“Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”

 

Ley Núm. 4 de 11 de Octubre de 1985, según enmendada

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 12 de 16 de Junio de 1989

Ley Núm. 39 de 13 de Diciembre de 1990

Ley Núm. 76 de 28 de Agosto de 1991

Ley Núm. 18 de 24 de Marzo de 1996

Ley Núm. 123 de 11 de Agosto de 1996

Ley Núm. 319 de 23 de Octubre de 1999

Ley Núm. 159 de 11 de Agosto de 2000

Ley Núm. 333 de 2 de Septiembre de 2000

Ley Núm. 114 de 17 de Agosto de 2001

Ley Núm. 74 de 8 de Febrero de 2003

Ley Núm. 236 de 31 de Agosto de 2004

Ley Núm. 23 de 2 de Junio de 2009

Ley Núm. 95 de 10 de Septiembre de 2009

Ley Núm. 164 de 26 de Diciembre de 2013

Ley Núm. 81 de 22 de Julio de 2016)

 

 

Para crear la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras, establecer sus funciones, poderes y facultades; crear una Junta Financiera, establecer sus funciones, poderes y facultades; transferir las funciones, poderes y deberes del Departamento de Hacienda relacionados con la Ley Núm. 221, aprobada el 15 de mayo de 1948, según enmendada, Ley de Juegos de Azar; la Sección 2 (j) de la Ley Núm. 6 del 15 de diciembre de 1953, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1954; la Sección 2(j) (3) de la Ley Núm. 57 de 13 de junio de 1963, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1963; la Sección 2(i) (4), (5) y (6) de la Ley Núm. 26 de 2 de junio de 1978, según enmendada, Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico de 1978, según enmendada; Ley Núm. 8, aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar; Ley Núm. 3, aprobada el 13 de octubre de 1954, según enmendada, Ley Uniforme de Recibo de Fideicomiso; Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, Ley que crea el Fondo para la Investigación y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juego; para transferir las funciones, poderes y deberes del Departamento de Hacienda relacionadas con supervisión y fiscalización de la banca e instituciones financieras con respecto a la Ley Núm. 55, aprobada el 12 de mayo de 1933, según enmendada, Ley de Bancos de Puerto Rico; Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de 1965, según enmendada, Ley de Préstamos Personales Pequeños; Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, según enmendada, Ley de Instituciones Hipotecarias ; Ley Núm. 20, aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble; Ley Núm. 93, aprobada el 26 de junio de 1964,según enmendada, Ley de Bancos de Ahorro; Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada, Ley para Reglamentar la Venta de Giros; Ley Núm. 40, aprobada el 23 de abril de 1928, según enmendada, Ley de Compañías de Fideicomisos; Ley Núm. 131, aprobada el 23 de julio de 1974, según enmendada, Ley sobre Transferencia de Fondos al Extranjero; Ley Núm. 130, aprobada el 30 de junio de 1975, según enmendada, Ley de Préstamos sobre Prendas; Ley Núm. 60, aprobada el 18 de junio de 1963, según enmendada, Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico; Ley Núm. 6, aprobada el 19 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico; Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional; Ley Núm. 17, aprobada el 18 de abril de 1933 según enmendada; Ley Núm. 10, aprobada el 7 de marzo de 1951 ; para transferir la facultad para supervisar el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, Banco obrero de Ahorro y Préstamos de Puerto Rico, Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y Banco de Desarrollo de Puerto Rico; para transferir todas las funciones, poderes y deberes relacionados con la Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada, Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional; la Ley Núm. 1, aprobada el 15 de octubre de 1973, según enmendada, Ley de la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento; la Ley Núm. 86, aprobada el 24 de junio de 1954,según enmendada, Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial ; la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, Ley de ventas al Por Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento; asignar fondos a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que se crea mediante esta ley; enmendar la Sección 5.3 del Artículo 5 de la Ley Núm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, según enmendada, "Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico", el Artículo 2 de la Ley Núm. 1, aprobada el 15 de octubre de 1973, según enmendada; y para fijar penalidades

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

   Las industrias de la banca, de valores y de instituciones financieras en Puerto Rico son industrias dinámicas en continuo cambio y crecimiento. Estas industrias ejercen una influencia de inmensas proporciones sobre la economía de cualquier país. El rápido desarrollo de estas industrias en Puerto Rico les ha fortalecido y habilitado para prestar mayores y mejores servicios a la economía. La banca puertorriqueña por ejemplo, ha aumentado aceleradamente sus recursos alcanzando el 30 de junio de 1985 más de $21 billones. Nuestro pueblo, observa con gran celo el curso de estas industrias y la gestión fiscalizadora que el Gobierno ejerce sobre ellas.

   La fiscalización y supervisión de estas industrias está revestida de altas complejidades para lo cual se requiere un personal con conocimientos sumamente especializados. Experiencias recientes nos han demostrado que la estructura fiscalizadora gubernamental y los recursos humanos disponibles al presente son insuficientes para asegurar que en estas industrias prevalezcan estilos de conducta revestidos de pureza. Es responsabilidad ineludible del Estado asegurar que estén protegidos los intereses de aquellos que están vinculados a estas industrias por ser depositantes, acreedores, accionistas u otro tipo de asociación.

   La supervisión que se le ofrece a estas industrias está actualmente dividida en distintas agencias gubernamentales. La dispersión de esta responsabilidad supervisora ha creado duplicidad de recursos y trabajo, aumentos en los costos operacionales gubernamentales y ha generado confusión en el público quien con gran frecuencia desconoce la agencia a la cual debe dirigirse para resolver un problema.

   En la actualidad el Secretario de Hacienda supervisa, entre otras instituciones a los bancos comerciales, bancos de ahorro mutualistas, compañías de fideicomisos, compañías de préstamos personales pequeños, compañías de financiamiento de préstamos hipotecarios, compañías de arrendamiento de propiedad mueble, bancos gubernamentales, compañías de ventas de giros, casas de empeño y las casas de corretaje de valores. Estas instituciones tienen aproximadamente 900 unidades para servirle a Puerto Rico con recursos en exceso de $25 billones.

   El desarrollo económico de Puerto Rico ha aumentado la complejidad del negocio financiero y es necesario que el Gobierno equipare su capacidad para fiscalizarlo. La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá la función reglamentadora de las leyes cuya supervisión le ha sido encomendada para equiparla con la agilidad y flexibilidad necesarias para honrar sus compromisos a la satisfacción de todos.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

Artículo 1. — Título de la Ley. (7 L.P.R.A § 2001)

 

   Esta ley se conocerá y podrá citarse como “Ley de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”.

 

Artículo 2.Creación de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. (7 L.P.R.A § 2002)

 

   Se crea por esta ley la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

 

Artículo 3.Propósitos de la Oficina del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2003)

 

   La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras tendrá, entre otras funciones dispuestas en esta ley, la responsabilidad primordial de fiscalización y supervisión de las instituciones financieras que operen o hagan negocios en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

    Se considerará como agencia de orden público a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras a los fines únicos de que ésta pueda reunir y cotejar información que será obtenida de y que deberán facilitar las clásicas agencias de orden público del Gobierno de Puerto Rico sobre historial criminal de aquellas personas sobre las cuales haya la necesidad de evaluar dicho historial para el descargo de las funciones que esta ley, otras leyes y reglamentos le imponen. En caso de que dicha información se encuentre en poder de agencias de orden público estatales, federales o extranjeras, la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras será igualmente reconocida como tal por el Gobierno de Puerto Rico ante dichas agencias, de manera que pueda solicitarse la información directamente al organismo en cuestión. La información que se obtenga, mediante la facultad aquí inherente, recibirá por parte de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras aquel grado de confidencialidad que observe sobre dicha información la propia agencia de investigación y orden público que haya suministrado la misma.

