“Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”

 

Ley Núm. 222 de 18 de Noviembre de 2011, según enmendada

 

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(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 135 de 3 de Julio de 2012

Ley Núm. 67 de 17 de Junio de 2014

Ley Núm. 233 de 19 de Diciembre de 2014

Ley Núm. 166 de 9 de Agosto de 2016

Ley Núm. 120 de 15 de Diciembre de 2017

Ley Núm. 70 de 30 de Enero de 2018

Ley Núm. 215 de 12 de Agosto de 2018

Ley Núm. 216 de 12 de Agosto de 2018

Ley Núm. 281 de 29 de Diciembre de 2018

Ley Núm. 58 de 20 de Junio de 2020)

 

 

Para crear la “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”, a fin de establecer el marco legal y administrativo que regirá la legalidad, examen y evaluación de donativos y gastos para fines electorales; crear la Oficina del Contralor Electoral; definir sus funciones, facultades y obligaciones; y proveer para su organización; así como disponer en torno a la revisión judicial de las decisiones tomadas conforme a esta Ley; establecer un proceso de transición; establecer penalidades; y para otros fines.

 

 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

 

   El principio rector de la democracia representativa es que el gobierno electo por la mayoría de los gobernados surja de un sistema electoral fundamentado en guías y procedimientos que estimulen el ejercicio del derecho al voto por los electores, de forma igual, directa, secreta y libre de coacción. Ello, buscando que cada voto se emita de acuerdo a la conciencia de quien lo ejerce y que el resultado refleje la realidad sobre el deseo de los electores, según expresado a través de los votos emitidos. La meta de toda democracia debe ser que cada elector sienta la seguridad de que existen unas reglas uniformes que serán implementadas de manera equitativa a todos los participantes de cada evento. Además, es necesario que exista un organismo que asegure el cumplimiento de éstas y no permita actos que cuestionen la pureza del proceso que culminará con un resultado electoral que sea el reflejo real de la voluntad mayoritaria del Pueblo.

   Durante el Siglo XX, Puerto Rico continuó su evolución para lograr una democracia representativa con varias leyes que fueron mejorando el proceso electoral. Merecen destacarse: la Ley de 1912, para establecer la representación de las minorías en la Cámara de Delegados; la Ley de 1928, para crear la candidatura independiente; en el año 1929 la Ley que concedió el voto a todo varón o mujer que supiera leer y escribir; y en el año 1936, cuando finalmente se concede el sufragio universal. Una Ley del Congreso, la llamada Crawford-Butler del 1947, le confirió a los puertorriqueños el derecho a elegir a nuestro Gobernador. En el año 1952, la Constitución de Puerto Rico mantuvo básicamente el sistema electoral que regía hasta entonces, dirigido por la Junta Estatal de Elecciones, organismo vigente hasta 1974. En el año 1970, se enmendó la Constitución para bajar a dieciocho (18) años la edad requerida para ejercer el derecho al voto.

   Los donativos y gastos con fines electorales componen una parte esencial del complejo aparato electoral. Estos conceptos operan en una zona constitucionalmente sensitiva de principios y derechos fundamentales de expresión y de asociación. Coinciden con esos derechos el interés gubernamental de carácter apremiante, de proteger la integridad del proceso electoral. A través de los años, este balance ha sido objeto de evaluación legislativa, lo que ha resultado en medidas diseñadas para mantener un sistema electoral íntegro y responsivo a las necesidades institucionales del Pueblo, de forma consistente con los imperativos constitucionales que le guían y sirven de referencia.

   De esta manera, la Ley Núm. 110 de 30 de junio de 1957, establecía y regulaba el Fondo Electoral para los partidos políticos y las contribuciones de los mismos. No obstante, esta Ley fue derogada al aprobarse la Ley Núm. 1 de 13 de febrero de 1974. Actualmente, la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, preservó el Fondo Electoral, manteniendo los límites y restricciones sobre las contribuciones y reteniendo los requisitos de contabilidad e informes económicos para asegurar que los partidos y los candidatos cumplieran con los límites impuestos que establecía originalmente la Ley Núm. 110, antes citada. La Ley Electoral de 1977, tuvo varias enmiendas, entre éstas se destacan las realizadas por:

1) la Ley Núm. 35 de 3 de octubre de 1983, la cual enmendó distintos componentes del estatuto, en lo que respecta al financiamiento de campañas, pero retuvo lo esencial en el conjunto de prohibiciones, límites e informes previamente legislados;

2) la Ley 113-2000, estableció un sistema de financiamiento público para las campañas de partidos y candidatos a la gobernación, aplicable a gastos en medios de comunicación; definió la ilegalidad de ciertas contribuciones para fines electorales; ordenó la reorganización de la Oficina de Auditoría y la Oficina de Sistemas de Información y Procesamiento Electrónico de la Comisión Estatal de Elecciones para responder al principio de balance partidista; y dispuso un sistema electrónico para informes de ingresos y gastos para partidos, candidatos, aspirantes y funcionarios; y

3) la Ley 115-2003; la cual creó la Oficina del Auditor Electoral, supeditada a la estructura jerárquica de la Comisión Estatal de Elecciones; eliminó el criterio de balance partidista; dispuso que a los candidatos auditados se le aseguren las garantías necesarias conforme al debido proceso de ley; amplió los períodos prescriptivos correspondientes a delitos electorales; estableció requisitos más rigurosos para los comités de acción política y grupos independientes; facultó al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a imponer multas administrativas; estableció un sistema de responsabilidad compartida para el financiamiento de campañas; creó un Fondo voluntario para el Financiamiento de Campañas Electorales; y modificó las prohibiciones y sanciones.

   No obstante lo anterior, el financiamiento de campañas para las Elecciones Generales del año 2004, dio lugar a múltiples irregularidades que culminaron en serias acusaciones contra particulares y funcionarios en el Tribunal Federal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico. El procesamiento de estas personas ha puesto de manifiesto la necesidad de adoptar e implantar reformas para evitar el abuso al cual fue sometido el sistema electoral. La mayoría de los acusados, así como otras personas, admitieron o se declararon culpables de participar en esquemas para hacer o recibir donativos para campañas de forma ilegal. Asimismo, el ciclo correspondiente a las Elecciones Generales del año 2008, demostró la ilegalidad manifiesta de campañas financiadas sin los fondos necesarios para sostenerlas, publicidad pautada y pagada por agencias para partidos y candidatos que no tenían los recursos para pagarlas y un sistema que no pudo fiscalizar y prevenir transgresiones de ley.

   Así pues, la experiencia reclama y amerita cambios en la legislación para que no se repitan los abusos e ilegalidades del pasado. Se hace necesario actuar en protección del valor del voto de cada elector. De conformidad, esta legislación incorpora medidas que han contribuido a garantizar una fiscalización adecuada para el uso correcto de fondos públicos. De este modo, entre otras cosas, se crea la Oficina del Contralor Electoral con la autonomía estructural, operacional y legal necesaria para supervisar y fiscalizar los donativos y gastos de campañas con atención a la normativa legal vigente, tomando en consideración las más recientes decisiones, tanto del Tribunal Supremo de Estados Unidos como de Puerto Rico, en cuanto a la libertad de expresión y asociación en materia electoral; actualiza los límites máximos de donativos individuales y de comités de acción política; restringe al Fondo Electoral para gastos administrativos institucionales; y adopta mecanismos tecnológicos modernos de divulgación para que el Pueblo de Puerto Rico esté debidamente informado sobre quién contribuye y gasta en causas electorales.

   Esta Ley reduce dramáticamente la inversión de fondos públicos en las campañas políticas. Bajo este nuevo sistema, el Pueblo de Puerto Rico se ahorrará millones de dólares, un ahorro que sobrepasa el 50%, en comparación con el estado de derecho anterior.

   Además, se establece un procedimiento uniforme y eficiente para la revisión judicial de los asuntos electorales. A estos fines, se implanta un proceso de adiestramiento a los jueces y juezas que se designarán en el Tribunal de Primera Instancia y en el Tribunal de Apelaciones para atender los casos electorales. De esta forma, se asegura que los jueces y juezas que atiendan estos casos cuenten con la preparación necesaria para lograr los propósitos de esta Ley. Es deber del Tribunal Supremo de Puerto Rico asegurar que el sistema judicial esté preparado y adiestrado para los asuntos electorales que estarán ante su consideración, de cara a la realidad legal del presente.

   La ciudadanía tiene un interés particular en conocer quién contribuye a las campañas electorales, y el Estado tiene un interés apremiante en asegurarse que dicha libertad de expresión sea debidamente reconocida, respetada, canalizada y protegida. De esta manera, se alerta y previene contra la corrupción e ilegalidades que en algunos momentos han flagelado al sistema electoral, promoviendo decisiones informadas para el beneficio de presentes y futuras generaciones. Esta legislación le brindará al sistema electoral de Puerto Rico la transparencia que requiere. Es menester que el sistema electoral de Puerto Rico tenga las guías y requisitos necesarios para asegurar que el pueblo conozca quién financia las expresiones que intentan influenciarlo mediante actividades y anuncios de campaña.

   Las corporaciones u otras entidades jurídicas, según cubiertas por esta Ley, deben estar sujetas a la fiscalización y auditoría del Estado en protección del pueblo en general. Además, deben establecerse criterios y exigencias para asegurar que los miembros de esas entidades estén debidamente informados de las expresiones políticas que se intentan hacer a su nombre y a sus expensas. Al proveer guías claras y efectivas al respecto, se les brinda a los miembros de una entidad jurídica la información necesaria para que puedan prestar un consentimiento informado. El Estado, mediante esta Ley, implanta la política pública de apertura y claridad en los procesos electorales.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

 

Artículo 1.000. — Se adopta la Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico.

 

 

CAPÍTULO I. — TABLA DE CONTENIDO

 

 

Artículo 1.001. — Tabla de contenido.

 

CAPÍTULO I. -

Artículo 1.001.- Tabla de contenido.-

CAPÍTULO II DISPOSICIONES PRELIMINARES

Artículo 2.000.- Título abreviado

Artículo 2.001.- Declaración de política pública

Artículo 2.002.- Alcance

Artículo 2.003.- Norma de interpretación

Artículo 2.004.- Definiciones

Artículo 2.005.- Términos utilizados

CAPÍTULO III LA OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

Artículo 3.000.- Creación de la Oficina del Contralor Electoral

Artículo 3.001.- Nombramiento

Artículo 3.002.- Destitución y Vacante del Cargo de Contralor Electoral

Artículo 3.003.- Facultades, deberes y funciones de la Junta Fiscalizadora de Donativos y

       Gastos

Artículo 3.003A.- Facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral

Artículo 3.003B.- Funciones, deberes y responsabilidades de los Contralores Electorales

       Auxiliares

Artículo 3.003C.- Reuniones de la Junta de Contralores Electorales

Artículo 3.004.- Divisiones o componentes operacionales mínimos

Artículo 3.005.- Facultades y Deberes del Secretario de la Oficina del Contralor Electoral.

Artículo 3.006.- Sistemas de información

Artículo 3.007.- Reglamentación

Artículo 3.008.- Presupuesto

Artículo 3.009.- Compras y suministros

Artículo 3.010.- Estudios o investigaciones

Artículo 3.011.- Informe anual   

Artículo 3.012.- Personal

Artículo 3.013.- Transferencia de propiedad

Artículo 3.014.- Transferencia de obligaciones

Artículo 3.015.- Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral

Artículo 3.016.- Citaciones

CAPÍTULO IV OFICINA DEL AUDITOR DE DONATIVO Y GASTOS

Artículo 4.000.- Creación de la División de Auditoría de Donativos y Gastos

Artículo 4.001.- Facultades, deberes y funciones del Director de Auditoría a cargo de la

       División de Auditoría de Donativos y Gastos

Artículo 4.002.- Componentes operacionales mínimos

Artículo 4.003.- Fiscalización de cumplimiento

CAPÍTULO V DONATIVOS

Artículo 5.000.- Donaciones

Artículo 5.001.- Personas Naturales

Artículo 5.002.- Titularidad de Donación

Artículo 5.003.- Donativos Anónimos

Artículo 5.004.- Devolución

Artículo 5.005.- Cónyuges y menores

Artículo 5.006.- Personas Jurídicas

Artículo 5.007.- Límites para Comités Segregados y Comités de Acción Política

Artículo 5.008.- Gastos Independientes

Artículo 5.009.- Acceso de Partidos, Aspirantes, Candidatos y Comités a Servicios Públicos

Artículo 5.010.- Donativos por Empleados Públicos

Artículo 5.011.- Coacción

Artículo 5.012.- Uso de Propiedad Mueble o Inmueble del Gobierno del Estado Libre Asociado

       de Puerto Rico

Artículo 5.013.- Arrendamiento de Bienes de Transporte

Artículo 5.014.- Restricciones a Bienes Arrendados

Artículo 5.015.- Reglamento para Arrendamiento

Artículo 5.016.- Otorgación de crédito por parte de comerciantes no incorporados

Artículo 5.017.- Otorgación de crédito por parte del comerciante que realice negocios como

       persona jurídica

CAPÍTULO VI ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN POLÍTICA Y OTROS

Artículo 6.000.- Presentación de la Declaración de Organización

Artículo 6.001.- Contenido de la Declaración de Organización de los Comités

Artículo 6.002.- Fondos segregados o Fondos para gastos independientes

Artículo 6.003.- Cambios en la información en la Declaración

Artículo 6.004.- Designación de Comités de Campaña y Autorización y Participación en otros

       Comités

Artículo 6.005.- Oficiales de los Comités de Campaña

Artículo 6.006.- Vacantes en el Cargo de Tesorero de Comités de Campaña

Artículo 6.007.- Tesorero de otros Comités: vacantes; autorizaciones

Artículo 6.008.- Récords

Artículo 6.009.- Deberes adicionales de los tesoreros

Artículo 6.010.- Conservación de Récords

Artículo 6.011.- Depositarios Exclusivos de Campaña; Cuentas Bancarias

Artículo 6.012.- Terminación de Comités

Artículo 6.013.- Deudas de los Partidos

Artículo 6.014.- Comités de Acción Política

 

CAPITULO VII INFORMES

Artículo 7.000.- Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos

Artículo 7.001.- Informes de Donativos Tardíos

Artículo 7.002.- Informes de Gastos Independientes

Artículo 7.003.- Contratos de Difusión, Costos de Producción e Informes

Artículo 7.004.- Control de gastos en medios de difusión

Artículo 7.005.- Uso de medios de difusión

Artículo 7.006.- Divulgación de Comunicaciones Electorales

Artículo 7.007.- Publicación y Distribución de Comunicaciones; Prohibición de Discrimen por

       la Prensa Escrita

Artículo 7.008.- Especificaciones

Artículo 7.009.- Comunicaciones hechas por los candidatos o personas autorizadas

Artículo 7.010.- Programas Computadorizados para la Presentación de Informes

Artículo 7.011.- Requisitos Formales de los Informes; Presentación Electrónica

Artículo 7.012.- Informes de Recaudos y/o Evaluaciones de Gastos pendientes de trámite

CAPÍTULO VIII GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PARTIDOS

Artículo 8.000.- Propiedad Adquirida con el Fondo para Gastos Administrativos

Artículo 8.001.- Contabilidad de Gastos

Artículo 8.002.- Asignación Especial para Gastos Administrativos Durante Año Electoral.

CAPITULO IX FONDO ESPECIAL PARA EL FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES

Artículo 9.000.- Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas Electorales

Artículo 9.001.- Límites en Gastos de Campaña

Artículo 9.002.- Elegibilidad y Procedimiento

Artículo 9.003.- Responsabilidad por el Fondo Especial para Gastos de Campaña

Artículo 9.004.- Recursos para el Fondo Especial para Gastos de Campaña

Artículo 9.005.- Operación del Fondo Especial para Gastos de Campaña

Artículo 9.006.- Disponibilidad de Fondos

Artículo 9.007.- Gastos de Campaña Pendientes de Pago

Artículo 9.008.- Multas a Partidos y Candidatos

Artículo 9.009.- Contabilidad de Gastos

CAPÍTULO X FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

Artículo 10.000.- Fiscalización

Artículo 10.001.- Trámite de Notificación

Artículo 10.002.- Querellas

Artículo 10.003.- Recibo de Recomendaciones

Artículo 10.004.- Auditorías

Artículo 10.005.- Designación de jueces y juezas en casos electorales

Artículo 10.006.- Gastos de Difusión Pública del Gobierno de Puerto Rico en Año de

       Elecciones Generales.

CAPÍTULO XI REVISIÓN JUDICIAL

Artículo 11.000.- Revisión Judicial

Artículo 11.001.- Tribunal de Apelaciones

Artículo 11.002.- Certiorari

Artículo 11.003.- Criterio de Revisión

CAPÍTULO XII DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

Artículo 12.000.- Casos pendientes ante la consideración de la Comisión Estatal de Elecciones y/o Tribunal General de Justicia

Artículo 12.001.- Órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos

Artículo 12.002.- Recopilación de información y creación de bases de datos

Artículo 12.003.- Cooperación y acceso a información y bases de datos

Artículo 12.004.- Exención de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme

Artículo 12.005.- Revisión general de reglamentos

Artículo 12.006.- Responsabilidad

CAPÍTULO XIII PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES

Artículo 13.000.- Uso Indebido de Fondos Públicos

Artículo 13.001.- Donativos Prohibidos por Personas Jurídicas

Artículo 13.002.- Ejecutivos de Personas Jurídicas

Artículo 13.003.- Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias; o con Poder Adjudicativo en el Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias

Artículo 13.004.- Dejar de Rendir Informes

Artículo 13.005.- Informes Falsos

Artículo 13.006.- Faltas Administrativas y Multas

CAPITULO XIV DEROGACIONES; FECHA DE VIGENCIA

Artículo 14.000.- Cláusula de Salvedad

Artículo 14.001.- Interpretación en caso de otras leyes y reglamentos conflictivos

Artículo 14.002.- Vigencia y Transición

 

 

CAPÍTULO II. — DISPOSICIONES PRELIMINARES

 

 

Artículo 2.000. — Título abreviado. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   Esta Ley se conocerá y podrá ser citada como “Ley para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas en Puerto Rico”.

 

Artículo 2.001. — Declaración de política pública. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   El Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adopta como política pública garantizarle a los ciudadanos un proceso electoral fundamentado en procedimientos que permitan el flujo de información a los electores y su ejercicio del derecho al voto en todo proceso electoral, de forma igual, directa, secreta, informada y libre de coacción. Ello, buscando que cada voto se emita de acuerdo a la conciencia del elector con la seguridad de que existen reglas uniformes que serán implantadas de manera equitativa para todo participante de un evento electoral. Se establecen, además, los organismos e instrumentos necesarios para asegurar el cumplimiento de esta política pública y para brindarle al proceso la transparencia necesaria para preservar su integridad.

   Para poder cumplir con estas metas, es necesario reglamentar la utilización de los distintos medios de difusión pública por parte de los ciudadanos, grupos y/o partidos políticos, de forma que se salvaguarde el derecho a la información de los electores de la manera más transparente y equitativa posible. Igualmente, es la política pública del Gobierno de Puerto Rico asegurar que los miembros de toda persona jurídica que deseen participar en los procesos eleccionarios brinden un consentimiento informado y representativo de su membresía al realizar expresiones o aportaciones políticas a nombre de la entidad a la que pertenecen.

   Mediante legislación vigente existe la Comisión Estatal de Elecciones, que seguirá velando por la implantación del Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI, asegurando la corrección del proceso en cada evento electoral. En esta Ley se reforma el proceso de fiscalización de las campañas políticas, atemperando nuestra legislación a la más reciente jurisprudencia aplicable; se le transfiere la jurisdicción sobre el proceso de fiscalizar el financiamiento de las campañas políticas a la Oficina del Contralor Electoral que aquí se crea; y se le brindan, aquellas facultades necesarias y convenientes para llevar a cabo una fiscalización efectiva, de modo que pueda velar por el cumplimiento fiel de las disposiciones de ley que aquí se establecen.

 

Artículo 2.002. — Alcance. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   Las disposiciones de esta Ley serán de aplicación a toda persona, natural o jurídica, que recaude, gaste, contribuya o de alguna forma reciba recaudos o donativos o participe en el financiamiento de una campaña eleccionaria relacionada con puestos electivos, fórmulas de status, o alternativas para evaluación y selección de los electores en un referéndum, plebiscito o consultas que se establezcan a través de legislación a ese respecto. Las disposiciones de esta Ley no serán aplicables a campañas para el puesto de Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington ni a las campañas de los partidos nacionales. La organización, financiamiento, operación y fiscalización gubernamental de las campañas para cargos a nivel federal se regirán por los requisitos aplicables a candidaturas federales expuestos en la legislación federal y estarán sujetos a la jurisdicción de la Comisión Federal de Elecciones.

 

Artículo 2.003. — Norma de interpretación. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   Las disposiciones de esta Ley se interpretarán de modo que aseguren que el financiamiento de campañas de aspirantes, candidatos y alternativas electorales se haga de manera transparente y pública, en cumplimiento de la ley y la normativa aplicable.

 

Artículo 2.004. — Definiciones. (16 L.P.R.A. § 621)

 

   Para los propósitos de esta Ley, los siguientes términos tendrán el significado que se dispone a continuación, salvo que del propio texto se desprenda otro significado:

1) “Agencia de Publicidad”: toda organización dedicada a proveer servicios de diseño, programación, selección y contratación con medios de difusión, estudios de opinión pública, encuestas y cualquier otra actividad requerida por un partido político, aspirante, candidato, comité u opción electoral para promover su triunfo en el proceso eleccionario o abogar activamente por la abstención, o que no pueda ser razonablemente interpretada de otra manera que teniendo este propósito, finalidad u objetivo; en cualquier referéndum o consulta al elector .

