6A y 6B.

(d) Solicitud de Modificación de Tarifa. Una vez concluido el proceso dispuesto en el inciso (c) de esta Sección, la Autoridad podrá presentar a la Comisión una solicitud para la aprobación de modificaciones en la tarifa. La solicitud deberá detallar las razones para el cambio, el efecto de dicha modificación en los ingresos y gastos de la Autoridad, y cualquier otra información necesaria para la evaluación que sea solicitada por la Comisión mediante reglamento o solicitud. Además, la Comisión podrá iniciar, motu proprio, el proceso de la revisión de tarifas cuando sea en el mejor interés de los consumidores. Cualquier modificación en la tarifa, ya sea un aumento o una disminución, pasará por un proceso de descubrimiento de prueba y de vistas públicas que llevará a cabo la Comisión para determinar si el propuesto cambio es justo y razonable. El proceso de revisión no podrá exceder de ciento ochenta (180) días desde que la Comisión determine mediante resolución que la petición de la Autoridad está completa, salvo que la Comisión, conforme a lo establecido en la Ley 57-2014, extienda el término para el proceso de revisión hasta un máximo de sesenta (60) días adicionales.

   A petición de la Autoridad la Comisión podrá aprobar una modificación de tarifa por circunstancias de emergencia, según contemplado en la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, según enmendada, conocida como “Ley Uniforme para la Revisión y Modificación de Tarifas”. Estas tarifas de emergencia no se considerarán tarifas provisionales según se define en esta Ley o en la Ley 57-2014, según enmendada, y permanecerán vigentes mientras dure la emergencia, pero nunca por un término mayor de ciento ochenta (180) días a partir de su aprobación. Otras disposiciones de la Ley Núm. 21 de 31 de mayo de 1985, y las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”], aplicarán a los procesos de modificación y revisión de tarifas de la Autoridad en tanto y cuanto sean compatibles con las disposiciones y requisitos sobre la modificación y revisión de tarifas establecidos en esta Ley. En tanto las disposiciones de la citada Ley Núm. 21 sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley, prevalecerán las disposiciones de esta Ley.

(e) Tarifa provisional. Dentro de treinta (30) días de radicada una solicitud de modificación de tarifa, la Comisión podrá, motu proprio o a petición de la Autoridad, hacer una evaluación preliminar para determinar si establece una tarifa provisional. La Comisión tendrá discreción para establecer la tarifa provisional. Si la Comisión establece una tarifa provisional, la misma entrará en vigor a partir de los sesenta (60) días de la fecha de aprobación de la tarifa provisional, a menos que la Comisión determine, a petición de la Autoridad, que entre en vigor antes, pero nunca será un periodo menor de treinta (30) días, desde la aprobación de la tarifa provisional. Dicha tarifa provisional permanecerá vigente durante el período de tiempo que necesite la Comisión para evaluar la solicitud de modificación de tarifa propuesta por la Autoridad y emitir una orden final sobre la misma, y hasta la fecha en que la nueva factura esté implementada, cuyo periodo no excederá de sesenta (60) días desde la aprobación de la tarifa, salvo que la Comisión extienda tal periodo por justa causa.

(f) Aprobación de modificación de tarifa. Si luego del proceso de vistas públicas, la Comisión determina que el cambio en tarifa propuesto es justo y razonable, emitirá una orden al respecto y notificará el cambio en tarifa en su portal de Internet, junto con el nuevo desglose de la tarifa. La nueva tarifa aprobada entrará en vigor sesenta (60) días luego de que la Comisión emita la orden, a menos que la Comisión determine, a petición de la Autoridad, que entrará en vigor antes de sesenta (60) días. Si la Comisión determina que el cambio en tarifa propuesto es injusto o irrazonable, emitirá una orden debidamente fundamentada así estableciéndolo. En dicho caso, no procederá la modificación de la tarifa objeto de la solicitud, y seguirá vigente la tarifa que se pretendía modificar. Al emitir una orden final luego del proceso de revisión de tarifa, la Comisión ordenará a la Autoridad a ajustar la factura de sus clientes de forma que se acredite o cobre cualquier diferencia entre la tarifa provisional establecida por la Comisión y la nueva tarifa aprobada como resultado del proceso de revisión tarifaria. En caso de que una persona cese de ser cliente durante el periodo de vigencia de la tarifa provisional, la Autoridad vendrá obligada a reembolsar y tendrá derecho a recobrar cualquier diferencia entre la tarifa provisional establecida por la Comisión y la nueva tarifa aprobada como resultado del proceso de revisión tarifaria. En caso de que una persona cese de ser cliente durante el periodo de vigencia de la tarifa provisional, la Autoridad vendrá obligada a reembolsar y tendrá derecho a recobrar cualquier diferencia entre la tarifa provisional establecida por la Comisión y la nueva tarifa aprobada como resultado del proceso de revisión tarifaria.

(g) Inacción de la Comisión. Si la Comisión no toma acción alguna ante una solicitud de revisión de tarifa en un periodo de treinta (30) días contados a partir de su presentación, la tarifa modificada objeto de la solicitud entrará en vigor inmediatamente como una tarifa provisional, salvo que la Autoridad o la compañía certificada solicitante solicite que no se establezca tarifa provisional por razones establecidas en su solicitud. La Comisión continuará los procesos de revisión y deberá emitir la orden correspondiente dentro del término especificado en esta Sección. Si la Comisión no aprueba ni rechaza durante un periodo de ciento ochenta (180) días a partir de la fecha en que la Comisión notifique que determinó mediante resolución que la solicitud de la Autoridad está completa, la tarifa propuesta por la Autoridad o la compañía certificada solicitante advendrá final, salvo que la Comisión extienda dicho término conforme a lo dispuesto en los subincisos (b) y (c) de este Artículo.

(h) La Comisión publicará el desglose de toda tarifa o cambio de tarifa aprobado o modificado por ésta en su portal de Internet.

 

 

PLAN INTEGRADO DE RECURSOS

 

 

Sección 6B. — Plan Integrado de Recursos. [Nota: El Art. 2.9 de la Ley 57-2014 añadió esta Sección como 6C. El Art. 11 de la Ley 4-2016 la enmendó posteriormente y la renumeró como 6B. El Art. 2.9 de la Ley 17-2019 eliminó su contenido y lo sustituyó por una nueva Sección 6B]

 

   Conforme al Artículo 1.9 de la Ley de Política Pública Energética de Puerto Rico, cuando la Autoridad sea la entidad responsable por la operación del Sistema Eléctrico, esta tendrá la obligación de elaborar y someter al NEPR un plan integrado de recursos (PIR). En tales casos, la Autoridad estará obligada a cumplir con las disposiciones del Artículo 1.9 de la Ley de Política Pública Energética, al igual que con cualquier regla, reglamento u orden emitida por el Negociado.

 

Sección 6C. — Procesos de contratación mediante Alianzas Público-Privadas. (22 L.P.R.A. § 196d) [Nota: El Art. 12 de la Ley 4-2016 añadió esta Sección]

 

(a) Sin limitar las facultades conferidas a la Autoridad en la Sección 6 de esta Ley para la contratación de bienes y servicios utilizando los diversos métodos disponibles para la solicitud, negociación y otorgamiento de contratos, se autoriza a la Autoridad a establecer y fomentar la inversión por alianzas público-privadas con relación a cualquiera de sus facilidades, funciones o servicios. No obstante lo dispuesto en la Ley para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, Ley 29-2009, según enmendada, la Autoridad será la única autorizada a establecer prioridades en el desarrollo de proyectos de alianzas público-privadas relacionados a las necesidades de generación, transmisión y distribución de energía en Puerto Rico, de conformidad con el Plan Integrado de Recursos y el Plan de ALIVIO Energético aprobado por la Comisión.

(b) Cuando la Autoridad determine evaluar la posibilidad de establecer un proyecto de alianza público-privada e identifique los fondos disponibles para llevar a cabo dicho proceso de evaluación, notificará de ello a la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico, la cual estará obligada a llevar a cabo las funciones establecidas en la Ley 29-2009 con respecto a la evaluación y el establecimiento de dicho proyecto. El costo incurrido por la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas para llevar a cabo dicho proceso de evaluación y establecimiento del proyecto de alianza público-privada será sufragado por la Autoridad de Energía Eléctrica.

(c) No obstante lo dispuesto en la Ley 29-2009, cuando se evalúe un proyecto de alianza público-privada conforme a lo dispuesto en esta Ley, el Comité de Alianza estará compuesto de la siguiente forma: cinco (5) integrantes, a saber, dos (2) integrantes designados por la Junta de la Autoridad, un (1) integrante en representación del Banco Gubernamental de Fomento, un (1) integrante en representación de la Oficina de Política Pública Energética y un (1) integrante en representación de la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas de Puerto Rico; cuando el proceso de Alianza lo lleve a cabo la Comisión, uno de los representantes del Comité de Alianza será designado por la Comisión y este sustituirá uno de los integrantes designados por la Autoridad. Dicho Comité de Alianza dará cumplimiento fiel a las disposiciones de la Ley 29-2009, según enmendada.

(d) No obstante lo dispuesto en la Ley 29-2009, en el caso de proyectos de alianzas público-privadas relacionados con la generación, transmisión y/o distribución de energía en Puerto Rico, la Autoridad para las Alianzas Público-Privadas podrá acoger el estudio o estudios que la Autoridad de Energía Eléctrica o la Comisión de Energía hayan realizado con relación al proyecto en sustitución del estudio de deseabilidad y conveniencia requerido por dicha Ley, siempre y cuando el alcance y profundidad de dichos estudios sean adecuados para permitir que el Comité de Alianzas pueda determinar si es recomendable establecer el proyecto como una alianza.