 

Artículo 4.Definiciones. (7 L.P.R.A § 2004)

 

   Los siguientes términos, a los efectos de esta ley, tendrán el significado que a continuación se expresan:

(a) Banco. — Significará cualquier persona que haga negocios bancarios en Puerto Rico.

(b) Negocio bancario. — Significará el negocio de comprar, vender, pagar o cobrar letras de cambio, expedir cartas de crédito, o recibir dinero para su transmisión y transmitir el mismo mediante giro, cheque o de otro modo, o conceder préstamos, o recibir depósitos, o en general, dedicarse, mediante combinación de cualesquiera de las anteriores funciones, a cualesquiera de las anteriores funciones, a cualquier transacción de naturaleza bancaria que un banco esté autorizado para efectuar bajo este título, conocido como “Ley de Bancos de Puerto Rico”.

(c) Persona. — Significará cualquier individuo, sociedad, corporación, asociación o cualquier otro ente jurídico o natural.

(d) Oficina del Comisionado. — Significará Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

(e) Junta. — Significará la Junta Financiera creada en el Artículo 8 de esta ley (7 L.P.R.A. § 2008).

(f) Comisionado. — Significará el Comisionado de Instituciones Financieras.

(g) Instituciones financieras. — Significará e incluirá a:

(1) Toda institución bancaria que haga negocios en Puerto Rico, conforme las disposiciones de la Ley Núm. 55, de 12 de mayo de 1933, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico.

(2) Toda compañía de préstamos personales pequeños organizada bajo la Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de 1965, según enmendada, conocida como Ley de Préstamos Personales Pequeños (10 L.P.R.A. secs. 941 a 959).

(3) Todo banco de ahorros doméstico que haga negocios en Puerto Rico.

(4) Cualquier compañía de fideicomisos que haga negocios de fideicomisos y funciones en Puerto Rico bajo las disposiciones de la Ley Núm. 40, de 23 de abril de 1928, según enmendada, conocida como “Ley de Compañías de Fideicomisos” [Nota: Sustituida por la Ley 219-2012, "Ley de Fideicomisos].

(5) Cualquier corporación o persona que haga negocios en Puerto Rico que esté sujeta a los requisitos de licencia exigibles bajo las disposiciones de la Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, conocida como “Ley de Instituciones Hipotecarias [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 247-2010, “Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico”].

(6) Todo fideicomiso de inversiones en bienes raíces que haga negocios en Puerto Rico, excepto cuando distribuya a sus accionistas el noventa por ciento (90%) o más de su ingreso neto anual.

(7) Cualquier otra institución o persona que se dedique a negocios de intermediación financiera como prestamista, agente, corredor o intermediario de inversiones, depósitos, préstamos o financiamientos con un volumen combinado de negocios en exceso de diez mil dólares ($10,000), sin estar específicamente autorizado a tales fines por ley y reglamento. Sujeto a lo dispuesto en la Ley Núm. 170 del 12 de Agosto de 1988, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”], el Comisionado queda expresamente facultado para aprobar, promulgar, enmendar, implantar, aplicar y hacer cumplir las reglas, reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones que crea necesarias o convenientes para autorizar, denegar, reglamentar, supervisar y fiscalizar las actividades y las personas descritas en esta cláusula.

(8) Toda persona o compañía de arrendamiento de propiedad mueble que haga negocios en Puerto Rico al amparo de la Ley Núm. 20, aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, conocida como “Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble (10 L.P.R.A. secs. 996 a 996l).

(9) Toda compañía de venta de giros que opere bajo la Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada [Nota: Derogada por la Ley 46-1991; derogada por la Ley 106-1996; derogada y sustituida por la Ley 136-2010, “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”].

(10) Toda compañía que se dedique al financiamiento de ventas a plazo la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley de Ventas al Por Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento (10 L.P.R.A. secs. 731 a 793).

(11) Toda compañía que se dedique al negocio de financiamiento de contratos de refacción industrial y comercial bajo la Ley Núm. 86, aprobada el 24 de junio de 1954, según enmendada, “Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial [Nota: Derogada por la Ley 241-1996, Art. 17; la cual enmendó la Ley 208-1995, “Ley de Transacciones Comerciales”].

(12) Toda entidad bancaria internacional organizada bajo la Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional, Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980 [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 52-1989, “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional”].

(13) Toda compañía de inversión que haga negocios en Puerto Rico bajo las disposiciones de la “Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico”, Ley Núm. 6, aprobada el 19 de Octubre de 1954, según enmendada [Nota: Sustituida por la Ley 93-2013, “Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013”]

(14) Todo corredor-traficante de valores que haga negocios en Puerto Rico bajo la Ley Núm. 60, aprobada el 19 de Junio de 1963, según enmendada (10 L.P.R.A. secs. 851 a 898).

(15) Toda persona o entidad que se dedique al negocio de cesión de cuentas por cobrar bajo la Ley Núm. 8, aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada [Nota: Derogada por la Ley 241-1996, Art. 17; la cual enmendó la Ley 208-1995, “Ley de Transacciones Comerciales”], y,

(16) Toda persona o entidad que haga negocios bajo la Ley de 13 de octubre de 1954.

(17) La Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, creada por la Ley Núm. 133 de 28 de Junio de 1966, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 9-2013, “Ley de la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 2013”], en lo referente a los negocios que estén bajo el deber de fiscalización y supervisión de la Oficina del Comisionado.

(h) Prácticas inadecuadas en la operación de la institución financiera. — Serán aquellas que resulten de conformidad con las leyes que por esta ley habrá de poner en ejecución el Comisionado.

 

Artículo 5.Dirección de la Oficina del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2005)

 

(a) Comisionado de Instituciones Financieras. — La Oficina del Comisionado estará bajo la dirección de un Comisionado, quien será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico, y le será directamente responsable al Gobernador.

El Comisionado podrá acogerse a los beneficios de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada, que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico.

(b) Competencia del Comisionado — El Comisionado deberá ser una persona de carácter y reputación intachables y reconocida competencia en materias financieras.

(c) Sucesor del Comisionado — En caso de quedar vacante el cargo de Comisionado, el sucesor será nombrado como se dispone en el inciso (a) de este Artículo.

 

Artículo 6.Personal de la Oficina del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2006)

 

(a) Subcomisionado. — El Comisionado nombrará a un Subcomisionado y uno o más Asistentes y Comisionados Auxiliares de probada reputación moral, y con la experiencia y conocimiento en materias financieras que considere necesarios para el mejor cumplimiento de los propósitos de la Oficina del Comisionado. En caso de enfermedad, incapacidad, ausencia temporal o cuando por cualquier otra causa el cargo de Comisionado adviniera vacante, el Subcomisionado asumirá todas sus funciones, deberes y facultades hasta tanto el sucesor sea designado y tome posesión del cargo.

(b) Sueldo del Comisionado y Subcomisionado. — El Comisionado y el Subcomisionado devengarán el sueldo anual que se les fije por el Gobernador, de acuerdo a las normas que rigen para cargos de igual o similar nivel en el Gobierno de Puerto Rico.