2) Agrupación de ciudadanos”: grupo de personas que se organiza con el propósito principal de participar en el proceso electoral en Puerto Rico. También se conocerá como comité. Podrá constituirse y operar como comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política. Pero, aunque no se constituya como comité, deberá cumplir con cualquier otra exigencia dispuesta en esta Ley o en los reglamentos aplicables a los comités, según sea el caso.

3) “Anuncio”: el uso de tiempo o espacio en medios de difusión para abogar activamente por la abstención o promover, fomentar, ayudar, apoyar o desfavorecer la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante, candidato o una opción electoral en el proceso eleccionario, en cualquier referéndum o consulta al elector; o que no pueda ser razonablemente interpretada de otra manera que teniendo este propósito, finalidad u objetivo.

4) “Año electoral”: año en que se celebran las elecciones generales.

5) “Aspirante”: una persona cuyo nombre, apodo, fotografía, puesto electivo, dibujo, caricatura, voz o imitación se incluye en una comunicación pública de manera que su identidad pueda determinarse razonablemente; o toda persona que reciba donativos o realice gastos de campaña a los efectos de proyectarse electoralmente. Incluye a toda persona que participe de los procesos de selección internos de un partido político debidamente inscrito con la intención de ocupar cualquier cargo interno u obtener la candidatura o que realice actividades, recaudaciones o eventos dirigidos a ese fin.

6) Asamblea Legislativa”: el Senado de Puerto Rico y la Cámara de Representantes de Puerto Rico.

7) Auditoría”: examen objetivo, independiente, sistemático y profesional de las actividades financieras, administrativas y operacionales, ejecutadas por todas aquellas personas, partidos políticos, candidatos, comités de acción política y grupos independientes sujetos a las disposiciones de esta Ley.

8) Candidato”: toda persona certificada por la Comisión Estatal de Elecciones como candidato para las elecciones generales.

9) Campaña independiente”: la campaña no coordinada con un partido político, aspirante o candidato, o con el comité de campaña de un partido político, aspirante o candidato, o con un representante, agente o comité autorizado de cualquiera de los anteriores.

10) Cámara de Representantes”: Cámara de Representantes de Puerto Rico.

11) “Comisión o Comisión Estatal de Elecciones”: la Comisión Estatal de Elecciones, según dispone el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.

12) “Comisionado Electoral”: toda persona designada por el organismo directivo central de un partido político principal, partido o partido por petición, para que le represente ante la Comisión Estatal de Elecciones, de conformidad con el “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.

13) “Comité”: este término incluirá a todos los comités y agrupaciones regulados en esta Ley, salvo que de su contexto se deba entender que excluye uno en particular.

14) “Comité Autorizado”: un comité autorizado por un partido político, aspirante o candidato a recibir donativos o incurrir en gastos a nombre de, y/o en representación de dicho partido político, aspirante o candidato. Los donativos que reciba se entenderán hechos al partido político, aspirante o candidato correspondiente, y las actividades que planifique, organice o lleve a cabo, así como los gastos en que incurra, se entenderán coordinados con aquéllos.

15) “Comité de Acción Política”:

(a) comité que:

(1) se organiza con el propósito principal de promover, fomentar o abogar a favor o en contra del triunfo de un partido político o de cualquier asunto que se presente en un plebiscito, consulta o referéndum; o por la elección o derrota de un aspirante en primarias o de un candidato en una elección general o especial a un cargo electivo en el Gobierno de Puerto Rico; y

(2) que recibe aportaciones o tiene gastos, con fines electorales, en exceso de mil (1,000) dólares durante un año calendario; o

(b) grupo de dos (2) o más personas que:

(1) se conforma con el propósito principal de abogar por, apoyar, promover o fomentar, o ayudar en, u oponerse a, la formación de un partido político o a la posible aspiración o candidatura de una persona claramente identificada; y

(2) que recibe aportaciones o tiene gastos, con fines electorales, en exceso de mil (1,000) dólares en un año calendario.

16) “Comité de Campaña”: comité designado como tal por un partido político, aspirante o candidato con el propósito de dirigir, promover, fomentar, ayudar y/o asesorar en su campaña con la anuencia del propio partido político, aspirante o candidato. Podrá recibir donativos e incurrir en gastos. Los donativos que reciba se entenderán hechos al aspirante, candidato o partido político correspondiente, y las actividades que planifique, organice o lleve a cabo, así como los gastos en que incurra, se entenderán coordinados con aquellos.

17) “Comité de partido político”: incluye, según su contexto, a los comités de precinto, municipales y centrales de los partidos políticos.

18) “Comité de Fondos Segregados”: comité establecido por una persona jurídica, en cumplimiento con el Artículo 6.007 de esta Ley [Nota: Actual Art. 5.007 renumerado por la Ley 233-2014], con el fin de hacer donaciones a: aspirantes, candidatos, otros comités, agentes o representantes autorizados de cualesquiera de los anteriores. A este tipo de Comité le aplicarán los límites de donaciones, según dispuesto por esta Ley. Si por el contrario, el comité no aporta a, ni coordina con ninguno de los entes antes indicados, esta Ley no le impone límites a las aportaciones o gastos con fines electorales que haga dicho comité. Además, deberá cumplir con las disposiciones de registro e informes dispuestas en esta Ley requeridos a los Comités de Acción Política.

19) “Comunicación”: expresión dirigida al público en, o por medio de la televisión, radio, satélite, cable, internet, banco telefónico, periódico, revista, libro, hoja suelta, cartelón, cruzacalle, teléfono o cualquier medio de difusión.

20) “Comunicación electoral o con fines electorales”: toda comunicación que:

(a) se refiere a un partido político, ideología política, aspirante o candidato, y

(b) aboga expresamente por la elección o derrota de dicho partido político, ideología política, aspirante o candidato, lo que ocurre cuando contiene palabras, tales como, pero sin que se entienda que excluye otras expresiones con idéntico resultado: vota por, vota en contra de, apoya a, rechaza o repudia a, trabaja por la elección de, trabaja por la derrota de, elige a, derrota a, ayúdanos a elegir a, ayúdanos a derrotar o a sacar, entre otras. Toda comunicación electoral que se realice noventa (90) días antes de la elección y mencione un candidato se considerará comunicación con fines electorales; o

(c) no puede ser razonablemente interpretada de otra manera que la de abogar por la elección o derrota de ese partido político, ideología política, aspirante o candidato; o reproduce íntegramente material de campaña del mismo partido político, ideología política, aspirante o candidato. Para estos fines, el término partido político incluye a un partido político en proceso de formación. Asimismo, los términos “aspirante” y “candidato” incluirán a personas claramente identificadas que hayan expresado su intención de convertirse en aspirantes o candidatos y a los aspirantes y candidatos claramente identificados.

21) “Comunicación dirigida al electorado”: que la comunicación puede ser recibida:   que la comunicación puede ser recibida:

(a) en el distrito senatorial o representativo que el aspirante o candidato aspira a representar cuando la comunicación se refiere a un candidato o aspirante claramente identificado a senador o representante;

(b) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se refiere a un candidato o aspirante claramente identificado a Senador o Representante por Acumulación;

(c) en un municipio cuando la comunicación se refiere a un candidato o aspirante claramente identificado a alcalde;

(d) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se refiere a un candidato o aspirante claramente identificado a Gobernador; o (e) en cualquier municipio de Puerto Rico cuando se hace para fomentar la elección o derrota de una opción específica en cualquier referéndum o consulta al electorado.

22) “Contralor Electoral”: el Oficial Ejecutivo de la Oficina del Contralor Electoral de Puerto Rico.

23) Donativo”:

(a) aportación de dinero o de cualquier cosa de valor, incluyendo, pero sin limitarse al pago o reembolso de gastos administrativos, salarios, bonos, aportaciones, utilidades, equipo, materiales y servicio, así como promesas, anticipos y garantías a un partido político, aspirante, candidato o comité de campaña, o agente, representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores;

(b) toda aportación de dinero, especie o cualquier cosa de valor hecha en o para cualquier actividad de recaudación de fondos que se celebre para beneficio de un partido político, aspirante, candidato o comité con fines eleccionarios, incluyendo banquetes, sorteos, cumpleaños, maratones y otros;

(c) aportaciones en apoyo de, o para oponerse a la formación de un partido político o ideología política, y en apoyo de la selección o rechazo de personas claramente identificadas que hayan anunciado su intención de convertirse en aspirantes o candidatos.

No se considerará “donativo”:

(a) la mera presencia, como tampoco expresiones de un aspirante o candidato a favor o en contra de un partido, aspirante, candidato, movimiento, ideología o alternativa electoral en una actividad;

(b) los servicios personales o profesionales prestados por voluntarios;

(c) el pago por una persona natural de sus propios gastos de viaje, si el pago se hace voluntariamente y no media un acuerdo o entendido de que dichos gastos serán repagados a la persona;

(d) un préstamo o línea de crédito o crédito rotatorio hecho en el curso ordinario de los negocios por una institución financiera autorizada para hacer negocios en Puerto Rico bajo tasas de interés, términos y condiciones generalmente disponibles a cualquier miembro del público sin consideración a que dicha persona sea oficial público, candidato, aspirante o partido político, y siempre y cuando éste no se use con la intención de ocultar un donativo o de evadir las limitaciones que impone esta Ley;

(e) actividades de inscripción de electores;

(f) el pago hecho por un comité municipal o central de un partido político de los costos de preparar, exhibir o distribuir una papeleta modelo, plancha impresa u otro listado de tres (3) candidatos o más a puestos electivos en Puerto Rico, excepto que esta cláusula no aplicará a los costos incurridos por dicho comité para la difusión de dicha papeleta modelo, plancha u otro listado en medios televisivos, radiales, electrónicos o en periódicos, revistas u otros medios similares para realizar anuncios políticos al público en general;

(g) el pago hecho por un comité municipal o central de un partido político de los costos de materiales de campaña (tales como pins, calcomanías, volantes o “flyers”, boletines y carteles) utilizados por los voluntarios de dichos comités en apoyo de candidatos de dichos partidos, siempre que:

(i) tales pagos no sean para sufragar el costo de materiales a utilizarse en medios televisivos o radiales o en periódicos, revistas u otros medios similares para realizar anuncios políticos al público en general;

(ii) tales pagos se sufraguen con donativos, sujeto a los límites y prohibiciones establecidos en esta Ley; y

(iii) tales pagos no se sufraguen con donativos hechos a un aspirante o candidato; y

(h) el pago de una comunicación no coordinada o que no tenga fines electorales.

(i) La mera presencia de Aspirantes o Candidatos en una actividad de otro Aspirante, Candidato, Partido Político, no será suficiente para concluir que un gasto es uno coordinado entre Comités de Campaña. Se presumirá que los gastos entre Aspirantes o Candidatos en una actividad de otro Aspirante, Candidato, Partido Político no son coordinados siendo tal presunción una rebatible. Tal y como sucede bajo nuestro ordenamiento jurídico vigente, la coordinación de gastos deberá ser interpretada de manera restrictiva y será necesario un acuerdo escrito entre las personas autorizadas en los respectivos Comités de Campaña, mediante el cual se consigne la división de gastos entre los Comités. A tales efectos, esta interpretación se retrotraerá a la vigencia de esta Ley.

24) “Donativo en exceso”: cualquier donativo efectuado por cualquier persona, natural o jurídica, en violación de los límites y prohibiciones establecidos en esta Ley.

25) “Donativo tardío”: cualquier donativo:

(a) cuyo valor agregado sea mil (1,000) dólares o más y es hecho o recibido por un partido, candidato, aspirante comité autorizado, comité de campaña o Comité de Acción Política, cuyo propósito principal sea apoyar u oponerse a un candidato o a una alternativa en un referéndum o consulta; y

(b) es hecho antes de la elección o referéndum o consulta, pero después de la fecha límite para el último informe de campaña requerido antes de la elección.

26) “Elección o Elecciones”: elecciones generales, primarias, referéndums, plebiscitos o consultas al electorado y elecciones especiales.

27) “Elecciones Especiales”: proceso mediante el cual los electores seleccionan uno o más funcionarios para cubrir una vacante en un cargo público electivo en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

28) “Elecciones Generales”: aquel proceso mediante el cual el primer martes, después del primer lunes del mes de noviembre, cada cuatro años, los electores seleccionan a los funcionarios que han de ocupar los cargos públicos electivos en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo gobernador, comisionado residente, legisladores estatales, alcaldes y legisladores municipales.

29) “Entidades gubernamentales concernidas”: agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas y municipios de Puerto Rico.

30) “Expediente” o “récord”: todos los documentos o materiales relacionados con un asunto específico que esté o haya estado ante la consideración de la Oficina del Contralor Electoral.

31) “Familiares inmediatos”: incluye, pero no se limita a : madre, padre, hermano o hermana (de doble vínculo o vínculo sencillo), cónyuge, hijo o hija (natural o por adopción), suegro o suegra, abuelos, tíos (por consanguinidad o afinidad), primos hasta el quinto grado (por consanguinidad o afinidad), y a cualquier persona que viva bajo el mismo techo.

32) “Fines electorales”: el propósito, finalidad u objetivo de promover, fomentar, ayudar, apoyar, abogar por o desfavorecer, la elección o derrota de un partido político, ideología política, aspirante o candidato, o de una alternativa u opción en cualquier referéndum o consulta al electorado; o que no puede ser razonablemente interpretada de otra manera que teniendo este propósito, finalidad u objetivo. El término partido político incluirá un movimiento político en proceso de formación. Los términos “aspirante” y “candidato” incluirán a una persona claramente identificada en el primer caso y, en el segundo, una vez certificado como candidato por la Comisión Estatal de Elecciones.

33) “Gastos”: cualquier pago de dinero, aportación o de cualquier cosa de valor, incluyendo pero sin limitarse a, promesas, anticipos y garantías.

34) “Gasto de campaña”: gasto por concepto de actos o esfuerzos que se realizan con fines electorales.

35) “Gasto coordinado”:

   Un gasto específico:

(a) que es pagado o financiado por alguien distinto a un partido político, aspirante o candidato, comité de campaña, agente, representante o comité autorizado de cualquiera de los anteriores;

(b) que tiene fines electorales; y

(c) que es incurrido, producido o distribuido:

(1) a petición o sugerencia de, o en común acuerdo con un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña o agente, representante o comité autorizado de cualquiera de los anteriores; o

(2) luego de acordar el contenido, momento, lugar, modo o frecuencia del gasto entre:

(i) la persona o entidad que financió o pagó por el gasto o sus agentes, representantes o empleados, y

(ii) un partido político, aspirante o candidato, o el comité de campaña, agente, representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores; o

(3) la persona que pagó o financió el gasto, emplea o utiliza un suplidor para crear, producir o distribuir la comunicación y dicho suplidor:

(i) está al mismo tiempo proveyendo servicios, o

(ii) ha dado servicios al partido político, aspirante o candidato o al comité de campaña, comité autorizado, agente o representante de cualesquiera de los anteriores durante los noventa (90) días anteriores a la creación, producción o distribución de la comunicación, de manera que:

(a) coloca al suplidor en posición de adquirir información sobre los planes, proyectos, estrategia, actividades o necesidades del partido, aspirante, candidato o al comité de campaña, comité autorizado, agente o representante de cualquiera de éstos, y

(b) puede razonablemente inferirse que utiliza o puede utilizar dicha información en la creación, producción o distribución de la comunicación.

   Un gasto coordinado se considerará un donativo al partido político, aspirante o candidato con quien se coordine el mismo.

36) “Gasto en exceso”: cualquier gasto de campaña efectuado por cualquier persona, natural o jurídica, en violación de los límites y prohibiciones establecidos en esta Ley.

37) “Gasto independiente o gasto no coordinado”:

(a) gasto hecho de tal forma que no pueda ser razonablemente interpretado de otra forma como que fue hecho con fines electorales; y

(b) no es ni fue hecho de común acuerdo o a solicitud o sugerencia de un partido político, aspirante, candidato, o de un comité de campaña, agente, representante o comité autorizado de cualesquiera de los anteriores.

   La mera presencia y las expresiones de un aspirante o candidato a favor o en contra de un partido, aspirante, candidato, movimiento, ideología o alternativa electoral en una actividad, no convierte la actividad en una coordinada. Tampoco se considerará como coordinación, preguntar sobre o verificar la disponibilidad del aspirante o candidato para asistir a una actividad, y en el caso de funcionarios electos, hacer preguntas o recibir respuestas sobre la agenda o trabajo del funcionario.

38) “Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”: todas las agencias que componen las Ramas Legislativa, Ejecutiva y Judicial del Gobierno de Puerto Rico.

39) “Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos”: Organismo de la Oficina del Contralor Electoral compuesta por tres Contralores Electorales Auxiliares que se crea mediante esta Ley para evaluar proyectos de reglamentos, expedientes de querellas, proyectos de informes de auditoría y otros procesos de fiscalización llevados a cabo por las divisiones de la Oficina del Contralor Electoral, a fin de emitir recomendaciones al Contralor Electoral.

40) “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”: significará la Ley 38-2017, conocida como la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Gobierno de Puerto Rico”.

41) “Medios de comunicación”: organizaciones, negocios o empresas de radio, cine, televisión, cable tv, sistemas de satélite, periódicos, revistas, rótulos, internet, medios electrónicos y otros medios similares.

42) “Medios de difusión”: libros, radio, cine, televisión, televisión por cable o satélite, internet, periódicos, revistas y publicaciones, rótulos, sistema de satélite, teléfono, banco telefónico, medios electrónicos u otros medios similares.

43) “Membresía” o “miembros”: las personas que tienen derecho al voto en la persona jurídica, tales como accionistas, socios, miembros sujetos a cuotas y tienen derecho a votar en la entidad de que se trate.

44) “Municipio”: demarcación geográfica con todos sus barrios, que tiene nombre particular y está regida por un gobierno local, compuesto de un Poder Legislativo y un Poder Ejecutivo.

45) “Organismo directivo central”: el organismo o cuerpo rector a nivel Estatal, que cada partido político designe como tal en su reglamento.

46) “Organismo directivo local o municipal”: el Cuerpo Rector local de mayor jerarquía en la estructura política municipal de cualquier partido político, de cada partido político constituido en los municipios, distritos representativos, distritos senatoriales o precintos electorales.

47) “Organización relacionada”: cualquier organización que, aunque no sea un comité con fines eleccionarios, directa o indirectamente, establece, administra o apoya financieramente a un comité con fines eleccionarios. El término incluye, pero no se limita, a cualquier corporación, cooperativa, comité con fines eleccionarios, compañía de responsabilidad limitada, compañía de seguros, empresa o firma, fideicomiso, institución financiera, sindicato, sociedad de cualquier tipo u organización laboral.

48) “Organización Laboral”:

(a) toda hermandad, unión, sindicato u organización de cualquier tipo, o agencia o comité o plan de representación de empleados en el cual participen empleados y que tenga como uno de sus fines el negociar en representación de los empleados en materia de quejas, disputas laborales, salarios, escalas de pago, horarios o condiciones de empleo;

(b) toda organización de negociación colectiva;

(c) toda organización local, estatal o internacional a la cual una organización laboral paga cuotas por concepto de asociación, afiliación o membresía; y

(d) toda asociación laboral o profesional, financiada exclusivamente mediante cuotas de membresía, ya estén organizadas dentro o fuera de la jurisdicción de Puerto Rico.

49) “Partido”: partido político que participó en la elección general precedente y que obtuvo la cantidad de votos necesarios para cumplir con los requisitos del “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” para mantener su franquicia electoral, pero su candidato a gobernador no alcanzó el veinticinco por ciento (25%) del total de los votos válidos emitidos para todos los candidatos a dicho cargo.

50) “Partido político”: partido nacional, partido estatal, partido principal, partido principal de mayoría, partido de minoría, partido por petición, partido local o partido local por petición.

51) “Partido local”: partido político que participó en la elección general precedente con el propósito de postular y elegir cargos en un municipio, distrito senatorial o distrito representativo específico y que obtuvo la cantidad de votos necesarios para cumplir con los requisitos del “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” para mantener su franquicia electoral en la demarcación en la cual presentó candidatos.

52) “Partido local por petición”: partido político que con el propósito de figurar en unas elecciones generales en un municipio distrito representativo o distrito senatorial específico, se inscribió como tal en la Comisión Estatal de Elecciones de Puerto Rico.

53) “Partido por petición”: cualquier agrupación de ciudadanos que con el propósito de figurar en las papeletas electorales de unas elecciones generales en todos los precintos electorales de Puerto Rico con la intención de postular al menos un candidato a gobernador, se inscriba como partido político en la Comisión Estatal de Elecciones, conforme al “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI”.

54) “Partido principal”: partido político que participó en la elección general precedente y que obtuvo al menos veinticinco por ciento (25%) de la cantidad de votos en la candidatura a gobernador, emitido por la totalidad de electores que participaron en esa elección general.

55) “Partido principal de mayoría”: partido cuyo candidato a gobernador resultó electo en la elección general precedente.

56) “Persona”: sujeto de derechos y obligaciones. Puede ser natural o jurídica.