 

 

FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS

 

 

Sección 7. (22 L.P.R.A. § 197)

 

(a) Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias, y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad, se harán y permitirán, como dispongan las normas y reglamentos que prescriba la Junta, conducente a un plan general análogo, en tanto la Junta lo estime compatible con los más altos intereses de la Autoridad, de sus empleados y de sus servicios al público, al que pueda estar en vigor para los empleados del Gobierno Estadual al amparo de las leyes de Servicio Civil de Puerto Rico. Los miembros, funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos necesarios de viaje, o en su lugar a las dietas correspondientes que sean autorizadas o aprobadas de acuerdo con los reglamentos de la Junta. Los funcionarios y empleados de cualquier junta, comisión, agencia o departamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pueden ser nombrados para posiciones similares en la Autoridad sin necesidad de examen. Cualquiera de estos funcionarios o empleados estaduales que haya sido así nombrado y que, con anterioridad al nombramiento, fuera beneficiario de cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro o de fondo de ahorro y préstamo continuará teniendo, después de dicho nombramiento, los derechos, privilegios, obligaciones, y status respecto a los mismos que la ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan posiciones similares en el Gobierno Estadual, a menos que, en el término de seis (6) meses después de entrar en vigor esta ley, o de seis (6) meses después de tal nombramiento, de los dos el que ocurra más tarde, dichos funcionarios y empleados o cualquiera de ellos signifique la intención de renunciarlos, en el cual caso tendrán los que corresponden a funcionarios o empleados renunciados o separados del Gobierno Estadual; y todos los empleados así nombrados para posiciones en la Autoridad, que al tiempo de su nombramiento desempeñaban o hubieren desempeñado posiciones en el Gobierno Estadual o tenían algún derecho o status al amparo de las reglas y clasificaciones de la Comisión de Servicio Civil, conservarán el mismo status respecto a empleo o reempleo en el servicio del Gobierno Estadual, que tenían en el momento de entrar en el servicio de la Autoridad, o aquellos mejores o más altos derechos o status que la Comisión del Servicio Civil considere pertinentes al rango y ventajas alcanzadas en la Autoridad. Todos los funcionarios y empleados nombrados para posiciones en la Autoridad que en el momento de su nombramiento tenían o más tarde adquieran algún derecho o status al amparo de las reglas y clasificaciones de la Comisión de Servicio Civil de Puerto Rico para ser nombrados para alguna posición similar en el Gobierno Estadual, tendrán, cuando así lo soliciten, los derechos, privilegios, obligaciones, y status respecto a convertirse en beneficiarios de cualquier sistema o sistemas existentes de pensión, retiro, o de fondo de ahorro y préstamo, como si hubiesen sido nombrados para una tal posición similar en el Gobierno Estadual. La Autoridad estará sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 8 aprobada en 5 de abril de 1941, según ha sido posteriormente enmendada.

(b) No podrá desempeñar el cargo de miembro, funcionario, empleado o agente de la Autoridad ninguna persona que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada de servicio público en Puerto Rico, dedicada a la producción, distribución o venta de energía eléctrica o en cualquier entidad en o fuera de Puerto Rico que esté afiliada o tenga algún interés en tal empresa de utilidad pública en Puerto Rico; o que tenga algún interés económico, directo o indirecto en cualquier empresa industrial o comercial dedicada a la producción, distribución o venta de algún artículo o servicio de naturaleza comercialmente opuesta o que constituya competencia en Puerto Rico con la producción, distribución o venta de energía eléctrica producida por medios hidroeléctricos; Disponiéndose, que cuando la incompatibilidad afecte a un miembro de la Autoridad, su cargo quedará vacante y la vacante se cubrirá, por el tiempo que dure dicha incompatibilidad, con el nombramiento, por el Gobernador de Puerto Rico, del jefe de cualquier departamento del Gobierno Estadual.

(c) No podrá utilizar su capacidad oficial o autoridad para intimidar, obligar, exigir o solicitar que otros funcionarios o empleados hagan contribuciones económicas o empleen de su tiempo laboral para llevar a cabo o participar en actividades político partidistas ni solicitar mientras se encuentra en funciones de su trabajo o, intimidar, obligar, exigir que otros funcionarios o empleados voten o promuevan los intereses electorales del partido o candidato político de su preferencia.

(d) No podrá, mientras se encuentra en funciones de su trabajo, dirigir o fomentar actividades, o la creación de grupos que, directa o indirectamente, promuevan los intereses electorales, pecuniarios o políticos de cualquier partido o candidato político.

(e) No podrá solicitar directa o indirectamente para fines político partidistas: contribuciones económicas, según definido en el inciso (t) la Sección 2 de esta Ley, cosas de valor, uso de facilidades o servicios a cualquier persona u organización a la que haya otorgado o intervenido en la otorgación de contratos, compensación, empleo, donativos, préstamos o beneficios financiados por fondos estatales, municipales o federales.

(f) Un supervisor no podrá solicitar, aceptar o recolectar, cualquier contribución de un funcionario o empleado supervisado directa o indirectamente por éste, o del cual tenga control sobre su continuidad en el empleo, ascensos, descensos y/o condiciones de empleo.

(g) Las prohibiciones indicadas en el inciso (e) no se extenderán a las contribuciones voluntarias que puedan hacer las personas u organizaciones allí indicadas, en consonancia con el estado de derecho vigente, definido por las disposiciones constitucionales, estatutarias o la jurisprudencia vigente y aplicable y que se realicen fuera del horario laborable y de los predios de las instrumentalidades gubernamentales.

(h) Se prohíbe que un funcionario o empleado, directa o indirectamente, prometa empleo, alguna posición, trabajo, compensaciones, contratos, préstamos o beneficios provenientes de fondos públicos como consideración, favor o recompensa a cambio de aportaciones recibidas para propósitos político partidistas.

(i) Se prohíbe que un funcionario o empleado, directa o indirectamente, prive o amenace con privar a cualquier persona, funcionario o empleado de obtener o retener un empleo, alguna posición, trabajo, compensaciones, contratos, préstamos o beneficios provenientes de fondos públicos a consecuencia de aportaciones hechas o dejadas de hacer a candidatos o partidos políticos.

(j) A solicitud de parte, el Departamento de Justicia, a través de la División de Integridad Pública, podrá iniciar una investigación bajo las disposiciones de esta Sección.

(k) Una vez culminada la investigación, si el Departamento de Justicia entiende que se ha violado alguna disposición de esta Ley, presentará una Querella y llevará a cabo un procedimiento de adjudicación de conformidad con la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”].

(l) Todo funcionario o empleado que resulte afectado en un proceso adversativo llevado a cabo por el Departamento de Justicia tendrá derecho a presentar la correspondiente revisión ante el Tribunal de Apelaciones, de conformidad con la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”, supra.

(m) Un funcionario o empleado que viole las disposiciones de los subincisos (c) al (i) de esta Sección podrá recibir una multa administrativa no menor de $5,000.00 ni mayor de $20,000.00.

(n) Un funcionario o empleado que viole las disposiciones de los subincisos (c) al (i) de esta Sección podrá ser suspendido sumariamente de su empleo, y tras culminada la investigación de querellas según establecida por el inciso (k), suspendido de empleo y sueldo por un término de hasta ochenta y nueve (89) días o podrá ser destituido de su puesto, dependiendo de la gravedad de la violación.

(o) Quien obtenga un beneficio económico como resultado de la violación a las prohibiciones político partidistas podrá ser sancionado por su incumplimiento con una multa que podrá llegar a ser de hasta una suma equivalente a tres veces el valor del beneficio económico recibido.

(p) Nada de lo dispuesto en esta Sección podrá ser interpretado como una limitación al derecho de todo ciudadano bajo la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos de América o las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico a ejercer la libertad de expresión o asociación sobre asuntos políticos, ideológicos, o político partidistas, o el derecho a aspirar o figurar como candidato a un puesto electivo.

TRASPASO DEL SISTEMA DE UTILIZACIÓN DE LAS FUENTES FLUVIALES

 

 

Sección 8. (22 L.P.R.A. § 198)

 

   Por la presente se traspasan y entregan o se traspasarán y entregarán a la Autoridad todos los bienes raíces, muebles y mixtos, corpóreos e incorpóreos, de cualquiera clase que sean y en cualquier sitio radicados, que constituyen el Sistema de Utilización de las Fuentes Fluviales, incluyendo todos los fondos, derechos, franquicias, privilegios y activo de cualquier naturaleza y descripción que pertenezcan al mismo, sujeto a todas las obligaciones y gravámenes legales o equitativos con que los mismos estuvieren gravados.

 

Sección 9. (22 L.P.R.A. § 199)

 

   Las transferencias provistas en la Sección 8 que antecede serán efectivas a los noventa (90) días después de entrar en vigor esta ley. Entonces, tan pronto sea posible, [el Sistema de] Utilización de las Fuentes Fluviales y el Departamento de lo Interior de Puerto Rico transferirán y entregarán a la Autoridad todos los contratos, libros, mapas, planos, documentos, libros de contabilidad e informes de cualquiera clase relacionados con el funcionamiento, conservación, planeamiento o construcción de cualquiera empresa existente o en proyecto, y la Autoridad queda facultada para tomar posesión, para sus usos y fines, de todos dichos contratos, libros, mapas, planos, documentos, libros de contabilidad y récords.

 

 

CONTINUIDAD DE LAS OBLIGACIONES

 

 

Sección 10. — (22 L.P.R.A. § 200)

 

   La Autoridad no tomará acción alguna que pueda tener el efecto de menoscabar las obligaciones de cualesquiera deberes contractuales impuestos o asumidos por El Pueblo de Puerto Rico por virtud de las leyes existentes. A partir de la fecha de efectividad de las transferencias provistas por la sección 8 de esta ley, la Autoridad asumirá todos los contratos y obligaciones de cualquier departamento o agencia de El Pueblo de Puerto Rico que puedan haberse contraído o incurrido por cuenta de, en nombre, o a favor, de la Utilización de las Fuentes Fluviales; y todos los tales contratos y obligaciones pasarán a beneficio y crédito de la Autoridad.

 

 

ASIGNACIONES Y LEYES CONFIRMADAS

 

 

Sección 11. — (22 L.P.R.A. § 201)

 

   Todas las asignaciones hechas por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, ya sean por ley o resolución conjunta, para o a beneficio de la Utilización de las Fuentes Fluviales, o para el desarrollo de las fuentes fluviales de Puerto Rico, quedan por la presente aprobadas, confirmadas y ratificadas, y todas las sumas así asignadas y todas las sumas separadas o que deban separarse para o a beneficio de la Utilización de las Fuentes Fluviales, o para el desarrollo de las fuentes fluviales de Puerto rico, con excepción únicamente de las asignaciones para o a beneficio de los Sistemas de Riego Público construidos y en explotación por el Gobierno Estadual de conformidad con leyes especiales y todas las sumas separadas o que deban separarse para dichos sistemas, estarán a la disposición de la Autoridad para los fines a que fueron asignadas y separadas.

