“Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico”

 

Ley Núm. 74 de 23 de Junio de 1965, según enmendada

 

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 112 de 21 de Junio de 1968

Ley Núm. 4 de 24 de Agosto de 1990

Ley Núm. 1 de 6 de Marzo de 1991

Ley Núm. 207 de 25 de Agosto de 2000

Ley Núm. 84 de 26 de Agosto de 2005

Ley Núm. 89 de 26 de Julio de 2010

Ley Núm. 97 de 24 de Mayo de 2012

Ley Núm. 174 de 27 de Diciembre de 2013

Ley Núm. 41 de 21 de Marzo de 2014

Ley Núm. 1 de 15 de Enero de 2015

Ley Núm. 29 de 13 de Marzo de 2015)

 

 

Para establecer un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se conocerá como Autoridad de Carreteras de Puerto Rico; definiendo sus poderes y obligaciones; autorizando a la Autoridad para construir y adquirir carreteras, autopistas, puentes, túneles, facilidades de aparcamiento, y otras facilidades necesarias o aconsejables en relación con el tránsito de vehículos; estableciendo que la Autoridad podrá llevar a cabo su programa en coordinación con el Secretario de Obras Públicas; autorizando al Secretario de Obras Públicas a hacer convenios con la Autoridad; autorizando a la Autoridad a emitir bonos para llevar a cabo sus fines ; autorizando el cobro de peaje y otros cargos para el pago de dichos bonos y sus intereses y el costo de mantenimiento, reparaciones y operaciones de tales facilidades ; facultando a la Autoridad a pignorar el producto de cualquier contribución u otros fondos puestos a disposición de la Autoridad por el Estado Libre Asociado; exceptuando a dichas facilidades y sus ingresos de contribuciones y exceptuando dichos bonos del pago de contribución sobre ingresos; estableciendo los derechos de los tenedores de dichos bonos; autorizando al Gobernador y al Secretario de Obras Públicas adquirir propiedad para la Autoridad; autorizando a los municipios y otras subdivisiones políticas a donar y traspasar propiedad a la Autoridad; declarando de utilidad pública todas las facilidades de tránsito y otras propiedades que la Autoridad necesite para llevar a cabo los propósitos de esta ley; y para otros fines relacionados con el financiamiento, la construcción, adquisición y operación de facilidades de tránsito.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

 

 

Artículo 1. Título Abreviado. (9 L.P.R.A. § 2001)

 

   Esta Ley se conocerá con el nombre de Ley de la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico.

 

Artículo 2. Creación de la Autoridad. (9 L.P.R.A. § 2002)

 

   Con el propósito de continuar la obra de gobierno de dar al pueblo las mejores carreteras y medios de transportación, facilitar el movimiento de vehículos y personas, aliviar en todo lo posible los peligros e inconvenientes que trae la congestión en las carreteras del Estado Libre Asociado, afrontar la creciente demanda por mayores y mejores facilidades de tránsito o de transportación que el crecimiento de la economía de Puerto Rico conlleva y para contribuir al desarrollo e implantación del Plan de Transportación que se define en esta Ley y para fomentar el desarrollo en las áreas alrededor de estaciones de tren, por la presente se crea un cuerpo corporativo y político en forma de corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado que se conocerá con el nombre de Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico (la “Autoridad). Los poderes y deberes de la Autoridad serán ejercidos por la Junta de Directores compuesta según se dispone en el Artículo 21 de esta Ley. La Autoridad así constituida ejercerá funciones públicas y esenciales del Gobierno. La ejecución por la Autoridad de los poderes y facultades que le confiere esta Ley en ningún momento tendrán el efecto de investir a la Autoridad con el carácter de empresa privada; disponiéndose, sin embargo, que para alcanzar las metas y objetivos que le fija esta Ley, la Autoridad podrá, según se dispone más adelante, y con relación a ciertas actividades, realizarlas o participar en su realización, y obtener el beneficio de las ganancias que generen las mismas más allá de hacerlas auto-liquidables para la Autoridad.

 

Artículo 3. Definiciones. (9 L.P.R.A. § 2003)

 

   Las siguientes palabras o términos dondequiera que aparezcan usados o aludidos en esta Ley tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indica otra cosa:

(a) Autoridad, Significará la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico, establecida por el Artículo 2 de esta Ley; o si dicha Autoridad es abolida, la agencia o el cuerpo que la suceda en sus funciones principales o a quien se le concedan por ley los poderes conferidos por esta Ley a la Autoridad;

(b) Bonos, Significará los bonos, bonos temporeros, bonos de refinanciamiento, obligaciones, pagarés, recibos interinos o bonos provisionales, certificados u otros comprobantes de deuda de la Autoridad emitidos a tenor con las disposiciones de esta Ley;

(c) Facilidades de tránsito y transportación significará:

(1) Carreteras, avenidas, caminos, calles, autopistas, puentes, túneles, canales, estaciones, terminales, vías férreas, trenes, autobuses, embarcaciones y cualquier otra facilidad terrestre o acuátil, necesaria o aconsejable en relación con el movimiento de personas, de carga, de vehículos o de embarcaciones.

(2) Áreas o estructuras de aparcamiento y otras facilidades necesarias o aconsejables en relación con el estacionamiento, la carga y la descarga de toda clase de vehículos y embarcaciones.

(3) Toda la propiedad, derechos, y servidumbres, e intereses sobre los mismos, que sean necesarios o aconsejables para la construcción, mantenimiento, control, operación o desarrollo de tales facilidades de tránsito.

(4) Sistemas, equipo y mecanismos de operación y control del movimiento de vehículos y personas en vías públicas, incluso sistemas de comunicación y señales, cobertizos para pasajeros, terminales o centros intermodales o multimodales, vehículos, sistemas de transmisión de energía para la operación de vehículos de pasajeros, y otros sistemas y facilidades públicas relacionadas a la operación y mantenimiento de los equipos y vehículos utilizados para la transportación de pasajeros.

(5) Pizarras o vallas publicitarias electrónicas — significa toda estructura destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber ("America's Missing: Broadcast Emergency Response"), tales como el vehículo utilizado y la dirección en que transitaba el vehículo, entre otros, o para la emisión de información de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas, o información relevante sobre la condiciones de las carreteras. El término “facilidades de tránsito y transportación” aplicará, además, a toda la propiedad, derechos, y servidumbres, e intereses sobre los mismos, que sean necesarios o aconsejables para la construcción, mantenimiento, control, operación o desarrollo de tales pizarras o vallas publicitarias electrónicas

(d) Plan de Transportación, Significará el documento que presenta la política pública sobre transportación preparado por el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas con la participación y asesoramiento de la Junta Asesora sobre Transportación de Puerto Rico y aprobado por el Gobernador del Estado Libre Asociado y a base del cual se establecen los objetivos y metas de la actividad pública y privada en el sector del transporte. Previo a su promulgación, el plan se someterá a vistas públicas siguiendo el procedimiento establecido en la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según enmendada (3 L.P.R.A. § 2101 et seq.). Este documento presenta además las guías generales sobre parámetros de calidad del servicio a prestarse por los diferentes componentes y operadores del sistema de transportación, incluyendo el sistema vial y los sistemas de transporte colectivo. Debe definir la tecnología y modos de transporte a establecerse o promoverse en áreas y corredores específicos, las guías para la interrelación y coordinación entre los diferentes modos de transporte y sus operadores y las guías o planes para el desarrollo y crecimiento futuro del sistema, así como otras guías y planes afines y necesarios para la consecución de las metas establecidas.

(e) Zona de influencia, Significará aquella área geográfica dentro de un radio de quinientos (500) metros medidos desde los límites de propiedad de los accesos a estaciones de tren, incluyendo los terrenos y estructuras situados dentro y fuera del derecho de vía adquirido para dichas facilidades, así como en el espacio aéreo sobre las mismas, dentro de la cual la Autoridad ejercerá las facultades conferidas en esta Ley, con el fin de promover la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, al igual que el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal que propenda a mejorar el entorno urbano. Se entenderá que incluye, sin que ello implique una limitación, las calles, caminos, vías peatonales, servicios públicos, áreas de recreo, mobiliario urbano, áreas de siembra, edificios, estructuras y facilidades, así como todas aquellas otras cosas necesarias o convenientes a dicho concepto. Toda propiedad que ubique total o parcialmente dentro del radio anteriormente indicado se considerará que está ubicada dentro de la Zona de Influencia.

(f) Distrito Especial de Desarrollo, Significará un Distrito Especial de Planificación, definido por la Junta de Planificación o por Municipios declarados Autónomos de acuerdo a la Ley Núm. 81 del 30 de Agosto de 1991, según enmendada (21 L.P.R.A. § 4001 et seq.), y que tengan jurisdicción sobre el área en cuestión, para aquellas áreas alrededor de estaciones de tren, incluyendo los terrenos y estructuras situados dentro y fuera del derecho de vía adquirido para dichas facilidades, así como en el espacio aéreo sobre las mismas, en relación a los cuales se establecerán requisitos especiales que permitan y promuevan desarrollos de alta densidad y usos de terreno que estén en armonía, promuevan, integren y maximicen el uso eficiente de dichas facilidades, la protección y seguridad de la propiedad y de los usuarios, y donde se promueva además el uso ordenado e intenso de los terrenos, de forma tal que propenda a mejorar el entorno urbano. Se entenderá que incluye, sin que ello implique una limitación, las calles, caminos, vías peatonales, servicios públicos, áreas de recreo, mobiliario urbano, áreas de siembra, edificios, estructuras y facilidades, así como todas aquellas otras cosas necesarias o convenientes a dicho concepto.

(g) Junta, Significará la Junta de Directores de la Autoridad.

 

Artículo 4. Poderes. (9 L.P.R.A. § 2004)

 

   Sujeto a las disposiciones del Artículo 5 de esta Ley, la Autoridad queda por la presente facultada a:

(a) Tener sucesión perpetua como corporación.

(b) Adoptar, alterar, y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial.

(c) Adoptar, enmendar, y derogar estatutos para reglamentar sus asuntos y para establecer normas para el manejo de sus negocios.

(d) Tener completo control y supervisión sobre cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas o adquiridas por ella bajo las disposiciones de esta Ley, incluyendo, sin limitación, la determinación del sitio, localización y el establecimiento, límite y control de los puntos de ingreso y egreso de tales facilidades, y los materiales de construcción y la construcción, mantenimiento, reparación y operación de las mismas.

(e) Preparar o hacer que se preparen planos, diseños, estimados de costo de construcción, extensión, mejoras, ampliación o reparación de cualesquiera facilidades de tránsito o de transportación o cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que se permita en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo o parte de las mismas y modificar tales planos, diseños y estimados.