57) “Persona jurídica”: incluye a la corporación, la entidad de responsabilidad limitada, la sociedad, la cooperativa, el fideicomiso, el grupo de personas que se organiza como una asociación y la organización laboral. Para fines de las exigencias que imponen los Artículos 6.007 al 6.010 de esta Ley, no se considerará persona jurídica a una entidad que, sin importar su nombre, constituya un comité de acción política o partido nacional o local, u otra organización política bajo el Código de Rentas Internas de los Estados Unidos, según su naturaleza y origen, y según definido por esta Ley. No obstante, una persona jurídica no creada, para propósitos electorales, y que desee destinar fondos segregados o hacer un gasto independiente, cumplirá con todos los requisitos, limitaciones e informes exigidos a los comités de acción política y con las exigencias del Capítulo VI de esta Ley [Nota: Actual Capítulo V renumerado por la Ley 233-2014].

58) “Persona claramente identificada”: significará persona natural cuyo nombre, apodo, fotografía, puesto electivo, dibujo, caricatura, voz o imitación se incluye en una comunicación, de manera que su identidad puede determinarse razonablemente.

59) “Plebiscito”: método mediante el cual se somete al electorado de Puerto Rico para consulta electoral, la alternativa de escoger su preferencia entre varias opciones sobre un mismo asunto de ordenamiento político, incluyendo pero sin limitarse a, la relación política entre Puerto Rico y Estados Unidos de América.

60) “Precinto Electoral”: la demarcación geográfica en que se divide la Isla de Puerto Rico para fines electorales, la cual constará de un municipio o más, o parte de éste o éstos.

(61) “Presidente de Precinto Electoral” Significará persona natural sujeto de derechos y obligaciones como jefe electivo que ocupa el primer puesto y de mayor jerarquía en la demarcación geográfica que corresponda para fines electorales, la cual constará de un municipio o más, o parte de este o estos. En los casos en que la demarcación geográfica precintal concurra con la estructura política municipal a nivel electoral y quede constituida en un solo municipio no existirá presidente de precinto electoral. [Nota: El Art. 1 de la Ley 215-2018 añadió este Inciso y renumeró los subsiguientes]

62) “Primarias”: el procedimiento mediante el cual, con arreglo al “Código Electoral de Puerto Rico para el Siglo XXI” y a las Reglas que adopte la Comisión Estatal de Elecciones y el organismo central de cada partido político, se seleccionan a través del voto directo del Pueblo los candidatos a cargos públicos electivos.

63) “Proceso Electoral”: toda actividad de índole electoral que lleve a cabo la Comisión Estatal de Elecciones.

64) “Puesto Electivo”: cualquier puesto en los gobiernos municipales o gobierno estatal en que una vacante ha de ser llenada mediante una elección.

65) Querella”: una reclamación bajo juramento, en la que se alegue violación de ley o reglamento ante el foro con jurisdicción.

66) Querellado”: persona contra la cual se dirige una querella.

67) “Querellante”: persona que insta una querella.

68) “Senado”: Senado de Puerto Rico.

69) “Suplidor”: cualquier agencia de publicidad, creativo, artista, productor en medios, así como fabricante, distribuidor y/o vendedor de material de propaganda o cualquier ayudante para promover comunicación electoral o que sea utilizado para la cadena de comunicación.

70) “Tribunal de Apelaciones”: Tribunal de Apelaciones de Puerto Rico.

71) “Tribunal de Primera Instancia”: Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico.

72) “Tribunal Supremo”: Tribunal Supremo de Puerto Rico.

73) “Vista Pública”: actividad en la cual se permite la participación a cualquier persona interesada y que solicite expresarse sobre el asunto en consideración.

74) “Voluntario”: toda persona que provee un servicio voluntariamente y sin recibir remuneración.

 

 

Artículo 2.005. — Términos utilizados. (16 L.P.R.A. § 621a)

 

   Toda palabra usada en singular en esta Ley se entenderá que también incluye el plural cuando así lo justifique su uso; y de igual forma, el masculino incluirá el femenino, y viceversa.

 

CAPÍTULO III. — LA OFICINA DEL CONTRALOR ELECTORAL

 

 

Artículo 3.000. — Creación de la Oficina del Contralor Electoral. (16 L.P.R.A. § 622

 

   Se crea la Oficina del Contralor Electoral, la cual estará integrada por un (1) Contralor Electoral y dos (2) Contralores Electorales Auxiliares.

 

Artículo 3.001. — Nombramiento. (16 L.P.R.A. § 622a)

 

   La Oficina del Contralor Electoral tendrá plena autonomía operacional y estará bajo la administración de un Contralor Electoral, que será nombrado por el Gobernador de Puerto Rico, por un término de diez (10) años, con el consejo y consentimiento del Senado y la Cámara de Representantes, con el voto de dos terceras (2/3) partes de sus miembros. El Contralor Electoral ocupará su cargo hasta que su sustituto sea confirmado por el Senado y la Cámara de Representantes. La remuneración del Contralor Electoral será la misma que se fije para el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones. El Contralor Electoral nombrará, de una terna de candidatos recomendada por los partidos inscritos a) tres (3) Contralores Electorales Auxiliares, que no podrán ser simpatizantes de un mismo partido político, cuyos puestos serán de confianza, quienes ejercerán las funciones dispuestas en esta Ley y aquellas que el Contralor Electoral estime necesarias asignarles. Los Contralores Electorales Auxiliares no devengarán un salario ni emolumentos, sino que se les pagará una dieta, que fijará el Contralor Electoral, por cada día que participen en reuniones o sesiones para atender asuntos que le delegue el Contralor Electoral. El total de dietas pagadas en un año fiscal a los Contralores Electorales Auxiliares no podrá sobrepasar el sesenta por ciento (60%) del salario que devenga el Contralor Electoral. El Contralor Electoral y los Contralores Electorales Auxiliares, al momento de sus nombramientos deberán ser domiciliados de Puerto Rico. Los cargos de Contralor y Contralores Electorales Auxiliares sólo podrán ser desempeñados por una persona mayor de edad, que haya residido en Puerto Rico durante los cinco (5) años anteriores a la fecha de su nombramiento, debidamente calificado como elector y que, además, sea de reconocida capacidad profesional, probidad moral y conocimiento en el campo de la administración pública, la gestión gubernamental y conocimiento o interés en los asuntos de naturaleza electoral. El Contralor Electoral y los Contralores Electorales Auxiliares no podrán haber ocupado cargo alguno de Secretario o Comisionado Electoral de partido político, ni podrán haber sido candidato o haber ocupado puesto electivo alguno. En caso de ausencia o incapacidad temporal, muerte, renuncia o separación del Contralor Electoral, el Director de la División de Auditoría de Donativos y Gastos ejercerá las funciones y deberes del Contralor Electoral, como Contralor Electoral Interino, hasta que se reintegre el Contralor Electoral o hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesión. En caso de que se produzcan simultáneamente ausencias temporales o vacantes en ambos cargos, el Gobernador nombrará a un Contralor Electoral Interino, sin necesidad de confirmación, consejo o consentimiento legislativo, hasta tanto se nombre en propiedad y se confirme al sustituto.

 

Artículo 3.002. — Destitución y Vacante del Cargo de Contralor Electoral. (16 L.P.R.A. § 622b)

 

   El Contralor Electoral podrá ser destituido por las siguientes causas:

a) parcialidad manifiesta en perjuicio de un partido político, candidato o agrupación de ciudadanos;

b) condena por delito grave o menos grave de naturaleza electoral;

c) condena por delito grave o menos grave que implique depravación moral;

d) negligencia crasa en el desempeño de sus funciones; e

e) incapacidad física o mental de forma temporal, permanente, parcial o total que le impida ejercer los deberes y facultades de su cargo.

   Las querellas por las causas de destitución, antes mencionadas, serán presentadas ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral, la cual referirá las mismas para que sean atendidas, de conformidad al debido procedimiento de ley por un panel de tres (3) jueces del Tribunal de Primera Instancia, designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico, de conformidad con las reglas de administración que adopte a estos fines.

 

Artículo 3.003. — Facultades, deberes y funciones de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos. (16 L.P.R.A. § 622b-1) [Nota: La Sección 6 de la Ley 233-2014 añadió este Artículo. La Sección 5 de la Ley 70-2018,y el Art. 14.5 de la Ley 58-2020 lo enmendaron posteriormente]

 

   Serán facultades, deberes y funciones generales de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos compuesta por los tres Contralores Electorales Auxiliares, los siguientes:

a) Ejercer por mayoría de votos las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en esta Ley y en cualquier otra ley, que no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley;

b) Revisar y emitir una recomendación, en el término establecido por Reglamento sobre aquellos informes en que alguna de las Divisiones de la Oficina del Contralor Electoral recomiende que se proceda con una o más de las siguientes acciones: la imposición de una multa administrativa; el referido de un asunto a una agencia con jurisdicción; la aprobación de un Informe de Auditoría; la emisión de determinaciones sobre querellas o investigaciones; la evaluación de las solicitudes de los gastos de difusión pública del Gobierno de Puerto Rico durante cada año de elecciones generales y otros procesos de fiscalización realizados por la Oficina del Contralor Electoral;

c) Recomendar enmiendas a los Reglamentos que aplican a las personas y comités bajo la jurisdicción de la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 3.003A. — Facultades, deberes y funciones del Contralor Electoral. (16 L.P.R.A. § 622c)

 

   Serán facultades, deberes y funciones generales del Contralor Electoral los siguientes:

a. ejercer las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en esta Ley y en cualquier otra ley, que no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley;

b. demandar y presentar los escritos y recursos judiciales que estime apropiados y asumir la representación de la Oficina del Contralor Electoral cuando sea demandada o incluida en cualquier recurso o trámite judicial;

c. adoptar y custodiar el sello oficial para la Oficina del Contralor Electoral, del cual se tomará conocimiento judicial para la autenticación de todos los documentos, cuya expedición esta Ley le requiere o autoriza;

d. actuar como administrador y principal oficial ejecutivo de la Oficina del Contralor Electoral, establecer su organización interna, designar los funcionarios auxiliares, y planificar, dirigir y supervisar el funcionamiento de la Oficina, conforme los reglamentos que adopte, de manera que cumpla con los propósitos de esta Ley;

e. discrecionalmente, por cuenta propia o previa recomendación de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, podrá expedir órdenes administrativas y emitir opiniones para cumplir con ésta o cualquier otra facultad establecida en esta Ley o los reglamentos adoptados al amparo de la misma;

f. expedir y notificar las determinaciones y comunicaciones que le requiere y autoriza esta Ley; nombrar los funcionarios y empleados de la Oficina del Contralor Electoral conforme el reglamento que adopte, los cuales deberán contar con la capacidad técnica y experiencia requerida para lograr los propósitos de esta Ley, así como nombrar el personal necesario para que realicen sus funciones, conforme esta Ley. La Oficina del Contralor Electoral será un Administrador Individual, y su personal estará excluido de las disposiciones de la Ley 8-2017, conocida como “Ley para la Administración y Transformación de los Recursos Humanos en el Gobierno de Puerto Rico”, de la Ley 45-1998, según enmendada, mejor conocida como “Ley de Relaciones del Trabajo para el Servicio Público de Puerto Rico”, y de la Ley Núm. 95 de 29 de junio de 1963, según enmendada, conocida como “Ley de Beneficios de Salud para Empleados Públicos”. El personal de la Oficina del Contralor Electoral podrá acogerse a los beneficios que brinde algún Sistema de Retiro o de Inversión para Retiro o cuenta de aportaciones definidas que provea el Gobierno de Puerto Rico u otro al que estuviere cotizando o participando a la fecha de su nombramiento o podrá seleccionar algún otro método de retiro privado. La Oficina del Contralor Electoral estará exenta del cumplimiento de aquellas leyes, reglamentos y cartas circulares presentes y futuras que no sean aplicables a la Comisión Estatal de Elecciones;

g. establecer y mantener la estructura organizacional, física y tecnológica, según establece esta Ley, y que fuere necesaria para el adecuado funcionamiento de la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo la de compartir recursos o componentes administrativos con la Comisión Estatal de Elecciones;

h. fijar y autorizar el pago de dietas a los Contralores Electorales Auxiliares, y demás funcionarios, empleados y agentes de la Oficina del Contralor Electoral, de acuerdo a los recursos económicos asignados;

i. preparar y adoptar normas específicas de auditoría siguiendo normas de auditoría generalmente aceptadas, pero adaptadas a aspectos particulares de los procesos electorales, las cuales serán de aplicación uniforme;

j. previa recomendación de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos o motu proprio, preparar una opinión escrita debidamente fundamentada para toda auditoría en la que se señale una posible violación al ordenamiento electoral;

k. adoptar un plan de clasificación y retribución de puestos;

l. requerir los servicios del personal de otras agencias gubernamentales, que puedan ser transferidos para trabajar en la Oficina del Contralor Electoral;

m. conforme a la reglamentación que adopte, utilizar, mediante acuerdo, sin que se entienda como una limitación, los recursos, servicios y facilidades administrativas, disponibles dentro de otras agencias e instrumentalidades públicas, tales como sistema de información, oficina, contabilidad, finanzas, recursos humanos, asuntos legales, equipo, material y otros;

n. conforme a la reglamentación que adopte, obtener servicios mediante contrato, de personal técnico, profesional o especializado, o de otra índole, necesario o apropiado para el cumplimiento de la Oficina del Contralor Electoral con las disposiciones de esta Ley;

o. representar a la Oficina del Contralor Electoral en los actos y actividades que lo requieran o a su entender lo ameriten;

p. adquirir, arrendar, vender, o en cualquiera otra forma disponer de los bienes necesarios o apropiados para cumplir con los fines de esta Ley;

q. otorgar contratos y suscribir o autorizar los demás instrumentos necesarios para el desempeño de las facultades concedidas por esta Ley;

r. negociar y suscribir convenios o acuerdos necesarios y convenientes, a los fines de cumplir los objetivos de la Oficina del Contralor Electoral, con organismos del Gobierno Federal, con gobiernos estatales y municipales, con otros departamentos, agencias, corporaciones públicas o instrumentalidades del Gobierno de Puerto Rico, y con instituciones particulares;

s. aceptar y recibir donaciones o fondos por concepto de asignaciones, anticipos o cualquier otro tipo de ayuda o beneficio cuando éstos provengan de organismos gubernamentales o instituciones sin fines de lucro, sujeto a las disposiciones de la Ley 1-2012, según enmendada, conocida como “Ley de Ética Gubernamental de Puerto Rico de 2011”, su reglamentación y otras leyes aplicables, según las circunstancias; adquirir mediante compra, préstamo, donación o desarrollo, programación, infraestructura y servicios de redes de comunicación, equipos de computación y cualesquiera otros dispositivos, servicios y materiales propios de los sistemas de información;

t. corregir motu proprio o a petición de parte interesada, aquellos errores tipográficos, gramaticales o errores u omisiones inadvertidos y subsanables en las determinaciones finales, y en las decisiones que emita de conformidad con los requisitos que se establezcan por reglamento;

u. preparar y mantener los expedientes administrativos, en formato digital, de los asuntos ante la consideración de la Oficina del Contralor Electoral, los cuales estarán disponibles para inspección del público, durante horas laborables;

v. proveer a las agencias de la Rama Ejecutiva, la Rama Judicial y los Cuerpos de la Rama Legislativa la información que éstas le requieran;

w. solicitar a cualquier agencia o corporación pública de la Rama Ejecutiva, a los dos (2) Cuerpos de la Rama Legislativa o a la Rama Judicial, información necesaria o pertinente para cumplir con las disposiciones de esta Ley;

x. establecer programas de educación y orientación en torno a las obligaciones, deberes y responsabilidades que impone esta Ley; la asistencia a estos programas de educación y asesoramiento será obligatoria para todo aspirante y candidato y para todo tesorero y sub tesorero de los comités que permite esta Ley; no más tarde de treinta (30) días después de la radicación de una candidatura y no más tarde de quince (15) días que se llene una vacante por reemplazo, el aspirante o candidato deberá completar el adiestramiento que provea la Oficina del Contralor Electoral; esta Oficina tendrá la responsabilidad de emitir la certificación correspondiente y publicar una lista de los aspirantes y candidatos certificados; en el caso de los tesoreros y sub tesoreros, éstos deberán tomar los cursos no más tarde de treinta (30) días de su designación; el Contralor Electoral o la persona que éste designe, deberá ofrecer estos cursos, fuera del horario regular de trabajo y fines de semana cuando así lo solicite el aspirante, candidato, tesorero o sub tesorero; disponiéndose que si algún aspirante, candidato, tesorero o sub tesorero incumple con esta obligación, estará sujeto a las multas administrativas que esta Ley permite; [e]

y. evaluar y aprobar el presupuesto de gastos a someterse al Gobernador a través de la Oficina de Gerencia y Presupuesto y a las Cámaras Legislativas para su funcionamiento y fiscalizar el buen uso de los fondos asignados;

z. revisar y aprobar todos los reglamentos internos y externos, normas y sistemas de auditoría electoral necesarios para hacer cumplir las disposiciones de esta Ley;

aa. establecer un sistema de auditoría electoral que será aplicado de forma justa y uniforme a las personas naturales y jurídicas, medios de difusión, agencias de publicidad, productores independientes, aspirantes, candidatos, partidos políticos, agrupaciones y comités, sujetos a las disposiciones de esta Ley;

bb. revisar y adoptar normas específicas de auditoría siguiendo las normas de auditoría generalmente aceptadas, adaptadas a aspectos particulares de los procesos electorales, las cuales serán de aplicación uniforme;

cc. llevar a cabo auditorías en torno a los donativos y gastos y atender e investigar querellas debidamente juramentadas ante notario público relacionadas con violaciones a esta Ley. Toda querella se tramitará conforme se disponga por reglamento y su trámite, incluyendo divulgación, se regirá por las normas establecidas para las auditorías;

dd. redactar el Reglamento de Normas Generales de Auditoría adaptadas a la dinámica de los procesos electorales y cualesquiera otros reglamentos necesarios para la mejor ejecución de esta Ley los cuales se presentarán ante el Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Dicho reglamento se adoptará de acuerdo al procedimiento establecido en esta Ley, y previa celebración de vista pública que deberá anunciarse en por lo menos dos (2) periódicos de circulación general y con no menos de quince (15) días de antelación a su celebración. Todo el proceso de reglamentación de la Oficina del Contralor Electoral será de conformidad a esta Ley y no le aplicará la “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme” o cualquier otra ley que en el futuro la sustituya. Toda Auditoría comenzada a la fecha de aprobación de esta Ley se regirá por el Reglamento vigente a esa fecha, disponiéndose que el Contralor Electoral podrá enmendar aquellas secciones que sea necesario para adoptar la estructura que en esta Ley se establece. Cualquier otra enmienda que se realice a los Reglamentos de Auditoría o cualquier nuevo Reglamento de Auditoría que se adopte, entrarán en vigor en el siguiente año electoral, siempre y cuando se adopten los mismos en o antes del 30 de junio del año previo a las elecciones, en cumplimiento con las disposiciones de esta Ley.

ee. investigar posibles violaciones a las disposiciones y reglamentos de esta Ley e imponer las sanciones que apliquen. Además, podrán realizar cualquier referido a las agencias estatales y federales cuando se detecte una violación a ésta u otra Ley;

ff. revisar, modificar o aprobar las opiniones escritas debidamente fundamentadas que se preparen en la Oficina del Contralor Electoral sobre hallazgos en cualquier auditoría en la que se señale una posible violación al ordenamiento electoral;

gg. emitir órdenes para mostrar causa y notificaciones sobre violaciones de Ley;

hh. aprobar la adquisición, arrendamiento, venta o cualquier otra forma que se recomiende por el Contralor Electoral para disponer de los bienes necesarios o apropiados para cumplir con los fines de esta Ley.

 

Artículo 3.003B. — Funciones, deberes y responsabilidades de los Contralores Electorales Auxiliares. (16 L.P.R.A. § 622c-1) [Nota: La Sección 7 de la Ley 233-2014 añadió este Artículo. La Sección 7 de la Ley 70-2018, lo enmendó posteriormente]

 

a. Ejercer las funciones, deberes y responsabilidades que le correspondan como miembros de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos y cualquiera otra que se le asigne por otra ley que no sea incompatible con lo dispuesto en esta Ley;

b. atender los asuntos que se refieran a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos conforme establece esta Ley o cualquiera otro que se refiera a su atención por el Contralor Electoral;

c. evaluar de forma continua los reglamentos, manuales y directrices de la Oficina del Contralor Electoral para hacer las recomendaciones que entienda pertinente en las reuniones de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos;

d. cualquier otra función o tarea que en armonía con sus responsabilidades y los propósitos de la Oficina le delegue el Contralor Electoral.

 

Artículo 3.003C. — Reuniones de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos. (16 L.P.R.A. § 622c-2) [Nota: La Sección 8 de la Ley 233-2014 añadió este Artículo. La Sección 8 de la Ley 70-2018, lo enmendó posteriormente]

 

   La Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos se reunirá en sesión ordinaria, en el día, a la hora y en el lugar que sean convocados por el Contralor Electoral. De igual forma podrán celebrar cuantas sesiones extraordinarias estimen necesarias para el desempeño de sus funciones, previa coordinación y convocatoria al efecto a través del Secretario de la Junta a solicitud de cualquiera de sus miembros, con el consentimiento del Contralor Electoral. A partir del 1 de julio del año en que se celebre una elección general y durante los dos (2) meses anteriores a una elección especial, primaria, referéndum, consulta o plebiscito, el Contralor Electoral podrá convocar a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos a sesiones extraordinarias para que atienda referidos urgentes.

   En caso de ausencia de alguno de los miembros de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos se establecerá el quorum con al menos dos (2) participantes del cuerpo colegiado.