 

 

DINERO Y CUENTAS DE LA AUTORIDAD

 

 

Sección 12. — (22 L.P.R.A. § 202)

 

   Todos los dineros de la Autoridad se depositarán en depositarios reconocidos para los fondos del Gobierno Estadual, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas, inscritas a nombre de la Autoridad. Los desembolsos se harán por ella de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados por la Junta.

   El Secretario de Hacienda, mediante consulta con la Autoridad, establecerá el sistema de contabilidad que se requiera para los adecuados control y registro estadísticos de todos los gastos e ingresos pertenecientes a, o administrados o controlados por la Autoridad. El citado Secretario de Hacienda requerirá que las cuentas de la Autoridad se lleven en tal forma que apropiadamente puedan segregarse, hasta donde sea aconsejable, las cuentas en relación con las diferentes clases de operaciones, proyectos, empresas, y actividades de la Autoridad, y tomará en consideración la conveniencia de requerir de la Autoridad que adopte, en todo o en parte, el sistema de contabilidad que de tiempo en tiempo prescriba la Federal Power Commission u otra autoridad federal para utilidades públicas que posean propiedades y estén dedicadas a negocios similares a los negocios y propiedades de la Autoridad, y a la necesidad de llevar, de conformidad con tal sistema de contabilidad, cuentas completas de costos de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica y del costo total de las obras construidas o de otro modo adquiridas por la Autoridad para generar, transmitir y distribuir electricidad, con una descripción de los componentes principales de dichos costos, incluyendo aquellos datos sobre las condiciones físicas de las propiedades y estadísticas de operación, que puedan ser útiles para determinar el verdadero costo y valor de los servicios y prácticas, métodos, medios, equipo, utensilios, normas y tamaños, tipos, ubicación e integración geográfica y económica de las centrales generatrices y sistemas bajo el control de la Autoridad que mejor se adapten para promover el interés público, la eficiencia y el más amplio y económico uso de la energía eléctrica; Disponiéndose, también, que el citado Secretario de Hacienda o su representante, examinará de tiempo en tiempo las cuentas y los libros de la Autoridad, incluyendo sus ingresos, desembolsos, contratos, arrendamientos, fondos en acumulación, inversiones y cualesquiera otras materias que se relacionen con su situación económica e informará sobre las mismas a la Junta de la Autoridad y a la Asamblea Legislativa.

 

 

ADQUISICIÓN DE BIENES POR EL ESTADO LIBRE ASOCIADO PARA LA AUTORIDAD

 

 

Sección 13. — (22 L.P.R.A. § 203)

 

   A solicitud de la Autoridad el Gobernador de Puerto Rico o el Secretario de Transportación y Obras Públicas, tendrá facultad para comprar, ya sea por convenio, o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier título de propiedad o interés sobre la misma, que la Junta de la Autoridad estime necesaria o conveniente para sus propios fines. La Autoridad podrá poner anticipadamente, a disposición de dichos funcionarios aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha propiedad y, una vez adquirida la misma, podrá reembolsar al Gobierno Estadual cualquier cantidad pagada que no hubiera sido previamente entregada. Al hacerse dicho reembolso al Gobierno Estadual (o en un tiempo razonable si el costo o precio total ha sido anticipado por la Autoridad, según lo determinare el Gobernador, el título de dicha propiedad así adquirida pasará a la Autoridad. El Secretario de Transportación y Obras Públicas, con la aprobación del Gobernador, podrá hacer aquéllos que él estime apropiados para la explotación y control de dicha propiedad por la Autoridad a beneficio del Gobierno Estadual, durante el período que transcurra antes de que dicho título haya pasado a la Autoridad. La facultad que por la presente se confiere, no limitará ni restringirá en forma o límite alguno, la facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades. El título de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquirida antes de ahora o que pueda serlo en el futuro, y que se considere necesaria o conveniente para los fines de la Autoridad, puede ser transferido a ésta por el funcionario encargado de dicha propiedad o que la tenga bajo su custodia, mediante los términos y condiciones que serán fijados por el Gobernador o el funcionario o agencia que él designe. La facultad que por la presente se confiere al Gobernador(a) no limitará ni restringirá la facultad de la Autoridad para instar ella misma el procedimiento de expropiación forzosa, cuando así su Junta de Gobierno lo creyere conveniente. Además, la Autoridad deberá de cumplir con los requisitos dispuestos por la Junta de Planificación en los casos de mejoras públicas.

 

 

CONCESIÓN DE BIENES POR MUNICIPIOS Y SUBDIVISIONES POLÍTICAS A LA AUTORIDAD

 

Sección 14. — (22 L.P.R.A. § 204)

 

   No obstante cualquier disposición de ley en contrario, todos los municipios y subdivisiones políticas de Puerto Rico quedan autorizados para ceder y traspasar a la Autoridad, a solicitud de ésta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público), que la Autoridad crea necesaria o conveniente para realizar sus propios fines. La Autoridad tendrá derecho y facultad para construir o situar cualquier parte o partes de cualquiera de sus empresas a través, en, sobre, bajo, por o a lo largo de cualquier calle, vía pública o cualesquiera terrenos que sean actualmente, o puedan ser en adelante, propiedad del Gobierno Estadual o de cualquier municipalidad o subdivisión política del mismo, sin necesidad de obtener franquicia u otro permiso al efecto. La Autoridad restaurará dichas calles, vías públicas o terrenos de modo que queden, hasta donde sea posible, en la condición o estado en que se hallaban al comenzarse las obras y no usará las mismas en forma que menoscabe, innecesariamente su utilidad.

   Cuando fuere necesaria la relocalización de instalaciones o empresas de la Autoridad ubicadas en la vía pública o en cualquier otro lugar, por razón, o como resultado o consecuencia de la ejecución, construcción, ampliación, reparación o mejoras de una obra pública, a cargo del Departamento de Transportación y Obras Públicas, de cualquier agencia gubernamental, corporación pública o municipios, incluyendo el Gobierno de la Capital, el coste de tal relocalización se considerará como parte del gasto que acarrea tal obra pública, y será satisfecho o reembolsado a dicha Autoridad por la entidad a quien corresponda y que ejecuta la obra, según el sistema en vigor respecto a los pagos pertenecientes a la ejecución de una obra pública; Disponiéndose, que cuando el Gobierno Federal pueda hacer alguna aportación para cubrir tales gastos de relocalización, se cumplirá con los requisitos que hagan posible tal aportación; y Disponiéndose, además, que si la relocalización se aprovechare para una mejora o ampliación del sistema afectado, la Autoridad se hará cargo del costo adicional resultante.

   Disponiéndose, que al efectuar la construcción de sistemas de distribución soterrada dentro de los límites territoriales de cualquier municipio, cuando sea necesario para el óptimo desarrollo del mismo, o cuando la Autoridad de Energía Eléctrica construya nuevas instalaciones, se requerirá de cualquier agencia, corporación pública o entidad privada, cuyos cables discurran por los postes del sistema eléctrico; propiedad de la Autoridad, que remuevan los mismos dentro del término dispuesto en el presente capítulo, sin menoscabar las obligaciones contractuales previamente contraídas.

   La Autoridad o la entidad gubernamental proponente de la obra notificará a la agencia, corporación pública o entidad privada, sobre su intención de soterrar o de construir nuevas instalaciones con por lo menos ciento veinte (120) días de anticipación a la realización de la obra; las entidades notificadas deberán informar a la Autoridad y al municipio sobre su aquiescencia a participar, junto al promovente de la obra, del proceso de soterrado o desarrollo de la misma, dentro del período de treinta (30) días a partir del recibo de la notificación enviada por la Autoridad o el proponente de la obra. El desarrollo incluirá, pero sin limitarse a, trabajo de estudios, diseño, construcción, inspección e instalación de los servicios. Si la entidad optara por no participar del proceso de soterrado o desarrollo de la obra junto a la Autoridad o entidad gubernamental correspondiente, entonces deberá remover sus cables dentro del término improrrogable de noventa (90) días a partir del cumplimiento del período dispuesto para contestar sobre la aquiescencia a participar en estos procesos.

   Si la agencia, corporación pública o entidad privada, accediera a participar del proceso de desarrollo o soterrado de la obra en conjunción con la parte promoverte del proyecto y posterior a su confirmación decidiera que no cumplirá con los trabajos acordados, tendrá la obligación de así notificarlo y removerá sus cables dentro de los próximos veinte (20) días a partir de su negativa.

   Será obligación de esas entidades, una vez notificadas, participar del desarrollo de la obra y el efectuar el soterrado de los cables, dentro del término descrito, en coordinación con la Autoridad o la parte promovente de la obra, o removerlos, a su costo. De no participar en el desarrollo, soterrarse o removerse los cables dentro del término establecido, se impondrá a dichas entidades una penalidad equivalente a doscientos cincuenta mil (250,000) dólares o a tres veces el costo de las obras soterradas, o de construcción de nuevas instalaciones del sistema eléctrico, la cantidad que fuere mayor; además, en tal caso, la parte promovente del proyecto será responsable de la remoción de los mismos con cargo a la agencia, corporación pública o entidad privada correspondiente. Una vez retirados los cables pertenecientes a dichas entidades, no se podrá imponer responsabilidad alguna en daños, excepto si hubo negligencia, a la parte a cargo de la obra, por las pérdidas de cualquier naturaleza causadas a terceros o sufridas por dichas entidades como consecuencia directa o indirecta de la transferencia o remoción de sus cables y de los postes propiedad de la Autoridad por donde discurrían los mismos.