(c) Todo oficial y empleado de la Oficina del Comisionado, excepto el Comisionado, Subcomisionado, los Asistentes y Comisionados Auxiliares, los cuales se desempeñarán como empleados de confianza, estarán en el servicio de carrera. Cualquier persona que con anterioridad a su servicio como Comisionado, Subcomisionado, Asistente o Comisionado Auxiliar, hubiese sido empleado regular en un puesto de carrera, tendrá derecho a que se le reinstale en un puesto igual o similar al que ocupó en el servicio de carrera al momento en que pasó a ocupar el de confianza.

   Al personal que se le requiera una especial competencia y conocimiento sobre la investigación de instituciones financieras, el Comisionado podrá asignarle un sueldo mayor al que perciba el personal de iguales o similares niveles en las demás agencias gubernamentales.

(d) El Comisionado podrá delegar en cualquier oficial o empleado de la Oficina del Comisionado cualesquiera de sus facultades, deberes y prerrogativas, excepto el poder de reglamentación.

(e) Todos los funcionarios y empleados que en el ejercicio de sus funciones en alguna forma intervengan o tengan la custodia de dinero, valores o cualquier propiedad pública, deberán estar cubiertos por fianza conforme determine el Comisionado, cuya fianza se regirá por la Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico, Ley Núm. 230 de 23 de Julio de 1974, según enmendada.

 

Artículo 7.Transferencia a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras. (7 L.P.R.A § 2007)

 

   Se transfieren a la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras:

(a) Todas las funciones, poderes y deberes del Secretario y/o del Departamento de Hacienda relacionados con la Ley Núm. 221, aprobada el 15 de mayo de 1948, según enmendada conocida como “Ley de Juegos de Azar”; la Sección 2 (j) de la Ley Núm. 6 del 15 de diciembre de 1953, según enmendada, conocida como Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1954; la Sección 2 (j) (3) de la Ley Núm. 57 de 13 de junio de 1963, según enmendada, Ley de Incentivo Industrial de Puerto Rico de 1963; la Sección 2 (j) (4), (5) y (6) de la Ley Núm. 26 de 2 de junio de 1978, según enmendada, Ley de Incentivos Industriales de Puerto Rico de 1978, según enmendada; Ley Núm. 8 aprobada el 8 de octubre de 1954, según enmendada, conocida como Ley de Cesión de Cuentas por Cobrar [Nota: Derogada por la Ley 241-1996, Art. 17; la cual enmendó la Ley 208-1995, “Ley de Transacciones Comerciales”]; Ley Núm. 3 aprobada el 13 de octubre de 1954, según enmendada, Ley Uniforme de Recibo de Fideicomiso; Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada, Ley que crea el Fondo para la investigación y examen de instituciones financieras y casinos de juego; todas las funciones, poderes y deberes del Secretario y/o del Departamento de Hacienda relacionados con la supervisión y fiscalización de la banca e instituciones financieras, con respecto a la Ley Núm. 55, aprobada el 12 de mayo de 1933, según enmendada, Ley de Bancos de Puerto Rico; Ley Núm. 106, aprobada el 28 de junio de 1965, según enmendada, Ley de Préstamos Personales Pequeños; Ley Núm. 97, aprobada el 5 de junio de 1973, según enmendada, Ley de Instituciones Hipotecarias [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 247-2010, “Ley para Regular el Negocio de Préstamos Hipotecarios de Puerto Rico”]; Ley Núm. 20 aprobada el 8 de mayo de 1973, según enmendada, Ley de Arrendamiento de Propiedad Mueble; Ley Núm. 93, aprobada el 26 de junio de 1964, según enmendada, Ley de Bancos de Ahorro; Ley Núm. 17, aprobada el 3 de mayo de 1967, según enmendada, Ley para Reglamentar la Venta de Giros [Nota: Derogada por la Ley 46-1991; derogada por la Ley 106-1996; derogada y sustituida por la Ley 136-2010, “Ley para Regular los Negocios de Servicios Monetarios”]; Ley Núm. 40, aprobada el 23 de abril de 1928, según enmendada, Ley de Compañías de Fideicomisos [Nota: Sustituida por la Ley 219-2012, "Ley de Fideicomisos]; Ley Núm. 130, aprobada el 30 de junio de 1975, según enmendada, Ley de Préstamos sobre Prendas; Ley Núm. 60, aprobada el 18 de junio de 1963, según enmendada, Ley Uniforme de Valores de Puerto Rico; Ley Núm. 6, aprobada el 19 de octubre de 1954, según enmendada, Ley de Compañías de Inversiones de Puerto Rico [Nota: Sustituida por la Ley 93-2013,“Ley de Compañías de Inversión de Puerto Rico de 2013”]; Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada, conocida como Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 52-1989, “Ley Reguladora del Centro Bancario Internacional”.]; Ley Núm. 17, aprobada en 18 de abril de 1933 según enmendada; Ley Núm. 10, aprobada el 7 de marzo de 1951; y la facultad para supervisar el Banco Cooperativo de Puerto Rico, Banco y Agencia de Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico, Banco Obrero de Ahorro y Préstamos de Puerto Rico, Banco de Gubernamental de Fomento para Puerto Rico y Banco de Desarrollo de Puerto Rico; todas las funciones, poderes y deberes relacionados con la Ley Núm. 86, aprobada el 24 de junio de 1954, según enmendada, Ley de Contratos de Refacción Industrial y Comercial [Nota: Derogada por la Ley 241-1996, Art. 17; la cual enmendó la Ley 208-1995, “Ley de Transacciones Comerciales”]; la Ley Núm. 68, aprobada el 19 de junio de 1964, según enmendada, conocida como Ley de Ventas al Por Menor a Plazos y Compañías de Financiamiento.

(b) Toda la propiedad, documentos, cantidades no gastadas de las asignaciones, partidas y otros fondos en poder y bajo la custodia de las agencias dedicadas a la administración de las leyes que se refieren en el inciso (a) de este Artículo.

(c) Todo el personal que los Secretarios de Hacienda y del Departamento de Asuntos del Consumidor determinen que ha estado dedicado a la implantación y administración de las leyes que se refieren en el inciso (a) de este Artículo. Dicho personal conservará los privilegios y derechos adquiridos al amparo de la Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico, Ley Núm. 5, aprobada el 14 de octubre de 1975, según enmendada.

 

Artículo 8.Junta Financiera. (7 L.P.R.A § 2008)

 

(a) Se crea la Junta Financiera en la Oficina del Comisionado, la cual se compondrá de nueve (9) miembros, incluyendo al Comisionado.

(b) Los otros miembros son: el Secretario de Hacienda, que actuará como Presidente de la Junta, el Secretario de Desarrollo Económico y Comercio, el Secretario de Asuntos del Consumidor, el Presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, el Presidente de la Junta de Planificación, el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Presidente Ejecutivo de la Corporación Pública para la Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico y el Comisionado de Seguros.

   Se faculta a dicha Junta para fijar, regular, aumentar o disminuir, por reglamento y, durante el tiempo que ello fuere necesario, los tipos de interés o cargos máximos aplicables a determinadas transacciones económicas dentro del marco de cualquier sector, renglón o actividad del país, no cubiertas por leyes especiales, excepto la Sección 14 de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada (7 L.P.R.A. § 111), incluyendo el interés pagadero sobre depósitos en instituciones bancarias e instituciones financieras, pero todo ello sujeto y de conformidad con las siguientes normas:

(1) El tipo de interés y el sector económico al cual fuere aplicable se determinará por reglamento.

(2) La determinación de elevar las tasas de interés será tomada cuando razonablemente puede anticiparse que por causa de discrepancias entre las tasas de interés prevalecientes en el mercado y las máximas permitidas por ley en Puerto Rico hay el riesgo de que se detenga o reduzca la inversión de capital en determinados sectores o actividades económicas en Puerto Rico.