(f) Tener completo control y supervisión sobre la naturaleza y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos han de incurrirse, autorizarse y pagarse sin sujeción a ninguna disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos.

(g) Demandar y ser demandada, querellarse y defenderse en todos los tribunales de justicia y cuerpos administrativos.

(h) Hacer contratos y ejecutar todos los documentos o instrumentos necesarios o incidentales en el ejercicio de sus poderes.

(i) Adquirir cualquier propiedad mueble o inmueble o interés sobre la misma en cualquier forma legal, incluyendo, sin que ello implique una limitación, la adquisición mediante compra, bien sea por acuerdo o a través del ejercicio del poder de expropiación forzosa, o mediante arrendamiento, manda, legado, donación, permuta, cesión o dación y poseer, conservar, usar y explotar dicha propiedad o interés sobre la misma para llevar a cabo los fines de esta Ley; y a tal fin, sin que se entienda como una limitación, adquirir propiedades de cualquier forma, salvo expropiación forzosa, en una Zona de Influencia o en los Distritos Especiales de Desarrollo propiamente, cuando dicha adquisición tenga como propósito evitar la inflación que producen las prácticas de especulación en la compraventa de bienes raíces o para encausar todo tipo de proyectos que propicien el desarrollo de las Zonas de Influencia o los Distritos Especiales de Desarrollo, por sí misma o por conducto de o conjuntamente con agencias, instrumentalidades o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado o del Gobierno de los Estados Unidos, o con entidades privadas.

(j) Determinar, fijar, imponer, alterar y cobrar portazgo o peaje, rentas, tasas, tarifas y otros cargos razonables por el uso de las facilidades de tránsito o de transportación poseídas, operadas, construidas, adquiridas o financiadas por la Autoridad o por los servicios que rinda. Al fijar o alterar estos cargos la Autoridad tendrá en cuenta aquellos factores que fomenten el uso de las facilidades de tránsito o de transportación que posea u opere, en la forma más amplia y variada que sea económicamente posible. Para fijar o alterar tales cargos la Autoridad celebrará una vista pública de carácter informativo y cuasi legislativo, ante cualquier funcionario o funcionarios que para ese fin designe la Autoridad. Las citadas vistas serán anunciadas con antelación razonable, indicando en el anuncio, el sitio y hora en que se llevará a efecto, y los cargos o alteración de los mismos que se propone adoptar.

(k) Nombrar un Director Ejecutivo y un Secretario, ninguno de los cuales será miembro de la Junta, y otros oficiales, agentes y empleados, y conferirles aquellos poderes y obligaciones, y pagarles por sus servicios la compensación que la Junta determine.

(l) Tomar dinero a préstamo para cualesquiera de sus fines corporativos y emitir bonos de la Autoridad en evidencia de tales obligaciones y garantizar el pago de dichos bonos y sus intereses mediante pignoración u otro gravamen sobre todas sus propiedades, rentas, o ingresos, y, sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución de Puerto Rico, pignorar para el pago de dichos bonos y sus intereses, el producto de cualesquiera contribuciones u otros fondos que puedan ser puestos a la disposición de la Autoridad por el Estado Libre Asociado.

(m) Emitir bonos con el propósito de consolidar, refundir, comprar, pagar, o retener cualquiera de sus bonos u obligaciones ya emitidas.

(n) Aceptar donaciones o préstamos y hacer contratos, arrendamientos, convenios, otras transacciones con cualquier agencia o departamento de los Estados Unidos de América, de cualquier Estado, del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política de éste e invertir el producto de tales donaciones o préstamos para cualesquiera de sus fines corporativos.

(o) Vender, permutar y otorgar opciones de venta, vender a plazos y garantizar el precio de compra mediante hipoteca sobre la propiedad vendida; Disponiéndose, que dicha hipoteca devengará intereses y constituirá un gravamen preferente no subrogable, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de Diciembre de 1975, según enmendada (28 L.P.R.A. § 31 et seq), y sin sujeción a la Ley Núm. 47 del 18 de junio de 1965 según enmendada (28 L.P.R.A. § 221 et seq.); y en cualquier otro caso vender o de cualquier otro modo disponer de cualquier propiedad mueble o inmueble de la Autoridad o cualquier interés sobre las mismas que a juicio de la Autoridad no sea ya necesaria para llevar a cabo los propósitos de la Autoridad o cuya disposición sea consistente con los fines de esta Ley; y arrendar las propiedades adquiridas dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo bajo aquellos términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley y sin sujeción a las disposiciones de la Ley Núm. 12 de 10 de Diciembre de 1975, según enmendada (28 L.P.R.A. § 31 et seq), y sin sujeción a la Ley Núm. 47 del 18 de junio de 1965 según enmendada (28 L.P.R.A. § 221 et seq.); y en cualquier otro caso arrendar propiedades bajo términos y condiciones que resulten convenientes a los fines de esta Ley.

(p) Entrar, previo permiso de sus dueños, poseedores o representantes en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos o estudios a los fines de esta Ley. Si los dueños o poseedores, o sus representantes, rehusaren dar su permiso para entrar a los terrenos, cuerpos de agua o propiedad, a los propósitos expresados, cualquier juez del Tribunal de Primera Instancia, al presentársele una declaración jurada expresiva de la intención de la Autoridad de entrar a dichos terrenos, cuerpos de agua o propiedad para los fines indicados, deberá expedir una orden autorizando a cualquier o cualesquiera funcionarios o empleados de la Autoridad a entrar en los terrenos, cuerpos de agua o propiedad que se describa en la declaración jurada, a los fines indicados en esta disposición. En caso de que no aparezcan dueños, poseedores o representantes conocidos, la Autoridad, a través de sus funcionarios o empleados, podrá entrar sin permiso alguno.

(q) Realizar todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a cabo los poderes conferidos a la Autoridad por esta Ley o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico; Disponiéndose, sin embargo, que ni el Estado Libre Asociado, ni ninguna de sus subdivisiones políticas será responsable del pago de principal o intereses de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad, siendo tal principal e intereses pagaderos únicamente de los fondos de la Autoridad pignorados o comprometidos para tal propósito de acuerdo con el inciso (l ) de esta Artículo.

(r) Adoptar, proclamar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para desempeñar sus poderes y deberes de acuerdo con esta Ley.

(s) Construir o reconstruir cualquier facilidad de tránsito o de transportación o parte o partes de ésta y cualesquiera adiciones, mejoras o ampliaciones a cualquier facilidad de tránsito o de transportación de la Autoridad, mediante contrato o contratos o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes o empleados, o por conducto o mediación de los mismos; Disponiéndose, que igual facultad tendrá, dentro de una Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo, en relación a cualquier estructura o edificación, ya sea para uso residencial, comercial, turístico, mixto o industrial o cualquier otro uso público o privado que sea permitido dentro de la Zona de Influencia o de un Distrito Especial de Desarrollo.

(t) Contribuir al desarrollo del Plan de Transportación y, bajo las directrices del Secretario, establecer e implantar los mecanismos necesarios para planificar, evaluar y desarrollar eficientemente el sistema vial y de transportación colectiva. Estos mecanismos incluyen entre otros los siguientes: realizar estudios sobre las necesidades de transportación colectiva en Puerto Rico; contratar dentro de la jurisdicción territorial operacional de la Autoridad Metropolitana de Autobuses, que no debe exceder los límites municipales de San Juan, Cataño, Bayamón, Toa Baja, Guaynabo, Trujillo Alto y Carolina, la prestación de servicios de transportación colectiva cónsonos con el Plan de Transportación sin sujeción a lo dispuesto en la Ley Núm. 109 de 28 Junio de 1962, según enmendada; y la Ley Núm. 5 de 11 de mayo de 1959 (23 L.P.R.A. § 601 et seq.); promover la búsqueda de alternativas para el financiamiento de la transportación colectiva; y realizar a solicitud del Secretario otras tareas afines y necesarias para implantar la política pública sobre transportación colectiva.

(u) Establecer, al disponer de cualquier propiedad inmueble, que al presente posea o en el futuro adquiera, todas aquellas condiciones y limitaciones, en cuanto a su uso y aprovechamiento, que considere necesarias y convenientes para asegurar el cumplimiento de los propósitos de esta Ley, de modo que el destino que se le dé no facilite o propenda a crear condiciones indeseables o adversas al interés público que esta Ley interesa proteger. Cuando la Autoridad venda o de cualquier otro modo disponga de propiedad en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo con el propósito de que el adquirente la desarrolle, esto se hará, en el caso de una Zona de Influencia y en Distritos Especiales de Planificación, de conformidad con los procedimientos establecidos por la Junta de Planificación, y la Autoridad podrá recomendar, y la Junta de Planificación impondrá, excepto que medie justa causa, lo que se consignará por escrito, aquellas restricciones que entienda necesarias para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. En todos los casos deberá la Autoridad incluir una cláusula en la que se disponga el grado de participación, y las ganancias, que tendrá la Autoridad en, y de, las rentas, valores, volúmenes de venta o ingresos de todo tipo que respecto del terreno, el desarrollo y todo otro aspecto o actividad del proyecto habrá de tener el adquiriente.

(v) Presentar mapas ilustrativos de las Zonas de Influencia y proponer proyectos específicos dentro de las mismas; recomendar planes para establecer y definir Distritos Especiales de Desarrollo, planificar proyectos específicos para tales Distritos y a esos efectos sugerir enmiendas y suplementos a los planes, mapas, planos, reglas y reglamentos relativos a la planificación, el diseño, el control de diseño, el desarrollo y el control de desarrollo de dichos Distritos.

(w) Se faculta a la Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico para establecer en los expresos, avenidas, calles o vías públicas principales, pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber (America's Missing: Broadcast Emergency Response), tales como el vehículo utilizado y la dirección en que transitaba el vehículo, entre otros, o para la emisión de información de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas. También se permite la colocación de información relevante sobre las condiciones de las carreteras. La Autoridad de Carreteras y Transportación de Puerto Rico no estará sujeta a las disposiciones de cualquier otra ley estatal que reglamente la localización de pizarras o vallas publicitarias, al establecer o erigir pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas a la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber ("America's Missing: Broadcast Emergency Response"), o para la emisión de información de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas. No obstante, se prohíbe el uso de dichas pizarras o vallas publicitarias para cualquier tipo de propaganda o anuncios no relacionado a la emisión de información sobre un Alerta Amber o de alerta o emergencia del "Emergency Broadcast System", en caso de emergencias meteorológicas o con información relevante sobre las carreteras.