 

 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN Y COMPRA

 

 

Sección 15. Contratos de Construcción y Compra; Reglamentos para Presentación de Licitadores; Exención. (22 L.P.R.A. § 205)

 

(1) Se exime a la Autoridad y a sus subsidiarias de las disposiciones del Plan de Reorganización de la Administración de Servicios Generales de Puerto Rico de 2011, incluyendo las disposiciones del Capítulo V de éste. La Autoridad y sus subsidiarias establecerán su propio sistema de compras y suministros y de servicios auxiliares; y adoptarán la reglamentación necesaria para regir esta fusión dentro de sanas normas de administración y economía. Si la Autoridad optare por acogerse al referido Plan de Reorganización, sus disposiciones, incluyendo las relativas al Registro Único de Licitadores, no aplicarán a los procesos de compra de combustibles para la generación de energía. Además, la reglamentación que se adopte deberá proveer para un sistema de compras y suministros ágil y eficiente.

(a) Todas las compras y contratos de suministros o servicios, excepto servicios profesionales, que se hagan por la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de obras de la misma, se harán mediante anuncio de subasta hecho con suficiente antelación a la fecha de apertura de pliegos de proposiciones, para que la Autoridad asegure el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia de licitadores. Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a aquellos factores, además de si el postor ha cumplido con las especificaciones, tales como la habilidad del postor para realizar trabajos de construcción de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador y su pericia, experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad para prestar servicios de reparación y conservación; y el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca. La Autoridad podrá aprobar reglamentos para la presentación de licitaciones.

(2) No será necesario el requisito de subasta:

(a) Cuando la cantidad estimada para la adquisición u obra no exceda de doscientos mil (200,000) dólares.

(b) Cuando debido a una emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, o ejecución de servicios.

(c) Cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipo o servicios suplementarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados.

(d) Cuando se requieran servicios o trabajos profesionales o de expertos y la Autoridad estime que, en interés de una buena administración, tales servicios o trabajos deban contratarse sin mediar tales anuncios.

(e) Cuando los precios no estén sujetos a competencia porque no haya más que una sola fuente de suministro o porque los precios de los bienes o el margen de ganancia de los bienes estén regulados por ley.

(f) Cuando a juicio de la Junta se deba llevar a cabo un proceso competitivo de solicitud de propuestas (RFP, por sus siglas en inglés) para la adquisición de bienes, equipos, materiales o servicios para fomentar mayor competencia, reducir el riesgo de colusión y promover los mejores términos y condiciones posibles en beneficio de mayores ahorros y reducción de costos y gastos operacionales de la Autoridad.

(g) Cuando las compras de combustible a utilizarse para la generación de electricidad en facilidades propiedad de la Autoridad de Energía Eléctrica se hagan a gobiernos de países extranjeros, u organismos, empresas, agencias, departamentos u otras entidades, o corporaciones, sociedades u otras empresas o entidades privadas; disponiéndose que el volumen anual de combustible a ser adquiridos mediante compra bajo esta cláusula (f) podrá ser de hasta un cien por ciento (100%) de las necesidades anuales estimadas de combustible de la Autoridad. Además bajo esta cláusula (f), la Autoridad podrá comprar petróleo crudo o sus productos derivados para ser procesados por las refinerías locales para uso por la Autoridad de Energía Eléctrica en sus facilidades de generación. La Autoridad y las refinerías locales negociarán los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo la compra o el procesamiento de dicho crudo o productos.

(h) En la compra de todos los combustibles, tales como, pero sin limitarse a, gas natural, carbón, petróleo crudo y sus derivados que cumplan con los estándares de contenido de azufre, según lo requerido por los acuerdos de consentimiento establecidos entre la Autoridad de Energía Eléctrica y la Agencia de Protección Ambiental Federal para la generación de electricidad, esta adquisición se hará mediante el proceso de solicitud de precios. Estas compras pueden realizarse a toda entidad, gobierno y empresa, siempre que las mismas demuestren que poseen volúmenes de negocios directamente relacionados con el combustible.

(i) Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica compre petróleo crudo, sus productos derivados, o gas natural para ser procesados por las refinerías para uso por la Autoridad de Energía Eléctrica en sus instalaciones de generación; la Autoridad y las refinerías negociarán los términos y condiciones bajo los cuales se llevará a cabo la compra o el procesamiento de dicho crudo, o sus productos derivados o gas natural.

(j) Cuando la Autoridad de Energía Eléctrica contrate a un asesor para la compra de petróleo crudo o sus productos derivados, que se podrá gestionar mes a mes, para cumplir con las necesidades de la Autoridad, buscando obtener economías de escala y mejor ejecución bajo el deber fiduciario que se establece bajo el contrato de asesoría; disponiéndose que la Autoridad deberá establecer mecanismos transparentes de compra de petróleo bajo esta cláusula (i), para lo cual adoptará la reglamentación necesaria.

   En los casos cubiertos por las cláusulas (a) a la (i) de este inciso, la compra o adquisición de materiales, obras, efectos equipo, piezas, accesorios, combustible o la obtención de servicios o trabajos de profesionales o expertos, podrá hacerse en mercado abierto en la forma corriente usada en las prácticas comerciales. En los casos cubiertos por las cláusulas (f) a la (i), la compra se podrá hacer a través del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

 

 

BONOS DE LA AUTORIDAD

 

 

Sección 16. — (22 L.P.R.A. § 206)

 

(a) Por autoridad del Gobierno de Puerto Rico que se otorga por la presente, la Autoridad de Energía Eléctrica de Puerto Rico podrá emitir de tiempo en tiempo y vender sus propios bonos y tener en circulación en cualquier momento, excluyendo bonos emitidos únicamente con el fin de permutarlos a cambio de la cancelación de bonos emitidos o asumidos por la Autoridad, bonos cuyo montante total del principal no exceda de la suma de cinco millones (5,000,000) de dólares, adicionales a cualquier suma que la Asamblea Legislativa de Puerto Rico autorice o pueda autorizar separadamente para un fin particular; Disponiéndose, sin embargo, que los bonos convertibles de la Autoridad, emitidos únicamente con el fin de aplicar su producto al pago o compra de bonos emitidos o asumidos por ella, no se incluirán al computarse cualquier limitación hasta seis (6) meses después de su venta.

(b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Junta, y podrán ser de las series; llevar la fecha o fechas, vencer en plazo o plazos que no excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas fechas; devengar intereses al tipo o tipos que no excedan el tipo máximo entonces permitido por ley; podrán ser de la denominación o denominaciones, y en forma de bonos con cupones o inscritos; podrán tener los privilegios de inscripción o conversión; podrán otorgarse en la forma; ser pagaderos por los medios del pago y en el sitio o sitios; estar sujetos a los términos de redención, con o sin prima; podrán ser declarados vencidos o vencer antes de la fecha de su vencimiento; podrán proveer el reemplazo de bonos mutilados, destruidos, robados o perdidos; podrán ser autenticados en tal forma una vez cumplidas las condiciones, y podrán contener los demás términos y estipulaciones que provea dicha resolución o resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, al precio o precios que la Autoridad determine; Disponiéndose, que podrán cambiarse bonos convertibles por bonos de la Autoridad que estén en circulación, de acuerdo con los términos que la Junta estime beneficiosos a los mejores intereses de la Autoridad. No obstante su forma y texto, y a falta de una cita expresa en el bono de que éste no es negociable, todos los bonos de la Autoridad serán y se entenderán que son en todo tiempo, documentos negociables para todo propósito.

(c) Los bonos de la Autoridad que lleven las firmas de los miembros de la Junta o de los funcionarios de la Autoridad en ejercicio de sus cargos, en la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y constituirán obligaciones ineludibles, aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos, cualquiera o todas las personas de la Junta o los funcionarios de la Autoridad cuyas firmas o facsímil de las firmas aparezcan en aquéllos, hayan cesado como tales miembros de la Junta o como tales funcionarios de la Autoridad. La validez de la autorización y emisión de bonos no habrá de depender o ser afectada en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción, adquisición, extensión, o mejora de la empresa para la cual los bonos se emiten, o por algún contrato hecho en relación con tal empresa. Cualquier resolución autorizando bonos podrá proveer que tales bonos contengan una cita de que se emiten de conformidad con esta ley, y cualquier bono que contenga esa cita, autorizada por una tal resolución, será concluyentemente considerado válido y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

(d) Podrán emitirse bonos provisionales o interinos, recibos o certificados, ínterin se otorgan y entregan los bonos definitivos en la forma y con las disposiciones que se provean en la resolución o resoluciones.

(e) Cualquier resolución o resoluciones, autorizando cualesquiera bonos, puede incluir disposiciones que serán parte del contrato con los tenedores de los bonos:

(1) En cuanto a la disposición del total de las rentas brutas o netas e ingresos presentes o futuros de la Autoridad, incluyendo el comprometer todos o cualquiera parte de los mismos para garantizar el pago de los bonos.

(2) En cuanto a las tarifas a imponerse por agua y energía eléctrica y la aplicación, uso y disposición de las cantidades que ingresen mediante el cobro de dichas tarifas y de otros ingresos de la Autoridad.

(3) En cuanto a la separación de reservas para fondos de amortización, reglamentación y disposición de los mismos.

(4) En cuanto a las limitaciones del derecho de la Autoridad para restringir y regular el uso de cualquier empresa o parte de la misma.

(5) En cuanto a las limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de la venta de cualquier emisión de bonos que se haga entonces o en el futuro.

(6) En cuanto a las limitaciones relativas a la emisión de bonos adicionales.

(7) En cuanto al procedimiento por el cual pueden enmendarse o abrogarse los términos de cualquier resolución autorizando bonos, o de cualquier otro contrato por los tenedores de bonos, y en cuanto al montante de los bonos cuyos tenedores deban dar su consentimiento al efecto, así como la forma en que haya de darse dicho consentimiento.

(8) En cuanto a la clase y cuantía del seguro que debe mantener la Autoridad sobre sus empresas, y el uso y disposición del dinero del seguro.

(9) En cuanto a comprometerse a no empeñar en todo o en parte los ingresos y rentas de la Autoridad, tanto en cuanto al derecho que pueda tener entonces como al que pueda surgir en el futuro.

(10) En cuanto a los casos de incumplimiento y los términos y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bonos deban vencer, o puedan declararse vencidos, antes de su vencimiento; y en cuanto a los términos y condiciones por los cuales dicha declaración y sus consecuencias puedan renunciarse.