(3) La decisión deberá estar basada en un estudio sobre el costo prevaleciente en el mercado para el dinero disponible para financiar diferentes renglones o actividades económicas y el perjuicio a la economía en general, a cualesquiera de sus sectores o al ciudadano, que pudiera ocurrir de no tomarse acción para cambiar, aumentando o reduciendo las tasas de interés o cargo vigentes en un momento dado. La Junta Financiera podrá, además, determinar no fijar tasas máximas de interés y cargos, y dejar el mercado a la libre competencia.   

   Disponiéndose, además, que la Junta Financiera podrá solicitar asesoramiento de la industria financiera.

(c) Los gastos de viaje de cualquier miembro de la Junta en representación de la Junta se pagarán de acuerdo a la reglamentación que emita ésta al efecto.

(d) La Junta se reunirá cuando el Presidente convoque la misma según lo estime necesario, previo aviso, con no menos de veinticuatro (24) horas de antelación. Cuatro (4) de sus miembros constituirán quórum, en cuyo cómputo siempre deberá considerarse la participación del Secretario de Hacienda y el Comisionado. Los miembros tendrán derecho a participar en cualquier reunión mediante conferencia telefónica, u otro medio de comunicación, a través del cual todas las personas participantes en la reunión puedan escucharse simultáneamente. La participación de la Junta en la forma antes descrita constituirá asistencia a dicha reunión. En toda determinación que tome la Junta deberá haber quórum y se aprobará con el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta que estén presentes. En caso de que no se obtenga el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta presente por resultar la votación en un empate, la propuesta discutida quedará derrotada. Además, la Junta podrá emitir determinaciones vía referéndum. La aprobación de una determinación vía referéndum requiere el voto afirmativo de la mayoría de los miembros de la Junta.

(e) Ningún miembro de la Junta tomará parte en las deliberaciones y decisiones sobre cualquier asunto a tratarse relacionado con cualquier corporación, sociedad, asociación no incorporada, o persona, cuando aquél sea parte interesada, o fuere o hubiere sido en cualquier momento durante los tres (3) años anteriores, un oficial, director, socio, empleado, miembro o accionista. Un miembro puede inhibirse de participar en las deliberaciones y decisiones por cualquier otro motivo que éste o la Junta estime justificado.

(f) Cualquier ayuda técnica, legal o de oficina que pueda necesitar la Junta será suministrada por el Comisionado.

 

Artículo 9.Funciones de la Junta Financiera. (7 L.P.R.A § 2009)

 

   La Junta será la sucesora en derecho de la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamientos, creada por la Ley Núm. 1 del 15 de octubre de 1973 (10 L.P.R.A. secs. 998 et seq.). Como tal será su responsabilidad el fijar, regular, aumentar o disminuir, por reglamento y, durante el tiempo que ello fuere necesario, los tipos de interés y/o cargos máximos aplicables a determinadas transacciones económicas dentro del marco de cualesquiera sector, renglón o actividad económica del país, no cubiertas por leyes especiales. Además, la Junta Financiera servirá de organismo asesor a la Oficina del Comisionado a los fines de contribuir al desarrollo ordenado de las instituciones financieras y propiciar y recomendar medios para la creación y mantenimiento de condiciones financieras y crediticias favorables a la estabilidad y crecimiento económico del país.

   La Junta Financiera, además, asesorará al Comisionado en el cumplimiento de la política pública establecida por esta ley.

 

Artículo 9-A.Vistas; citaciones; juramentos; información y personal. (7 L.P.R.A § 2009a)

 

   A fin de que la Junta pueda cumplir adecuadamente con las funciones que le son impuestas mediante esta ley, podrá celebrar vistas y solicitar cualquier información que estimare pertinente de parte de las personas o entidades que pudiesen ser afectadas por cualesquiera de sus determinaciones.

   Se faculta a la Junta Financiera para llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre los asuntos autorizados por esta ley y a tales fines el Presidente de la Junta o la persona que él designe podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos.

   El Presidente de la Junta o la persona que él designe podrá expedir citaciones requiriendo la comparecencia de testigos y la presentación de datos o información para llevar a cabo los propósitos de esta ley. Podrá, además, por sí o mediante delegación debidamente autorizada, tomar juramento y recibir testimonios, datos o información.

   Si una citación expedida por el Presidente de la Junta o la persona por él designada no fuese debidamente cumplida, el Presidente podrá comparecer ante el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico y solicitar se ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y podrá dictar órdenes haciendo obligatoria la comparecencia de testigos o la presentación de los datos o información requerida previamente por el Presidente de la Junta o la persona designada por éste. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes.

   Ninguna persona podrá negarse a cumplir una citación del Presidente de la Junta o la persona designada por éste, o producir la evidencia requerídale, o rehusar contestar cualquier pregunta en relación con cualquier estudio o investigación, o negarse a cumplir una orden judicial así expedida, alegando que el testimonio o la evidencia que se le requiere podría incriminarle o le expondría a un proceso criminal o a que se le destituyese o suspendiera de su empleo, profesión u ocupación; pero el testimonio o evidencia producida por dicha persona a requerimiento del Presidente de la Junta o la persona designada por éste, o en virtud de orden judicial, no podrá ser utilizada o presentada como prueba en su contra en ningún proceso criminal, o en procesos civiles o administrativos que puedan resultar en su destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación.

   La evidencia y el testimonio obtenidos por este medio no podrá referírsele, suministrársele o entregársele a ninguna agencia estatal o federal que no esté dispuesta a conferirle inmunidad a la persona que da el testimonio o produce la evidencia que tenga el mismo alcance que se le confiere en virtud de esta ley.

   La agencia federal o estatal deberá suscribir un acuerdo de inmunidad con la persona que da el testimonio o produce la evidencia antes de que pueda referírsele, suministrársele o entregársele el testimonio o la evidencia concernida.

   La Junta Financiera establecerá los mecanismos necesarios para su eficaz operación, incluyendo el mantenerse alerta a los cambios en las condiciones del mercado monetario y todo lo demás relacionado con la implementación de esta ley. Para ello los miembros de la Junta aportarán los recursos de información y personal que sean necesarios.

 

Artículo 9-B.Reglamentos. (7 L.P.R.A § 2009b)

 

   Cuando sea aprobado, enmendado o derogado un reglamento por la Junta Financiera, dicho reglamento, enmienda o derogación, deberá cumplir con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017, “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”].

   Las disposiciones de los reglamentos aprobados en virtud de lo provisto en el Artículo 8 de la Ley Núm. 4 de 11 de Octubre de 1985, según enmendada (7 L.P.R.A. § 2008), no serán aplicables a contratos hechos ni a obligaciones anteriores a la fecha de vigencia de los reglamentos. Todo contrato se regirá por las disposiciones del reglamento en vigor a la fecha del perfeccionamiento del contrato, aún cuando dicho reglamento fuere posteriormente enmendado o derogado.

 

Artículo 10.Facultades del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2010)

 

(a) El Comisionado, además de los poderes y facultades transferidos por la presente, tendrá poderes y facultades para:

(1) Reglamentar sus propios procedimientos y normas de trabajo.

(2) Instrumentar mediante reglamento cualquier disposición, definir con la aprobación de la Junta cualquier término no definido por esta ley u otras leyes que sea su responsabilidad administrar; adoptar, aprobar, enmendar, o revocar aquellas reglas y reglamentos, órdenes, resoluciones y determinaciones necesarias al cumplimiento de esta ley.