 

Artículo 4-A. Contratos de Construcción, operación, mantenimiento de facilidades de tránsito y transportación, puentes, carreteras, avenidas y autopistas con entidades privadas así como de financiamiento y de emisión de bonos. (9 L.P.R.A. § 2004a)

 

(1) La Autoridad o el Departamento de Transportación y Obras Públicas podrán contratar con entidades privadas, y mediante el uso de fondos privados, el diseño final, la construcción, operación y mantenimiento de nuevas facilidades de tránsito y transportación, carreteras, puentes, avenidas, autopistas y las facilidades de tránsito anejas a las mismas, y de pizarras o vallas publicitarias electrónicas destinadas para la difusión de información sobre la desaparición de menores en caso de la activación de un Alerta Amber (“America’s Missing: Broadcast Emergency Response”), o para la emisión de información de alerta o emergencia del “Emergency Broadcast System”, en caso de emergencias meteorológicas, o información relevante sobre las condiciones de las carreteras, sujeto a las siguientes condiciones:

(a) La facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito anejas, o la pizarra o valla publicitaria electrónica destinada para la difusión de información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, serán de dominio público.

(b) El diseño preliminar del proyecto podrá ser encomendado a cualquier persona natural o jurídica competente, legalmente autorizada, que escoja el Secretario de Transportación y Obras Públicas o la Autoridad, salvo que no podrá ser la misma entidad privada que se contrate para la construcción. La entidad privada contratada para la construcción estará a cargo del diseño final, el cual deberá ser realizado por una persona legalmente autorizada, así como de la operación y conservación de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y las facilidades de tránsito anejas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para la emisión de información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia o información relevante sobre las condiciones de las carreteras.

(c) Las servidumbres necesarias para la operación de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito anejas; o para localizar la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o sobre información relevante sobre las condiciones de las carreteras serán del Estado Libre Asociado o de la Autoridad.

(d) Los terrenos y otras propiedades o derechos necesarios para la construcción de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y sus facilidades de tránsito, o para el establecimiento de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras serán adquiridos por el Estado Libre Asociado, y financiados o no por la entidad privada con la que se contraten los trabajos de diseño final, construcción, operación y conservación de los mismos. La entidad privada contratada para tales propósitos podrá adquirir, sujeto a las normas establecidas para estos propósitos por la Autoridad, los terrenos, propiedades o derechos directamente de sus dueños, por compra, en cuyo caso los transferirá inmediatamente al Estado Libre Asociado. De ser necesaria la adquisición por expropiación forzosa, se podrá requerir a la entidad privada contratada que adelante al Estado Libre Asociado todas las cantidades necesarias para la adquisición de los terrenos, propiedades o derechos de que se trate. Tanto en los casos de compra voluntaria como en los casos de expropiación forzosa, los costos de adquisición incluirán los de realojo de las personas afectadas en conformidad con las leyes aplicables, y los demás gastos incidentales a la adquisición del derecho de que se trate.

(e) El contrato, además del diseño final y la construcción, incluirá la operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida o autopista y las facilidades de tránsito anejas a las mismas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras.

(f) La entidad privada a la que se otorgue el contrato deberá prestar una fianza que garantice al Estado Libre Asociado de Puerto Rico el fiel cumplimiento de todas las obligaciones del contrato, cuya cuantía será determinada por la Autoridad o el Secretario de Transportación y Obras Públicas, tomando como criterio la inversión prevista para el proyecto, o para la obra o etapa de que se trate.

(g) El contrato contendrá una cláusula de indemnidad por la cual la entidad privada se comprometa a defender y a pagar por el Estado Libre Asociado y la Autoridad cualquier reclamación incoada al amparo de los Artículo 404 del Código Político de 1902, según enmendado, o de los artículos 1802, 1803, 1807, 1808 y 1809 del Código Civil de Puerto Rico de 1930, según enmendado. Esta obligación deberá estar afianzada o cubierta por una póliza de seguro de responsabilidad pública que incluirá al Estado Libre Asociado y la Autoridad como coasegurados. Las sumas o cuantías a ser garantizadas en dicha póliza serán fijadas por la Autoridad o el Secretario de Transportación y Obras Públicas y su decisión deberá estar respaldada por la evaluación de un profesional competente en el campo de los seguros en torno a los riesgos involucrados en las fases de diseño, construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, de la vía pública o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras objeto del contrato.

(h) El contrato podrá ser cedido o gravado con el previo consentimiento escrito de la Junta de Adjudicaciones. La Junta no podrá denegar su consentimiento a menos que medie justa causa. La cesión sólo será autorizada si el cesionario es una entidad privada que reúna los requisitos y condiciones establecidos en esta Ley. Este requisito no se le requerirá al mero tenedor de un gravamen.

(i) El contrato, en lo que atañe a la fase de operación, administración y mantenimiento del proyecto no tendrá un término mayor de cincuenta (50) años.

(j) Una vez extinguido el término del contrato, la fase de operación, administración y mantenimiento del proyecto pasará a manos del Gobierno, sin costo alguno para éste.

(k) Concluida la fase de construcción del proyecto, la entidad privada será responsable de conservar la facilidad de tránsito y transportación, carretera, puente, avenida, autopista y las facilidades de tránsito anejas, o de la pizarra o valla publicitaria electrónica para información en caso de la activación de un Alerta Amber o en caso de alerta o emergencia, o con información relevante sobre las condiciones de las carreteras, en condiciones adecuadas de utilización.

(2) Las fases del contrato relacionadas con la construcción, operación, administración y mantenimiento de las vías públicas y sus facilidades anejas, serán consideradas a todos los fines legales una actividad elegible cubierta por el Suplemento P de la Ley Núm. 91 de 29 de Junio de 1954, según enmendada [Nota: Sustituido por el Subcapítulo D del Capítulo 11 del Subtítulo A de la Ley 1-2011, según enmendada, “Código de Rentas Internas de Puerto Rico de 2011”]

(3) La Autoridad podrá negociar y otorgar contratos de financiamiento, de emisión de bonos y otros contratos e instrumentos necesarios o convenientes para el ejercicio de los poderes y funciones conferidos a la Autoridad y al Secretario bajo los Artículos 4-A, 4-B y 4-C de esta ley (9 L.P.R.A. § 2004a a 2004c) con el propósito de facilitar el financiamiento de cualquier proyecto autorizado bajo los Artículos 4-A, 4-B y 4-C.

(4) Los contratos a los que se refiere éste y el Artículo 4-B cuyo fin sea la construcción y reparación de puentes peatonales o por donde discurran vehículos y peatones, y que ubiquen sobre una vía pública y cuya etapa de diseño inicie a partir del 1 de junio de 2012, incluirá una verja de seguridad como parte esencial de la obra, siempre que las condiciones estructurales del puente permitan así contemplarlo en el diseño y que medie una certificación de un ingeniero estructural debidamente licenciado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico. La misma cubrirá los puentes peatonales o cumplir con la altura establecida mediante reglamento adoptado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) en aquellos puentes en que transiten vehículos y peatones.

 

Artículo 4-B. Peaje, cargo o Portazgo. (9 L.P.R.A. § 2004b)

 

   La entidad privada contratada para el diseño final, la construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, vía pública y/o sus facilidades de tránsito anejas tendrá la facultad de cobrar al público por el uso de las mismas el monto del peaje, cargo, o portazgo que establezca el contrato negociado por el Secretario o la Autoridad, o por cualquier agencia o departamento del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política del mismo a la que se le haya delegado, y ratificado por la Junta de Adjudicaciones establecida en esta Ley. Los ingresos derivados del peaje, cargo, o portazgo serán aplicados a los siguientes fines:

(a) Recuperación del capital invertido y de los gastos incurridos relativos al desarrollo, construcción y financiamiento de las obras de construcción de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito.

(b) repago o amortización de cualquier deuda incurrida por la entidad privada en la construcción y operación del proyecto;

(c) Pago de los costos relativos al cobro del peaje o portazgo y la operación, administración y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito anejas.

(d) reembolso al Gobierno de los costos por los servicios que se le asignen a éste en el contrato o que sean solicitados por la entidad privada;

(e) una ganancia razonable para la entidad privada que será determinada a tenor con lo dispuesto específicamente en el contrato.

 

Artículo 4-C. Requisitos y Condiciones Aplicables a la Entidad Privada. (9 L.P.R.A. § 2004c)

 

   La entidad privada que aspire a ser contratada para la construcción, operación y mantenimiento de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito y transportación anejas deberá cumplir con los siguientes requisitos y condiciones:

(a) Ser una corporación, compañía de responsabilidad limitada, o sociedad autorizada para realizar negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(b) Disponer de un capital corporativo o social que en modo alguno podrá ser inferior al cinco (5) por ciento de la inversión total prevista para la construcción de la facilidad de tránsito y transportación, la vía pública y/o sus facilidades de tránsito y transportación anejas.

(c) demostrar la viabilidad económica y financiera del proyecto;

(d) demostrar capacidad gerencial, organizacional y técnica para desarrollar y administrar el proyecto.

 

Artículo 4-D. Representante del Interés Público. (9 L.P.R.A. § 2004d)

 

   El Secretario de Transportación y Obras Públicas, o el funcionario que él designe, será el representante del interés público. En tal capacidad tendrá las siguientes facultades y deberes:

(a) Velará que la entidad privada contratada cumpla con sus obligaciones contractuales.

(b) Velará por el fiel cumplimiento del plan financiero contemplado en el contrato.

(c) Podrá inspeccionar, cuantas veces lo estime conveniente, y sea razonable, las obras de construcción y las instalaciones y servicios relacionados con el proyecto.

(d) Podrá recabar de la corporación o sociedad contratada los datos e informes que considere necesarios y sea razonable exigirlos, en relación con el desarrollo del proyecto y tendrá facultad, además, para examinar sus libros y cuentas relacionados con el mismo.

(e) Rendirá al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa un informe anual en relación con el desarrollo del proyecto.

 

Artículo 4-E. Operación y Administración por Entidades Privadas de Vías Públicas Existentes. (9 L.P.R.A. § 2004e)

 

   Cuando la Autoridad de Carreteras y/o el Secretario de Transportación y Obras Públicas determinen que el interés público requiere que una carretera, o un tramo de la misma, puente, avenida o autopista existente, con sus facilidades de tránsito anejas, sea convertido en una carretera de peaje, operada y mantenida por una entidad privada, deberán proponer el proyecto a la Asamblea Legislativa, el cual estará sujeto a la aprobación por ésta mediante resolución conjunta. Una vez aprobado el proyecto por la Asamblea Legislativa, el mismo estará sujeto a las disposiciones de esta Ley.