(11) En cuanto a los derechos, responsabilidades, poderes y deberes, a ejercerse en casos de violación por la Autoridad de cualquiera de sus compromisos, condiciones u obligaciones.

(12) En cuanto a investir a uno o más fiduciarios con el derecho de hacer cumplir cualesquiera estipulaciones convenidas para asegurar, pagar, o en relación con los bonos; en cuanto a los poderes y deberes de cada fiduciario o fiduciarios y a la limitación de la responsabilidad de los mismos; y en cuanto a los términos y condiciones en que los tenedores de bonos o de cualquier proporción o porcentaje de los mismos puedan obligar a cumplir cualquier convenio hecho de acuerdo con esta ley, o los deberes impuestos por la presente.

(13) En cuanto al modo de cobrar las tarifas, derechos, rentas o cualesquiera otros cargos por los servicios, instalaciones o artículos de las empresas de la Autoridad, y el de combinar en una sola factura las tarifas, derechos, rentas u otros cargos por los servicios, instalaciones o artículos de cualesquiera dos o más de dichas empresas.

(14) En cuanto a la suspensión de servicios, instalaciones o artículos de cualquier empresa de la Autoridad, en el caso de que las tarifas, derechos, rentas u otros cargos por dichos servicios, instalaciones o artículos de dicha empresa dejen de pagarse.

(15) En cuanto a otros actos y cosas que no estén en pugna con esta ley, que puedan ser necesarias o convenientes para garantizar los bonos, o que tiendan a hacer los bonos más negociables.

(f) Ni los miembros de la Junta, ni ninguna persona que otorgue los bonos, serán responsables personalmente de los mismos, ni estarán sujetos a responsabilidad alguna por razón de la emisión de dichos bonos.

(g) La Autoridad queda facultada para comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos por ella, a un precio que no exceda del montante del principal o del valor corriente de redención de los mismos más los intereses acumulados. Todos los bonos así comprados se cancelarán.

 

 

DERECHO A ADMINISTRACIÓN JUDICIAL EN CASOS DE INCUMPLIMIENTO

 

 

Sección 17. (22 L.P.R.A. § 207)

 

(a) En caso de que la Autoridad faltare al pago del principal o de los intereses de cualesquiera de sus bonos, después que tal o tales pagos vencieren, ya fuere la falta de pago del principal e intereses o de intereses solamente al vencimiento de los bonos o cuando se anuncie su redención, y dicha falta de pago persista por un período de treinta (30) días, o en caso de que la Autoridad o la Junta, funcionarios, agentes o empleados de la misma violaren cualquier convenio con los tenedores de bonos, cualquier tenedor o tenedores de bonos (con sujeción a cualquier limitación contractual en cuanto a algún porcentaje específico de dichos tenedores), o fiduciario de éstos, tendrán el derecho de solicitar de cualquier tribunal de jurisdicción competente en Puerto Rico y mediante procedimiento judicial adecuado, el nombramiento de un síndico para las empresas o partes de las mismas, cuyos ingresos o rentas estén comprometidos para el pago de los bonos en descubierto, hayan o no sido declarados vencidos y pagaderos todos los bonos, y solicite o no, dicho tenedor o fiduciario, o haya o no solicitado, que se cumpla cualquier otro derecho o que se ejerza cualquier otro remedio en relación con dichos bonos. El tribunal, de acuerdo con dicha solicitud, podrá designar un síndico para dichas empresas, pero si la solicitud se hiciere por los tenedores de un veinticinco (25) por ciento del montante del principal de los bonos en circulación o por cualquier fiduciario de tenedores de bonos por tal montante de principal, el tribunal vendrá obligado a nombrar un síndico para dichas empresas.

(b) El síndico así nombrado procederá inmediatamente, por sí o por medio de sus agentes y abogados, a tomar posesión de dichas empresas y de todas y cada una de sus partes, y podrá excluir totalmente de éstas a la Autoridad, su Junta, funcionarios, agentes y empleados y todos los que estén bajo éstos; y tendrá, poseerá, usará, explotará, administrará y regulará las mismas y todas y cada una de sus partes; y, a nombre de la Autoridad o de otro modo, según el síndico crea mejor, ejercerá todos los derechos y poderes de la Autoridad con respecto a dichas empresas tal como la Autoridad misma lo haría. Dicho síndico conservará, restaurará, asegurará y mantendrá aseguradas tales empresas y hará las reparaciones necesarias o propias que de tiempo en tiempo estime oportunas, y establecerá, impondrá, mantendrá y cobrará las tarifas, derechos, rentas y otros cargos en relación con dichas empresas que dicho síndico estime necesarios, propios y razonables, y cobrará y recibirá todos los ingresos y rentas y depositará los mismos en una cuenta separada y aplicará dichos ingresos y rentas así cobrados y recibidos en la forma que el tribunal ordene.

(c) Cuando todo lo que se adeude de los bonos e intereses sobre éstos, y de cualesquiera otros pagarés, bonos u otras obligaciones e intereses sobre los mismos, que constituyan una carga, obligación o gravamen sobre las rentas de tales empresas, de acuerdo con cualquiera de los términos de cualquier contrato o convenio con los bonistas, haya sido pagado o depositado según se especifica en los mismos, y todas las violaciones en consecuencia de las cuales puede designarse un síndico, hayan sido subsanadas y corregidas, el tribunal, a su discreción, luego del aviso y vista pública según éste crea razonable y propio, podrá ordenar al síndico darle posesión de dichas empresas a la Autoridad; y en casos subsiguientes de violaciones subsistirán los mismos derechos de los tenedores de bonos para obtener el nombramiento de un síndico, según se provee anteriormente.

(d) Dicho síndico, en cumplimiento de los poderes que se le confieren por la presente, actuará bajo la dirección e inspección del tribunal, estará siempre sujeto a sus órdenes y decretos, y podrá ser destituido por aquél. Nada de lo contenido en la presente limitará o restringirá la jurisdicción del tribunal para expedir aquellos otros decretos u órdenes adicionales que estime necesarios o adecuados para el ejercicio por el síndico de cualquiera de las funciones específicamente indicadas en esta ley.

(e) No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta sección, dicho síndico no tendrá poder para vender, traspasar, hipotecar o de otro modo disponer del activo de cualquier clase o naturaleza, perteneciente a la Autoridad y que sean de utilidad para dichas empresas, sino que los poderes de tal síndico se limitarán a la explotación y conservación de dicha empresa, y al cobro y aplicación de los ingresos y rentas de ésta, y el tribunal no tendrá jurisdicción para expedir ninguna orden o decreto requiriendo o permitiendo a dicho síndico vender, hipotecar o de cualquier otro modo disponer de cualquier parte de tal activo.

 

 

RECURSOS A QUE TIENEN DERECHO LOS TENEDORES DE BONOS

 

 

Sección 18. — (22 L.P.R.A. § 208)

 

(a) Cualquier tenedor de bonos o su fiduciario, sujeto a cualesquiera limitaciones contractuales obligatorias para los tenedores de cualquier emisión de bonos, o sus fiduciarios, incluyendo pero sin limitarse a la restricción de una proporción o porcentaje específico de dichos tenedores para ejercer cualquier recurso, tendrá el derecho y el poder, en beneficio y protección por igual de todos los tenedores de bonos que estén en condiciones similares para:

(1) Mediante mandamus u otro pleito, acción o procedimiento en ley o en equidad, hacer valer sus derechos contra la Autoridad y su Junta, funcionarios, agentes y empleados, para ejecutar y llevar a cabo sus deberes y obligaciones bajo esta ley, así como sus convenios y contratos con los tenedores de bonos;

(2) mediante acción o demanda en equidad, exigir de la Autoridad y de su Junta que se hagan responsables como si ellas fueran los fiduciarios de un fideicomiso expreso;

(3) mediante acción o demanda en equidad, interdecir cualesquiera actos o cosas que pudieran ser ilegales o violaren los derechos de los tenedores de bonos; y

(4) entablar pleitos sobre los bonos.

(b) Ningún recurso concedido por esta ley a tenedor alguno de bonos o fiduciario de éste, tiene por objeto excluir ningún otro recurso, sino que cada uno de dichos recursos es acumulativo y adicional a todos los demás y puede ejercerse sin agotar y sin considerar ningún otro recurso conferido por esta ley o cualquiera otra ley. Si cualquier tenedor de bonos o fiduciario de éste dejare de impugnar cualquier falta o violación de deberes o de contrato, esto no cobijará ni afectará las faltas o incumplimientos subsiguientes de deberes o del contrato, ni menoscabará ningún derecho o recurso sobre éstas. Ninguna dilación u omisión de parte de cualquier tenedor de bonos o fiduciario de éste, en ejercer cualquier derecho o poder que tenga en el caso de alguna violación, menoscabará dicho derecho o poder, ni se entenderá como pasando por alto dicha falta ni como una avenencia a la misma. Todo derecho substantivo y todo recurso conferido a los tenedores de los bonos, podrán hacerse cumplir o ejercitarse de tiempo en tiempo y tan frecuentemente como se estime conveniente. En caso de que cualquier demanda, acción o procedimiento para hacer cumplir cualquier derecho o ejercer cualquier recurso fuese radicado o incoado y luego interrumpido o abandonado o fallado en contra del tenedor de bonos o de cualquier fiduciario de éste, entonces y en cada uno de tales casos, la Autoridad y dicho tenedor de bonos o fiduciario, serán restituidos a sus anteriores posiciones, derechos y recursos como si no hubiese habido tal demanda, acción o procedimiento.

 

 

INFORMES

 

 

Sección 19. — (22 L.P.R.A. § 209)

 

   La Autoridad someterá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, tan pronto como sea posible después de cerrarse el año económico del Gobierno Estadual, pero con anterioridad a la terminación del año natural:

(1) Un estado financiero de cuentas e informe completo de los negocios de la Autoridad durante el año económico precedente, y

(2) un informe completo del estado y progreso de todas sus empresas y actividades desde la creación de la Autoridad o desde la fecha del último de estos informes. La Autoridad someterá también a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico en aquellas otras ocasiones en que se le requiera, informes oficiales de sus negocios y actividades de acuerdo con esta ley.