   La Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos podrá solicitar la comparecencia de cualquiera de los funcionarios de la Oficina del Contralor Electoral para rendir cuentas sobre sus funciones o sobre cualquier asunto que haya sido referido a su atención.

   Se dispone que el Contralor Electoral tendrá la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según esta Ley, sin tener el consentimiento de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos.

 

Artículo 3.004. — Divisiones o componentes operacionales mínimos. (16 L.P.R.A. § 622d)

 

   La estructura organizacional de la Oficina del Contralor Electoral, como mínimo, contará con las siguientes divisiones, unidades o componentes operacionales:

a. Oficina del Contralor Electoral

b. Secretaría

c. División de Auditoría de Donativos y Gastos

d. Asuntos Legales

e. Y cualquier otra división, unidad o componente operacional que el Contralor Electoral estime necesaria para el desempeño de las obligaciones que le impone ésta y otras leyes.

 

Artículo 3.005. — Facultades y deberes del Secretario de la Oficina del Contralor Electoral. (16 L.P.R.A. § 622e)

 

   Además de cualesquiera otras funciones o deberes dispuestos en esta Ley o sus reglamentos, el Secretario tendrá los siguientes:

(a) Tomar las minutas de las reuniones ordinarias y extraordinarias de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos;

(b) tendrá voz pero no será parte del quórum ni de la mayoría requerida para las determinaciones de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos;

(c) convocar a reuniones extraordinarias de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos conforme se establece en esta Ley;

(d) tomar notas, redactar y preparar las actas o minutas de las vistas administrativas de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos o la Oficina del Contralor Electoral, así como certificar las mismas;

(e) certificar, compilar, notificar y publicar las resoluciones, órdenes, opiniones y determinaciones de la Oficina del Contralor Electoral;

(f) recibir los escritos, documentos, notificaciones y otros asuntos que puedan presentarse ante la consideración y/o resolución de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos o de la Oficina del Contralor Electoral;

(g) notificar al Contralor Electoral, no más tarde de veinticuatro (24) horas siguientes a su recibo, los documentos, escritos, apelaciones, notificaciones y otros asuntos presentados ante sí, disponiéndose que cinco (5) días previos a la celebración de una elección deberá notificarlos inmediatamente;

(h) notificar a las partes interesadas, a través de los medios correspondientes, las resoluciones, órdenes, determinaciones y actuaciones de la Oficina del Contralor Electoral;

(i) expedir certificaciones y constancias de los documentos, opiniones y otras determinaciones de la Oficina del Contralor Electoral;

(j) será responsable de custodiar y mantener adecuadamente ordenados todos los expedientes y documentos que competen al Contralor Electoral;

(k) presentar y mostrar los expedientes y documentos que competen a la Oficina del Contralor Electoral a toda persona que así lo solicite, observando en todo momento que no se alteren, mutilen o destruyan y sin permitir que se saquen de su oficina excepto documentos identificados como confidenciales por esta Ley;

(l) tomar juramentos respecto a asuntos propios de esta Ley y/o que competen a la Oficina del Contralor Electoral;

(m) realizar cualesquiera otros actos y cumplir con aquellas otras obligaciones necesarias para el cabal desempeño de sus funciones, así como aquellas que por ley, reglamento u orden del Contralor Electoral se prescriban.

 

Artículo 3.006. — Sistemas de información. (16 L.P.R.A. § 622f)

 

   La Oficina del Contralor Electoral funcionará mediante la utilización de un sistema de información computadorizado a través del cual: todo documento requerido se presentará de manera electrónica, con rapidez y confiabilidad.

   La Oficina del Contralor Electoral, mediante guías operacionales claras y ágiles, establecerá los mecanismos internos relacionados al trámite de la evaluación para emitir las determinaciones que corresponden en torno al cumplimiento o no de las disposiciones bajo su jurisdicción y desarrollará las estrategias necesarias dirigidas a incorporar activamente el uso de tecnologías de información y telecomunicaciones para su funcionamiento.

 

Artículo 3.007. — Reglamentación. (16 L.P.R.A. § 622g)

 

   De modo que pueda descargar los deberes y facultades que esta Ley le impone, el Contralor Electoral está facultado para, según aplique, adoptar, enmendar y/o derogar:

a. Los reglamentos internos o guías operacionales necesarios para la estructuración y funcionamiento de la Oficina del Contralor Electoral, de conformidad con las disposiciones de esta Ley y cualquier otra ley aplicable;

b. los reglamentos para establecer el trámite que deberá seguirse en el desempeño de las funciones de fiscalización y cumplimiento que establece esta Ley; los reglamentos necesarios para establecer el cobro de derechos, aranceles y cargos, previa aprobación, de conformidad con las disposiciones aplicables; los reglamentos que garantizarán que las auditorías se realicen simultáneamente para todos los candidatos a un mismo cargo, incluyendo los que no hayan resultado electos.

 

Artículo 3.008. — Presupuesto. (16 L.P.R.A. § 622h)

 

   El Contralor Electoral preparará y someterá el presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral. Los fondos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley, se consignarán anualmente en la “Ley de Presupuesto General de Gastos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico”. Todos los dineros que reciba la Oficina del Contralor Electoral en el cumplimiento de su tarea de implantar las disposiciones de esta Ley, de las fuentes que se especifiquen en esta Ley y de cualesquiera otras fuentes, ingresarán en un Fondo Especial que se denominará “Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral”. Se transfieren a la Oficina del Contralor Electoral los fondos, cuentas y las asignaciones y remanentes presupuestarios que obren en poder de la Comisión Estatal de Elecciones que hayan estado asignados a la Oficina del Auditor Electoral, inmediatamente entre en vigencia esta Ley.

   La Asamblea Legislativa le proveerá anualmente a la Oficina del Contralor Electoral fondos suficientes para su funcionamiento cualquier remanente al término del año fiscal permanecerá en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral y no revertirá al Fondo General del Gobierno de Puerto Rico. A tal efecto, el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico someterá a la consideración de la Asamblea Legislativa el Presupuesto Funcional de Gastos de la Oficina del Contralor Electoral para cada año fiscal, que nunca deberá ser menor al que rigió para el año fiscal anterior, excepto que el presupuesto del Gobierno decrezca, donde entonces podrá ser menor, pero proporcionalmente a la contracción presupuestaria. El presupuesto de la Oficina del Contralor Electoral se contabilizará prioritariamente, según lo solicite el Contralor Electoral. No se podrá invocar disposición de ley general o especial para congelar el presupuesto o cuentas de la Oficina del Contralor Electoral ni para posponer gastos o desembolsos.

   Antes de utilizar los recursos depositados en el Fondo Especial, la Oficina del Contralor Electoral deberá someter anualmente, para la aprobación de la Asamblea Legislativa, un presupuesto de gastos. Los recursos del Fondo Especial destinado a sufragar los gastos ordinarios de funcionamiento de la Oficina del Contralor Electoral, deberán complementarse con asignaciones provenientes del Fondo General del Gobierno de Puerto Rico, siempre que sea necesario.

 

Artículo 3.009. — Compras y suministros. (16 L.P.R.A. § 622i)

 

   La Oficina del Contralor Electoral estará exenta de las disposiciones de la Ley Núm. 164 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como “Ley de la Administración de Servicios Generales”. La Oficina del Contralor Electoral, en cumplimiento con las disposiciones de esta Ley, establecerá, mediante reglamento a tales efectos, sus propios sistemas de compras, suministros, y servicios auxiliares, dentro de sanas normas de administración fiscal, economía y eficiencia. La adquisición de bienes y servicios se realizarán con preferencia a plantas manufactureras o firmas profesionales de Puerto Rico, para lo cual le serán de aplicabilidad la Ley 14-2004, según enmendada, conocida como “Ley para la inversión en la Industria Puertorriqueña”, sus reglamentos y programas dirigidos a la inclusión de las empresas nativas.

 

Artículo 3.010. — Estudios o investigaciones. (16 L.P.R.A. § 622j)

 

   La Oficina del Contralor Electoral podrá llevar a cabo los estudios o investigaciones que estime apropiados y, a tales fines, podrá requerir la información que sea necesaria o pertinente para lograr tales propósitos y aprobar aquellas reglas y reglamentos necesarios y razonables para esta función.

 

Artículo 3.011. — Informe anual. (16 L.P.R.A. § 622k)

 

   El Contralor Electoral preparará y remitirá un informe anual, no más tarde de noventa (90) días luego de concluido el año fiscal, al Gobernador y a la Asamblea Legislativa, sobre las operaciones y la situación fiscal de la Oficina del Contralor Electoral, junto con las recomendaciones que estime necesarias para su funcionamiento eficaz. Luego del primer informe anual, el Contralor Electoral incluirá, al final de sus informes anuales, un resumen de las recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción tomada sobre dichas recomendaciones. Además, incluirá un resumen de los casos presentados y su estado o conclusión.

 

Artículo 3.012. — Personal. (16 L.P.R.A. § 622l)

 

   Se podrá transferir con estatus regular de carrera a la Oficina del Contralor Electoral, personal de la Comisión Estatal de Elecciones, así como de las demás Entidades Gubernamentales que a la fecha en que entre en vigor esta Ley estuviere ocupando puestos regulares con funciones permanentes del Servicio de Carrera, siempre que el Contralor Electoral solicite su traslado y el empleado acepte el mismo. Los empleados de confianza que a la fecha de nombramiento por el Contralor Electoral, tuvieren derecho a reinstalación, a tenor con lo dispuesto en la Sección 9.2 de la Ley 184-2004, según enmendada, que reforma el “Sistema de Administración de los Recursos Humanos del Gobierno de Puerto Rico”, permanecerán en sus puestos con ese estatus hasta que la Autoridad Nominadora determine reinstalarlos al estatus de carrera.

   Las transferencias se harán en consideración a las funciones que realizaba cada empleado en la Comisión Estatal de Elecciones, así como en las demás Entidades Gubernamentales Concernidas, pero estarán sujetas a las necesidades de personal y disponibilidad de los recursos económicos de la Oficina del Contralor Electoral y al volumen de trabajo que tenga dicha oficina.

   La clasificación, reclasificación y retribución de los puestos se establecerá acorde con los planes de clasificación y retribución aplicables en la Oficina del Contralor Electoral. Los empleados transferidos deberán, al menos, reunir los requisitos mínimos de la clasificación de los puestos a que se asignen sus funciones.

   Todos los demás asuntos relacionados al personal y los recursos humanos que se transferirán a la Oficina del Contralor Electoral, se atenderán mediante orden administrativa a tales efectos, en coordinación con el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones, los jefes de las Entidades Gubernamentales Concernidas, cuando aplique, y en cumplimiento con todas las leyes relacionadas a la administración de personal del gobierno actualmente en vigor, incluyendo la Ley 7-2009, conocida como “Ley Especial Declarando Estado de Emergencia Fiscal y Estableciendo Plan Integral de Estabilización Fiscal para Salvar el Crédito de Puerto Rico”. El Contralor Electoral deberá trabajar en coordinación y cooperación con el Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones y los jefes de las Entidades Gubernamentales Concernidas, en todo lo relativo a la transferencia de personal. Asimismo, se autoriza al Contralor Electoral y al Presidente de la Comisión Estatal de Elecciones a emitir cualesquiera órdenes administrativas necesarias para cumplir con la presente Ley y su política pública en todo lo relacionado al personal adscrito a estos organismos, en armonía con todo lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo 3.013. — Transferencia de propiedad. (16 L.P.R.A. § 622m)

 

   Se transferirá de la Comisión Estatal de Elecciones, toda propiedad o cualquier interés en ésta, récords, archivos y documentos, fondos ya asignados o a ser hechos disponibles en el futuro, incluyendo sobrantes, activos y cuentas por cobrar de toda índole y otras autorizaciones del área de la Oficina del Auditor Electoral de la Comisión Estatal de Elecciones, para que se utilice en los fines y propósitos de esta Ley.

 

Artículo 3.014. — Transferencia de obligaciones. (16 L.P.R.A. § 622n)

 

   La aprobación de esta Ley no afecta o menoscaba obligaciones contraídas por la Comisión Estatal de Elecciones con cualquier agencia o entidad privada hechas en virtud de la Ley Núm. 4 de 20 de diciembre de 1977, según enmendada, conocida como “Ley Electoral de Puerto Rico”, y que por esta transferencia deberá cumplir el Contralor Electoral.

   Asimismo, esta Ley no invalidará los contratos debidamente otorgados por la Comisión Estatal de Elecciones, si alguno, que estén vigentes a la fecha de su aprobación y en virtud de las cuales se provean servicios al Auditor Electoral, si alguno, los cuales continuarán en vigor hasta la fecha pactada para su terminación, a menos que las cláusulas en los mismos contravengan lo dispuesto por esta Ley o que sean cancelados, si así lo permitiese el contrato de que se trate.

 

Artículo 3.015. — Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral. (16 L.P.R.A. § 622o)

 

   Todos los cargos, derechos o pagos recibidos por la Oficina del Contralor Electoral, establecidos en esta Ley, ingresarán al Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral. Asimismo, ingresarán al Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral las contribuciones anónimas en exceso del límite establecido.

 

Artículo 3.016. — Citaciones. (16 L.P.R.A. § 622p)

 

   En el cumplimiento de los deberes que le impone esta Ley, el Contralor Electoral podrá expedir citaciones, requiriendo la comparecencia de testigos, toma de deposiciones y para la producción de toda clase de evidencia electrónica, documental o de cualquier índole. El Contralor Electoral podrá comparecer ante cualquier sala del Tribunal de Primera Instancia solicitando que el Tribunal ordene el cumplimiento de la citación. El Tribunal de Primera Instancia dará preferencia al curso y despacho de dicha petición y tendrá autoridad para dictar órdenes, haciendo obligatoria la comparecencia de testigos o la producción de cualesquiera documentos, objetos, datos o evidencia que el Contralor Electoral haya previamente requerido. El Tribunal de Primera Instancia tendrá facultad para castigar por desacato la desobediencia de esas órdenes. Cualquier persona podrá ser procesada y condenada por el delito de perjurio que cometiere al prestar testimonio bajo juramento ante el Contralor Electoral o ante una persona autorizada a estos fines por estos funcionarios.

 

 

CAPÍTULO IV. — OFICINA DEL AUDITOR DE DONATIVOS Y GASTOS

 

 

Artículo 4.000. — Creación de la División de Auditoría de Donativos y Gastos. (16 L.P.R.A. § 623)

 

   Se crea la División de Auditoría de Donativos y Gastos como una división dentro de la Oficina del Contralor Electoral con los poderes conferidos por esta Ley y los reglamentos que se adopten al amparo de la misma.

   La División de Auditoría de Donativos y Gastos será dirigida por un Director de Auditoría que será designado por el Contralor Electoral. Este funcionario será de confianza y podrá ser removido por decisión del Contralor Electoral.

 

Artículo 4.001. — Facultades, deberes y funciones del Director de Auditoría a cargo de la División de Auditoría de Donativos y Gastos. (16 L.P.R.A. § 623a)

 

   Serán facultades, deberes y funciones generales del Director a cargo de la División de Auditoría de Donativos y Gastos, en adición a las que le sean conferidas por esta Ley y otras leyes, los siguientes:

(a) ejercer las funciones, deberes y responsabilidades impuestas en esta Ley y en cualquier otra ley que no sean incompatibles con las disposiciones de esta Ley;

(b) establecer toda la estructura organizacional que fuera necesaria para el adecuado funcionamiento de la División de Auditoría de Donativos y Gastos;

(c) preparar y mantener los expedientes administrativos, en formato digital, de los asuntos ante la consideración de la División de Auditoría de Donativos y Gastos, los cuales estarán disponibles para inspección del público en la Oficina del Contralor Electoral durante horas laborables;

(d) investigar referidos del Contralor Electoral por alegado incumplimiento de las disposiciones legales de la Oficina del Contralor Electoral en la recaudación, gastos y utilización de fondos para campañas políticas;

(e) presentar ante la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos un informe en el cual le solicite recomendar al Contralor Electoral la presentación en el Tribunal de Primera Instancia de recursos para requerir la devolución de fondos o la paralización de recaudaciones, suspensión de pago, pautas de anuncios cuando concluya que dichos actos son realizados en violación a las leyes o reglamentos aplicables o que provocarían se excedan los límites de ingresos o gastos de campaña establecidos en esta Ley, al igual que la imposición de multas o referir un caso a otra agencia con jurisdicción;

(f) recomendar al Contralor Electoral la corrección de errores subsanables, según éstos se definan por reglamento en determinaciones emitidas por la Oficina del Contralor Electoral;

(g) proveer a la Comisión Estatal de Elecciones a través del Contralor Electoral la información que ésta le requiera, y auxiliar a dicha entidad en la fiscalización de las campañas políticas y cualquier otro asunto que le sea de inherencia, en virtud de las disposiciones de esta Ley y demás leyes y reglamentos aplicables;

(h) verificar el cumplimiento de los funcionarios bajo su supervisión con los términos establecidos por esta Ley y aquellos reglamentos aplicables en el proceso de evaluar y emitir una determinación final;

(i) presentar ante la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, para su consideración y recomendación al Contralor Electoral, el texto del reglamento que deberá adoptar la Oficina del Contralor Electoral para fiscalizar los recaudos y gastos en las campañas políticas, referéndums, plebiscitos y cualquier otro evento que permita recaudación de fondos para promover candidaturas políticas, ideologías de status y partidos políticos;

(j) examinar cualquier informe sobre donativos y gastos que deba presentarse en la Oficina del Contralor Electoral, incluyendo, pero sin limitarse al Informe de Ingresos y Gastos e Informe de Gastos en Medios de Comunicación para evaluar si los anuncios pautados cuentan con ingresos suficientes para pagarlos, así como cualquier otra recomendación que estime pertinente;

(k) ejercer como miembro con voz de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, pero no será parte del quorum ni de la mayoría requerida para sus determinaciones;

(l) fungir como Contralor Electoral Interino en caso de ausencia o incapacidad temporal, muerte, renuncia o separación del Contralor Electoral hasta que se reintegre el Contralor o hasta que su sustituto sea nombrado y tome posesión.

   Se dispone que el Contralor Electoral tendrá la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según esta Ley, sin tener el consentimiento del Director de Auditoría.

 

Artículo 4.002. — Componentes operacionales mínimos. (16 L.P.R.A. § 623b)

 

   La estructura organizacional de la División de Auditoría de Donativos y Gastos contará como mínimo con la división o componente operacional de Fiscalización de Cumplimiento.

Artículo 4.003. — Fiscalización de cumplimiento. (16 L.P.R.A. § 623c)

 

   El Contralor Electoral, o aquel funcionario que este designe fiscalizará el cumplimiento de todo requisito de ley y reglamentos establecidos.

 

 

CAPÍTULO V. — DONATIVOS

 

 

Artículo 5.000. — Donaciones. (16 L.P.R.A. § 625)

 

   Será ilegal solicitar, hacer o aceptar donaciones en violación a lo dispuesto en esta Ley.

 

Artículo 5.001. — Personas naturales. (16 L.P.R.A. § 625a)

 

   Ninguna persona natural podrá, en forma directa o indirecta, hacer donaciones en o fuera de Puerto Rico a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o a un comité de acción política en exceso de dos mil seiscientos dólares ($2,600). El Contralor Electoral, previa recomendación de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, ajustará este límite para que refleje la tasa de inflación en Puerto Rico, pero el límite resultante del ajuste se redondeará al centenar más cercano. Los límites operarán por año natural. Será responsabilidad del Contralor Electoral informar al público en general, pero prioritariamente a las personas naturales y jurídicas con interés en campañas electorales, sobre los límites de los donativos permitidos por ley. Además, será responsabilidad del Contralor Electoral orientar sobre las reglas, los términos y las condiciones asociadas a las disposiciones de este Artículo.

   Las disposiciones de este Artículo no aplicarán a los Comités Fondos Segregados o Comités para Gastos Independientes que no coordinen o donen a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados.

   Para efectos de esta Ley, si se hace un donativo a un comité que no coordina o dona a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados y este comité posteriormente coordina o dona a algún partido, aspirante, candidato o sus comités de campaña o comités autorizados; ese comité de acción política y sus fundadores, tesorero y subtesorero deberán devolver a la Oficina del Contralor Electoral todos los fondos recibidos bajo el estado anterior de no coordinación y que no se haya utilizado para gastos no coordinados durante el estado anterior de no coordinación. La Oficina del Contralor Electoral deberá identificar los contribuyentes para la devolución y de no ser posible estas sumas ingresarán al Fondo Especial dispuesto en el Artículo 3.015 de esta Ley. Esta obligación es de carácter solidaria.

 

Artículo 5.002. — Titularidad de donaciones. (16 L.P.R.A. § 625c)

 

   Ninguna persona podrá hacer donativos con dinero o bienes pertenecientes a otra persona. Se hace un donativo cuando se entrega o provee a un agente o representante autorizado para recibirlo. Se considerará como un donativo hecho al partido político, aspirante o candidato, la donación que se haga al comité de campaña o al comité autorizado, agente o representante autorizado del partido político, aspirante o candidato de que se trate, así como los gastos coordinados con cualquiera de éstos. Los partidos que acuerden o coordinen hacer causa común en alguna elección, plebiscito, referéndum o consulta serán considerados como un solo partido político para fines de esta Ley.