   En los casos en que se convierta una carretera existente a una carretera de peaje, deberá existir una vía alterna a la ciudadanía que no esté sujeta al pago de peaje.

 

 

 

Artículo 4-F. Junta de Adjudicaciones.

 

   Se crea una Junta de Adjudicaciones de contratos de diseño final, construcción, operación y mantenimiento de carreteras compuesta por el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico quien será su presidente, el Secretario de Asuntos del Consumidor y el Secretario de Hacienda.

   Esta Junta tendrá las siguientes funciones:

(a) Recibir las recomendaciones del Secretario de Transportación y Obras Públicas, o de a quien éste le delegue, y realizar las adjudicaciones de las subastas negociadas a las que se refiere el Artículo 4-G de esta Ley.

(b) Ratificar los contratos a que se refieren los Artículos 4-A y 4-B de esta Ley, una vez estos hayan sido negociados por el Secretario, la Autoridad y/o aquellos en quien éstos hayan delegado, los cuales deberán contener el término del contrato, la estructura de los derechos de peaje, cargos o portazgo a ser pagados por los usuarios así como la fórmula para ajuste durante la vida de cada contrato.

(c) Velar por el cumplimiento adecuado con los reglamentos y procedimientos establecidos para la negociación y adjudicación de contratos y subastas.

(d) Aprobar el reglamento a que se refiere el inciso (b) del Artículo 4-G de esta Ley.

(e) Someter al Gobernador y a la Asamblea Legislativa un informe sobre las subastas y contratos que adjudique y ratifique y una certificación haciendo constar que se cumplió con todos los procedimientos y requisitos dispuestos por ley y reglamentos para dicha adjudicación y contratación.

 

Artículo 4-G. Subasta Negociada. (9 L.P.R.A. § 2004g)

 

   Los contratos a que se refieren los Artículos 4-A y 4-E de esta ley, se adjudicarán por medio de subasta negociada.

   El Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Director Ejecutivo de la Autoridad o cualquier agencia o departamento del Estado Libre Asociado, o cualquier subdivisión política del mismo a la que éstos le hayan delegado, será responsable de negociar los términos y condiciones de los contratos a que se refieren los artículos 4-A y 4-E de esta Ley, sujeto a las siguientes normas:

(a) El Secretario de Transportación y Obras Públicas y el Director Ejecutivo establecerán administrativamente los procedimientos y guías que habrán de regir los procesos de las subastas negociadas, a los fines de obtener el mayor número de licitadores, promover la competencia entre éstos y mantener la confidencialidad del proceso de negociación anterior a la adjudicación.

(b) El reglamento para la subasta negociada deberá incluir los criterios de cualificación de los licitadores y de adjudicación de los contratos, entre los que se incluirán los siguientes:

(i) El costo total estimado del proyecto propuesto.

(ii) Un estimado de la tarifa de peaje que se propone solicitar.

(iii) La capacidad profesional y experiencia del licitador para desarrollar, construir, operar y mantener carreteras y facilidades de tránsito anejas.

(iv) La calidad y adaptabilidad de la tecnología, materiales de construcción propuestos, así como los servicios a ser ofrecidos por el licitador; disponiéndose que a partir del 1 de julio de 2011, en la construcción de nuevas carreteras se habrá de incorporar al material de base o sub-base, materiales áridos reciclados, u otros materiales similares cuya calidad, estándares y/o especificaciones cumplan con las establecidas por la “Enviromental Protection Agency (EPA)” y la “Federal Highway Administration (FHA)”; y que el Departamento de Transportación y Obras Públicas, la Autoridad de Carreteras y Transportación, los municipios y las entidades privadas que sean contratadas por cualesquiera de las anteriores, adopten providencias reglamentarias para el cumplimiento con esta Ley.

(v) La capacidad económica del licitador, sus afianzadores y aseguradores para responder por las obligaciones contraídas por razón del contrato que se adjudique.

(vi) Los planes de financiamiento del proyecto que proponga el licitador.

(vii) La calidad de la propuesta sometida por el licitador en cuanto a los aspectos de diseño, ingeniería, tiempo estimado de construcción, inversión de capital requerida, plan de financiación, tiempo de recuperación del capital, tasa interna de rendimiento utilizada por el licitador, el flujo de ingresos netos proyectados y los derechos de peaje o portazgo estimados para recuperar el capital y cubrir los costos del proyecto durante la vida del contrato.

(viii) El que todo licitador que interese la adjudicación de un contrato que incluya la construcción o reparación de un puente peatonal o por donde discurran vehículos y que ubique sobre una vía pública cuya etapa de diseño inicie a partir del 1 de junio de 2012, quede notificado de que tiene que incluir la instalación de una verja de seguridad como parte esencial de la obra, la construcción de una obra nueva, o la reparación o construcción en obra existente. La misma cubrirá el puente, los puentes peatonales o cumplirá con la altura establecida mediante reglamento adoptado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) para aquellos puentes en que transiten vehículos y peatones.

(c) El reglamento para la subasta negociada deberá incluir en su procedimiento, entre otros, los siguientes procesos:

(1) Publicar en un periódico de circulación general un aviso solicitando cartas de cualificación.

(2) Comunicar a los interesados la información que han de someter con sus cartas de cualificación e información general sobre los proyectos a realizarse.

(3) Evaluar las cartas de cualificación y escoger los solicitantes con las puntuaciones más altas para solicitarles propuestas.

(4) Solicitar propuestas de cómo realizar el proyecto a los solicitantes.

(5) Evaluar las propuestas y remitirlas a la Junta de Adjudicaciones.

(6) Adjudicar, por parte de la Junta de Adjudicaciones, la propuesta que mejor cumpla con los requerimientos del proyecto y establecer el orden de preferencia de las próximas propuestas.

(7) Establecer los términos para iniciar, por parte del Secretario de Transportación y Obras Públicas y/o el Director Ejecutivo de la Autoridad, las negociaciones con la persona que haya obtenido la puntuación más alta en la adjudicación de la Junta de Adjudicaciones, así como los procedimientos para continuar las negociaciones con las otras personas solicitantes en estricto orden de adjudicación, en caso de que no se logre convenir un contrato con la persona a la que se le adjudicó el primero. El proceso se continuará hasta que se pueda convenir un contrato o el Secretario determine que no es posible conseguirlo bajo las circunstancias imperantes, en cuyo caso se podrá descartar el proyecto, iniciarse un nuevo proceso de subasta negociada, o realizarse el proyecto por el Estado Libre Asociado o la Autoridad directamente.

   La Junta adjudicará la subasta al licitador que mejor cumpla con los criterios establecidos en esta Artículo y en el reglamento aprobado a su amparo.

Artículo 5. Coordinación. (9 L.P.R.A. § 2005)

 

(a) La Junta de Planificación o los Municipios declarados Autónomos de acuerdo a la Ley Núm. 81 del 30 de Agosto de 1991, según enmendada (21 L.P.R.A. § 4001 et seq.), y que tengan jurisdicción sobre el área en cuestión, en coordinación con la Autoridad, establecerán Distritos Especiales de Desarrollo en áreas en torno a estaciones de tren. Dichos Distritos abarcarán un área geográfica no menor de la Zona de Influencia en torno a cada estación y podrán incluir uno o más solares o pertenencias, o solamente parte de los mismos bien sean de propiedad privada o pública; Disponiéndose, que previo a establecer un Distrito Especial de Desarrollo se celebrará una vista pública según lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley Núm. 75 de 24 de junio de 1975, según enmendada (23 L.P.R.A. § 62z), o por la Ley Núm. 81 del 30 de Agosto de 1991, según enmendada (21 L.P.R.A. § 4001 et seq.). La Autoridad podrá tomar la iniciativa de solicitar la designación de uno o más Distritos Especiales de Desarrollo, en cuyo caso la Junta de Planificación, o el Municipio Autónomo en cuestión, deberá iniciar el proceso de vista pública dentro de un término no mayor de treinta (30) días, contados a partir de que la Autoridad complemente y se dé por radicada la solicitud correspondiente. La designación de estos Distritos se resolverá de conformidad con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según enmendada (3 L.P.R.A. § 2101 et seq.). Igual procedimiento se observará para la eliminación, ampliación, reducción, o cualquier modificación del área de tales Distritos. Una vez designado un Distrito Especial de Desarrollo, su plan regirá sobre cualquier otro plan aprobado previamente; Disponiéndose, que en caso de que cualquier persona o entidad hubiese adquirido, conforme a derecho, unos derechos de desarrollo incompatibles con los nuevos planes, la Autoridad podrá, si así resulta conveniente a sus fines, adquirir los mismos por cualquier modo disponible en ley, excepto mediante la expropiación forzosa.

(b) La Junta de Planificación, o el Municipio Autónomo en cuestión, previo a la aprobación de cualquier proyecto de construcción público o privado que haya de realizarse dentro de una Zona de Influencia o dentro de un Distrito Especial de Desarrollo, solicitará el endoso de dicho proyecto a la Autoridad. La Autoridad responderá a la referida solicitud en o antes de treinta (30) días, contados a partir de la fecha de su notificación.

 

Artículo 6. Obras Públicas - Convenios. (9 L.P.R.A. § 2006)

 

   Por la presente se autoriza al Secretario de Transportación y Obras Públicas a celebrar convenios con la Autoridad para el estudio, diseño, construcción, reparación, mantenimiento, adquisición de propiedades, de derechos de servidumbre así como para cualquiera otro fin necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley. La Autoridad podrá también celebrar convenios mediante los cuales el Secretario de Transportación y Obras Públicas se comprometa a pagar, total o parcialmente, con fondos del Estado Libre Asociado ingresados en el Tesoro Público, el costo de reparar, mantener y operar cualesquiera facilidades de tránsito financiadas bajo las disposiciones de esta Ley.

   La Autoridad vendrá obligada a proveer al Secretario de Transportación y Obras Públicas los fondos necesarios para que éste cumpla con las obligaciones incurridas por dicho funcionario de acuerdo con las disposiciones de la Resolución Conjunta Número 94, aprobada el 26 de junio de 1964.

 

Artículo 6-A. — Obras Públicas – Requisitos para la Construcción de Puentes. (9 L.P.R.A. § 2006a)

 

   Todo puente peatonal que se construya sobre una vía pública y cuya etapa de diseño inicie a partir del 1 de junio de 2012 contará en su estructura con una verja de seguridad que lo cubra. En todo puente existente por el cual transiten vehículos y peatones, que ubique sobre una vía pública y cuyas condiciones estructurales del puente permitan así contemplarlo en el diseño y que medie una certificación de un ingeniero estructural debidamente licenciado por el Colegio de Ingenieros y Agrimensores de Puerto Rico, se colocará una verja de seguridad que cumpla con la altura establecida mediante reglamento adoptado por la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) a estos fines.