   El Comisionado, antes de aprobar cualesquiera de los reglamentos dispuestos en esta ley o en cualesquiera otras leyes bajo su administración y jurisdicción, que no sean los de funcionamiento interno de su Oficina, los someterá a la Junta Financiera para su recomendación.

(3) Atender, investigar y resolver las querellas presentadas a la Junta o a la Oficina del Comisionado.

(4) Interponer cualesquiera remedios, acciones o procedimientos legales que fueran necesarios o convenientes para hacer efectivos los propósitos de esta ley o cualquier otra ley o reglamento, cuyo cumplimiento o fiscalización le haya sido asignada, ya sea representado por sus abogados o por el Secretario de Justicia, previa solicitud a tales efectos.

Además, el Comisionado deberá designar a un funcionario de la Oficina del Comisionado para que le brinde apoyo y asesoramiento al fiscal del Departamento de Justicia que tenga la encomienda de instar un procedimiento criminal por violación a las leyes, reglamentos u órdenes bajo la administración de la Oficina del Comisionado.

(5) Hacer contratos o convenios con personas o instituciones públicas o privadas para llevar a cabo investigaciones, estudios o cualquier otro análisis para hacer efectivos los propósitos de esta ley.

(6) Requerir de toda persona cubierta por las disposiciones de esta ley, que lleve y conserve aquellos récords y otros documentos que fueren necesarios para poner en vigor la misma.

(7) Inspeccionar toda clase de récord y documentos de toda persona que conceda préstamos esporádicos o habitualmente, cuando lo considere conveniente al mejor interés público.

(8) Realizar todos aquellos actos necesarios para el logro eficaz de los propósitos de esta ley.

(9) Imponer multas administrativas por las violaciones a las leyes que administra o las reglas, reglamentos y órdenes aprobados o dictados por él, según se señala en el Artículo 20 de esta ley (7 L.P.R.A. § 2020).

(10)

(A) Cuando alguna de las leyes y reglamentos que administre no disponga lo contrario, emitir previa notificación y vista, órdenes para cesar y desistir y prescribir los términos y determine son para el beneficio del público [sic]. Cuando de acuerdo al Comisionado la referida violación causa o puede causar un grave daño inmediato a la industria, ciudadanía o personas en particular, éste podrá emitir dicha orden de carácter sumario, obviando el requisito de notificación y celebración de la vista, hasta tanto se disponga en forma final cualquier procedimiento instituido de acuerdo con este Artículo. Al dictar la orden el Comisionado deberá prontamente notificar, según se especifica más adelante, que la misma ha sido dictada y las razones a que la misma obedece y que dentro de quince (15) días contados a partir del recibo de solicitud escrita el asunto será señalado para vista. Si no solicitase la celebración de vista y el Comisionado no la ordenase, la orden continuará en vigor hasta tanto sea modificada o dejada sin efecto por el Comisionado. Si se solicitase u ordenase la celebración de una vista, el Comisionado, luego de notificar dicha vista y de dar oportunidad a cada persona, según se especifica más adelante, de ser oída en la misma, podrá notificar o dejar sin efecto la orden o prorrogarla hasta tanto se disponga de la cuestión en forma final.

(B) El Comisionado podrá dejar sin efecto o modificar una orden si determina que las condiciones que le indujeron a dictarla han cambiado o que por alguna otra razón conviene al interés público así hacerlo.

(11) Recurrir al Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico en solicitud de que se ponga en vigor cualquier orden de cesar y desistir por él emitida.

(12)

(A) Llevar a cabo toda clase de estudios e investigaciones sobre asuntos que afecten a cualquier rama de la industria bancaria, financiera y valores para los cuales podrá requerir la información que sea necesaria, pertinente y esencial para lograr tales propósitos; podrá requerir o permitir a cualquier persona presentar una declaración por escrito, bajo juramento o en cualquier otra forma, según el Comisionado determine, relativa a los hechos y circunstancias concernientes al asunto que se va a estudiar o investigar.

(B) Administrar juramentos y afirmaciones, citar testigos, compeler su asistencia tomar evidencia y requerir la presentación de libros, papeles, correspondencia, apuntes, convenios u otros documentos o registros que el Comisionado estime que son relevantes o sustanciales a la investigación.

(C) En caso de rebeldía por, o negativa a obedecer una citación expedida a cualquier persona, el Tribunal de Primera Instancia, a solicitud hecha por el Comisionado, podrá expedir una orden requiriendo a la persona que comparezca ante el Comisionado o el oficial designado por él, para que produzca evidencia documental o para que aporte evidencia relativa al asunto en controversia, investigación o estudio. El incumplimiento de la orden del tribunal podrá ser castigada por éste como desacato al tribunal. El Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso y despacho de la petición del Comisionado.

(D) Cuando una persona reclame que el cumplir con una citación o contestar cualquier controversia, investigación o estudio, o alegue que la evidencia que se le requiere podría exponerle a un proceso de naturaleza administrativa o a que se le destituya o se le suspenda de su empleo, profesión u ocupación, el Comisionado podrá garantizar que la información a suministrarse no será utilizada en su contra en proceso alguno de naturaleza administrativa que pueda conllevar la destitución o suspensión de su empleo, profesión u ocupación. Cuando el reclamo sea que la información a suministrarse expone a la persona a un proceso de naturaleza criminal o civil, el Comisionado podrá gestionar con el Secretario de Justicia la concesión de inmunidad criminal o civil cuando su investigación requiera de la persona que conteste las preguntas o que entregue la evidencia requerida por el Comisionado. Una vez concedida la inmunidad administrativa por el Comisionado o la inmunidad civil o criminal por el Secretario de Justicia, la persona no podrá negarse a cumplir con la citación del Comisionado ni rehusar contestar cualquier pregunta en relación con cualquier controversia, investigación o estudio del Comisionado ni negarse a entregar la evidencia que se le requiera.

(E) No podrá dictarse una orden bajo ninguna parte de la presente sección excepto la segunda oración en la cláusula (10)(A) de este Artículo, sin que:

(i) Se dé notificación previa apropiada a las personas que corresponda en su sitio de negocios, o donde se localicen personalmente o por correo certificado a su última dirección conocida;

(ii) se dé a los interesados la oportunidad de ser oídos, y

(iii) se formulen determinaciones de hecho y conclusiones de derecho por escrito.

(13) Nombrar todo el personal que considere necesario para llevar a cabo las funciones en él designadas.

(14) El Comisionado queda autorizado para establecer mediante reglamento aquellos cargos que estime razonables por la producción de consultas, expedición de opiniones o determinaciones administrativas, otorgación de permisos autorizados por ley o reglamento, o por la prestación de cualesquiera otros servicios similares en relación con cualesquiera de las leyes y reglamentos que administre o estén bajo su jurisdicción.

(15)

(A) Otorgar contratos o convenios de cooperación con otras jurisdicciones para, entre otras cosas, llevar a cabo exámenes conjuntos y compartir información confidencial, no obstante lo dispuesto en el inciso (d) del Artículo 20 (7 L.P.R.A. § 2020), recopilada en dichos exámenes de instituciones financieras, coordinar y compartir información con cualquier otra agencia supervisora de instituciones financieras de cualquier otra jurisdicción, o cualquier organización afiliada con o representando una o más agencias supervisoras de instituciones financieras.

(B) Antes de divulgar cualquier información confidencial a tenor con lo dispuesto en cláusula (15)(A) de este Artículo, el Comisionado obtendrá de dicha agencia supervisora un compromiso de mantener el carácter confidencial de tal información, hasta donde sea permisible bajo ésta o cualquier otra ley aplicable.