 

 

EL ESTADO LIBRE ASOCIADO Y SUS SUBDIVISIONES POLÍTICAS NO TENDRÁN RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LOS BONOS

 

 

Sección 20. — (22 L.P.R.A. § 210)

 

   Los bonos y demás obligaciones emitidos por la Autoridad no constituirán una deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni de ninguno de sus municipios u otras subdivisiones políticas, y ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni ninguno de dichos municipios u otras subdivisiones políticas tendrán responsabilidad en cuanto a los mismos, ni serán los bonos o demás obligaciones pagaderos de otros fondos que no sean los de la Autoridad.

 

 

LOS BONOS SERÁN INVERSIONES LEGALES PARA FIDUCIARIOS Y GARANTÍA PARA DEPÓSITOS PÚBLICOS

 

 

Sección 21. (22 L.P.R.A. § 211)

 

   Los bonos de la Autoridad serán inversiones legales y podrán aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso, especial o público y cuya inversión o depósito esté bajo la autoridad o el dominio del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier funcionario o funcionarios de éste.

 

 

EXENCIÓN DE CONTRIBUCIONES

 

 

Sección 22. Exención de Contribuciones; Uso de Fondos. (22 L.P.R.A. § 212)

 

(a) Por la presente se dispone y se declara que los fines para los que la Autoridad se crea y debe ejercer sus poderes son: la conservación de los recursos naturales, el mejoramiento del bienestar general, y el fomento del comercio y la prosperidad, y son todos ellos propósitos de fines públicos para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en todos sentidos y, por tanto, la Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones estatales o municipales, o impuestos de cualquier tipo sobre ninguna de las propiedades muebles e inmuebles adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa, o sobre los ingresos derivados de cualesquiera de sus empresas y actividades, o sobre su volumen de negocios. Las personas que celebren contratos con la Autoridad no estarán sujetas al impuesto gubernamental sobre contratos, establecido en la Ley 1-2011, según enmendada, conocida como el “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”.

(b) Subsidios, CELI y otras aportaciones:

(1) A partir de la vigencia de la nueva tarifa, la Autoridad calculará anualmente el costo de subsidios, subvenciones y aportaciones otorgadas por las leyes vigentes, programas de electrificación rural, sistemas de riego público, alumbrado público y contribución en lugar de impuesto (CELI) y establecerá como un cargo separado en su factura transparente los costos del CELI y de los demás subsidios antes mencionados de la siguiente forma:

a. Pago equivalente a tributos municipales, CELI;

b. Costos de Subsidios, aportaciones, alumbrado público, programa de electrificación rural y sistema de riego público.

(2) A partir del Año Fiscal 2015-2016, la Autoridad establecerá una cantidad o tope máximo de la aportación por CELI por municipio que será computada del promedio de consumo energético por municipio, en kilovatio-hora por año, de los tres años de más alto consumo desde el cambio a la fórmula en el año 2004 hasta el Año Fiscal 2013-2014. Para determinar el tope máximo de la aportación a cada municipio, al promedio calculado anteriormente, se le restará el promedio de consumo energético del alumbrado público, en kilovatio-hora, que la Autoridad incluyó en la CELI durante dichos tres años de más alto consumo. De igual forma, el consumo por concepto del alumbrado público no se incluirá en la CELI ni se le facturará a los municipios a partir de la implantación de la nueva tarifa y de los cargos establecidos en el subinciso (1) de este inciso (b). Los municipios estarán obligados a reducir de esta cantidad o tope máximo de la aportación por CELI la cantidad de cinco por ciento (5%) anual durante los tres años siguientes a la aprobación de esta Ley, o sea cinco por ciento (5%) en el primer año, diez por ciento (10%) en el segundo año, hasta alcanzar una reducción de al menos quince por ciento (15%) del tope máximo de consumo en el tercer año. Cualquier exceso en consumo por encima de la cantidad máxima o tope establecido como aportación por virtud del CELI será facturado al municipio por la Autoridad para su cobro. Si el municipio sobrepasa la tasa porcentual de ahorro del cinco por ciento (5%) anual, recibirá de parte de la Autoridad una aportación adicional equivalente en valor monetario al cien por ciento (100%) del ahorro realizado por encima o en exceso de la tasa de reducción del cinco por ciento (5%) establecida para el primer año, del diez por ciento (10%) tanto para el segundo año como para el tercer año. El pago de esta aportación adicional a los municipios, estará sujeto a que la reducción en el consumo agregado de todos los municipios sea del por lo menos cinco por ciento (5%) para el primer año y del diez por ciento (10%) tanto para el segundo año como para el tercer año. De haberse cumplido con la reducción en el consumo municipal agregado requerida, el excedente o exceso de dicho ahorro será reembolsado sujeto a las siguientes condiciones:

(i) Si algún o algunos municipios exceden del tope de su consumo máximo, la Autoridad reservará dicho exceso de la cantidad adicional a pagar a los municipios que excedieron su ahorro de cinco por ciento (5%) en el primer año, de diez por ciento (10%) tanto para el segundo año como para el tercer año, así como distribuirá el remanente entre los municipios que les corresponde la aportación adicional, a prorrata, que permita una distribución proporcional fundamentada en su cantidad individual de exceso sobre el ahorro porcentual requerido para el año que corresponda. La cantidad reservada se irá distribuyendo a estos municipios cuando los municipios que se excedieron del tope de consumo máximo paguen la cantidad de su exceso.

(ii) No obstante lo anterior, en el caso de que la Autoridad no recupere de sus clientes la cantidad de dinero equivalente al tope de consumo de los municipios que se cobra mediante el cargo separado en la tarifa para tales fines, no se realizará el pago sobre el ahorro y la cantidad que le corresponde a cada municipio como reembolso por sus ahorros en el consumo de energía se reservará para ser pagada en el momento en que los ingresos de la Autoridad por concepto del CELI sean suficientes para cumplir con el reembolso adeudado. Dicho reembolso se realizará estableciendo prioridades de pago al amparo de criterios de proporcionalidad fundamentado en el ahorro de consumo realizado por cada municipio.

(iii) Cada año fiscal se trabajará como uno distinto y separado para fines del reembolso en el ahorro de consumo de energía conforme a los por cientos de reducción requeridos para cada año en particular.

(iv) Si el municipio no cumple con la reducción del cinco por ciento (5%) anual establecida, tendrá como sanción que se le incrementará su tasa de reducción o ahorro en un cinco por ciento (5%) adicional para el año siguiente, razón por la cual no se podrá beneficiar del incentivo del reintegro de sus mermas en el consumo energético hasta sobrepasar la tasa de quince por ciento (15%) de reducción en su consumo en el segundo año y en el tercer año del tope máximo del CELI.

   Hasta el Año Fiscal 2017-2018 o a la fecha de implantación del nuevo consumo base conforme a lo establecido en el subinciso (3) de este inciso (b), la cantidad o tope máximo de aportación del CELI de cada municipio podrá ser ajustada solamente a la luz de nueva carga provocada por nuevos desarrollos municipales, siempre y cuando la nueva construcción haya sido debidamente certificada como eficiente, según los parámetros que para tales fines establezca la Oficina Estatal de Política Pública Energética (OEPPE) mediante reglamento. En el caso de que el proyecto no cumpla con los parámetros de eficiencia se ajustará el tope del CELI por la cantidad que la OEPPE determine conforme a lo establecido en el Reglamento que para tales fines sea aprobado por la Comisión de Energía, con el asesoramiento de la OEPPE, según lo dispuesto en el subinciso (6) de este inciso (b). En aras de promover una mejor utilización de nuestros recursos de energía, la OEPPE también establecerá mediante reglamento los criterios y guías para determinar la procedencia o justificación de cualquier solicitud de instalación de alumbrado público nuevo o de sustitución de alumbrado público existente, tomando en consideración la razonabilidad de la solicitud, así como criterios de eficiencia de los equipos a instalarse con el propósito de lograr los mejores ahorros energéticos al menor costo razonable.

   Se incluirán dentro del cálculo del tope de la aportación a los municipios por CELI el consumo de las corporaciones o negocios que rinden servicios públicos relacionados con el cuidado de la salud y facilidades de salud, según definidas en la Ley Núm. 101 de 26 de junio de 1965, según enmendada, conocida como “Ley de Facilidades de Salud de Puerto Rico”. No obstante, no se considerará dentro del cálculo del tope de la aportación a los municipios por CELI la facturación por consumo de energía eléctrica de instalaciones públicas que albergan corporaciones o negocios con fines de lucro, los cuales pagarán por el servicio energético. En el caso de instalaciones municipales con usos mixtos, que incluyan actividades sin fines de lucro y con fines de lucro en las cuales la segregación de la medición no sea viable por razones técnicas o de costo, la Autoridad podrá facturar el consumo del negocio o actividad con fines de lucro a base de estimados, utilizando la submedición, o una combinación de ambas, según disponga la Comisión en su reglamento sobre el CELI, sin descartar que, bajo circunstancias excepcionales y según determine la Comisión, por petición fundamentada del municipio, tal consumo se incluya como parte del CELI.

   La Autoridad enviará a cada municipio todos los meses un informe del consumo por cada instalación que cuente con un contador o metro de consumo independiente, el cual detallará el consumo del mismo mes del año anterior y un cálculo del consumo acumulado a la fecha comparado con el consumo acumulado a la misma fecha del año anterior. Este informe también proveerá un total por partida informada. Para facilitar la evaluación de los informes, la Autoridad deberá, en un plazo de doce (12) meses a partir de la vigencia de esta Ley, modificar sus sistemas y programas de lectura para que todos los contadores del municipio cuya facturación se cargue contra el consumo por CELI sean leídos el mismo día.