   Los puentes peatonales existentes o por donde discurran vehículos y peatones, ubicados sobre una vía pública que a la fecha de aprobación de la presente Ley no cuenten con la verja de seguridad, serán remodelados a partir del 1 de julio de 2012.

 

Artículo 7. Funcionarios y Empleados. (9 L.P.R.A. § 2007)

 

(a) Los nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán o permitirán de acuerdo con normas y reglamentos aprobados por la Autoridad en consulta con el Director de la Oficina de Personal conducente al establecimiento de un plan general análogo, en tanto en cuanto la Autoridad lo estime compatible con los mejores intereses de la Autoridad, de sus empleados y de sus servicios al público, al que pueda estar en vigor para los empleados del Estado Libre Asociado. Los funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos de viaje necesarios o en su lugar a las dietas correspondientes que sean autorizadas por reglamentos aprobados por la Autoridad. Los funcionarios y empleados de cualquier Junta, Comisión, Agencia, Instrumentalidad o Corporación Pública, o Departamento del Estado Libre Asociado que sean nombrados por la Autoridad, quienes al momento de su nombramiento fueran beneficiarios de cualquier sistema de retiro o cualquier plan de ahorro y préstamos continuarán teniendo después de dicho nombramiento los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a los mismos, que la ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan posiciones similares en el Gobierno del Estado Libre Asociado.

(b) No podrá desempeñar el cargo de miembro, funcionario, empleado, o agente de la Autoridad, ninguna persona que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada que haga negocios con la Autoridad o en cualquier negocio cuyas actividades principales guarden relación con la adquisición, construcción, diseño, operación o mantenimiento de facilidades de tránsito. Cuando la incompatibilidad afecte a un miembro de la Autoridad, su cargo quedará vacante y la vacante se cubrirá, por el tiempo que dure dicha incompatibilidad, con el nombramiento por el Gobernador de otro jefe de cualquier Departamento o Agencia del Estado Libre Asociado, o por otro alcalde, según sea el caso.

 

Artículo 8. Fondos y Cuentas. (9 L.P.R.A. § 2008)

 

   Los dineros de la Autoridad serán depositados en depositarios reconocidos para los fondos del Estado Libre Asociado, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas a nombre de la Autoridad. Los desembolsos se harán de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados por la Autoridad.

   La Autoridad, en consulta con el Secretario de Hacienda, establecerá el sistema de contabilidad que se requiera para el adecuado control y registro estadístico de todos los gastos e ingresos pertinentes a, o administrados o controlados por la Autoridad. Las cuentas de la Autoridad se llevarán en tal forma que apropiadamente puedan segregarse hasta donde sea aconsejable en relación con las diferentes clases de operaciones, proyectos, empresas y actividades de la Autoridad.

 

Artículo 9. Adquisición de Propiedad por el E.L.A. para la Autoridad. (9 L.P.R.A. § 2009)

 

   A solicitud de la Autoridad el Gobernador de Puerto Rico o el Secretario de Transportación y Obras Públicas, podrán adquirir por compra, expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para uso y beneficio de la Autoridad, en la forma que proveen esta Ley y las leyes de Puerto Rico sobre expropiación forzosa, el título de cualquier propiedad o interés sobre la misma, que la Autoridad estime necesaria o conveniente para sus fines, incluso sus necesidades futuras. La Autoridad podrá poner anticipadamente a disposición de dichos funcionarios aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha propiedad y, una vez adquirida la misma, podrá reembolsar al Gobierno del Estado Libre Asociado cualquier cantidad pagada que no hubiera sido previamente entregada. Una vez hecho dicho reembolso al Gobierno del Estado Libre Asociado (o en un tiempo razonable si el costo o precio total ha sido anticipado por la Autoridad, según lo determinare el Gobernador), el título de dicha propiedad así adquirida pasará a la Autoridad. Cuando la propiedad haya sido adquirida mediante expropiación forzosa el título de dicha propiedad se transferirá a la Autoridad por orden del Tribunal de que se trate, mediante constancia al efecto de que la Autoridad ha anticipado o reembolsado el costo o precio total de la citada propiedad. El Secretario de Transportación y Obras Públicas, con la aprobación del Gobernador, podrá hacer aquellos arreglos que él estime apropiados para la explotación y control de dicha propiedad por la Autoridad a beneficio del Gobierno del Estado Libre Asociado, durante el período que transcurra antes de que dicho título haya pasado a la Autoridad. La facultad que por la presente se confiere, no limitará ni restringirá en forma o límite alguno, la facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades. El título de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adquirida antes de ahora o que pueda serlo en el futuro y que se considere necesaria o conveniente para los fines de la Autoridad, puede ser transferido a ésta por el funcionario encargado de dicha propiedad o que la tenga bajo su custodia, mediante términos y condiciones que serán fijados por el Gobernador o el funcionario o agencia que él designe.


Artículo 10. Traspaso de Fondos y Propiedades. (9 L.P.R.A. § 2010)

 

   No obstante cualquier disposición de ley en contrario, todos los municipios y subdivisiones políticas de Puerto Rico quedan autorizadas para ceder y traspasar a la Autoridad, a solicitud de ésta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público) que la Autoridad crea necesaria o conveniente para realizar sus propios fines. Cuando a su juicio lo considere más conveniente a los fines de dar el mejor cumplimiento a los propósitos de esta Ley, la Autoridad podrá transferir a las agencias, departamentos, instrumentalidades, dependencias o subdivisiones políticas incluyendo los municipios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos necesarios para que dichos organismos lleven a cabo las funciones de construcción, operación y mantenimiento de las facilidades de tránsito o de transportación que estén o pudieran estar bajo la jurisdicción de la Autoridad, así como para la adquisición de los derechos de servidumbre necesarios para estos fines.

 

Artículo 11. Contratos de Construcción, Operación y Compra. (9 L.P.R.A. § 2011)

 

   Todo contrato de obra o de servicios, excepto servicios personales, y toda compra que efectúe la Autoridad, incluyendo el otorgamiento de contratos para la construcción y/o operación de facilidades de tránsito o de transportación, deberán hacerse mediante subasta previo anuncio hecho con suficiente antelación a la apertura de pliegos de proposiciones para asegurar el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia. Disponiéndose, que cuando la suma estimada para la adquisición, obra o contrato no exceda de veinticinco mil (25,000) dólares, podrá efectuarse la misma sin celebrar subasta. No será necesario celebrar subasta, por otra parte, cuando:

(1) Debido a una emergencia se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, prestación de servicios o realización de obras;

(2) cuando se necesiten piezas de repuesto, accesorios, equipos o servicios suplementarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados;   

(3) cuando se requieran servicios o trabajos de profesionales o de expertos y la Autoridad estime que, en interés de una buena administración, tales servicios o trabajos deben contratarse sin mediar tales anuncios; o   

(4) cuando los precios no estén sujetos a competencia, porque no haya más que una sola fuente de suministro o porque estén regulados por ley; en tales casos, la compra de materiales, efectos y equipo, o la obtención de tales servicios, podrán hacerse en mercado abierto en la forma corriente en las prácticas comerciales.

   Al considerar proposiciones y hacer adjudicaciones, la Autoridad dará debida consideración a aquellos factores, además del precio, que a su juicio permita la selección más beneficiosa para la Autoridad, tales como: si el postor o licitador ha cumplido con las especificaciones, reglas y reglamentos aprobados por la Autoridad; habilidad del postor para realizar trabajos de construcción o desarrollo de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad y capacidad económica del licitador y su pericia, experiencia, reputación comercial y habilidad para prestar servicios de reparación y, conservación o desarrollo; el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca; y la capacidad para operar, administrar o explotar sistemas de transportación o aquello a que se refiera la subasta, en aquellos casos que sea pertinente. La Autoridad podrá decretar reglamentos para la presentación y adjudicación de licitaciones. La Autoridad estará exenta de cumplir con el requisito de subasta pública y licitación para la adjudicación de contratos que se otorguen para el desarrollo de propiedades en una Zona de Influencia o en un Distrito Especial de Desarrollo cuando estime que es necesario y conveniente para cumplir con los fines específicos de esta Ley y así lo autorice el Secretario en cada caso en particular, mediante resolución al efecto. En dicha resolución se expresarán las circunstancias que justifican que la Autoridad quede exenta del requisito de subasta. Copia de dicha resolución deberá presentarse en la Secretaría de cada una de las Cámaras de la Asamblea Legislativa dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a la aprobación de dicha resolución por el Secretario.

 

Artículo 12. Bonos. (9 L.P.R.A. § 2012)

 

(a) Por autoridad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que se otorga por la presente, la Autoridad podrá emitir, de tiempo en tiempo, y vender sus propios bonos y tenerlos en circulación para cualesquiera de sus fines corporativos.

(b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Autoridad, y podrán ser de la serie o series, llevar la fecha o fechas, vencer en el plazo o plazos que no excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas fechas, devengar los intereses al tipo o tipos que no excedan el tipo máximo entonces permitido por ley, podrán ser de la denominación o denominaciones, y en forma de bonos con cupones o registrados, podrán tener los privilegios de inscripción o conversión, podrán otorgarse en la forma, ser pagaderos por los medios del pago y en el sitio o sitios, estar sujetos a los términos de redención, con o sin prima, podrán ser declarados vencidos o vencer antes de la fecha de su vencimiento, podrán proveer el reemplazo de bonos mutilados, destruidos, robados o perdidos, podrán ser autenticados en tal forma una vez cumplidas las condiciones, y podrán contener los demás términos y estipulaciones, que provea dicha resolución o resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, al precio o precios que la Autoridad determine; Disponiéndose, sin embargo, que podrán cambiarse bonos de refinanciamiento por bonos de la Autoridad que estén en circulación, de acuerdo con los términos que la Autoridad estime beneficiosos a los mejores intereses de la Autoridad. No obstante su forma y texto, y a falta de una cita expresa en el bono de que éste no es negociable, todos los bonos de la Autoridad serán y se entenderá que son en todo tiempo, documentos negociables para todo propósito.