 

Artículo 5.003. — Donativos Anónimos. (16 L.P.R.A. § 625d)

 

(a) Todo donativo que exceda de cincuenta dólares ($50) requerirá que se identifique al donante con su nombre y apellidos, dirección postal, el nombre de la persona o entidad a quien se hace el donativo y un número de identificación, tales como: número electoral emitido por la Comisión Estatal de Elecciones, número de licencia de conducir de Puerto Rico o en su defecto podrá proveer número de una identificación emitida por el gobierno estatal o federal que contenga el nombre legal completo de la persona, fecha de nacimiento de la persona, el género de la persona, el número de licencia de conducir o el número de la tarjeta de identificación, una foto digital de la persona, la dirección de la residencia principal de la persona, la firma de la persona, dispositivos físicos de seguridad diseñados para prevenir cualquier tipo de manipulación, falsificación o duplicación de la identificación para propósitos fraudulentos.

(b) El total de contribuciones anónimas que podrá depositar un partido y su candidato a gobernador para pareo en el Fondo Especial para el Financiamiento de Campañas Electorales no podrá exceder de trescientos mil dólares ($300,000) anuales.

(c) Los comités segregados y los comités de acción política no podrán recibir donativos anónimos ni en efectivo.

(d) Se clasifican como donativos permitidos, las rifas, sorteos y bingos realizados por aspirantes, candidatos, funcionarios electos, partidos políticos, sus respectivos comités y demás comités políticos cuyo propósito sea suplementar el financiamiento de sus campañas políticas de acuerdo con los términos de esta Ley y de las Órdenes, Resoluciones o Guías que a su amparo se dicten.

(e) Los donativos anónimos solo podrán ser recaudados en Actos Políticos Colectivos, según definidos en esta Ley.

(f) El total de donativos anónimos que podrá recaudar un aspirante o candidato, excepto aspirantes y candidatos a gobernador, no podrá exceder del treinta por ciento (30%) del total de recaudos del candidato que más recaudó para su misma candidatura en el año correspondiente del ciclo electoral anterior. El Contralor Electoral divulgará, no más tarde del 30 de noviembre del año anterior, el tope de donativos anónimos que operará el próximo año. Cualquier aspirante o candidato que recaude donativos anónimos en exceso del porciento establecido en este inciso tendrá la obligación de remitir los mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro bancario o postal. El Secretario de Hacienda mediante ingresará cualquier cantidad que reciba por razón de este Artículo en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 5.004. — Devolución. (16 L.P.R.A. § 625e)

 

Si un aspirante o candidato que hubiere recibido donativos para un determinado cargo electivo por sí o a través de su comité de campaña, comité autorizado, agente o representante autorizado para una elección determinada optare por desistir antes de ésta, vendrá obligado a remitir la totalidad de los donativos no gastados en la campaña, si alguno. Disponiéndose que la propiedad mueble e inmueble adquirida con dinero proveniente de donativos deberá ser devuelta al Contralor Electoral para ser transferida al Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, en un período de treinta (30) días a partir de haber optado por desistir de la aspiración o candidatura. El incumplimiento de este Artículo conllevará una multa ascendente al total del valor de la propiedad no devuelta más intereses legales. No obstante, la Oficina del Contralor Electoral o el Gobierno pueden optar por no recibir la propiedad devuelta si hacerlo resultaría en una carga negativa o pérdida para el erario. El aspirante o candidato que hubiere recibido tales donativos tendrá la obligación de remitir los mismos al Secretario de Hacienda mediante cheque certificado, transferencia electrónica o giro bancario o postal. El Secretario de Hacienda ingresará cualquier cantidad que reciba por razón de este Artículo en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 5.005. — Cónyuges y menores. (16 L.P.R.A. § 625f)

 

   Los donativos hechos por un esposo y esposa se considerarán donativos separados, de manera que cada cónyuge puede donar hasta el máximo permitido en esta Ley. En el caso de donaciones hechas por un menor de edad, legalmente emancipado, se hará constar en el instrumento de pago, la fecha de nacimiento (día/mes/año) del menor y la referencia al documento público que acredita tal emancipación. Bajo esta Ley, a los menores no emancipados no se les reconoce capacidad para donar por sí, ni a través de un adulto. De no constar en el instrumento de pago, la cantidad donada por cada donante de los que comparten un mismo instrumento de pago, el Contralor Electoral considerará la suma de los límites correspondientes al tipo de donativo hecho por dichos donantes para la determinación de donativo en exceso. De determinar que hubo donativo en exceso, el Contralor Electoral lo adjudicará, dividiendo en partes iguales el monto total del donativo en exceso entre las personas que comparten el instrumento de pago.

 

Artículo. 5.006. — Personas jurídicas. (16 L.P.R.A. § 625g)

 

   Ninguna persona jurídica podrá hacer donativos de sus propios fondos en o fuera de Puerto Rico a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña, o a agentes, representantes o comités autorizados de cualquiera de los anteriores, o a comités de acción política sujetos a esa Ley que hagan donaciones o coordinen gastos entre sí. No obstante, podrá establecer, organizar y administrar un comité que se conocerá como comité de fondos segregados, que para el fin de donación y gastos se tratará como un comité de acción política que deberá registrarse en la Oficina del Contralor Electoral, rendir informes y cumplir con todos los requisitos impuestos por esta Ley. Entonces, sus miembros, empleados y sus parientes dentro del segundo grado de consanguinidad o afinidad podrán hacer aportaciones que se depositarán en la cuenta bancaria establecida y registrada en la Oficina del Contralor Electoral para estos efectos. De dicha cuenta bancaria, el comité de fondos segregados podrá hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, y comités de campaña y comités autorizados, así como a comités de acción política que hagan donaciones a cualquiera de éstos.

 

Artículo 5.007. — Límites para comités segregados y comités de acción política. (16 L.P.R.A. § 625h)

 

   Los comités de fondos segregados y comités de acción política podrán hacerle donativos a partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña y comités autorizados, agentes y representantes autorizados de cualquiera de los anteriores, siempre que las donaciones no excedan los límites establecidos en esta Ley para personas naturales ni sus agregados. Estos límites, de igual forma aplicarán a los donativos que hagan los miembros de la persona jurídica al comité de fondos segregados y comités de acción política que los utilizará para hacer una donación a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña y comité autorizado, o agentes y representantes autorizados de cualquiera de los anteriores. Dos (2) o más comités de acción política se considerarán como un (1) solo comité, si han sido establecidos por una misma persona o grupo de personas, son controlados por una misma persona o grupo de personas, o comparten oficiales, directores o empleados.

 

Artículo 5.008. — Gastos independientes. (16 L.P.R.A. § 625i)

 

   Nada en esta Ley limita las aportaciones en dinero o cualquier otra cosa de valor que con fines electorales se hagan a personas naturales, personas jurídicas o comités de acción política que no donen a, ni incurran en gastos coordinados con partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campaña o comités autorizados, agentes o representantes autorizados de cualquiera de los anteriores. No obstante, en estos casos deberán cumplir con los requisitos de registro e informes según se disponga por Ley o Reglamento.

 

Artículo 5.009. — Acceso de partidos, aspirantes, candidatos y comités a servicios públicos. (16 L.P.R.A. § 625k)

 

   Los partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de campañas, comités autorizados y comités de acción política tendrán el mismo acceso y oportunidad de tener los servicios únicos ofrecidos por agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ningún partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política podrá solicitar o aceptar privilegios especiales de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. Ninguna agencia del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá conceder privilegios especiales a partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política.

 

Artículo 5.010. — Donativos por empleados públicos. (16 L.P.R.A. § 625l)

 

   Ningún representante o agente de un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política podrá solicitar o recibir de un funcionario o empleado de agencia alguna un donativo, mientras ese funcionario o empleado esté desempeñando funciones oficiales de su cargo o se encuentre en el edificio o área de trabajo.

 

Artículo 5.011. — Coacción. (16 L.P.R.A. § 625m)

 

   Ningún funcionario o empleado de agencia alguna podrá en horas y días de trabajo intentar influenciar directa o indirectamente a cualquier otro funcionario o empleado público a pagar, prestar o donar parte de su sueldo o cualquier cosa de valor a partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité autorizado o comité de acción política alguno. Lo dispuesto en este Artículo aplica tanto a solicitudes de donativos realizadas personalmente o mediante hojas sueltas, mensajes telefónicos, computadoras o medios similares.

 

Artículo 5.012. — Uso de propiedad mueble o inmueble del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. (16 L.P.R.A. § 625n)

 

   Se prohíbe el uso de cualquier vehículo de motor, naves o aeronaves, bien mueble o inmueble propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios, a los fines de hacer campaña política a favor o en contra de cualquier partido político, aspirante o candidato. Lo anterior no aplicará a los vehículos de motor asignados al Gobernador, Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington, a los Legisladores Estatales, Alcaldes y Comisionados Electorales por razón de sus funciones ni de funcionarios asignados al mismo, más en ningún caso se permitirá el uso de más de un vehículo oficial por cada cargo para estos fines.

 

Artículo 5.013. — Arrendamiento de bienes de transporte. (16 L.P.R.A. § 625o)

 

   Se podrán usar para fines electorales vehículos de motor, naves, o aeronaves propiedad de las instrumentalidades del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus municipios, que estén disponibles para flete o alquiler sujeto a una tarifa uniforme de mercado en igualdad de condiciones para todo cliente. Los contratos de alquiler que se otorguen a esos fines deberán estar disponibles para ser inspeccionados, reproducidos o fotocopiados por el público en la agencia de gobierno otorgante y en la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 5.014. — Restricciones a bienes arrendados. (16 L.P.R.A. § 625p)

 

   Los vehículos de motor, naves o aeronaves que sean alquilados, conforme se dispone en el Artículo 6.015 [Nota: Actual Art. 5.015 renumerado por la Ley 233-2014] de esta Ley, no podrán estar rotulados o identificados con mensajes, insignias o emblemas partidistas.

 

Artículo 5.015. — Reglamento para arrendamiento. (16 L.P.R.A. § 625q)

 

   La Oficina del Contralor Electoral promulgará un reglamento para implantar los términos y condiciones bajo los cuales podrán arrendarse bienes inmuebles, vehículos de motor, naves o aeronaves, de conformidad con lo expuesto en este Capítulo.

 

Artículo 5.016. — Otorgación de crédito por parte de comerciantes no incorporados. (16 L.P.R.A. § 625r) [Nota: La Ley 281-2018 añadió este Artículo]

 

   Un comerciante no incorporado, que realice negocios como persona natural, puede vender bienes o brindar sus servicios a crédito a un comité político, candidato, aspirante o funcionario electo. Esta extensión de crédito no será considerada como un donativo al comité político candidato, aspirante o funcionario electo, siempre y cuando la transacción surja en el curso ordinario de los negocios y los términos sean sustancialmente similares al crédito otorgado a otros clientes con obligaciones de igual tamaño y riesgo.

   Si por motivo de la extensión de crédito la deuda se convierte en líquida y exigible, y el comité no realiza el pago correspondiente, la misma podrá ser considerada como un donativo por parte del comerciante, sujeta a los límites y prohibiciones establecidos en la Ley. La Oficina del Contralor Electoral, establecerá la reglamentación necesaria para la evaluación de estas deudas, hacer cumplir estas disposiciones y establecer cuándo y cómo se entenderá que una deuda se convierte en líquida y exigible.

 

Artículo 5.017. — Otorgación de crédito por parte del comerciante que realice negocios como persona jurídica. (16 L.P.R.A. § 625s) [Nota: La Ley 281-2018 añadió este Artículo]

 

   Un comerciante que realice negocios como persona jurídica puede vender bienes o brindar sus servicios a crédito a un comité político, candidato, aspirante o funcionario electo, siempre y cuando la transacción surja en el curso ordinario de los negocios del comerciante y los términos sean similares al crédito otorgado a otros clientes con obligaciones de igual tamaño y riesgo.

   No obstante, la Ley prohíbe expresamente que las personas jurídicas realicen donativos a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité de acción política o funcionario electo. Por tanto, de entenderse que la otorgación de crédito es una donación de acuerdo a los parámetros establecidos por la reglamentación de la Oficina del Contralor Electoral, para todos los efectos legales se convertiría en un donativo ilegal.

   Las disposiciones establecidas en este Artículo y el Artículo 5.016 no serán de aplicación a los servicios brindados por las agencias de publicidad, productores independientes, y los medios de difusión y comunicación con relación a pautas de comunicación electoral de los comités políticos, candidatos, aspirantes o funcionarios electos. Estos servicios tendrán que ser pagados en su totalidad antes de que se brinden los mismos, según se dispone en el Capítulo VII de la Ley.

 

 

CAPÍTULO VI. — ORGANIZACIÓN DE LOS COMITÉS DE ACCIÓN POLÍTICA Y OTROS

 

 

Artículo 6.000. — Presentación de la Declaración de Organización. (16 L.P.R.A. § 626)

 

   Todo comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado se inscribirá en la Oficina del Contralor Electoral, quién mantendrá un Registro de Comités. Para fines de esta Ley, los comités de fondos segregados y los comités para gastos independientes deberán registrarse, cumpliendo con los requisitos, registro, informes y limitaciones exigidos a los Comités de Acción Política, según aplique. La inscripción se realizará mediante la presentación de una declaración de organización ante la Oficina del Contralor Electoral. Dependiendo del tipo de comité de que se trate, los plazos para presentación de la declaración de organización serán los siguientes:

(a) Todo comité de acción política, comité campaña y comité autorizado de un candidato o aspirante, presentará ante el Contralor Electoral su declaración de organización dentro de los diez (10) días laborables siguientes a haber sido designado como tal.

(b) Todo comité o fondo segregado organizado al amparo de los Artículos 5.007, 5.008, 5.009 de esta Ley, presentará ante el Contralor Electoral su declaración de organización dentro de los diez (10) días laborables, de haber sido establecido.

(c) Todo otro comité presentará ante el Contralor Electoral su declaración de organización dentro de los diez (10) días laborables siguientes a haberse convertido en un comité, según dicho término se define en el Artículo 2.004 de esta Ley.

(d) En el caso específico de las organizaciones políticas establecidas e inscritas en otra de las jurisdicciones de los Estados Unidos de América, sus Estados o Territorios, y que tengan la intención pero no el propósito principal de realizar donativos o gastos con fines electorales en Puerto Rico, tales organizaciones, deberán presentar ante el Contralor Electoral copia fidedigna de las credenciales que las acreditan como tal en la jurisdicción estatal de origen dentro del término de diez (10) días laborables, de haber realizado su primer donativo o gasto con fines electorales en Puerto Rico; o para referéndums, plebiscitos, consultas al electorado y elecciones especiales.

Artículo 6.001. — Contenido de la Declaración de Organización de los Comités. (16 L.P.R.A. § 626a)

 

   La declaración de organización de un comité de acción política, comité de campaña, comité autorizado o comité de partido político incluirá:

(a) el nombre del comité, su dirección postal y física, dirección de su página de Internet, dirección de su correo electrónico, números de teléfono y fax, y tipo de comité;

(b) el nombre, dirección postal y física, dirección de su página de Internet, dirección de su correo electrónico, números de teléfono y fax y relación de cualquier organización relacionada o comité afiliado, así como su tipo;

(c) el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico, números de teléfono y fax y posición del custodio de los récords y cuentas del comité;

(d) el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico, números de teléfono y fax de sus fundadores y tesorero, y sub tesorero, si lo hubiese, así como los que componen su comité de finanzas, se entenderá que la persona es miembro del comité de finanzas cuando está autorizada a recaudar dinero si es parte del grupo de finanzas del comité en cuestión y tiene alguna intervención en la forma y manera en que se recaudan fondos para el comité, una persona que realiza una actividad en su casa no se convierte en miembro de un comité de finanzas por ese solo evento; y la fecha en que fue organizado el comité. El Contralor Electoral establecerá mediante Reglamento la definición y composición de dicho comité.

(e) una declaración sobre la forma de organización, ya sea una corporación, sociedad o asociación o cualquier otro tipo de estructura organizacional bajo la cual está operando;

(f) una indicación de si el comité es un comité de campaña o comité autorizado por un candidato o aspirante, en cuyo caso deberá proveer el nombre del candidato o aspirante, su dirección postal y física, el puesto al que aspira y el partido al cual está afiliado el candidato o aspirante;

(g) una indicación de si el comité es un comité de campaña o comité autorizado de un partido político, en cuyo caso deberá identificar el partido y proveer dirección postal y física, dirección de su página de Internet, dirección de su correo electrónico, números de teléfono y fax;

(h) una indicación de si el comité fue creado para abogar por el triunfo o derrota de una opción específica en cualquier referéndum, plebiscito o consulta al electorado y de ser ese el caso, deberá describir la opción en cuestión;

(i) una indicación de si el comité ha coordinado o donado o coordinará o donará a un partido, aspirante, candidato o a un comité de campaña, comité autorizado, agente o representante de alguno de éstos.

(j) una lista de todos los bancos, cajas de depósito u otros lugares de depósito utilizados por el comité;

(k) la aceptación escrita del cargo por el tesorero y por el sub-tesorero, en caso de ser aplicable;

(l) en el caso específico de las organizaciones políticas descritas en el Artículo 6.000 (d) de esta Ley, deberán presentar ante el Contralor Electoral copia fidedigna de las credenciales que las acreditan como tal en la jurisdicción de origen, que incluya como mínimo el nombre del comité, su dirección postal y física, dirección de su página de Internet, dirección de su correo electrónico, números de teléfono y fax, y tipo de comité, si aplica; y el nombre, ocupación, dirección postal y física, dirección de correo electrónico, números de teléfono y fax del tesorero del comité, si aplica, y la fecha en que fue organizado dicho comité.

 

Artículo 6.002. — Fondos segregados o Fondos para gastos independientes. (16 L.P.R.A. § 626b)

 

   Cuando se trate de un fondo segregado o un fondo para gasto independiente al amparo de los Artículos 5.007, 5.008, 5.009 de esta Ley, el comité deberá notificar el nombre de la organización relacionada al Contralor Electoral. Si la organización relacionada es comúnmente conocida por el público en general por siglas, la declaración de organización tendrá que incluir además las siglas.

 

Artículo 6.003. — Cambios en la información de la declaración. (16 L.P.R.A. § 626c)

 

   Cualquier cambio en la información sometida en una declaración de organización deberá ser informado al Contralor Electoral dentro de los diez (10) días laborables siguientes a que ocurra el cambio. Si el cambio ocurre sobre la indicación dispuesta en el Artículo 6.001(i) será aplicable lo dispuesto en el Artículo 5.001.

 

Artículo 6.004. — Designación de Comités de Campaña y Autorización y Participación en Otros Comités. (16 L.P.R.A. § 626d)

 

(a) Todo candidato o aspirante que recaude o gaste más de quinientos dólares, aunque sea de su propio peculio designará un (1) comité como su comité de campaña dentro de los diez (10) días laborables de haber realizado el gasto o recibido el ingreso, y tal designación se hará constar en la declaración de organización de dicho comité.

(b) Ningún candidato o aspirante designará a más de un (1) comité como su comité de campaña. Lo anterior no impide que un candidato o aspirante autorice comités adicionales o participe en un comité establecido para apoyar a una plancha o grupo de candidatos o aspirantes que incluya a dicho candidato o aspirante o participe en esfuerzos conjuntos de recaudación de fondos, siempre y cuando todos los gastos se desembolsen y contabilicen de forma pro-rata entre los candidatos o aspirantes participantes. En el caso específico de comités que se creen para apoyar a una plancha de candidatos a un mismo cargo, exceptuando la candidatura a gobernador, los gastos de este comité no se considerarán donativos a los candidatos que apoya, siempre y cuando no se mencionen otros candidatos, en cuyo caso se presumirá la coordinación y se le imputará como gasto de campaña al candidato mencionado. Este comité podrá recibir donativos dentro de los límites aplicables a los comités de acción política. La mera presencia de un candidato o aspirante en una actividad de recaudación de fondos de otro candidato o aspirante no significa que han realizado un esfuerzo conjunto de recaudación de fondos para fines de esta disposición.

 

Artículo 6.005. — Oficiales de los Comités de Campaña. (16 L.P.R.A. § 626e)

 

   Todo candidato o aspirante nombrará un tesorero para su comité de campaña, quién deberá ser residente de Puerto Rico.

a) El tesorero del comité de campaña aceptará el cargo por escrito en la declaración de organización del comité.

b) El candidato o aspirante podrá designar un sub tesorero para que desempeñe los deberes del tesorero cuando este último no pueda hacerlo. El sub tesorero también deberá ser residente de Puerto Rico y su nombramiento deberá constar en la declaración de organización del comité.

 

Artículo 6.006. — Vacantes en el Cargo de Tesorero de Comités de Campaña. (16 L.P.R.A. § 626f)

 

   El candidato o aspirante podrá remover de su cargo al tesorero de su comité de campaña. Cuando ocurra una vacante en el cargo de tesorero de su comité de campaña, el candidato o aspirante deberá:

(a) notificar al Contralor Electoral dentro de los quince (15) días siguientes a que ocurra la vacante;

(b) asumir los deberes del cargo de tesorero, si el comité no tenía un sub tesorero;

(c) llenar la vacante de tesorero y notificar al Contralor Electoral la información requerida en relación al tesorero en la declaración de organización del comité dentro de los quince (15) días laborables siguientes al nombramiento;

(d) un tesorero sucesor no será responsable de la veracidad y corrección de los récords de su antecesor.