(16) Aceptar, a su entera discreción, cualquier informe de examen o informe de investigación de cualquier otra agencia supervisora de instituciones financieras de cualquier otra jurisdicción, con jurisdicción concurrente sobre una institución financiera organizada en o haciendo negocios en Puerto Rico, en sustitución del examen o investigación de tal institución financiera por parte del propio Comisionado.

(17) Participar en exámenes o investigaciones conjuntas con cualquier otra agencia supervisora con jurisdicción concurrente sobre cualquier institución financiera de Puerto Rico. Disponiéndose, sin embargo, que el Comisionado podrá tomar cualesquiera de estas acciones de manera independiente si determina que tal acción es necesaria o apropiada para desempeñar sus responsabilidades bajo esta ley y para asegurar el cumplimiento de las leyes de Puerto Rico.

(18) Otorgar contratos o convenios para obtener el servicio de examinadores o para compartir examinadores con otros reguladores de instituciones financieras. Dichos contratos estarán exentos de los requisitos de subasta, si alguno fuere aplicable, y

(19)

(A) Imponer cargos de examen y supervisión pertinentes al desempeño de los deberes del Comisionado bajo esta ley, los cuales serán pagados por las instituciones financieras organizadas en, o haciendo negocios en Puerto Rico, de acuerdo a los reglamentos que a tales efectos se adopten por el Comisionado las cuales ingresarán al Fondo para la Investigación y Examen de Instituciones Financieras y casinos de juegos.

(B) Dichos cargos podrán compartirse con otras agencias supervisoras de instituciones financieras u otras organizaciones afiliadas con o representando a una o más agencias supervisoras de acuerdo a los convenios otorgados entre éstas y el Comisionado.

(20) El Comisionado queda autorizado para establecer mediante reglamento, las disposiciones necesarias para cumplir con el deber de fiscalización y supervisión de los negocios realizados por la Asociación de Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que formen parte de su jurisdicción.

(b) Si como consecuencia de una auditoría, examen o inspección o de un informe rendido por un examinador, se demuestre que la institución financiera carece de una situación económica y financiera sólida o que está operada o administrada de tal manera que el público o las personas y entidades que tengan fondos o valores bajo su custodia estén en peligro de ser defraudados y en ausencia de disposición específica en la ley que regule la institución financiera en cuestión y que lo faculte similarmente, el Comisionado podrá asumir la dirección y administración de la institución financiera, y nombrar con prontitud un síndico, que en el caso de instituciones financieras aseguradas podrá ser su ente asegurador. El Comisionado deberá celebrar una vista antes de emitir una orden para colocar una institución financiera bajo su dirección o la de un síndico. No obstante, el Comisionado podrá emitir una orden provisional nombrando un síndico administrador sin necesidad de celebrar una vista cuando a su juicio la situación de la institución financiera sea de tal naturaleza que se esté causando o pueda causarse daño irreparable a los intereses de la misma, o de las personas y entidades con fondos o valores en la institución.

   Cuando el Comisionado emita una orden provisional a los fines de nombrar un síndico, deberá notificar al Gobernador los detalles y fundamentos de su determinación y deberá celebrar una vista administrativa dentro de los diez (10) días siguientes a la fecha de notificación de la misma para determinar si se hace permanente o se revoca. El síndico así nombrado administrará la institución financiera de acuerdo a las disposiciones de la ley y reglamentos que gobiernan dicha institución y a tenor con los reglamentos promulgados por el Comisionado para sindicaturas o medidas de emergencia declaradas bajo esta sección de ley.

   Dicha sindicatura terminará con la total liquidación de la institución financiera si así fuere necesario o cuando las operaciones de la misma según lo certifique el síndico, permitan, a juicio del Comisionado, devolver la administración de la institución a sus funcionarios y oficiales, debidamente electos y nombrados, bajo aquellas circunstancias que estipule el Comisionado. El Comisionado podrá fijar una compensación razonable por los servicios del síndico y los empleados de éste. La determinación del Comisionado de asumir la administración y dirección de una institución financiera o de nombrar un síndico podrá ser revisada por el Tribunal del Circuito de Apelaciones, mediante recurso radicado dentro del término de diez días contados a partir de la fecha de la determinación.

 

Artículo 11.Suspensión y Remoción de Directores y Oficiales. (7 L.P.R.A § 2011)

 

(a) Cuando el Comisionado tenga motivos fundados para creer que cualquier miembro de la junta de directores u oficiales de una institución financiera supervisada por la Oficina del Comisionado ha cometido una violación o está violando cualquier ley en relación con dicha entidad, o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo del negocio, el Comisionado formulará cargos a dicho miembro de la junta de directores u oficial para que comparezca ante él o ante su representante autorizado, dentro de un plazo de tiempo y en un procedimiento que por reglamento establezca el Comisionado, a mostrar causa por la cual no debe ser destituido.

(b) Copia de la notificación de cargos será enviada por correo certificado con acuse de recibo a cada miembro de la junta directiva de la institución financiera afectada.

(c) Si el Comisionado determinare, después de concederle al miembro de la junta directiva u oficial una oportunidad razonable para ser oído, que éste ha violado cualquier ley relacionada con dicha institución financiera o ha seguido prácticas inadecuadas en el manejo de los negocios de dicha institución, podrá ordenar que dicho miembro de la junta directiva u oficial sea destituido de su cargo.

(d) El Comisionado enviará copia de la orden de destitución a la persona afectada y otra copia a la entidad de la cual él es miembro de la junta directiva u oficial para ser sometida inmediatamente al Comité Ejecutivo o junta directiva de dicha entidad. En ese caso, dicho miembro de la junta directiva u oficial, cesará de ser miembro de la junta directiva u oficial de dicha institución financiera inmediatamente al recibo de la notificación de la orden del Comisionado.

(e) La orden y las determinaciones de hecho y conclusiones de derecho en que se fundamente la misma no se harán públicas, ni se divulgarán a nadie, con excepción del miembro de la junta directiva u oficial envuelto y los directores de la institución financiera concernida, salvo en relación con procedimientos motivados por una violación de este Artículo, o de una revisión judicial promovida según dispuesto en el Artículo 15 de esta ley (7 L.P.R.A. § 2015)

(f) Ningún miembro de la junta directiva u oficial que hubiere sido destituido de su cargo según lo dispuesto en este Artículo, podrá participar posteriormente en modo alguno en la administración de cualquier institución financiera sin la previa autorización del Comisionado.

 

Artículo 12.Poderes Adicionales del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2012)

 

   Además de los otros poderes conferidos por esta ley, el Comisionado tendrá facultad para exigirle a las entidades que éste supervisa de acuerdo con el mismo a:

(a) Llevar sus cuentas, récord y registros de acuerdo con aquellos reglamentos que de tiempo en tiempo él pueda prescribir.

(b) Observar métodos y normas que él prescriba mediante reglamento para determinar el valor de activos y pasivos.

(c) Eliminar de los libros todo o parte de un activo que al momento de la acción del Comisionado no podía adquirirse legalmente.

(d) Fijar el valor en el mercado de un activo.

(e) Obtener y entregarle un estado financiero de los deudores directos o indirectos, de las instituciones supervisadas dentro de los límites que la entidad pueda hacerlo.

(f) Obtener los seguros contra daños u otros riesgos sobre propiedad o propiedades tomadas en garantía.

(g) Mantener un seguro adecuado contra todos aquellos riesgos que el Comisionado crea necesario y apropiado para la protección de los depositantes y el público.