(3) La Oficina Estatal de Política Pública Energética establecerá y revisará cada tres (3) años la cantidad base del consumo energético de los municipios para verificar el cumplimiento de éstos con las metas individuales de conservación y eficiencia energética. La primera revisión del tope del consumo energético de los municipios o aportación de CELI será realizada por la OEPPE y entrará en vigor comenzando el Año Fiscal 2018-2019, conforme a las normas establecidas en el Reglamento que a tales fines adopte la Comisión de Energía con el asesoramiento de la OEPPE. La OEPPE recomendará el mecanismo a ser utilizado para establecer topes temporeros en caso de no poder implantar la revisión de consumo energético de unos o varios municipios. Los nuevos topes de consumo serán divulgados a los municipios no más tarde del 15 de abril de 2018. Si por razones fundamentadas la OEPPE no puede cumplir con la revisión de los topes del consumo energético de los municipios o aportación de CELI para el Año Fiscal 2018-19, se adoptará el mecanismo dispuesto en el subinciso (2) de este inciso (b) para establecer el nuevo tope de consumo temporero y se mantendrá vigente hasta que entre en vigor el nuevo consumo o tope base establecido por la OEPPE al amparo del Reglamento conjunto antes mencionado. La Comisión de Energía establecerá mediante reglamento, con el asesoramiento de la OEPPE, la métrica que se utilizará para establecer el consumo energético en instalaciones municipales que podrá incluir criterios tales como medición de kilovatio hora (kWh) por pie cuadrado (ft2) por año por tipología del edificio o estructura, o aquellos parámetros que sean necesarios para fomentar y medir la eficiencia energética de las instalaciones municipales. Se considerará el estándar del consumo energético para determinar la cantidad de la aportación que le corresponda recibir a cada municipio dentro de los parámetros de la compensación en sustitución de impuestos que se establece en este inciso. La Autoridad publicará mensualmente en su portal de Internet la información sobre el consumo eléctrico de los municipios. La OEPPE brindará apoyo técnico libre de costo a los municipios para ayudarlos a lograr las metas establecidas en este Artículo.

(4) En caso de que la proyección de ingresos de la Autoridad facturados directamente a los consumidores para cubrir costos de subsidios, programa de electrificación rural, sistema de riego público, alumbrado público, aportaciones y CELI sea insuficiente o exceda la proyección de recaudos establecida en la tarifa debidamente aprobada, la insuficiencia o exceso se evaluará y atenderá mediante el proceso de revisión periódica de tales cargos de conformidad con la estructura tarifaria aprobada por la Comisión de Energía. En el caso de que los ingresos recaudados al final del ciclo anual tarifario de la Autoridad no alcancen o excedan los costos reales del CELI y de los subsidios, aportaciones, alumbrado público, programa de electrificación rural y sistema de riego público, la Autoridad podrá incluir tal ajuste para el año tarifario subsiguiente, siempre y cuando someta a la Comisión, dentro de los cuarenta y cinco (45) días de la vigencia de tal ajuste, información que demuestre la necesidad del ajuste y que la falta de recaudos no se debió a razones atribuibles a la Autoridad, cuyas políticas de recaudos corresponden a los estándares de la industria. La Comisión evaluará la información y si determina que la falta de recaudo se debió a razones atribuibles a la ineficiencia de la Autoridad en sus procesos de facturación o cobro por no ser cónsono con los estándares de la industria, ordenará a la Autoridad a dejar sin efecto tal ajuste y a acreditar a los clientes lo cobrado por dicho concepto durante el periodo aplicable. La Autoridad no podrá recuperar una cantidad mayor al equivalente en dinero del tope asignado a los municipios, excepto si demuestra, a satisfacción de la Comisión, que la deficiencia es por razones atribuibles a cambios extraordinarios en los costos de combustible o en la demanda de energía o deficiencias en recaudos no atribuibles a las ineficiencias de la Autoridad.

   En caso de existir deudas con los municipios por concepto del rembolso en ahorro de consumo energético de la CELI, según lo establecido en el subinciso (2) de este inciso (b) que la Autoridad no pueda recuperar mediante el mecanismo de ajuste establecido en este subinciso (4), dicho reembolso será pagadero a los municipios de las economías administrativas y operacionales que la Autoridad debe realizar de conformidad con los requerimientos establecidos en la Ley 57-2014 y en esta Ley. Esta deuda relacionada con el reembolso a los municipios será satisfecha en un término no mayor de doce (12) meses contados a partir del cierre del año fiscal en el cual el municipio tenía derecho a recibir el rembolso.

(5) No más tarde del 30 de abril de cada año fiscal, la Autoridad notificará a los municipios el tope de consumo aplicable al CELI correspondiente al año fiscal siguiente. Dicho tope de consumo estará sujeto a revisiones trimestrales por la conexión de nueva carga conforme a lo dispuesto en este inciso (b), revisiones que deberán haber sido efectuadas no más tarde del 31 de marzo del año para poder ser integrada en el cómputo del tope del CELI del año fiscal siguiente. La Autoridad someterá a la Comisión de Energía, a la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales y a la Secretaría de cada Cuerpo Parlamentario de la Asamblea Legislativa, no más tarde del 31 de diciembre de cada año, un informe detallado del consumo de cada municipio y los consumos por concepto de alumbrado público, subsidios y aportaciones y la cantidad que represente en costos, así, como copia de sus estados financieros o informe a bonistas, de donde se desprenda su ingreso realmente cobrado por concepto de facturación directa a los consumidores para cubrir costos de subsidios, programa de electrificación rural, sistema de riego público, aportaciones, alumbrado público y CELI. También se deberá incluir una certificación en la que los auditores externos de la Autoridad hagan constar la corrección del cómputo o reconciliación de la metodología utilizada para determinar el tope máximo de consumo o CELI de los municipios. Así también deberá informar el monto de la facturación o del reembolso por municipio y costo de subsidios, alumbrado público y subvenciones, entre otros. El exceso de consumo será facturado por la Autoridad al municipio correspondiente, y dicha factura será pagada siguiendo el trámite ordinario establecido por ley para el cobro de dinero. El municipio deberá establecer los acuerdos con la Autoridad que sean necesarios para atender o saldar su deuda dentro de un período no mayor de cuarenta y cinco (45) días contados a partir de (a) la entrega de la factura o, (b) de haberse agotado el procedimiento dispuesto para objetar tal factura.

   La insuficiencia de los municipios, cuyo consumo en kilovatios-hora sea igual o menor a su tope, se registrará en los libros de la Autoridad como una cuenta por pagar a los municipios y una cuenta por cobrar a los municipios, para propósitos contables. Por tanto, dichos municipios no tendrán que pagarle a la Autoridad por la insuficiencia ni la Autoridad a los municipios.

(6) La Comisión de Energía, con el asesoramiento de la OEPPE, adoptará la reglamentación necesaria para la implantación de la aportación o mecanismo de compensación en lugar de impuestos o CELI a los municipios y otros deberes establecidos en este inciso (b), cuya reglamentación será efectiva y aplicable desde el Año Fiscal 2015-2016. La Comisión notificará del inicio de este proceso de reglamentación a las entidades que representan a los alcaldes, de conformidad con lo establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”].

(c) Se concederá un crédito parcial en la factura de todo cliente bajo tarifa residencial, que sea acreedor a recibir dicho crédito conforme con los reglamentos que de tiempo en tiempo adopte la Autoridad y que tenga hasta un consumo máximo mensual de 400 kWh o menos; o hasta un consumo máximo bimestral de 800 kWh o menos, equivalente dicho crédito a la cantidad que mediante reglamentación el cliente hubiese tenido que pagar en el período correspondiente indicado, como resultado de ajuste por concepto del precio de combustible ajustado hasta un precio máximo de treinta (30) dólares por barril. Disponiéndose, que el ajuste por cualquier exceso en el costo de combustible sobre el precio máximo adoptado por barril lo pagará el cliente, más cualquier otro cargo resultante del aumento en precio del combustible. Disponiéndose, además, que aquellos usuarios que sean acreedores a recibir dicho crédito, conforme con la reglamentación en vigor de la Autoridad, y que tengan un consumo máximo mensual sobre 400 kWh o un consumo máximo bimestral de sobre 800 kWh, tendrán derecho a recibir el antedicho crédito hasta los 400 kWh mensuales u 800 kWh bimestrales. Entendiéndose, que para los efectos de las Secciones 1 a la 27 de la Ley Núm. 83 de 2 de mayo de 1941, según enmendada, los períodos mensuales o bimestrales, según sea el caso, tendrán el número de días de los ciclos de facturación de la Autoridad de Energía Eléctrica.

(d) Se concederán los siguientes créditos por el consumo de energía eléctrica específicamente atribuible a equipos necesarios para conservar la vida:

(1)    Crédito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo residencial de energía eléctrica específicamente atribuible a equipo para conservar la vida, según determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, tal como ventiladores vía traqueotomía, sistemas de filtración de aire, bombas de infusión, respiradores artificiales, máquinas de riñón artificial o cualesquiera otras máquinas, equipo o enseres eléctricos necesarios para mantener la vida, independientemente de la condición económica de la unidad familiar del paciente.

(2)   Crédito de un cien por ciento (100%) por el consumo residencial de energía eléctrica específicamente atribuible a equipo para conservar la vida, según determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, tal como ventiladores vía traqueotomía, sistemas de filtración de aire, bombas de infusión, respiradores artificiales, máquinas de riñón artificial o cualesquiera otras máquinas, equipo o enseres eléctricos necesarios para mantener la vida, cuando la situación económica de la unidad familiar del paciente sea bajo los estándares de pobreza.

(3)   Crédito de un cincuenta por ciento (50%) por el consumo de energía eléctrica residencial específicamente atribuible al equipo necesario para el cuidado de personas diagnosticadas con esclerosis múltiple, según determinado por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, hasta un máximo de 425 kWh mensuales, independientemente de la condición económica de la unidad familiar del paciente.

(4) Crédito equivalente al cien por ciento (100%) del consumo de energía eléctrica residencial mensual donde residen pacientes de epidermólisis ampollosa, displasia ectodérmica anhidrótica, o adrenoleucodistrofia, de hasta un máximo de 425 kWh atribuible a una unidad de aire acondicionado en el cuarto dormitorio del paciente, hasta un máximo de 18 kWh atribuible a un procesador de alimentos y hasta un máximo de 132 kWh atribuible a un whirlpool, independientemente de la condición económica de la unidad familiar del paciente.

   Para poder recibir los créditos que provee este Artículo, el solicitante deberá cumplir con los siguientes requisitos:

(1) El cliente a nombre de quien esté la cuenta del servicio eléctrico presentará anualmente ante la Autoridad una certificación expresando que el paciente reside en la unidad de vivienda asociada a la cuenta del servicio eléctrico.