(c) Los bonos de la Autoridad que lleven las firmas de los funcionarios de la Autoridad en ejercicio de sus cargos en la fecha de la firma de los mismos, serán válidos y constituirán obligaciones ineludibles, aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos, cualquiera o todos los funcionarios de la Autoridad cuyas firmas o facsímil de las firmas que aparezcan en aquéllos, hayan cesado como tales funcionarios de la Autoridad. La validez de la autorización y emisión de bonos no habrá de depender o ser afectada en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción, adquisición, extensión, o mejora de la obra para la cual los bonos se emiten, o por algún contrato hecho en relación con tal obra. Cualquier resolución autorizando los bonos podrá proveer que tales bonos contengan una cita de que se emiten de conformidad con las disposiciones de esta Ley, y cualquier bono que contenga esa cita, autorizada por una tal resolución, será concluyentemente considerado válido y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta Ley.

(d) Podrán emitirse bonos provisionales o interinos, recibos o certificados, ínterin se otorgan y entregan los bonos definitivos en la forma y con las disposiciones que se provean en la resolución o resoluciones.

(e) Cualquier resolución o resoluciones, autorizando cualesquiera bonos, podrá incluir disposiciones que serán parte del contrato con los tenedores de los bonos:

(1) En cuanto a la disposición del total de las rentas brutas o netas e ingresos presentes o futuros u otros fondos de la Autoridad, incluso comprometiendo todos o cualquiera parte de los mismos para garantizar el pago de principal e interés de los bonos en la forma provista en el inciso (l) del Artículo 4 de esta ley (9 L.P.R.A. § 2004 (l));   

(2) en cuanto al peaje, derechos y otros cargos a imponerse, y la aplicación, uso y disposición de las cantidades que ingresen mediante el cobro de dicho peaje, derechos y otros cargos de la Autoridad;

(3) en cuanto a la separación de reservas para fondos de amortización, reglamentación y disposición de los mismos;

(4) en cuanto a las limitaciones del derecho de la Autoridad para restringir y regular el uso de cualquier facilidad de tránsito o parte de la misma;

(5) en cuanto a las limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de la venta de cualquier emisión de bonos que se haga entonces o en el futuro;

(6) en cuanto a las limitaciones a la emisión de bonos adicionales;

(7) en cuanto al procedimiento por el cual podrán enmendarse o abrogarse los términos de cualquier resolución autorizando bonos, o de cualquier contrato de fideicomiso, u otro contrato con o para el beneficio de los tenedores de bonos, y en cuanto al monto de los bonos cuyos tenedores deban dar su consentimiento al efecto, así como la forma en que haya de darse dicho consentimiento;

(8) en cuanto a la cuantía y clase del seguro que deberá mantenerse sobre las facilidades de tránsito de la Autoridad, y el uso y disposición del dinero del seguro;

(9) en cuanto a comprometerse a no empeñar en todo o en parte las rentas, otros ingresos y otros fondos de la Autoridad, tanto en cuanto al derecho que pueda tener entonces como al que pueda surgir en el futuro;

(10) en cuanto a los casos de incumplimiento y los términos y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bonos deban vencer, o puedan declararse vencidos, antes de su vencimiento; y en cuanto a los términos y condiciones por los cuales dicha declaración y sus consecuencias puedan renunciarse;

(11) en cuanto a los derechos, responsabilidades, poderes y deberes, a ejercerse en casos de violación por la Autoridad de cualquiera de sus compromisos, condiciones u obligaciones;

(12) en cuanto a investir a un fiduciario o fiduciarios con el derecho de hacer cumplir cualesquiera estipulaciones convenidas para asegurar, pagar, o en relación con los bonos; en cuanto a los poderes y deberes de cada fiduciario o fiduciarios y a la limitación de la responsabilidad de los mismos; y en cuanto a los términos y condiciones en que los tenedores de bonos o de cualquiera proporción o porcentaje de los mismos puedan obligar a que se cumpla cualquier convenio hecho bajo esta Ley, o los deberes impuestos por la presente;

(13) en cuanto al modo de cobrar el peaje, derechos, y otros cargos por el uso de las facilidades de tránsito, o por los servicios prestados por la Autoridad, y

(14) en cuanto a otros actos y cosas que no estén en pugna con las disposiciones de esta Ley, que puedan ser necesarias o convenientes para garantizar los bonos, o que tiendan a hacer los bonos más negociables.

(f) Ni los miembros de la Autoridad, ni ninguna persona que otorgue los bonos, serán responsables personalmente de los mismos.

(g) La Autoridad queda facultada para comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos por ella, a un precio que no exceda del monto del principal o del valor corriente de redención de los mismos más los intereses acumulados.

(h) La Autoridad queda por la presente autorizada para emitir bonos de tiempo en tiempo por aquellas cantidades de principal que, en opinión de la Autoridad, sean necesarias para proveer suficientes fondos para el pago total o parcial del costo de cualquier proyecto para la construcción, operación y mantenimiento de nuevas carreteras, puentes, avenidas, autopistas y facilidades de tránsito anejas a las mismas autorizadas por los Artículos 4-A a 4-C de esta Ley. Los bonos emitidos por la Autoridad bajo esta disposición podrán hacerse pagaderos del total o de parte de los ingresos derivados por la Autoridad o por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico a través del Departamento de Transportación y Obras Públicas bajo las cláusulas de un contrato de financiamiento respecto al proyecto. Los bonos emitidos por la Autoridad bajo esta disposición no gravarán el margen prestatario de ésta ni constituirán una deuda del Estado Libre Asociado, ni ninguna de sus subdivisiones políticas, las que no serán responsables por los mismos. Los bonos u otras obligaciones que sean emitidas para la construcción de carreteras y vías accesorias autorizados por los Artículos 4-A a 4-C de esta Ley, y que serán operadas por entidades privadas, serán pagaderos solamente de los fondos generados por dicho proyecto y cuyos fondos hayan sido pignorados para el pago de tales bonos bajo el contrato de financiamiento y el contrato de fideicomiso en virtud del cual se autorice la emisión de bonos. Los bonos u otras obligaciones emitidas para financiar proyectos autorizados por los Artículos 4-A a 4-C de esta Ley podrán ser pagaderos semestralmente, anualmente o bajo cualesquiera términos que se acuerden en el contrato de fideicomiso mediante el cual se autorice la emisión de bonos para este propósito. Parte de la emisión de estos bonos se ofrecerá al mercado local en denominaciones que no excedan de mil (1,000.00) dólares.

 

Artículo 12A. — (9 L.P.R.A. § 2012a) [Nota: El Art. 2.01 de la Ley 1-2015 añadió este Artículo. El Art. 1 de la Ley 29-2015 lo enmendó posteriormente]

 

(a) Los siguientes términos utilizados en este Artículo tienen los siguientes significados:

(1) “Arbitrio del Petróleo de la Autoridad” tendrá el significado provisto en la Sección (b)(2)(A) de este Artículo.

(2) “BANs de la Autoridad” significa las Notas en Anticipación de Bonos 2013A de la Autoridad, emitidas el 29 de agosto de 2013, según enmendada y suplementada.

(3) “Código” significa el Código de Rentas Internas para un Nuevo Puerto Rico aprobado mediante la Ley 1-2011, según enmendada.

(4) “Fecha de Efectividad del Gravamen” significa la fecha en que se cumplan los siguientes tres requisitos: (i) se hayan liberado todos los gravámenes sobre ingresos, impuestos y derechos asignados a la Autoridad, incluyendo aquellos asignados bajo las Leyes 30 y 31 del 2013, concedidos para colateralizar los BANs de la Autoridad (como consecuencia del pago de dichos BANs o con el consentimiento de los tenedores de dichos BANs) y cualquier deuda pendiente de pago por la Autoridad al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, (ii) todos los préstamos y obligaciones que la Autoridad tiene con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y los BANs de la Autoridad hayan sido repagados o transferidos de la Autoridad a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura; disponiéndose que no será necesario transferir todos dichos préstamos y obligaciones si así lo acuerda la Autoridad y los tenedores de bonos que representen una mayoría del principal agregado de los bonos “senior” en circulación bajo la Resolución del 98 y conforme a las disposiciones de dicha resolución, y (iii) el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico haya recibido en agregado al menos $1,000 millones producto de una o más transacciones de Bonos de Refinanciamiento (según se define este término en el Artículo 34 de la Ley Núm. 44 de 21 de junio de 1988, según enmendada). El Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico certificará la fecha en que se cumpla con estos tres requisitos y dicha certificación se radicará en la Secretaría de cada uno de los cuerpos de la Asamblea Legislativa y se publicará en la página de Internet del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

(5) “Fecha de Efectividad de la Transferencia” significa la fecha en que se cumplan los siguientes dos requisitos: (i) se hayan liberado todos los gravámenes sobre ingresos, impuestos y derechos asignados a la Autoridad, incluyendo aquellos asignados bajo las Leyes 30 y 31 del 2013, concedidos para colateralizar los BANs de la Autoridad (como consecuencia del pago de dichos BANs o con el consentimiento de los tenedores de dichos BANs) y cualquier deuda pendiente de pago por la Autoridad al Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y (ii) todos los préstamos y obligaciones que la Autoridad tiene con el Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y los BANs de la Autoridad hayan sido repagados o transferidos de la Autoridad a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura; disponiéndose que no será necesario transferir todos dichos préstamos y obligaciones si así lo acuerda la Autoridad y los tenedores de bonos que representen una mayoría del principal agregado de los bonos “senior” en circulación bajo la Resolución del 98 y conforme a las disposiciones de dicha resolución. El Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico certificará la fecha en que se cumplan con estos dos requisitos y dicha certificación se radicará en la Secretaría de cada uno de los cuerpos de la Asamblea Legislativa y se publicará en la página de Internet del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico.

(6) “Ingreso Gravado” significa los ingresos, impuestos y derechos pignorados bajo la Sección (b)(1), (b)(2) y (b)(3) de este Artículo 12A.

(7) “Resolución del 68” significa la Resolución 68-18, aprobada por la Autoridad el 13 de junio de 1968, según suplementada y enmendada.

(8) “Resolución del 98” significa la Resolución 98-06, aprobada por la Autoridad el 26 de febrero de 1998, según suplementada y enmendada.