 

Artículo 6.007. — Tesorero de otros Comités: vacantes; autorizaciones. (16 L.P.R.A. § 626g)

 

   Todo comité tendrá un tesorero. Ningún comité de acción política o autorizado recibirá donativos o contribuciones o hará gastos mientras el puesto de tesorero esté vacante. Ningún comité hará gastos sin la autorización de su tesorero o su agente autorizado. En caso de que el puesto de tesorero quedase vacante, el comité notificará al Contralor Electoral dentro de los cinco (5) días laborables siguientes a que ocurra la vacante. Cuando el comité nombre un tesorero para llenar la vacante, el comité notificará al Contralor Electoral la información requerida con relación al tesorero en la declaración de organización dentro de un plazo de cinco (5) días laborables del nombramiento.

 

Artículo 6.008. — Récords. (16 L.P.R.A. § 626h)

 

   El tesorero de un comité mantendrá récords de:

(a) todos los donativos, aportaciones y contribuciones hechos por dicho comité o a nombre de éste;

(b) el nombre, dirección, número electoral o de licencia de conducir de toda persona que haga un donativo, aportación o contribución en exceso de cincuenta (50) dólares;

(c) el nombre, dirección, número electoral, o de licencia de toda persona que haga donativos, contribuciones o aportaciones que totalicen más de mil (1,000) dólares anuales, así como las fechas y cantidades de tales donativos, contribuciones o aportaciones;

(d) el nombre y dirección de todo comité de acción política que le haga un donativo, aportaciones y contribuciones, así como la cantidad y fecha de dicha contribución;

(e) el nombre y dirección de toda persona a quien se haga un desembolso, así como la fecha, cantidad y propósito del mismo, y de ser ese el caso, el nombre del partido, candidato o aspirante para cuyo beneficio se hizo el desembolso y el puesto al que aspira el candidato o aspirante. También mantendrá un recibo, factura o evidencia del método de pago para cada desembolso;

(f) los fondos de todo comité de acción política se mantendrán segregados y no podrán mezclarse con los fondos de persona alguna.

 

Artículo 6.009. — Deberes adicionales de los tesoreros. (16 L.P.R.A. § 626i)

 

   El tesorero de un comité tendrá además los siguientes deberes adicionales:

(a) presentar puntualmente los informes requeridos por esta Ley en la forma requerida por el Contralor Electoral;

(b) presentar todo informe requerido por esta Ley y dar fe de su veracidad, so pena del delito de perjurio;

(c) cuando advenga en conocimiento de errores u omisiones en algún informe requerido por esta Ley, presentará un informe enmendado.

(d) En el caso de los tesoreros de comités centrales, municipales y de precinto deberán presentar ante la Oficina del Contralor Electoral, dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha de su renuncia o remoción, un informe de transición, el cual estará disponible para la inspección de su sucesor.

(e) En el caso de los tesoreros de comités centrales, municipales y de precinto, treinta (30) días consecutivos previo a una elección en ocasión de primarias o elección interna de presidentes de comités a nivel central, de comités municipales y de precinto, deberán preparar un Informe de Transición que deberá presentarse ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral y en la secretaría de la colectividad que lo representa.

 

Artículo 6.010. — Conservación de Récords. (16 L.P.R.A. § 626j)

 

   El tesorero de un comité de partido político, comité de campaña, comité autorizado y comité de acción política conservará todos los récords requeridos por esta Ley, hasta que la Oficina del Contralor Electoral emita el informe final de la campaña electoral a la que corresponden los mismos. En el caso de informes que se presenten de forma electrónica bajo el Artículo 7.012 de esta Ley, la copia que el tesorero deberá conservar será una copia electrónica (“machine readable”).

 

Artículo 6.011. — Depositarios Exclusivos de Campaña; Cuentas bancarias. (16 L.P.R.A. § 626k)

 

(a) Todo comité de acción política, comité de campaña y comité autorizado designará a un banco autorizado para hacer negocios en Puerto Rico como su depositario exclusivo de campaña. Ninguna institución financiera le podrá denegar a un comité establecido bajo las disposiciones de esta Ley la apertura o mantenimiento de una cuenta bancaria, siempre que la misma cumpla con las disposiciones locales y federales para establecer la misma. No se podrá discriminar contra ningún comité en la obtención de una cuenta bancaria. Las instituciones financieras estarán obligadas a notificar a la Oficina del Contralor Electoral dentro de los diez (10) días de ocurrida la transacción de cualquier depósito en alguna cuenta bancaria de un aspirante, candidato, partido político o comité cuando en un mismo día se deposite en una cuenta, en cualquiera de sus sucursales, mediante una o más transacciones, una cantidad mayor de diez mil dólares ($10,000) utilizando uno o más de los siguiente medios: transferencia electrónica, efectivo, giro, cheque de gerente, cheque certificado o cheque de viajero. De ocurrir tales transacciones, la institución financiera deberá verificar y mantener el nombre y dirección de la persona que realiza la transacción, la identidad del aspirante, candidato, partido o comité a nombre o a favor de quien se hace la transacción y su número de cuenta.

(b) Todo comité mantendrá a su nombre una cuenta de campaña con dicho depositario en una sucursal abierta al público. El comité también podrá tener otras cuentas con dicho depositario, pero en esa misma sucursal. Las cuentas identificarán al comité por su nombre completo y no podrán utilizarse siglas.

(c) Toda contribución recibida directa o indirectamente por el comité será depositadas en la cuenta de campaña.

(d) Todo desembolso hecho por un comité se hará mediante cheque girado contra la cuenta de campaña, transferencia electrónica o a través de una tarjeta de débito de la cuenta bancaria, excepto cuando se trate de un desembolso de “petty cash”.

(e) El comité podrá mantener un fondo de efectivo en caja “petty cash” girando un cheque o haciendo retiros de la cuenta bancaria para efectuar desembolsos menores de doscientos cincuenta dólares ($250), pero mantendrá records de dichos desembolsos, según requerido por los Artículos 6.008 y 6.010 de esta Ley.

 

Artículo 6.012. — Terminación de comités. (16 L.P.R.A. § 626l)

 

a. Un comité no podrá ser terminado o disuelto hasta que el tesorero presente ante la Oficina del Contralor Electoral una declaración, so pena del delito de perjurio, estableciendo que ha cesado de recibir donativos, que no hará más gastos, y que dicho comité no tiene deudas u obligaciones pendientes.

b. Nada de lo anterior limitará la autoridad de la Oficina del Contralor Electoral para establecer por reglamento procedimientos para:

1) determinar y declarar que un comité es insolvente;

2) liquidar de manera ordenada un comité insolvente y aplicar sus activos para reducir las deudas u obligaciones pendientes;

3) terminar un comité insolvente luego de haber liquidado sus activos y aplicado los mismos a las deudas u obligaciones pendientes; y

4) disponer de sobrantes de campañas, equipos adquiridos y cualesquiera otros bienes existentes.

 

 

 

Artículo 6.013. — Deudas de los Partidos. (16 L.P.R.A. § 626m)

 

   A partir de la vigencia de esta Ley, las deudas certificadas de los partidos políticos que custodiaba la Comisión Estatal de Elecciones serán custodiadas por la Oficina del Contralor Electoral. Aquellas deudas que tengan más de diez (10) años contados a partir de que las mismas sean líquidas y exigibles podrán ser reclamadas dentro del término de cuarenta y cinco (45) días, conforme al procedimiento que establece esta Ley. Este proceso se realizará una sola vez. Sólo aquellas deudas que sean reclamadas dentro del término y bajo las condiciones establecidas en este Artículo serán exigibles. La no reclamación del acreedor no se entenderá como donativo al partido político. La Oficina del Contralor Electoral publicará un solo edicto en un periódico de circulación general, detallando los acreedores y el monto de las deudas. Los acreedores tendrán un término de cuarenta y cinco (45) días para reclamar el pago, presentando una declaración jurada y prueba fehaciente de la deuda ante la Oficina del Contralor Electoral. Una vez transcurridos los cuarenta y cinco (45) días que dispone este Artículo, todas las deudas de los partidos no reclamadas prescribirán, serán sacadas de los libros del partido y no podrán ser reclamadas, excepto aquellas cuyo acreedor sea el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La publicación del edicto no podrá ser interpretada como una admisión o reconocimiento de la deuda por el partido político.

 

Artículo 6.014. — Comités de Acción Política. (16 L.P.R.A. § 626n)

 

   Todas las cuentas que tenga un comité de acción política se considerarán parte del mismo comité. Los comités de acción política no podrán crear o ser parte de otros comités de acción política. Los partidos políticos, candidatos y aspirantes podrán establecer y administrar comités de campaña y tener y beneficiarse de comités autorizados, sin embargo, no podrán establecer y administrar comités de acción política, como tampoco podrán hacerlo sus comités de campaña y comités autorizados. Los requisitos de informes, registro y limitaciones que impone esta Ley a los Comités de Acción Política, aplicará a todo fondo segregado para donación o para gastos independientes, establecido para fines electorales por una persona jurídica, aunque éstas no decidan organizarse como tal.

 

Artículo 6.015. — Informe de Transición de Comité de Partido Político. [Nota: El Art. 8 de la Ley 216-2018 añadió este Artículo]

 

   Treinta (30) días consecutivos previo a una elección en ocasión de primarias o elección interna de presidentes de comités a nivel central, de comités municipales y de precinto, la persona que ocupe la posición de presidente tendrá la responsabilidad de preparar un Informe de Transición que deberá presentar ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral y en la secretaría de la colectividad que lo representa. En su Informe de Transición, el presidente o en su defecto el tesorero deberá informar sobre:

1. El estatus del comité en cuanto a la presentación de informes de ingresos y gastos ante la Oficina del Contralor Electoral;

2. Relación de las multas administrativas impuestas al comité y pendientes de pago;

3. Listado de bienes muebles e inmuebles que le pertenezcan al comité y su localidad;

4. Relación de las cuentas por pagar, deudas o créditos que tenga el Comité, incluyendo sus documentos de respaldo;

5. Últimos seis estados de la cuenta bancaria del Comité;

6. Registros, facturas y recibos que evidencien transacciones de ingresos y gastos de los últimos seis meses contados desde el nombramiento del nuevo Presidente;

7. Cualquier contrato vigente, incluyendo, por ejemplo, arrendamiento y electricidad.

8. Cualquier otro documento de respaldo utilizado para mantener una contabilidad completa y detallada del comité.

   El Informe de Transición se presentará electrónicamente y estará accesible al nuevo presidente y tesorero del comité de partido político, municipal o de precinto, de ocurrir un cambio en la presidencia. El incumplimiento con este requisito está sujeto a la imposición de una multa administrativa al presidente saliente y al tesorero saliente, en su carácter personal, por la cual responderán solidariamente.

   Disponiéndose que, en caso de que el presidente del comité a nivel central, de comité municipal y de precinto renuncie o sea destituido de su puesto, este tendrá treinta (30) días consecutivos contados a partir de su destitución o renuncia para presentar el Informe de Transición aquí dispuesto. El incumplimiento con este requisito está sujeto a la imposición de una multa administrativa al presidente saliente y al tesorero saliente, en su carácter personal, por la cual responderán solidariamente.

   Cualquier multa administrativa impuesta por la Oficina del Contralor Electoral a un comité municipal o de precinto por infracciones a esta Ley será responsabilidad personal de su presidente, éste podrá utilizar recursos del comité para el pago de las mismas. Disponiéndose, sin embargo, que al finalizar su presidencia deberá pagar de su peculio cualquier balance adeudado que no haya sido satisfecho al finalizar su incumbencia.

 

 

CAPÍTULO VII. — INFORMES

 

 

Artículo 7.000. — Contabilidad e informes de otros ingresos y gastos. (16 L.P.R.A. § 627)

 

(a) Cada partido político, aspirante, candidato, funcionario electo o los agentes, representantes o a través de sus comités de campaña o comités autorizados y los comités de acción política, deberán llevar una contabilidad completa y detallada de todo donativo o contribución recibida en y fuera de Puerto Rico y de todo gasto por éste incurrido incluyendo con cargo al Fondo Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales y, rendirá, bajo juramento, informes trimestrales contentivos de una relación de dichos donativos o contribuciones y gastos, fecha en que los mismos se recibieron o en que se incurrió en los mismos, nombre y dirección completa de la persona que hizo el donativo, o a favor de quien se hizo el pago, así como el concepto por el cual se incurrió en dicho gasto. Este requisito no aplicará a los aspirantes y/o candidatos a legisladores municipales a menos que éstos recauden dinero o incurran en gastos con fines electorales, en éstos casos deberán registrar un comité de campaña y cumplir con todos los requisitos exigidos a éstos. Los comités municipales junto a su candidato a alcalde rendirán de manera conjunta el informe que requiere este Artículo y según sea diseñado por la Oficina del Contralor Electoral. Aquellos candidatos y comités que no reciban donativos o no realicen gastos tendrán que rendir informes negativos.

(b) Toda actividad sufragada con las aportaciones de distintas personas dirigida a recaudar fondos para promover la elección o derrota de un candidato, aspirante, ideología, consulta o partido, saldar cuentas pendientes, tales como, otorgar un reconocimiento, dar un homenaje o celebrar onomásticos, rifas, sorteos, bingos y la entrega de dinero por concepto de cuotas de recaudo o compromisos establecidos por comités políticos, se considerará un acto político colectivo que deberá ser informado a la Oficina del Contralor Electoral en la forma y manera que se dispone en este Artículo. Disponiéndose que los aspirantes, candidatos y demás comités no se convertirán en comerciantes, según definido en el Código de Rentas Internas de Puerto Rico 2011, según enmendada, o cualquier ley que lo sustituya. A estos efectos, los comités no vendrán obligados a retener y transferir el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) ni obtener permiso o licencia de ventas de bebidas alcohólicas para sus actividades. Los gastos incurridos en cualquier acto político colectivo, con excepción de aquellos incurridos en medios de comunicación, no serán considerados como gasto de campaña, a menos que en el caso de los candidatos acogidos al Fondo Especial los mismos se sufraguen con las cantidades asignadas por dicho Fondo.

(c) Cuando en cualquier acto político colectivo, incluyendo “mass meetings”, maratones, concentraciones, pasadías u otros actos similares, se efectúe cualquier recaudación de dinero, el partido político, aspirante, candidato o comité deberá, luego de efectuado el mismo informar al Contralor Electoral:

(1) el tipo de acto político celebrado;

(2) un estimado de buena fe del número de asistentes al mismo; y

(3) un estimado de buena fe de la cantidad aproximada de dinero recaudado.

   Dicha notificación deberá radicarse en la Oficina del Contralor Electoral dentro de los veinte (20) días laborables siguientes a la fecha en que se haya celebrado la actividad en cuestión. Disponiéndose que a partir del 1 de octubre del año en que se celebren elecciones generales hasta el último día de dicho año, los partidos políticos y candidatos a Gobernador deberán presentar dicha notificación en la Oficina del Contralor Electoral el día laborable siguiente a la fecha en que se haya celebrado la actividad en cuestión.

(d) Comenzando el primero (1ro) de octubre del año anterior al de las elecciones generales, los partidos políticos y candidatos a gobernador deberán rendir el informe al que se refiere el inciso (a) de este Artículo ante la Oficina del Contralor Electoral mensualmente antes del decimoquinto (15to) día del mes siguiente al que se informa.

(e) El informe correspondiente al mes de diciembre del año electoral, se rendirá en la Oficina del Contralor Electoral el día 8 de enero del siguiente año o el siguiente día laborable.

(f) Los aspirantes y candidatos que no resulten electos en la elección general y soliciten y el Contralor Electoral acepte la disolución de su comité de campaña, deben rendir un último informe que cubrirá las transacciones posteriores al primero de enero del año siguiente al de una elección, este informe se radicará sesenta (60) días después de la misma.

(g) La Oficina del Contralor Electoral deberá revisar los informes dentro del término de treinta (30) días contados a partir de la fecha de su radicación, periodo durante el cual los informes serán confidenciales, a los fines de emitir señalamientos sobre devolución de donativos en exceso, si alguno. De no hacerlo en dicho término, la Oficina del Contralor Electoral estará impedida de señalar y requerir tales devoluciones.

(h) Las disposiciones establecidas en los incisos anteriores serán aplicables a, referéndum, plebiscito, consulta o cualquier proceso de índole electoral y los informes al respecto deberán radicarse en las fechas que disponga la Oficina del Contralor Electoral. Si una fecha coincide con un día no laborable el informe vencerá el próximo día laborable de la Oficina del Contralor Electoral.

(i) A los fines de presentar los informes requeridos en esta Sección, se considerará candidato o aspirante a toda aquella persona que en cualquier momento antes de su nominación, por sí o a través de otra persona, grupo o entidad, reciba una contribución para ser utilizada en una elección en la cual el receptor de la contribución haya de figurar como candidato o aspirante.

(j) En cada uno de los informes requeridos bajo este Artículo, los partidos políticos, comités, aspirantes y los candidatos deberán certificar si alguno de los servicios prestados o rendidos por sus agentes o agencias publicitarias fueron de forma coordinada; esto es, mediando la cooperación, consulta, concierto, planificación, sugerencia o petición de cualquier otro partido político, candidato, aspirante o sus comités o agentes autorizados de éstos o comité de acción política. Si los servicios fueron prestados de forma coordinada, entonces la certificación deberá incluir el nombre y dirección del partido, candidato, aspirante o sus comités, o comité de acción política con quien se coordinó la prestación de sus servicios.

(k) en lugar de los informes requeridos bajo este Artículo, las organizaciones políticas descritas en el Artículo 6.000 (d) de esta Ley, presentarán a la Oficina del Contralor Electoral informes reportando todo donativo recibido de residentes de Puerto Rico y todo gasto realizado para apoyar u oponerse a un aspirante o candidato en Puerto Rico.

 

Artículo 7.001. — Informes de Donativos Tardíos. (16 L.P.R.A. § 627a)

 

   Todo donativo o contribución de mil (1,000) dólares o más recibido de una fuente luego del informe del 31 de octubre y antes del informe del 15 de noviembre del año en que se lleven a cabo elecciones, será informado a la Oficina del Contralor Electoral dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas luego de recibido. El informe divulgará el nombre completo del candidato y sus comités, partido político o comité de acción política que recibió el donativo o contribución y su dirección postal. El informe también divulgará el nombre completo del donante o contribuyente, su dirección postal, e identificación. Los donativos o contribuciones tardíos también serán informados en el próximo informe que presente el candidato y sus comités, partido político o comité de acción política a la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 7.002. — Informes de Gastos Independientes. (16 L.P.R.A. § 627b)

 

1) Gastos ascendentes a mil (1,000) dólares.

(a) Informe inicial — Toda persona natural o jurídica o comité que contrate, restando veinte (20) días o menos para una elección para hacer gastos independientes que en el agregado suman mil (1,000) dólares o más, presentará un informe dentro de veinticuatro (24) horas de haber hecho dichos gastos o contratado para hacer los mismos lo que ocurra primero.

(b) Informes adicionales — Luego de que una persona o comité presente el informe requerido en el inciso anterior, presentará un informe adicional dentro de cuarenta y ocho (48) horas cada vez que haga o contrate para hacer gastos independientes que por sí o en el agregado sumen cinco mil (5,000) dólares adicionales.

(c) Estos informes son separados e independientes de cualquier otro informe requerido.

 

 

2) Gastos ascendentes a cinco mil (5,000) dólares.

(a) Informe inicial — Toda persona natural o jurídica o comité que, en cualquier momento en o antes del vigésimo (20mo) día antes de una elección, contrate para hacer gastos independientes que, en el agregado, sumen cinco mil (5,000) dólares o más, presentará un informe dentro de cuarenta y ocho (48) horas de haber hecho dicho gasto o gastos o contratado para hacer los mismos.

(b) Informes adicionales — Luego de que una persona natural o jurídica o comité presente el informe requerido en el inciso anterior, presentará un informe adicional dentro de cuarenta y ocho (48) horas cada vez que haga o contrate para hacer gastos independientes que por sí o en el agregado sumen cinco mil (5,000) dólares adicionales.

(c) Estos informes son separados e independientes de cualquiera otro informe requerido.

3) Lugar de presentación y contenido de los informes de gastos independientes y su radicación.

   Los informes requeridos por este Artículo serán presentados ante la Secretaría de la Oficina del Contralor Electoral y contendrán:

(a) el nombre, dirección y teléfono de la persona que hizo o hará el gasto, así como el nombre, dirección y teléfono de cualquier persona que comparta o ejerza la dirección de la persona que hizo o hará el gasto y de organizaciones relacionadas, así como el nombre, dirección y teléfono del custodio o custodios de los récords y libros de contabilidad de la persona que hizo o hará el gasto;

(b) la dirección del lugar principal de negocios de la persona que hizo o hará el gasto, si no es una persona natural;

(c) la cantidad y fecha de cada gasto de más de doscientos (200) dólares;

(d) la elección, referéndum, plebiscito o consulta a la cual el gasto se refiere y, de ser aplicable, los nombres de los candidatos identificados o que serán identificados, así como el puesto al que aspiran; y

(e) los nombres y direcciones de todos los donantes o contribuyentes que aportaron una cantidad que de por sí o en forma agregada ascienda a, o exceda de mil (1,000) dólares.


Artículo 7.003. — Contratos de Difusión, Costos de Producción e Informes. (16 L.P.R.A. § 627c)

 

(a) Todo partido político, su candidato a Gobernador y los comités de éstos, y cada comité de acción política, presentará ante el Contralor Electoral y con la gerencia de cada medio de difusión y medio de comunicación que desee utilizar, el nombre o los nombres y las firmas de las personas autorizadas a contratar a nombre suyo tiempo o espacio en dicho medio de difusión.