(h) Cargar contra sus beneficios no distribuidos, fondos de reserva o cuentas de capital, cualquier préstamo o parte de éste, cualquier activo o parte de éste, que a su juicio constituya una posible pérdida para la entidad bajo examen.

(i) Segregar cualquier porción de los beneficios futuros que creyere conveniente hasta que queden restituidos en su totalidad dichas cuentas de capital y fondo de reserva.

(j) Crear las reservas de valoraciones de activos que creyere conveniente.

 

Artículo 13.Querellas. (7 L.P.R.A § 2013)

 

   Cualquier ciudadano podrá radicar una querella en la Oficina del Comisionado para vindicar los derechos que le conceden las leyes administradas por la misma.

 

Artículo 14.Reconsideración por Decisión del Comisionado. (7 L.P.R.A § 2014)

 

   Cuando alguna ley especial que administre el Comisionado no disponga lo contrario, cualquier parte afectada por una decisión del Comisionado podrá solicitar la reconsideración dentro del término de quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la decisión.

 

Artículo 15.Revisión Judicial de Resoluciones y Órdenes Dictadas por el Comisionado. (7 L.P.R.A § 2015)

 

(a) Cuando alguna ley especial que administre el Comisionado no disponga lo contrario, cualquier parte adversamente afectada por una resolución u orden del Comisionado podrá solicitar la revisión judicial de dicha resolución u orden al Tribunal de Primera Instancia del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Sala de San Juan, después de la notificación de la reconsideración y decisión final del Comisionado. La solicitud deberá ser presentada ante el Tribunal de Primera Instancia dentro de los quince (15) días a partir de la fecha de la notificación de la reconsideración de la resolución u orden del Comisionado.

(b) La orden, resolución o reglamento del Comisionado permanecerá en todo su vigor y efecto hasta tanto no haya una decisión del Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico final y firme, revocando la decisión del Comisionado.

(c) El recurso de revisión se formalizará presentando una solicitud en la Secretaría del Tribunal, en la cual se expondrán los fundamentos en que se apoya la solicitud de revisión. Presentando el recurso, el peticionario deberá notificar el mismo al Comisionado dentro de un término de cinco (5) días a partir de su presentación.

(d) Será deber del Comisionado elevar al tribunal copia certificada [sic] dentro de los quince (15) días a contar de la fecha que fuere notificado de [la] expedición del auto de revisión.

(e) El tribunal revisará las resoluciones u órdenes del Comisionado, tomando como base el expediente administrativo sometido, sólo en cuanto a las conclusiones de derecho. Las determinaciones de hecho del Comisionado serán concluyentes para el tribunal, si estuvieren sostenidas por evidencia sustancial.

 

Artículo 16.Limitación de Responsabilidad del Personal. (7 L.P.R.A § 2016)

 

   Ningún miembro, oficial, funcionario o empleado de la Junta, o el Comisionado, oficial, funcionario o empleado de la Oficina del Comisionado será responsable en una acción civil por daños y perjuicios por cualquier acción u omisión de buena fe al desempeñar las funciones de su cargo.

 

Artículo 17.Facultad del Gobernador. (7 L.P.R.A § 2017)

 

   El Gobernador podrá delegar en el funcionario o funcionarios que estime, y podrá adoptar las medidas que sean necesarias para que la transferencia de las funciones, deberes, responsabilidades, obligaciones, oficinas, programas, fondos, propiedad, archivo o cualesquiera otros que sean necesarios de acuerdo a las disposiciones de esta ley, se lleve a cabo en forma ordenada y sin que se afecten o interrumpan las tareas, investigaciones, procedimientos, transacciones o convenios iniciados con anterioridad a la vigencia de esta ley o en proceso de adjudicación, resolución o determinación.

 

Artículo 18.Asignación de Fondos. (7 L.P.R.A § 2018)

 

(a) Se asignan a la Oficina del Comisionado los dineros del Fondo para la Investigación y Examen de Instituciones Financieras y Casinos de Juego, creado por la Ley Núm. 20, aprobada el 9 de abril de 1976, según enmendada (13 L.P.R.A. secs. 7 y 8), para llevar a cabo los fines de esta ley. Además, se transfieren las asignaciones presupuestadas para el año fiscal 1985-86 a los Negociados de Bancos e Instituciones Financieras y Valores.

(b) En años subsiguientes los fondos necesarios para la administración de esta ley se consignarán en la Resolución Conjunta del Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

Artículo 19.Continuidad de las Leyes Transferidas. (7 L.P.R.A § 2019)

 

   Las disposiciones de las leyes a que hace referencia el Artículo 7 de esta medida (7 L.P.R.A. § 2007) que otorgan poderes, funciones y deberes al Secretario de Hacienda y las reglas, reglamentos y órdenes adoptadas o emitidas por dicho Secretario al amparo de dichas leyes, continuarán en vigor y serán administradas por el Comisionado, quien será el sucesor legal del Secretario de Hacienda al respecto. De igual forma será respecto a la Ley de Ventas a Plazos y Compañías de Financiamiento” (10 L.P.R.A. secs. 731 et seq.), administrada por el Secretario de Asuntos del Consumidor.

 

Artículo 20.Penalidades. (7 L.P.R.A § 2020)

 

(a) Cualquier institución financiera o persona que viole las disposiciones de esta ley o de los reglamentos promulgados a su amparo estará sujeta a una multa administrativa a ser determinada por el Comisionado, que en ningún caso excederá de cinco mil dólares ($5,000). Cualquier institución financiera o persona que viole las disposiciones de las otras leyes y reglamentos bajo la administración y jurisdicción del Comisionado estará sujeta a la penalidad dispuesta para tal violación en la ley o reglamento que sea aplicable.

(b) Todo director u oficial de una institución financiera que viole cualesquiera de las disposiciones de esta ley o sus reglamentos estará sujeto a una multa administrativa que no excederá de quinientos dólares ($500) en el caso de una primera infracción. En el caso de una segunda y subsiguientes infracciones, incurrirá en delito grave y convicto que fuere, será castigado con una multa no mayor de cinco mil dólares ($5,000) por cada infracción o con pena de reclusión por un término fijo de quince (15) meses. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de veinticuatro (24) meses; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de nueve (9) meses. El tribunal, a su discreción, podrá imponer ambas penas.

(c) El Comisionado podrá imponer una multa administrativa que no excederá de cinco mil dólares ($5,000) por cada día que una institución financiera deje de cumplir con las órdenes dictadas bajo las disposiciones de esta ley; Disponiéndose, que en ningún caso la acumulación de las multas excederá de cincuenta mil dólares ($50,000). El Comisionado podrá iniciar una acción civil para el cobro de dicha multa administrativa en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala de San Juan, el cual tendrá jurisdicción exclusiva para entender en ese procedimiento. (d) Toda persona que, con el propósito de obtener para sí o para un tercero un beneficio, actuare, ofreciere o anunciare que ofrece servicios propios de las instituciones financieras que define esta ley sin tener licencia o estar debidamente autorizada para ello por la Oficina del Comisionado, y en el transcurso de sus actos:

(1) Realice cualquier manifestación falsa sobre un hecho material con el propósito de inducir o persuadir a una persona a error; o

(2) utilice una falsa representación con el propósito de inducir o persuadir a una persona a llevar a cabo un negocio; o

(3) retenga indebidamente cualquier bien, suma de dinero y/o documento relacionado con una transacción o deje de informar a la persona con la cual la realiza su derecho sobre cualquier bien, suma de dinero o documentos que sean parte de la transacción; o

(4) induzca a una parte en una transacción a rescindir un contrato y hacer uno nuevo cuando el objetivo principal del nuevo contrato es beneficiar a un tercero o a sí mismo; o

(5) incurra en desfalco o malversación de fondos; o

(6) incurra en falsificación de documentos que formen parte de una transacción; o

(7) emplee cualquier treta, ardid o artificio para defraudar a otra persona; o

(8) se dedique a cualquier acto, práctica, o clase de negocio que resulte o resultaría en un fraude o engaño a la otra persona; o

(9) perjudicare o intentare perjudicar a un tercero, será sancionada con pena de reclusión por un término fijo de diez (10) años. De mediar circunstancias agravantes, la pena fija establecida podrá ser aumentada hasta un máximo de doce (12) años; de mediar circunstancias atenuantes, podrá ser reducida hasta un mínimo de seis (6) años.