(b) Efectivo en y después de la Fecha de Efectividad del Gravamen, por este medio se crean y otorgan gravámenes y prendas sobre los Ingresos Gravados a favor de y para beneficio de los tenedores de los bonos emitidos bajo la Resolución del 68, y la Resolución del 98, según se detallan a continuación:

(1) en el caso de los tenedores de bonos emitidos bajo la Resolución del 68:

(A) los recaudos brutos del arbitrio de $0.16 por galón de gasolina y el arbitrio de $0.04 por galón de “gas oil” y “diésel oil” impuesto por el Estado Libre Asociado y asignado a la Autoridad (después de cualquier deducción por cantidades reembolsables bajo las disposiciones de las Secciones 3030.19 y 3030.20) bajo la Sección 3020.06 del Código; y

(B) los recaudos brutos derivados de los derechos anuales por licencias de vehículos de motor de $15 por vehículo impuestos por el Estado Libre Asociado y asignado a la Autoridad por la Ley Núm. 9 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, aprobada el 12 de agosto de 1982;

(2) en el caso de los tenedores de los bonos emitidos bajo la Resolución del 98:

(A) los recaudos brutos del arbitrio sobre petróleo crudo, productos parcialmente elaborados y productos terminados derivados del petróleo y cualquier otra mezcla de hidrocarburos, por la cantidad de $6.00 por barril o fracción, impuesto por la Sección 3020.07 del Código y asignados a la Autoridad por la Sección 3060.11 del Código (el Arbitrio del Petróleo de la Autoridad);

(B) los impuestos y derechos identificados en la Sección b(1) que estén disponibles y colateralicen los bonos emitidos bajo la Resolución del 98, conforme a sus propios términos, después de la aplicación de dichos ingresos conforme con la Resolución del 68;

(C) los derechos de licencia de vehículos en efecto a la fecha de aprobación de esta Ley impuestos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico bajo las Secciones 23.01 y 23.02 de la Ley 22-2000, según enmendada por la Ley 30-2013 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, también conocida como la “Ley de Vehículos y Tránsito”, y asignados a la Autoridad de Carreteras y Transportación bajo la Ley 30-2013; y

(D) todos los arbitrios sobre cigarrillos, hasta $20 millones por Año Fiscal, impuestos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y asignados a la Autoridad por la Ley 31-2013 de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico.

(3) en el caso de los tenedores de los bonos emitidos bajo la Resolución del 68 y la Resolución del 98, todos los otros ingresos, impuestos y derechos que en el futuro se le asignen a la Autoridad si ésta en cualquier momento llegara a constituir una prenda sobre dichas cantidades para colateralizar cualquier deuda u obligación, en cuyo caso se establecerá una prenda de primer rango sobre dichos ingresos, impuestos y derechos para colateralizar el pago de principal e intereses de los bonos emitidos bajo (A) la Resolución del 68, si dichos otros ingresos, impuestos y derechos son del tipo incluidos en la Sección b(1) de este Artículo, bajo el entendido que dichos ingresos, impuestos y derechos estarán disponibles a y colateralizarán los bonos emitidos bajo la Resolución del 98, conforme a sus disposiciones, después de la aplicación de dichos ingresos, impuestos y derechos conforme la Resolución del 68, y (B) bajo la Resolución del 98 en el caso de todo otro tipo de ingreso, impuesto y derecho. Si la Autoridad no llegara a constituir un gravamen sobre dichos ingresos, impuestos y derechos que sean asignados en el futuro a la Autoridad a favor de alguna parte, entonces podrá utilizar dichos ingresos para cualquier propósito permitido.

(c) Sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los gravámenes que se conceden mediante la Sección (b) de este Artículo constituirán una prenda en primer rango contra dichos Ingresos Gravados, y podrán ser exigibles por tenedores de bonos y aseguradoras de bonos emitidos bajo la Resolución del 68 y la Resolución del 98, respectivamente. Se considerará que la Autoridad ha asignado y pignorado su derecho, título e interés a y en los Ingresos Gravados para colateralizar dichos bonos y en beneficio de los tenedores y aseguradores de los mismos y tomará todas las acciones necesarias para documentar y hacer efectivo dicha cesión y prenda. La concesión del gravamen en primer rango provisto por la Sección (b) de este Artículo será un gravamen estatutario (y no un acuerdo de gravamen mobiliario) efectivo mediante operación de ley y no requerirá un acuerdo de gravamen mobiliario para ser efectivo.

(d) Los gravámenes en primer rango que se conceden mediante la Sección (b) de este Artículo y los otros gravámenes concedidos por la Autoridad para colateralizar cualquiera de sus obligaciones serán válidos y vinculantes sin necesidad de un documento público o notarizado. Los Ingresos Gravados y otros ingresos pignorados estarán sujetos a los gravámenes y prendas dispuestos en la Sección (b) de este Artículo sin necesidad de hacer la entrega física de dichos ingresos, impuestos y derecho o acto adicional, inscripción o perfección de cualquier naturaleza, y, sujeto sólo a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, dichos gravámenes serán válidos y vinculantes contra todas las partes que tengan reclamaciones de cualquier naturaleza extracontractual, contractual o de cualquier otra naturaleza contra la Autoridad o el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, independientemente de si dichas partes tienen notificación del mismo.

(e) Independientemente de cualquier ley en contrario, efectivo en y después de la Fecha de Efectividad del Gravamen, la tarifa o cantidad de los ingresos, impuestos y derechos establecidos para el recaudo de los Ingresos Gravados no será reducida o eliminada, ni dichos ingresos transferidos a una entidad que no sea la Autoridad, y el Estado Libre Asociado de Puerto Rico por este medio acuerda para el beneficio de los tenedores de los bonos emitidos bajo la Resolución del 68 y la Resolución del 98 a no reducir, eliminar o transferir dichos ingresos, impuestos y derechos. Para propósitos de aclaración, el convenio provisto en esta Sección no será aplicable al arbitrio que se impone por la Sección 3020.07A de la Ley 1-2011, según enmendada.

(f) El Estado Libre Asociado de Puerto Rico acuerda a no tomar acción alguna que impugnaría, debilitaría, disminuiría o afectaría adversamente los gravámenes creados mediante esta Ley.

(g) Sujeto a las disposiciones de la Resolución del 68 y la Resolución del 98, según sean los acuerdos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico dispuestos en las Secciones (e) y (f) de este Artículo 12A son para beneficio de (1) los titulares y aseguradores de los bonos emitidos por la Autoridad bajo la Resolución del 68 y podrán ser exigidos por tenedores de bonos que tengan una mayoría del principal agregado de dichos bonos en circulación bajo la Resolución del 68, y conforme a sus disposiciones, y (2) los titulares y aseguradores de los bonos emitidos por la Autoridad bajo la Resolución del 98 y podrán ser exigidos por tenedores de bonos que tengan una mayoría del principal agregado de dichos bonos en circulación bajo la Resolución del 98, y conforme a sus mismos términos.

(h) El Secretario establecerá un mecanismo de pago mediante el cual cualquier Ingreso Gravado (excepto los Recaudos del Arbitrio del Petróleo de la Autoridad, para los cuales se establecerá un mecanismo de pago según dispone la Sección 3060.11(G) del Código) sea pagado, tan pronto sea razonablemente práctico luego de ser recaudado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y/o el Secretario o sus agentes autorizados directamente al fiduciario o representante de los tenedores de los bonos emitidos bajo la Resolución del 68 o la Resolución del 98, y dicho mecanismo será efectivo en la Fecha de Efectividad del Gravamen, excepto en la medida que esta obligación sea alterada bajo un acuerdo entre la Autoridad y los tenedores de bonos que tengan una mayoría del principal agregado de dichos bonos en circulación bajo la Resolución del 98, y conforme a sus mismos términos.

(i) Aunque sujeto a las disposiciones de la Sección 8 del Artículo VI de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los Ingresos Gravados que colateralizan los bonos emitido bajo la Resolución del 68 y la Resolución del 98 son contribuciones impuestas por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y asignados a la Autoridad para financiar las facilidades de transportación y tráfico y sistemas.

 

Artículo 13. Remedios de los Tenedores de Bonos. (9 L.P.R.A. § 2013)

 

(a) Cualquier tenedor de bonos o su fiduciario, sujeto a cualesquiera limitaciones contractuales obligatorias para los tenedores de cualquier emisión de bonos, o sus fiduciarios, incluyendo pero sin limitarse a la restricción de una proporción o porcentaje específico de dichos tenedores para ejercer cualquier recurso, tendrá el derecho y el poder, en beneficio y protección por igual de todos los tenedores de bonos que estén en condiciones similares para:

(1) Mediante mandamus u otro pleito, acción o procedimiento en ley o en equidad, hacer valer sus derechos contra la Autoridad y sus funcionarios, agentes y empleados, para ejecutar y llevar a cabo sus deberes y obligaciones bajo esta Ley, así como sus convenios y contratos con los tenedores de bonos;

(2) mediante acción o demanda en equidad, exigir de la Autoridad que se haga responsable como si ella fuera el fiduciario de un fideicomiso expreso;

(3) mediante acción o demanda en equidad, interdecir cualesquiera actos o cosas que pudieran ser ilegales o en violación de los derechos de los tenedores de bonos, y

(4) entablar pleitos sobre los bonos.

(b) Ningún recurso concedido por esta Ley a tenedor alguno de bonos o fiduciario de éste, tendrá el efecto de excluir ningún otro recurso, sino que cada uno de dichos recursos será acumulativo y adicional a todos los demás y podrá ejercerse sin agotar y sin considerar ningún otro recurso conferido por esta Ley o cualquier otra ley. Si cualquier tenedor de bonos o fiduciario de éste dejare de impugnar cualquier falta o violación de deberes o de contrato, esto no cobijará ni afectará las faltas o incumplimientos subsiguientes de deberes o del contrato, ni menoscabará ningún derecho o recurso sobre éstos. Ninguna dilación u omisión de parte de cualquier tenedor de bono o fiduciario de éste, en ejercer cualquier derecho o poder que tenga en el caso de alguna violación, menoscabará dicho derecho o poder, ni se entenderá como pasando por alto dicha falta ni como una avenencia a la misma. Todo derecho substantivo y todo recurso conferido a los tenedores de los bonos, podrán hacerse cumplir o ejercitarse de tiempo en tiempo y tan frecuentemente como se estime conveniente. En caso de que cualquier demanda, acción o procedimiento para hacer cumplir cualquier derecho o ejercer cualquier recurso fuese radicado o incoado y luego interrumpido o abandonado o fallado en contra del tenedor de bonos o de cualquier fiduciario de éste, entonces y en cada uno de tales casos, la Autoridad y dicho tenedor de bonos o fiduciario, serán restituidos a sus anteriores posiciones, derechos y recursos como si no hubiese habido tal demanda, acción o procedimiento.

 

Artículo 14. Informes. (9 L.P.R.A. § 2014)

 

   La Autoridad someterá anualmente a la Asamblea Legislativa al inicio de cada sesión ordinaria un plan maestro de desarrollo, contentivo del programa a realizarse durante el próximo año fiscal.