(2) Presentar como único requisito anualmente ante la Autoridad una certificación expedida por un profesional autorizado para ejercer la medicina en Puerto Rico, detallando la naturaleza de la condición del solicitante, la necesidad de utilizar equipos eléctricos para conservar la vida, y detallando los equipos y enseres específicamente necesarios para mantener la vida del paciente. Dicha certificación tendrá que tener fecha de no más de noventa (90) días previo a la fecha de presentación.

(3) En el caso específico de que se reclame que la situación económica de la unidad familiar del paciente es bajo los estándares de pobreza, presentar anualmente ante la Autoridad una certificación expedida por el Departamento de la Familia a los efectos de que la unidad familiar del paciente es de escasos recursos económicos, conforme este concepto se defina por el Departamento de la Familia. Dicha certificación tendrá que tener fecha de no más de noventa (90) días previo a la fecha de presentación.

(4) No tener deuda, ni plan de pago, ni atraso alguno en la cuenta de servicio eléctrico de la Autoridad de Energía Eléctrica.

   El Departamento de Salud podrá entrar en acuerdos con la Oficina Estatal de Política Pública Energética para establecer programas de auditoría energética a la residencia del paciente, con el fin de lograr un consumo más eficiente de energía eléctrica en el hogar del paciente.

(e) La Autoridad, con la asistencia y colaboración de los municipios y otras entidades o instrumentalidades públicas, velará por el estricto cumplimiento de los clientes subsidiados con los requisitos del o de los subsidios que éstos reciban de la Autoridad, de forma tal que pueda corroborarse que cada subsidio cumpla con el fin social para el cual haya sido creado. La Autoridad podrá establecer acuerdos interagenciales con los municipios y otras entidades o instrumentalidades públicas para definir y asegurar la colaboración de éstas en la fiscalización de los clientes subsidiados. Cualquier violación a los términos y condiciones del subsidio otorgado por parte del cliente con el beneficio, conllevará la eliminación del subsidio luego de realizarse una vista administrativa en la cual se evidencie la violación imputada.

(f) Con el propósito de facilitar a la Autoridad la gestión de fondos que le permitan realizar sus fines corporativos, los bonos emitidos por la Autoridad y las rentas que de ellos se devenguen, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos de contribución.

 

 

DECLARACIÓN DE UTILIDAD PÚBLICA

 

 

Sección 23. (22 L.P.R.A. § 213)

 

   Para los propósitos del inciso (h) de la Sección 6 y de esta ley en general, toda obra, proyecto y propiedad con sus accesorios que la Autoridad estime necesario y conveniente utilizar para llevar a cabo los propósitos expresados en esta ley, quedan por la presente declarados de utilidad pública.

 

 

COORDINACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE PROYECTOS Y ACTIVIDADES

 

 

Sección 24. — (22 L.P.R.A. § 214)

 

(a) Con miras a la coordinación y consolidación de proyectos de riego e hidroeléctricos, o de riego o hidroeléctricos solamente, y sus actividades, existentes al presente o que se desarrollen en el futuro, todos los poderes, deberes, funciones, obligaciones y responsabilidades que con anterioridad a la aprobación de esta ley fueron concedidos, conferidos o impuestos al Ingeniero Jefe del Servicio de Riego, Secretario de Obras Públicas y al Consejo Ejecutivo de Puerto Rico, conjunta o separadamente, de acuerdo con la Ley de Riego Público, aprobada en 18 de septiembre de 1908, (22 L.P.R.A. § 251 a 259), y otras leyes enmendatorias y suplementarias de aquélla, hasta ahora aprobadas o que en adelante puedan aprobarse por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, proveyendo para la construcción y explotación de un sistema de Riego Público, y de acuerdo con aquellas disposiciones de la Ley Núm. 58, aprobada en 30 de abril de 1928, aplicables al Sistema Hidroeléctrico del Servicio de Riego de Puerto Rico, Costa Sur, quedan por la presente transferidos, conferidos e impuestos a la Autoridad. La Autoridad administrará dichas leyes conforme a lo que en ellas se dispone, y se regirá por ellas en la explotación, conservación, reparación, reconstrucción, realización de ampliaciones y mejoras de las obras o sistemas construidos, explotados y conservados con arreglo a aquellas leyes; y tendrá poder, sujeto a la limitación de que su ejercicio no menoscabe las obligaciones de cualquier contrato del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, no obstante lo que se estipule en contrario en dicha Ley Núm. 58, para fijar la base para la distribución de los gastos de explotación entre los distintos sistemas dirigidos por la Autoridad.

(b) En la ejecución de sus deberes bajo el inciso (a) de esta sección, la Autoridad pagará directamente todos los costos y gastos en que la misma incurra. A la Autoridad se le reembolsarán todos dichos costos y gastos incluyendo una parte razonable de los gastos generales de la Autoridad y de los de operación atribuibles al Servicio de Riego de Puerto Rico, Costa Sur, según se determinen de acuerdo con el inciso (a) que antecede, de los fondos disponibles en el Departamento de Hacienda para explotación, conservación, reparación, reconstrucción, realización de ampliaciones y mejoras de las obras o sistemas construidos, explotados y conservados con arreglo a la citada Ley 58 (22 L.P.R.A. § 251 a 259). De dichos fondos del Riego en Tesorería se anticiparán de tiempo en tiempo a la Autoridad cantidades suficientes que la provean de un fondo industrial que sea adecuado en todo tiempo para pagar prontamente todos dichos costos y gastos. Dichos fondos los tendrá y administrará la Autoridad tal como lo hace con sus propios fondos pero los usará solamente para el pago de dichos costos y gastos.

(c) Autorizada que fuere por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, la Autoridad, cuando lo estime conveniente en beneficio de los intereses públicos, podrá hacerse cargo y explotar cualquier sistema de riego e hidroeléctrico o de riego o hidroeléctrico solamente, existente al presente y que pertenezca a, o pueda ser desarrollado o adquirido en el futuro por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

 

CONVENIO DEL GOBIERNO ESTADUAL

 

 

Sección 25. — (22 L.P.R.A. § 215)

 

   El Gobierno Estadual se compromete por la presente y acuerda con cualquier persona, firma, corporación o agencia federal, estadual o estatal que suscriba o adquiera bonos de la Autoridad para costear en todo o en parte cualquier empresa o parte de la misma, a no limitar ni alterar los derechos o poderes que por la presente se confieren a la Autoridad, hasta tanto dichos bonos, de cualquier fecha que sean, conjuntamente con los intereses sobre los mismos, queden totalmente solventados y retirados. El Gobierno Estadual se compromete y acuerda, además, con los Estados Unidos y cualquiera otra agencia federal que, en caso de que cualquier agencia federal construya, extienda, mejore o amplíe o contribuya con cualesquiera fondos para la construcción, extensión, mejora o ampliación de cualquier proyecto para el desarrollo de las fuentes fluviales en Puerto Rico, o de parte alguna de las mismas, no alterará ni limitará los derechos o poderes de la Autoridad en forma alguna que sea incompatible con la continua conservación y explotación de la empresa de desarrollo de las fuentes fluviales, o de la extensión, mejora o ampliación de la misma, o que sea incompatible con la debida ejecución de cualesquiera convenios entre la Autoridad y dicha agencia federal; y la Autoridad continuará teniendo y podrá ejercer, por todo el tiempo que fuere necesario o conveniente para llevar a cabo los fines de esta ley y el propósito de los Estados Unidos o de cualquiera otra agencia federal al construir, extender, mejorar o ampliar o contribuir con fondos para la construcción, extensión, mejoramiento o ampliación de cualesquiera empresa de desarrollo de fuentes fluviales o parte de las mismas, todos los derechos y poderes que por la presente se le confieren.

 

 

NO SE EXPEDIRÁN INJUNCTIONS

 

 

Sección 26. — (22 L.P.R.A. § 216)

 

   No se expedirá ningún injunction para impedir la aplicación de esta ley o cualquier parte de la misma.

 

 

DISPOSICIONES DE OTRAS LEYES EN PUGNA QUEDAN SIN EFECTO

 

 

Sección 27. — (22 L.P.R.A. § 217)

 

   En los casos en que las disposiciones de esta ley estén en pugna con las disposiciones de cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerán las disposiciones de esta ley y ninguna otra ley aprobada anterior o posteriormente, regulando la administración del Gobierno Estadual o de cualesquiera partes, oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipalidades, ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo, será interpretada como aplicable a la Autoridad, a menos que así se disponga taxativamente, pero los asuntos y negocios de la Autoridad serán administrados conforme se provee en esta ley.

 

 

ACCIÓN CIUDADANA

 

 

Sección 28. — Acción Ciudadana. (22 L.P.R.A. § 218) [Nota: El Art. 2.11 de la Ley 57-2014 añadió esta Sección]

 

(a) Todo ciudadano tendrá legitimación activa para iniciar una acción en su nombre en contra de la Autoridad ante la Comisión de Energía para exigir el cumplimiento por cualquier acción u omisión de la Autoridad con relación a las obligaciones dispuestas en la Sección 6A de esta Ley. Para propósitos de este Artículo, “ciudadano” significa toda persona, natural o jurídica, afectada, o que pudiese ser afectada, adversamente por una presunta violación de las disposiciones de esta Ley, mandato, u orden emitida o adoptada en virtud de la misma.

(b) Cualquier determinación final y firme de la Comisión de Energía de conformidad a esta Sección podrá ser revisada por el Tribunal de Apelaciones.

 

 

SEPARACIÓN DE LAS DISPOSICIONES

 

 

Sección 29. — (22 L.P.R.A. § 191 nota)

 

   Si cualquier disposición de esta Ley (22 L.P.R.A. § 191 a 217) o su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuere declarada nula, esto no afectará al resto de la ley ni a la aplicación de dichas disposiciones a personas o circunstancias distintas de aquéllas en relación con las cuales ha sido declarada nula.

 

 

FECHA DE VIGENCIA

 

 

Sección 30. — Esta ley empezará a regir a los noventa días después de su aprobación.

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.