(b) Los medios de comunicación, los productores independientes y las agencias de publicidad vendrán obligados a requerir de los partidos políticos, aspirantes, candidatos y a los comités de acción política, una certificación de la Oficina del Contralor Electoral acreditativa de que están inscritos, registrados o certificados por dicho organismo, según aplique. Todas las agencias de publicidad que presten servicios publicitarios, productores independientes y todos los medios de comunicación que presten servicios a los partidos políticos, candidatos, aspirantes y comités de acción política estarán obligados a rendir informes mensuales a la Oficina del Contralor Electoral, comenzando con el mes de enero del año electoral hasta el último día del mes en que se celebren elecciones generales, con expresión de los costos de los servicios prestados por ellos para anuncios con fines electorales. Las agencias de publicidad, los productores independientes y medios de comunicación a que se refiere este párrafo vendrán obligados a incluir en dichos informes el nombre, dirección postal y algún número de identificación de toda persona que sufrague los costos de producción de la publicidad de los partidos políticos, aspirantes, candidatos, comités de acción política, personas y grupos independientes. También, deberán informar cualquier donativo o contribución en forma de bienes o servicios, tales como vehículos, estudios, encuestas u otros de cualquier naturaleza, cuyo propósito sea promover el triunfo o la derrota de un partido o candidato. Dichos informes serán radicados, bajo juramento, no más tarde del día diez (10) del mes siguiente a aquél cubierto por el informe.

(c) Las agencias de publicidad podrán pautar los anuncios solicitados por un aspirante, candidato, partido político, comité de acción política o comité de cualquier otra naturaleza, siempre y cuando ya hayan recibido de manos del solicitante el pago correspondiente al total del gasto para el anuncio que solicitan sea pautado en medios de difusión. En caso de que el costo se vaya a sufragar con el Fondo Especial dispuesto en el Capítulo IX de esta Ley, las agencias de publicidad deberán facturar por adelantado a los partidos políticos y candidatos a gobernador, requerir del tesorero de tal partido político o comité, una certificación firmada y jurada so pena del delito de perjurio, que refleje que tal solicitud de pauta de anuncio o grupo de anuncios o difusión cuenta inequívocamente con los recursos económicos ya recaudados y depositados en el Departamento de Hacienda para sufragar el costo total de tal comunicación electoral o conjunto de éstas y pagar al medio de comunicación la totalidad del costo de las pautas solicitadas. Solo así podrán los medios de comunicación llevar al aire anuncios solicitados por una agencia de publicidad para los partidos y candidatos a la gobernación.

(d)    Los medios de comunicación y los productores independientes también podrán aceptar pautar los anuncios solicitados por un candidato, aspirante, partido político, comité de acción política o comité de cualquier otra naturaleza, de forma conocida como pauta directa, siempre y cuando ya hayan recibido de manos del solicitante el pago correspondiente al total del gasto que solicitan sea pautado. En el caso de que la comunicación electoral que se intenta difundir se vaya a sufragar con el Fondo Especial para el Financiamiento de las Campañas Electorales, los medios de comunicación y los productores independientes deberán facturar por adelantado y los partidos políticos y su candidato a gobernador procesar en el Departamento de Hacienda dicha factura para el pago y pagar al medio de comunicación o al productor independiente la totalidad del costo de la pauta o pautas y requerir del tesorero de tal partido político o comité, una certificación firmada y jurada so pena del delito de perjurio, que refleje que tal solicitud de pauta de anuncio o grupo de anuncios o difusión cuenta inequívocamente con los recursos económicos ya recaudados y depositados en el Departamento de Hacienda para sufragar el costo total de tal comunicación electoral o conjunto de éstas.

(e) Queda por esta Ley terminantemente prohibido a las agencias de publicidad, productores independientes y a los medios de comunicación financiar de su propio peculio el costo de pautas de comunicación electoral de ningún partido político, aspirante o candidato a puesto electivo ni comité de acción política o comité de otro tipo que solicite pautar comunicaciones electorales con el fin de impactar positivamente o negativamente en la elección de un candidato, aspirante o ideología en una elección general, candidatura o en una consulta, plebiscito o referéndum.

(f) También queda prohibido a las corporaciones o individuos dueños de los medios de comunicación aceptar o llevar al aire pautas de comunicaciones electorales para las cuales no se hayan cumplido estrictamente todos los requisitos antes mencionados, según apliquen.

 

Artículo 7.004. — Control de gastos en medios de difusión. (16 L.P.R.A. § 627d)

 

(a) Se considerará con cargo al límite disponible a un partido político o su candidato a Gobernador o candidato a Gobernador independiente, bajo el Artículo 9.001 de esta Ley, cualquier gasto efectuado por dicho partido a nivel central en apoyo o en contra de la nominación, candidatura o elección de cualquier candidato a Gobernador, su plataforma o la de su partido.

(b) Cualquier persona o grupo de personas no adscrita y que no done a un partido político, comité de campaña o comité autorizado de un candidato, aspirante o partido, que independientemente solicite o acepte donativos o contribuciones, o que incurra en gastos independientes para beneficio de un partido, ideología, aspirante o candidato, deberá revelar y especificar, públicamente, que dicho gasto no ha sido aprobado por el partido, aspirante o candidato ni sus comités de que se trate ni coordinado con el partido, aspirante o candidato ni sus comités.

(c) Toda comunicación oral y/o visual o escrita donde se soliciten o acepten donativos o contribuciones, o mediante la cual se incurra en gastos independientes a beneficio de un partido, ideología, aspirante o candidato, deberá indicar en forma clara e inequívoca que la actividad o anuncio difundido se ha efectuado sin la autorización del partido, aspirante o candidato beneficiado, ni sus comités ni coordinado con el partido, aspirante o candidato ni sus comités.

(d) Todo gasto incurrido y en el que no se cumpla con lo aquí dispuesto se cargará al límite del partido político, aspirante o candidato apoyado por la persona o grupos de personas concernidos o al cual estén afiliados, incluyendo ello, si una campaña independiente incumple con los requisitos aquí dispuestos, se aplicará esta sección y los gastos de la misma se entenderán que corresponden al partido, aspirante, candidato, opción o ideología que apoyen. No obstante, el partido político o candidato independiente a Gobernador podrá rebatir esta presunción mediante procedimiento adoptado por el Contralor Electoral para estos fines.

 

Artículo 7.005. — Uso de medios de difusión. (16 L.P.R.A. § 627e)

 

   La Oficina del Contralor Electoral deberá actualizar el impacto del factor inflacionario en los medios de comunicación masiva un año antes de la fecha en que se celebren las elecciones generales. A estos fines llevará a cabo el estudio correspondiente y lo remitirá al Gobernador y a la Asamblea Legislativa del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

   Las estaciones de radio y televisión propiedad del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico no podrán ser usadas por ningún partido para fines político-partidistas, sin embargo, vendrán obligadas, de así solicitarlo el Contralor Electoral, a cederle a éste una porción del tiempo de su programación durante el período de julio a noviembre del año de elecciones generales, para en igualdad de condiciones orientar a las personas naturales, candidatos, aspirantes, partidos políticos, comités, medios de comunicación, personas jurídicas y demás entidades reguladas por esta Ley sobre la Fiscalización del Financiamiento de las Campañas Políticas que realiza la Oficina del Contralor Electoral. La Oficina del Contralor Electoral establecerá mediante reglamento y en coordinación con las estaciones de radio y televisión del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico la forma y manera en que éstas proveerán el tiempo de programación aquí establecido.

 

Artículo 7.006. — Divulgación de Comunicaciones Electorales. Requisito de Informe. (16 L.P.R.A. § 627f)

 

   Toda persona que de ordinario no rinda informes ante la Oficina del Contralor Electoral, que haga un desembolso que por sí o en el agregado exceda de cinco mil (5,000) dólares para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral durante cualquier año calendario presentará al Contralor Electoral un informe con la información requerida en el párrafo (a) que sigue. Dicho informe se presentará no más tardar dentro de veinticuatro (24) horas de la “fecha de divulgación”, según dicho término se define.

a) Contenido del Informe. — Todo informe requerido bajo este Artículo se presentará so pena del delito de perjurio y contendrá la siguiente información:

i. el nombre, dirección y teléfono de la persona que hizo o hará el desembolso y de las organizaciones relacionadas con ésta, así como el nombre, dirección y teléfono de cualquier persona que comparta o ejerza la dirección de la persona que hizo o hará el desembolso, así como el nombre, dirección y teléfono del custodio o custodios de los récords y libros de contabilidad de la persona que hizo o hará el desembolso;

ii. la dirección del lugar principal de negocios de la persona que hizo o hará el desembolso, si no es una persona natural;

iii. la cantidad y fecha de cada desembolso de más de doscientos (200) dólares;

iv. la elección, plebiscito, referéndum o consulta a la cual el gasto se refiere y de ser aplicable los nombres de los candidatos identificados o que serán identificados, así como el puesto a que aspiran; y

v. los nombres y direcciones de todos los donantes o contribuyentes que aportaron a la persona que rinde el informe para sufragar las comunicaciones electorales objeto del informe durante el año calendario previo a la fecha del informe una cantidad que de por sí o en forma agregada ascienda o exceda de quinientos (500) dólares.

b) Fecha de Divulgación. — Para fines de este Artículo el término “fecha de divulgación” significará:

1) la primera fecha en un año calendario en que la persona ha hecho un desembolso para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral que por sí o en el agregado excede de cinco mil (5,000) dólares;

2) cualquier otra fecha subsiguiente en que la persona ha hecho un desembolso para sufragar los gastos directos de producir o transmitir una comunicación electoral que por sí o en el agregado excede de cinco mil (5,000) dólares desde la más reciente fecha de divulgación para dicho año.

c) Coordinación con otros Requisitos. — El informe requerido por esta sección es independiente y adicional a cualquier otro informe requerido por esta Ley.

 

Artículo 7.007. — Publicación y Distribución de Comunicaciones; Prohibición de Discrimen por la Prensa Escrita. (16 L.P.R.A. § 627g)

 

   Siempre que un comité de acción política haga un desembolso para financiar cualquier comunicación a través de cualquier estación de radio o televisión, televisión por cable o satélite, vía Internet, por computadoras, periódico, revista, “billboard”, envío por correo a quinientas (500) personas o más de un mismo tipo de mensaje, o cualquier otro tipo de anuncio político al público en general, o cuando cualquier persona haga un desembolso para financiar una comunicación para fines electorales o para financiar una comunicación electoral según el término se define en el Artículo 2.004 de esta Ley, dicha comunicación deberá contener lo siguiente:

(a) Si la comunicación fue coordinada, pagada y/o autorizada por un partido, aspirante, candidato, comité de campaña o un comité autorizado por dicho partido, candidato, aspirante o sus agentes, la comunicación deberá indicar que ha sido coordinada, pagada y/o autorizada por dicho partido, aspirante, candidato, comité de campaña o comité autorizado.

(b) Si la comunicación fue pagada por otras personas pero autorizada por un partido, aspirante o candidato o por un comité de campaña o autorizado por dicho partido, aspirante, candidato o sus agentes, la comunicación deberá indicar que ha sido pagada por dichas personas y autorizada por dicho partido, aspirante, candidato y sus comités.

(c) Si la comunicación no fue autorizada por un partido, aspirante o candidato o por el comité de campaña o comité autorizado de dicho partido, aspirante o candidato, o sus agentes, la comunicación deberá indicar claramente el nombre, dirección física y dirección de internet de la persona que pagó por la comunicación y deberá indicar claramente que no fue autorizada por el candidato, aspirante, partido y sus comités.

(d) Ninguna persona que vende espacio en televisión, radio, televisión por cable o satélite, periódico, revista, internet o billboard a un partido, aspirante o candidato o sus comités o agente del partido, aspirante o candidato para fines de la campaña de éstos podrá cobrar una tarifa por dicho espacio que exceda la tarifa cobrada por el uso de dicho espacio para otros fines.

 

Artículo 7.008. — Especificaciones. (16 L.P.R.A. § 627h)

 

   Cualquier comunicación escrita requerida por el Artículo 7.007 deberá:

a) ser de un tamaño de letra suficientemente grande para ser leído claramente por quien reciba la comunicación; y

b) estar impresa con contraste de color que le distinga del fondo y del resto de la comunicación.

 

Artículo 7.009. — Comunicaciones hechas por los candidatos o personas autorizadas. (16 L.P.R.A. § 627i)

 

   Por radio, televisión o cualquier otro medio audiovisual. Cualquier comunicación descrita en el Artículo 7.007 y que se trasmita por radio, además de cumplir con los requerimientos de dicho Artículo deberá incluir la siguiente declaración en audio: “nombre de la persona o comité que pagó la comunicación y el nombre de cualquier organización relacionada a dicha persona o comité que es responsable por el contenido de este mensaje.

   Estos requisitos serán de igual aplicación a cualquier comunicación proselitista transmitida por vía de la Internet.

 

Artículo 7.010. — Programas Computadorizados para la Presentación de Informes. (16 L.P.R.A. § 627j)

 

   La Oficina del Contralor Electoral deberá promulgar estándares que serán utilizados para desarrollar y utilizar programas de computadoras que:

(a) Permitan a los comités contabilizar fácilmente la información sobre ingresos y gastos y trasmitirla inmediatamente a la Oficina del Contralor Electoral.

   El Contralor Electoral deberá proveer una copia de dichos programas de computadora a toda persona a quien esta Ley le impone la obligación de presentar informes ante la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 7.011. — Requisitos Formales de los Informes; Presentación Electrónica. (16 L.P.R.A. § 627k)

 

Toda persona natural o jurídica, así como todo comité, presentará los informes requeridos por esta Ley en un formato electrónico aprobado y provisto por la Oficina del Contralor Electoral. El Contralor Electoral podrá dispensar del requisito de presentación electrónica caso a caso y sólo cuando quede demostrado que la persona o el comité carecen de la capacidad de presentar los informes utilizando el formato aprobado o provisto por la Oficina del Contralor Electoral. El formato electrónico será:

(a) producido por un programa provisto por la Oficina del Contralor Electoral que genera archivos electrónicos en el formato aprobado por la Oficina del Contralor Electoral; o

(b) un sistema en línea provisto o aprobado por la Oficina del Contralor Electoral.

   No será necesario presentar copia en papel de cualquier informe que sea presentado en forma electrónica.

   Será responsabilidad del Contralor Electoral asegurarse de que todos los informes presentados electrónicamente estén disponible(s) al público una vez sean evaluados según sea solicitado por la persona interesada. En el caso específico de informes de donativos tardíos, estos se harán disponibles al público de igual manera. Será responsabilidad de la Oficina del Contralor Electoral mantener record de estas solicitudes.

La Oficina del Contralor Electoral conservará toda la información presentada electrónicamente por un plazo de diez (10) años a partir de que sea presentada.

   La Oficina del Contralor Electoral tendrá disponible en su página de Internet los informes radicados.

   Todo informe que no sea presentado electrónicamente será presentado en los formularios que la Oficina del Contralor Electoral diseñe y adopte por reglamento.

 

Artículo 7.012. — Informes de Recaudos y/o Evaluaciones de Gastos pendientes de trámite. (16 L.P.R.A. § 627l)

 

   Los Informes de Recaudos debidamente presentados y las evaluaciones de gastos en proceso antes de la fecha de efectividad de esta Ley de los candidatos a gobernador y partidos políticos, serán transferidos a la Oficina del Contralor Electoral para que emita una determinación final bajo las disposiciones de ley aplicables al momento de la presentación de dichas solicitudes. Sin embargo, en caso de que bajo las disposiciones procesales de esta Ley se beneficiara una recomendación que hubiera provocado una querella de aplicarse las disposiciones de leyes anteriores, entonces la Oficina del Contralor Electoral lo tramitará bajo esta Ley o el Reglamento que se adopte al amparo de la misma.

 

 

CAPÍTULO VIII. — GASTOS ADMINISTRATIVOS DE LOS PARTIDOS

 

Artículo 8.000. — Propiedad Adquirida con el Fondo Electoral para Gastos Administrativos. (16 L.P.R.A. § 628e)

 

   Toda propiedad mueble e inmueble adquirida con dinero con cargo al derogado Fondo Electoral para Gastos Administrativos pertenece al Pueblo de Puerto Rico en la proporción del fondo de pareo que se haya utilizado. En caso de que un partido cese de existir, la propiedad adquirida con dinero proveniente del derogado Fondo Electoral para Gastos Administrativos se identificará y deberá ser devuelta al Contralor Electoral para ser transferida al Gobierno de Puerto Rico, en un período de treinta (30) días a partir: (1) de la certificación de los resultados de las elecciones generales expedida por la Comisión Estatal de Elecciones en que el partido político haya perdido su franquicia; o (2) de la certificación que el partido ha dejado de existir expedida por el presidente o la persona con el cargo de mayor jerarquía en el partido. Se establecerá mediante reglamentación la forma y manera en que se implementará esta disposición con propiedad adquirida utilizando fondos combinados. El incumplimiento de este Artículo conllevará una multa ascendente al total del valor de la propiedad no devuelta más intereses legales. No obstante, la Oficina del Contralor Electoral o el Gobierno de Puerto Rico pueden optar por no recibir la propiedad devuelta si hacerlo resultaría en una carga negativa o pérdida para el erario público. En estos casos, el partido que ha perdido su inscripción retendrá exclusivamente la posesión de la propiedad y las obligaciones que haya asumido sin menoscabar las acciones que puedan llevar la Oficina del Contralor Electoral o el Gobierno de Puerto Rico para recobrar la inversión pública sobre dicho bien.

 

Artículo 8.001. — Contabilidad de Gastos. (16 L.P.R.A. § 628f)

 

   Todo partido que gire contra cualquier cuenta bancaria o fondo para gastos administrativos deberá llevar una contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido e incluirá como anejo al informe de ingresos y gastos requerido por el Artículo 7.000 un detalle de los gastos con la fecha de los mismos, el nombre completo y dirección de la persona a favor de la cual se efectuará el pago, así como el concepto por el que se hace para efectos del Contralor Electoral.

 

Artículo 8.002. — Asignación Especial para Gastos Administrativos Durante Año Electoral. (16 L.P.R.A. § 628g) [Nota: La Sec. 8 de la Ley 215-2018 añadió este Artículo]

 

   Se dispone que, durante el año electoral, se presupuestará de cualesquiera fondos disponibles en el Fondo General una Asignación Especial para Gastos Administrativos Durante Año Electoral, correspondiente a cuatrocientos mil dólares ($400,000) para cada partido político. Estos fondos podrán ser utilizados a partir del 1 de julio del año electoral.

 

 

CAPÍTULO IX. — FONDO ESPECIAL PARA FINANCIAMIENTO DE CAMPAÑAS ELECTORALES

 

 

Artículo 9.000. — Fondo Especial para Financiamiento de Campañas Electorales. (16 L.P.R.A. § 629)

 

   Se establece un sistema de responsabilidad compartida con participación ciudadana para financiar los gastos de campaña de los partidos políticos y sus candidatos a la gobernación y los candidatos a Gobernador independientes, mediante la creación de un Fondo Especial para Financiamiento de Campañas Electorales. El mismo se nutrirá de recursos privados y públicos. Este Fondo requerirá que los partidos y candidatos que opten por acogerse a este sistema de financiamiento lo hagan plenamente. No podrán acogerse al sistema parcialmente.

 

Artículo 9.001. — Límites en Gastos de Campaña. (16 L.P.R.A. § 629a)

 

   El total de los gastos de campaña de cada partido político y sus candidatos a Gobernador o los candidatos independientes a Gobernador, que en un año de elecciones se acojan a los beneficios del Fondo Especial de Pareo o fondo voluntario alterno, no podrá exceder los diez millones de dólares ($10,000,000.00), contados a partir de la fecha en que los recursos del Fondo estén disponibles. De exceder dicha cuantía, deberá pagar una multa administrativa de tres (3) veces la cantidad de exceso. Los gastos de campaña incluirán, pero sin limitarse, a las siguientes partidas: gerencia y administración de la campaña, costos operacionales de locales, servicios de consumo, vehículos de transportación y de promoción, mantenimiento y combustible, confección de materiales promocionales, tales como banderas, camisetas, pasquines, pegatinas, trípticos, hojas sueltas, anuncios en periódicos, radio, televisión local, televisión por cable y vía satélite, Internet, billboards, costos del trabajo de apoyo de agencias de publicidad, artistas gráficos, técnicos y asesores externos, pago de encuestas y estudios de campo, montaje y gastos relacionados con mítines y concentraciones de público en el año electoral, entre otros. Esto excluye los gastos administrativos regulares del comité central del partido político.

 

Artículo 9.002. — Elegibilidad y Procedimiento. (16 L.P.R.A. § 629b)

 

   Será elegible para acogerse al Fondo Especial para Gastos de Campaña todo partido político inscrito o que se inscriba en o antes de la fecha límite establecida para iniciar la radicación de candidaturas para las posiciones electivas, con candidato a la gobernación y todo candidato a gobernador independiente certificados por la Comisión Estatal de Elecciones para las elecciones generales con relación a las cuales se solicite participación en el Fondo. El partido tendrá y mantendrá un candidato a la gobernación que a su vez no podrá ser el candidato de otro partido político acogido al Fondo Especial en una misma elección general. De incumplir con este requisito o de retirar al candidato beneficiado por el Fondo Especial para Gastos de Campaña, el partido y el candidato serán responsables solidariamente por la devolución de los fondos recibidos. Para acogerse al Fondo Especial para Gastos de Campaña, el Presidente o Secretario del partido político o el candidato independiente a la gobernación, si ese fuera el caso, deberá solicitarlo bajo juramento al Contralor Electoral. La certificación jurada deberá recibirse en la Oficina del Contralor Electoral dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que la Comisión Estatal de Elecciones certifique la candidatura del candidato a la gobernación. Este término será de estricto cumplimiento. No más tarde del día laborable siguiente al recibo en su oficina de la solicitud juramentada, el Contralor Electoral certificará al Secretario de Hacienda el cumplimiento de este requisito. Una vez certificado podrá comenzar el pareo de fondos. La opción de acogerse a los beneficios del Fondo será final y firme y no podrá ser revocada para esa elección general.