   La Autoridad someterá adicionalmente a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico, tan pronto como sea posible después de cerrarse el año económico del Gobierno Estatal, pero con anterioridad a la terminación del año natural:

(1) Un estado financiero de cuentas e informe completo de los negocios de la Autoridad durante el año económico precedente, y   

(2) un informe completo del estado y progreso de todas sus facilidades de tránsito o de transportación y actividades desde la creación de la Autoridad o desde la fecha del último de estos informes.   

   La Autoridad someterá también a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico en aquellas otras ocasiones en que se le requiera informes oficiales de sus negocios y actividades de acuerdo con esta Ley.

 

Artículo 15. E.L.A. y sus Subdivisiones Políticas No Serán Responsables por los Bonos. (9 L.P.R.A. § 2015)

 

   Excepto en cuanto a aquellos bonos de la Autoridad cuyo pago esté garantizado por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los bonos emitidos por la Autoridad no constituirán una deuda del Estado Libre Asociado ni de ninguna de sus subdivisiones políticas, ni el Estado Libre Asociado ni ninguna de sus subdivisiones políticas serán responsables por los mismos, ni dichos bonos ni sus intereses serán pagaderos de ningunos fondos que no sean los comprometidos para el pago de los mismos a tenor con las disposiciones del inciso (l) del Artículo 4 de esta ley (9 L.P.R.A. § 2004 (l)).

 

Artículo 16. Bonos serán Inversiones Legales para los Fiduciarios y Garantía para Depósitos. (9 L.P.R.A. § 2016)

 

   Los bonos de la Autoridad serán inversiones legales y podrán aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso o fondos públicos cuya inversión o depósito esté bajo la autoridad o control del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier funcionario o funcionarios de éste.

 

Artículo 17. Exención de Contribuciones. (9 L.P.R.A. § 2017)

 

(a) Por la presente se resuelve y declara que los fines para los que la Autoridad sea creada [sic] y debe ejercer sus poderes son: el mejoramiento del bienestar general, y el aumento del comercio y la prosperidad, y son todos ellos propósitos públicos para beneficio del pueblo de Puerto Rico en todo sentido y por tanto, la Autoridad no será requerida para pagar ningunas contribuciones o impuestos sobre ninguna de las propiedades adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualesquiera facilidad de tránsito o de transportación o sobre los ingresos derivados de cualquiera de sus empresas y actividades.

(b) La Autoridad estará también exenta del pago de toda clase de derechos, contribuciones o impuestos hasta el presente o posteriormente requeridos por ley para la prosecución de un procedimiento judicial, la emisión de certificaciones en todas oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y la ejecución de documentos públicos y su registro en cualquier registro público de Puerto Rico.

(c) Con el propósito de facilitar a la Autoridad la gestión de fondos que le permitan realizar sus fines corporativos, los bonos emitidos por la Autoridad y las rentas que de ellos se devenguen, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos de contribución sobre ingresos.

 

Artículo 18. Declaración de Utilidad Pública. (9 L.P.R.A. § 2018)

 

   Para los propósitos del inciso (i) del Artículo 4 y del Artículo 9 de esta Ley, toda facilidad de tránsito o de transportación y toda otra propiedad que la Autoridad estime necesario o conveniente utilizar para llevar a cabo los propósitos de esta Ley quedan por la presente declarados de utilidad pública.

 

Artículo 19. Convenio del Gobierno Estatal. (9 L.P.R.A. § 2019)

 

   El Gobierno del Estado Libre Asociado se compromete por la presente y acuerda con cualquier persona, firma, corporación o agencia Federal o Estatal que suscriba o adquiera bonos de la Autoridad a no limitar ni restringir los derechos o poderes que por la presente se confieren a la Autoridad, hasta tanto dichos bonos, de cualquier fecha que sean, conjuntamente con los intereses sobre los mismos, queden totalmente solventados y retirados.

 

Artículo 20. Injunctions. (9 L.P.R.A. § 2020)

 

   No se expedirá ningún injunction para impedir la aplicación de esta Ley o cualquier parte del mismo.

 

Artículo 21. Disposiciones en Conflicto quedan Suplantadas. (9 L.P.R.A. § 2001 nota)

 

   En los casos en que las disposiciones de esta ley estén en pugna con las disposiciones de cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerán las disposiciones de esta ley y ninguna otra ley aprobada anterior o posteriormente, regulando la administración del Gobierno Estatal o de cualesquiera partes, oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipalidades, ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo, será interpretada como aplicable a la Autoridad a menos que así se disponga taxativamente.

 

Artículo 21. — Junta de Directores de la Autoridad. (9 L.P.R.A. § 2020a) [Nota: El Art. 4 de la Ley 41-2014 añadió este Artículo]

 

(a) Nombramiento y composición de la Junta. Los poderes de la Autoridad se ejercerán, y su política general se determinará, por una Junta de Directores (en adelante, la “Junta”). El Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico nombrará, con el consejo y consentimiento del Senado, tres (3) de los siete (7) miembros que compondrán la Junta, de los cuales uno (1) será ingeniero (a) autorizado a ejercer la profesión en Puerto Rico; uno (1) será un profesional con conocimiento y amplia experiencia en finanzas; y uno (1) será escogido por el Gobernador de una lista de al menos diez (10) personas sometida por las asociaciones profesionales y entidades sin fines de lucro que designe el Gobernador y que estén destacadas en economía, planificación, administración pública o desarrollo económico, o cuyos miembros sean personas destacadas en esas disciplinas. Dichas entidades tendrán treinta (30) días naturales para someter su terna de candidatos y candidatas a partir de que el Gobernador(a) la solicite. El Gobernador(a), dentro de su plena discreción, evaluará la recomendación hecha por éstas y escogerá una (1) persona de la lista. Si el Gobernador(a) rechazare las personas recomendadas, las referidas asociaciones o entidades procederán a someter otra lista dentro de los siguientes treinta (30) días calendario. Si el Gobernador(a) no eligiese a alguna de las personas recomendadas en la segunda terna, podrá designar a otra persona para ocupar el cargo, sin sujeción a recomendación alguna adicional por parte de las asociaciones profesionales o entidades sin fines de lucro antes mencionadas. Los otros cuatro (4) miembros de la Junta de Directores serán miembros ex officio. Los miembros ex officio serán el Secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (quien será su Presidente), el Presidente de la Junta de Planificación de Puerto Rico, el Secretario del Departamento de Hacienda y el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Los miembros ex-officio no podrán delegar en sus subalternos sus funciones como miembros de la Junta. El término de los tres (3) miembros que no son miembros ex officio será de cuatro (4) años, o hasta que sus sucesores tomen posesión del cargo.

   Se prohíbe terminantemente el pago de cualquier compensación y/o dieta a los miembros de la Junta.

   Toda vacante en los cargos de los tres (3) miembros que nombra el Gobernador, se cubrirá por nombramiento de éste, a tenor con las especificaciones que apliquen al cargo que haya quedado vacante, por el término que falte para la expiración del nombramiento original.

   No podrá ser miembro de la Junta persona alguna que:

(i) sea empleado, empleado jubilado o tenga interés económico sustancial, directo o indirecto, en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole;

(ii) en los dos (2) años anteriores a su cargo, haya tenido una relación o interés comercial en alguna empresa privada con la cual la Autoridad otorgue contratos o haga transacciones de cualquier índole;

(iii) haya sido miembro de un organismo directivo a nivel central o local de un partido político inscrito en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico durante el año previo a la fecha de su designación;

(iv) sea empleado, miembro, asesor o contratista de los sindicatos de trabajadores de la Autoridad; o

(v) no haya provisto la certificación de radicación de planillas correspondientes a los últimos cinco (5) años contributivos, la certificación negativa de deuda emitida por el Departamento de Hacienda, la certificación negativa de deuda con la Autoridad, el Certificado de Antecedentes Penales de la Policía de Puerto Rico, así como las certificaciones negativas de deuda de la Administración para el Sustento de Menores (ASUME) y del Centro de Recaudación de Impuestos Municipales (CRIM).

   En caso de ser empleado público, el tiempo que sirva en las reuniones de la Junta, se le garantizará como tiempo trabajado en la agencia, corporación o instrumentalidad pública en la cual desempeñe sus funciones.

(b) Organización de la Junta; quórum; designación del Director Ejecutivo. Dentro de los treinta (30) días después de nombrada, la Junta se reunirá, organizará y designará su Presidente (el Secretario del DTOP) y Vicepresidente. En esa misma ocasión designará y fijará la compensación de un Director Ejecutivo y designará, además, un Secretario, ninguno de los cuales será miembro de la Junta. Los trabajos de la Junta podrán realizarse en uno o más comités de trabajo, cuya composición y funciones serán delimitadas por el Presidente de la Junta. La Junta podrá delegar en el Director Ejecutivo o en los otros funcionarios, agentes o empleados de la Autoridad, aquellos poderes y deberes que estime propios. El Director Ejecutivo será el funcionario ejecutivo de la Autoridad y será responsable por la ejecución de su política y por la supervisión general de las fases operacionales de la Autoridad. La Junta tendrá la potestad de contratar, a través del Director Ejecutivo, aquellos asesores independientes que de tiempo en tiempo necesiten para poder descargar de manera óptima sus funciones bajo esta Ley. La Autoridad contará con un Auditor General, que será empleado de la Autoridad, pero que reportará sus hallazgos directamente a la Junta con total independencia de criterio.

   Cuatro (4) de los miembros de la Junta (o una mayoría de los miembros de la Junta en caso de haber vacantes), constituirán quórum para conducir los negocios de ésta y para cualquier otro fin. Todo acuerdo de la Junta se tomará por no menos de cuatro (4) de dichos miembros.

   El Director Ejecutivo tendrá a su cargo la supervisión general de los funcionarios, empleados y agentes de la Autoridad. El Director Ejecutivo podrá asistir a todas las reuniones de la Junta, pero no tendrá derecho al voto.

(c) Otros Poderes. — La Junta además tendrá facultad para aprobar, enmendar y derogar aquellos reglamentos que estime necesarios o convenientes para llevar a cabo sus fines, propósitos y actividades. La Junta determinará la distribución y el uso de su presupuesto de mejoras capitales y el de operaciones a tono con sus planes y necesidades.

 

Artículo 22. Interpretación Constitucional. (9 L.P.R.A. § 2001 nota)

 

   Las disposiciones de esta ley son independientes, y si cualesquiera de sus disposiciones fuere declarada inconstitucional por cualquier corte de jurisdicción competente, la decisión de dicha corte no afectará o invalidará ninguna de las disposiciones restantes.

 

Artículo 23. Vigencia. Esta ley entrará en vigor el primero de julio de 1965.

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

 

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