   El tribunal, a su discreción, podrá imponer la pena fija de reclusión establecida, pena de multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares, ni mayor de diez mil (10,000) dólares por cada violación, pena de restitución o cualquier combinación de éstas.

Así mismo será sancionada toda persona que tome parte, instigue o coopere en la comisión de estos actos, independientemente de si obtuvo o no lucro económico personal.

(e) Todo funcionario, oficial, empleado o examinador de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras y de la Junta Financiera prestará un juramento de que no divulgará la información obtenida en sus investigaciones y toda aquella información que se derive del descargo de su gestión oficial. El funcionario, oficial, empleado o examinador que faltare a su juramento incurrirá en un delito menos grave y se le castigará con una multa no mayor de quinientos dólares ($500) o con cárcel por término no mayor de seis (6) meses, o con ambas penas a discreción del tribunal.

   En el caso de obtención de información confidencial obtenida de agencias de investigación y orden público, todo funcionario, oficial, empleado o examinador de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras que por descuido u omisión, o deliberadamente, ofreciere información, diere a la publicidad o públicamente comentare sobre dicha información, sin que medie autorización por escrito del Comisionado, le será imputará la comisión de delito grave y convicto que fuere se le impondrá pena de reclusión por un término fijo de tres (3) años. De mediar circunstancias agravantes la pena podrá ser aumentada hasta un máximo de cinco (5) años; de mediar circunstancias atenuantes la pena podrá ser reducida hasta un máximo de dos (2) años. La persona convicta podrá ser referida a los beneficios de sentencia suspendida, según determine el tribunal.

(f) El primer Comisionado de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras no podrá trabajar o prestar servicios profesionales, de consultoría o ejecutivos en una institución financiera cubierta por las disposiciones de esta ley hasta tanto haya transcurrido un (1) año desde la fecha en que cese en sus funciones o cargo en la Oficina del Comisionado. Cualquier violación a las disposiciones de este inciso estará sujeta a la penalidad dispuesta en el inciso (d) de este Artículo.

   Las disposiciones de este inciso no implican ni conllevan exención o relevo alguno de la aplicación de la Ley Núm. 12 de 24 de julio de 1985, conocida como "Ley de Etica Gubernamental" [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 1-2012, según enmendada, "Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011"], a los funcionarios, empleados, oficiales y examinadores de la Oficina del Comisionado.

 

Artículo 21.Plazo para nombrar el Comisionado, los Miembros que representan el Sector Privado y para la Organización de la Oficina. (7 L.P.R.A § 2005 nota)

 

   El Secretario de Hacienda nombrará al Comisionado dentro de los noventa días (90) siguientes a la aprobación de esta ley. El Gobernador nombrará a los miembros de la Junta que representan al sector privado dentro de ciento veinte (120) días después de la aprobación de esta ley. Dentro de este último plazo deberá quedar organizada la Oficina del Comisionado. Mientras no se haya organizado la Oficina, se complete la Junta y el Comisionado esté ocupando su cargo, las funciones que a estos se le delegan serán administradas por el Secretario de Hacienda.

 

Artículo 21 [bis]. — Fondo Especial. (7 L.P.R.A § 2021)

 

(a) Se crea el fondo especial que se conocerá como “Fondo para la Educación del Consumidor en Asuntos Financieros y Adiestramiento del Personal de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras”, con el fin de proveer ayuda económica dirigida a la educación del público en general en asuntos financieros y para adiestrar al personal de la Oficina del Comisionado a los fines aquí dispuestos.

(b) El Comisionado podrá, a su discreción, realizar cualquier gestión que entienda contribuya a una mejor orientación y educación de los consumidores en su relación con la industria financiera y utilizar dichos fondos para, entre otras cosas, proveer recursos a aquellas entidades, divisiones y/o programas que sirvan para lograr los propósitos establecidos por este Fondo, así como para cubrir los gastos operacionales que conlleven la administración del mismo. Disponiéndose que para el Año Fiscal 2016-2017, se transferirá de la cuenta 0750000-238-781-1998 o de cualquier otra cuenta dirigida a estos fines dentro del sistema de contabilidad del Departamento de Hacienda, la cantidad de un millón de dólares ($1,000,000) al “Fondo de Apoyo a Gastos Eleccionarios.

(c) Todos los dineros que se reciban por el Comisionado por razón de la imposición de multas administrativas, por violación a las disposiciones de esta Ley, así como las leyes y reglamentos administrados por el Comisionado, se podrán depositar en este Fondo. De igual forma, se podrá depositar en este Fondo cualquier multa impuesta por el Comisionado por razón de acuerdos voluntarios u órdenes administrativas.

 

 

Artículo 22. — Administradores Individuales.

 

   Se adiciona el párrafo (9) a la Sección 5.3 del Artículo 5 de la Ley Núm. 5, aprobada en 14 de octubre de 1975, según enmendada, Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico [Nota: Derogada por la Ley 184-2004; derogada y sustituida por la Ley 8-2017, según enmendada, “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”], para que lea como sigue:

 

"Artículo 5.-EI Sistema de Administración de Personal; Estructura.

 

Sección 5.1 ...

Sección 5.3 Administradores Individuales Las siguientes Agencias serán Administradores Individuales:

 

   Todas aquellas agencias que al presente estén en los Servicios Exentos o Sin Oposición. Asimismo serán Administradores Individuales las siguientes:

(1) ...

(9) La Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras."

 

Artículo 23.Transferencias. (7 L.P.R.A § 2001 nota)

   

   Se suprime la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento creada por el Artículo 2 de la Ley Número 1, aprobada el 15 de octubre de 1973 (10 L.P.R.A. § 998a) y se transfieren a la Junta Financiera creada en el Artículo 8 de esta ley (7 L.P.R.A. § 2008), las facultades que dicha ley y cualesquiera otras leyes le confieren a la Junta Reguladora de Tasas de Interés y Cargos por Financiamiento.

 

Artículo 24. — Junta Reguladora del Centro Bancario Internacional. (7 L.P.R.A § 2001 nota)

 

   Se suprime la Junta Reguladora del Centro Bancario Internacional, creada al amparo de la Ley Núm. 16, aprobada el 2 de julio de 1980, según enmendada (7 L.P.R.A. § 231b) y se transfieren al Comisionado de Instituciones Financieras las facultades que dicha ley, o cualesquiera otras leyes, le confieren a dicha Junta.

 

Artículo 25.Cláusula derogatoria. (7 L.P.R.A § 2001 nota)

 

   Cualquier ley o parte de ley que se oponga a la presente queda derogada.

 

Artículo 26.Vigencia. — Esta Ley empezará a regir inmediatamente después de su aprobación.

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

 

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