 

Artículo 9.003. — Responsabilidad por el Fondo Especial para Gastos de Campaña.-. (16 L.P.R.A. § 629c)

 

   El Secretario de Hacienda será responsable de la operación del Fondo Especial para Gastos de Campaña y de la custodia del dinero que se deposite en aquél, para lo cual mantendrá cuentas separadas para cada partido político y candidato a Gobernador acogido a los beneficios del Fondo. Los pagos y desembolsos se canalizarán a través del Departamento de Hacienda, previa justificación al efecto, y de acuerdo a las normas aplicables al desembolso de recursos del erario.

 

Artículo 9.004. — Recursos para el Fondo Especial para Gastos de Campaña. (16 L.P.R.A. § 629d)

 

   El Fondo Especial se nutrirá del Fondo General, para lo cual se asignarán cualesquiera cantidades disponibles necesarias para el funcionamiento, administración y financiamiento del Fondo Especial para Gastos de Campaña; las donaciones que reciban los partidos políticos y sus candidatos a la gobernación, y los candidatos independientes a Gobernador; los intereses que generen los recursos del Fondo y el dinero que se recobre por penalidades civiles bajo esta Ley; y contribuciones anónimas en exceso del límite establecido.

 

Artículo 9.005. — Operación del Fondo Especial para Gastos de Campaña. (16 L.P.R.A. § 629e)

 

   El Secretario de Hacienda ingresará en el Fondo las siguientes cantidades:

(1) hasta un máximo cinco (5,000,000) millones de dólares en donaciones para la campaña política de cada partido político y su candidato a la gobernación y de los candidatos independientes a la gobernación respectivamente; y

(2) una asignación progresiva y correlativa de hasta cinco (5,000,000) millones de dólares por cada partido político y su candidato a la gobernación y de los candidatos independientes a la gobernación con el mismo propósito, para parear en igual cantidad las donaciones que recauden los partidos políticos y candidatos acogidos al Fondo Especial. El pareo de fondos podrá efectuarse hasta las cinco (5) de la tarde del día de la elección general, posterior a esa fecha y hora no podrá hacerse recaudación para este Fondo.

   Todo donativo recibido por una persona como aspirante podrá utilizarse para el pareo de fondos, previa certificación de no deuda presentada ante el Contralor Electoral, si la persona es certificada como candidato a la gobernación.

   Un partido político y su candidato a la gobernación o candidato independiente a la gobernación podrán optar por acogerse a un fondo voluntario alterno de un millón doscientos cincuenta mil dólares ($1,250,000.00) si no desean participar del sistema de pareo de hasta cinco millones de dólares ($5,000,000.00). Para este fondo deberán aportar hasta un máximo de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000.00) que serán pareados a razón de cuatro (4) a uno (1) por cada dólar depositados hasta un máximo de aportación gubernamental de un millón de dólares ($1,000,000.00). Disponiéndose que el dinero que los partidos políticos depositen en el Departamento de Hacienda tendrá que ser dinero de fuentes privadas recaudado por el partido político depositante, por lo que no se contará para el sistema de pareo establecido mediante esta Ley cualquier balance de fondos públicos que tengan los partidos políticos al momento de hacer el depósito en el Departamento de Hacienda. El partido político y su candidato a la gobernación o candidato independiente a la gobernación que se acoja a esta opción podrá recibir donaciones hasta un máximo de ocho millones setecientos cincuenta mil dólares ($8,750,000.00) adicionales de fuentes privadas sin derecho a pareo, para la campaña política del partido político en cuestión o candidato a la gobernación. El partido y candidato a la gobernación que se acojan a esta opción no participarán del fondo de asignación progresiva y correlativa. De exceder dicha cuantía, deberán pagar una multa administrativa de tres (3) veces la cantidad de exceso.

 

Artículo 9.006. — Disponibilidad de Fondos. (16 L.P.R.A. § 629f)

 

   Aunque los partidos, candidatos, aspirantes o sus comités pueden recaudar para este Fondo en fechas anteriores, los recursos del Fondo estarán disponibles para los partidos políticos y los candidatos a Gobernador a partir del primero (1ro) de julio del año en que se celebre una elección general. A partir de esa fecha, el Secretario de Hacienda realizará los desembolsos que correspondan con cargo al Fondo Especial, no más tarde del quinto (5to) día laborable de haberle sometido el requerimiento de fondos con los documentos necesarios para su tramitación.

 

Artículo 9.007. — Gastos de Campaña Pendientes de Pago. (16 L.P.R.A. § 629g)

 

   Los partidos políticos y los candidatos a la gobernación certificarán a la Oficina del Contralor Electoral el monto acumulado de deudas que estén pendiente de pago al primero (1ro) de julio del año de las elecciones generales. Dicha certificación se hará no más tarde del quince (15) de julio del mismo año. Los partidos y candidatos estarán facultados para recaudar fondos para el pago de la deuda anterior al primero de julio, aunque se hayan acogido al Fondo Especial. Los recaudos para el pago de dichas deudas se depositarán en una cuenta en una institución financiera separada de las demás cuentas del partido y de los candidatos, y se utilizarán exclusivamente para estos fines y estarán accesibles a la Oficina del Contralor Electoral en todo momento para su fiscalización. El nombre de la institución financiera y el número de cuenta se deberán informar a la Oficina del Contralor Electoral y los ingresos y gastos se incluirán en los informes que esta Ley requiere que los partidos y candidatos presenten en la Oficina del Contralor Electoral. Las donaciones así recaudadas e informadas para el pago de la deuda acumulada no afectarán el límite permitido en el Fondo Especial para Campañas Políticas.

 

Artículo 9.008. — Multas a Partidos y Candidatos. (16 L.P.R.A. § 629h)

 

   Cualquier multa que se imponga a los partidos y a los candidatos a Gobernador que se acojan al Fondo Especial para Gastos de Campaña o al sistema de pareo alterno, que no haya sido satisfecha al primero de julio del año en que se celebran las Elecciones Generales, será descontada por el Secretario de Hacienda de los fondos disponibles bajo el Fondo Especial para Gastos de Campaña.

 

Artículo 9.009 — Contabilidad de Gastos. (16 L.P.R.A. § 629i)

 

   Todo partido o candidato independiente a gobernador que gire contra el Fondo Especial para Gastos de Campaña deberá llevar una contabilidad completa y detallada de todo gasto incurrido con cargo a dicho Fondo e incluirá como anejo al informe de ingresos y gastos requerido por el Artículo 7.000 un detalle de los gastos con la fecha de los mismos, el nombre completo y dirección de la persona a favor de la cual se efectuará el pago, así como el concepto por el que se hace. El Secretario de Hacienda no autorizará desembolso alguno hasta tanto se cumpla con lo dispuesto en este Artículo.

 

CAPÍTULO X. — FISCALIZACIÓN Y CUMPLIMIENTO

 

 

Artículo 10.000. — Fiscalización. (16 L.P.R.A. § 630)

 

   El Director de la División de Auditoría de Donativos y Gastos o el funcionario en que el Contralor Electoral delegue, examinará la información expuesta en los informes que deben presentarse en la Oficina del Contralor Electoral, así como cualquier información que reciban o a la que tengan acceso. De detectar discrepancias o posibles violaciones de ley, incluyendo pautas de anuncios sin ingresos suficientes para pagarlos, el funcionario emitirá y enviará un informe al Contralor Electoral quien referirá el asunto a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos para su evaluación y la emisión de una recomendación fundamentada. El Contralor Electoral examinará la recomendación de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos y tomará aquella determinación sobre el asunto, según se disponga en esta Ley o en los Reglamentos. Disponiéndose que el Contralor Electoral o el funcionario que este delegue tendrá la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según esta Ley incluyendo, pero sin limitarse, a la emisión de una orden a las personas o entidades concernidas de mostrar causa por la cual no deba imponerse una multa administrativa. Si el Contralor Electoral, en su sana discreción, determina que el asunto informado por el Director de la División de Auditoría de Donativos y Gastos u otro funcionario es urgente, puede prescindir de referir el asunto a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos y atender el asunto directamente.

 

Artículo 10.001. — Trámite de Notificación. (16 L.P.R.A. § 630a)

 

   Luego de una notificación de posible violación y orden de mostrar causa, se procederá de conformidad con el trámite siguiente:

(1) Si la persona o entidad notificada comparece y acredita el cumplimiento con los requisitos de la Ley, se dará por terminado el asunto.

(2) Si la persona o entidad notificada comparece y acepta la violación, se le dará una oportunidad de corregir cualquier error y, si acepta pagar una multa administrativa, se referirá al Contralor Electoral con una recomendación favorable de imponer una multa administrativa reducida que podrá fluctuar entre el diez por ciento (10 %) y el setenta y cinco por ciento (75 %) del límite de multa que se establece en este Capítulo, disponiéndose que la multa reducida no podrá ser menor de cien dólares ($100). Esta disposición no aplicará en los casos que exista una comisión de delito o en las violaciones a los Artículos 5.007, 5.008, 5.009 del Capítulo V de esta Ley. En esos casos, se remitirá el informe al Contralor Electoral con las determinaciones de hechos y recomendaciones correspondientes.

(3) En caso de que la persona o entidad notificada no comparezca, o habiendo comparecido no acredite el cumplimiento con los requisitos de ley ni acepte pagar una multa reducida, el Auditor de Donaciones y Gastos o el funcionario a quien el Contralor Electoral delegó, deberá informar al Contralor Electoral: (A) la violación detectada; (B) el fundamento para la conclusión; (C) la evidencia que se haya obtenido para sustentarla; y (D) una recomendación de cómo proceder. Este informe será referido a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos según el trámite establecido en el Artículo 10.000 de esta Ley.

 

Artículo 10.002. — Querellas. (16 L.P.R.A. § 630b)

 

   El público en general, incluyendo funcionarios electos y no electos podrá presentar querellas ante la Oficina del Contralor Electoral por alegadas violaciones a esta Ley y sus reglamentos. Las querellas deberán ser juramentadas y constar de propio y personal conocimiento. Las mismas deberán presentarse con todo documento que a juicio del querellante sostenga lo alegado en la querella, si alguno. Acreditado el cumplimiento de estos requisitos, el Contralor Electoral podrá enviar, de entender que existe base, para evaluación, copia de la querella y cualquier anejo al Director de Auditoría o a cualquier otro funcionario, quien de detectar alguna irregularidad o violación a esta Ley o algún reglamento promulgado al amparo de la misma, emitirá y remitirá a la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos un informe, a los fines que se emita una recomendación al Contralor Electoral para que se emita una notificación de posible violación. Disponiéndose que el Contralor Electoral tendrá la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según esta Ley, sin tener el consentimiento del Director de Auditoría o la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos. El Contralor Electoral, de determinar que existe una violación una vez examinadas las recomendaciones, determinará si se emite una orden de mostrar causa sobre por qué no se deba hacer un referido al Secretario de Justicia o alguna otra agencia, la imposición de una multa administrativa, una orden de suspensión de pago, previa orden judicial o una acción judicial para atender y detener la infracción, o cualquier otra acción que se estime pertinente. La notificación deberá señalar el término dentro del cual deberá contestar o exponer su posición en cuanto a la querella. Hecho esto, se procederá según se expone en el Artículo 10.001 de esta Ley.

 

Artículo 10.003. — Recibo de Recomendaciones. (16 L.P.R.A. § 630c)

 

   El Contralor Electoral evaluará las recomendaciones que reciba de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos, luego de lo cual podrá:

(1) referir el asunto al Secretario de Justicia por violaciones a esta Ley tipificadas como delito;

(2) referir el asunto a cualquier agencia con jurisdicción sobre aspectos que le competan, tales como la Oficina del Contralor y la Oficina de Ética Gubernamental;

(3) imponer multas administrativas;

(4) acudir al Tribunal para solicitar la suspensión de desembolsos a partidos políticos; y/o

(5) en el caso de comunicaciones eleccionarias financiadas sin cumplir con los requisitos de esta Ley, presentar una acción en la Sala de San Juan del Tribunal de Primera Instancia para detener las violaciones detectadas y prevenir violaciones futuras, como detener desembolsos conforme al Fondo Especial. La presentación de este tipo de acción no impedirá referidos al Secretario de Justicia o a cualquier otra agencia, ni la imposición de multas administrativas de conformidad con este Capítulo. Igualmente, la Oficina del Contralor Electoral podrá solicitar intervención judicial cuando no se paguen multas impuestas o se incumplan con órdenes de suspensión de desembolsos. Disponiéndose que el Contralor Electoral tendrá la facultad de tomar cualquier acción para la que tenga facultad, según esta Ley, sin tener el consentimiento de la Junta Fiscalizadora de Donativos y Gastos.

(6) dar por concluido el asunto.

 

Artículo 10.004. — Auditorías. (16 L.P.R.A. § 630c-1)

 

Previo a la publicación de los informes de auditoría, la Oficina del Contralor Electoral brindará a los candidatos la oportunidad de enmendar, contestar y exponer por escrito su explicación en torno a los señalamientos preliminares contenidos en el borrador del informe, excepto los señalamientos sobre ingresos y gastos sin informar, los cuales, aunque subsanados, conllevarán multas administrativas según dispuesto en esta Ley si la cantidad informada excede el diez por ciento (10%) del total de ingresos o del total de gastos. La Oficina del Contralor Electoral también brindará a la opción de reunirse para discutir los mismos de manera informal. Todo informe de auditoría incluirá la contestación o explicación que el auditado brindó en relación a los señalamientos.

   El Contralor Electoral notificará al candidato auditado cualquier hallazgo indicativo de que inadvertidamente haya recibido donativos de dinero no conformes a las disposiciones de ley y reglamentos aplicables para que tales aportaciones se devuelvan dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la notificación del Contralor Electoral; de no darse esa devolución, el hallazgo se incluirá como parte de los señalamientos en el informe de auditoría.

   En la etapa de borrador, los informes y los documentos relacionados a éstos se mantendrán confidenciales.

   La publicación de los informes se hará simultáneamente para todos los candidatos a un mismo cargo, no más tarde de los treinta (30) meses posteriores a las elecciones generales, excepto que éstos respondan a querellas juramentadas sobre alegadas violaciones cometidas durante el período de campaña.

   El Contralor Electoral notificará a todos los candidatos la fecha en que habrá de publicar los informes de auditoría, supliéndoles a éstos copia del informe final con un mínimo de cinco (5) días de antelación a dicha publicación.

 

Artículo 10.005. — Designación de jueces y juezas en casos electorales. (16 L.P.R.A. § 630e)

 

   Todas las acciones y procedimientos judiciales, civiles o penales, que dispone y reglamenta esta Ley serán tramitados por los jueces y juezas del Tribunal de Primera Instancia que sean designados por el Tribunal Supremo de Puerto Rico de conformidad con las reglas de administración que adopte a esos efectos.

 

Artículo 10.006. — Gastos de Difusión Pública del Gobierno de Puerto Rico en Año de Elecciones Generales. [Nota: El Art. 14.6 de la Ley 58-2020 añadió este nuevo Art. 10.006]

 

1.    La Oficina del Contralor Electoral deberá aprobar un reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública” que aplicará a partir del día 1ro. de enero de cada año de elecciones generales y hasta que se haya completado el escrutinio general de esta y se hayan certificado sus resultados oficiales y finales. En ese reglamento, se dispondrán las normas y los procedimientos para la evaluación y la adjudicación de los gastos de difusión pública financiados con fondos del Gobierno de Puerto Rico con parámetros claros, objetivos y uniformes. Esos parámetros, además, deberán resultar en procedimientos más agiles y costo-eficientes; y reconociendo el deber que tiene el estado de informar a los ciudadanos y el derecho que tienen estos a estar informados. Toda solicitud o querella relacionada con los gastos de difusión pública deberá ser presentada a la Oficina del Controlar Electoral electrónicamente, y de la misma manera, se transmitirá a cada peticionario la respuesta, la orden, la notificación, el requerimiento, las modificaciones o los comentarios que correspondan conforme al reglamento.

2.    Durante el año en que se realice una elección general se prohíbe a todo departamento, agencia, negociado, junta, oficina, dependencia y corporación pública adscritas a la Rama Ejecutiva; a los gobiernos municipales; a la Asamblea Legislativa y a todos los componentes de la Rama Judicial a desembolsar fondos públicos del Gobierno de Puerto Rico con el propósito de exponer logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines político-partidistas o electorales que busquen resaltar, destacar o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido político o comité sin que previamente se haya solicitado autorización a la Oficina del Contralor Electoral dentro de los términos, los procedimientos y los requisitos ordinarios que para tales fines se hayan establecido en el reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública”. Esta prohibición está dirigida a la compra de tiempo y espacio en los medios de comunicación y difusión, así como a la compra y la distribución de materiales propagandísticos o promocionales.

3.    Siempre que no incluyan la exposición de logros, realizaciones, proyecciones, planes o mensajes y contenidos con fines político-partidistas o electorales que busquen favorecer o desfavorecer a un aspirante, candidato, funcionario electo, partido político o comité y tampoco la utilización de símbolos relacionados con campañas políticas ni de colores de partidos políticos, se excluirán de los términos, los procedimientos y los requisitos ordinarios del reglamento aquellos gastos de difusión como avisos y anuncios de prensa:

a) expresamente requeridos por ley, incluyendo los edictos, las notificaciones o convocatorias para procesos de vistas públicas, vistas o reuniones ejecutivas e inspecciones oculares, o cualquier otro evento oficial de la Asamblea Legislativa o de las respectivas legislaturas municipales, o vistas de las agencias administrativas que se publiquen o circulen sin utilizar los medios de difusión masiva pagados;

b) los que se produzcan como parte de un estado de emergencia decretado oficialmente por el Gobierno estatal o federal;

c) las campañas publicitarias de la Compañía de Turismo, así como aquellas campañas publicitarias de la Corporación para la Promoción y Mercadeo del Destino de Puerto Rico (DMO) para promover el turismo interno y a Puerto Rico en otras jurisdicciones como destino turístico;

d) las campañas del Negociado de las Loterías del Departamento de Hacienda para la promoción de los distintos juegos de la Lotería Tradicional y la Lotería Adicional, y para educar sobre los mismos así como las campañas de orientación sobre el cumplimiento con la responsabilidad contributiva, incluyendo publicaciones del Área de Rentas Internas y Política Contributiva, la distribución de fondos de acuerdo a leyes federales que así lo establecen, el cobro de ingresos a través de programas de amnistías y programas de reembolsos por leyes especiales, entre otros;

e) las campañas publicitarias de la Compañía de Fomento Industrial promoviendo la inversión en Puerto Rico;

f) las campañas de la Comisión Estatal de Elecciones y de la propia Oficina del Contralor Electoral.

   Para la tramitación de las anteriores categorías, el reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública” deberá disponer un trámite extraordinario o expedito.

4.    Las páginas y los portales cibernéticos de las tres ramas del Gobierno y de los gobiernos municipales, incluyendo sus respectivos contenidos oficiales en las redes sociales, podrán continuar su curso de operación y difusión siempre que no incluyan la exposición de logros; mensajes, lemas o símbolos relacionados con campañas políticas; ni se favorezca o desfavorezca la figura o la imagen de ningún funcionario elegido y tampoco a aspirantes o candidatos a cargos públicos por elección.

   En caso de que se detecte incumplimiento o surja querella relacionada con las prohibiciones de este inciso, se podrá requerir a la entidad pública concernida las modificaciones y los ajustes que fuesen necesarios y hasta el cese inmediato de cualquier publicación cibernética.

5.    Las violaciones de cualquier entidad pública a las disposiciones de este Artículo y del reglamento de “Fiscalización de Gastos de Difusión Pública” conllevará una multa administrativa de hasta diez mil dólares ($10,000) por la primera infracción y hasta veinticinco mil dólares ($25,000) por infracciones subsiguientes. Si se concluyera que la violación resultó en la difusión de una comunicación con evidentes y directos propósitos político-partidistas o electorales, además de la multa administrativa a la entidad pública, también se podrá imponer la multa en su carácter personal al funcionario o empleado público que autorizó tal difusión o desembolso no autorizado. Los fondos que se obtengan por concepto de estas multas se depositarán en el Fondo Especial de la Oficina del Contralor Electoral.

6.    Toda solicitud de revisión o apelación relacionada con gastos de difusión pública, deberá ser presentada en el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior en San Juan, no más tarde de los diez (10) días partir de la notificación expedida por la Oficina del Contralor Electoral.

7.    Las disposiciones y prohibiciones de este Artículo no serán de aplicación al cargo de Comisionado Residente de Puerto Rico en Washington D.C. Los gastos de difusión pública de este funcionario, se regirán por lo dispuesto en la Ley Federal de Elecciones 2 U.S.C. § 441 (1) et seq. [Nota: Reclasificado 52 U.S.C. § 30117]

8.    Se transfiere a la Oficina del Contralor Electoral el equipo, las propiedades y los materiales, si alguno, así como los balances de fondos destinados a las unidades, divisiones u otros componentes de la Comisión Estatal de Elecciones que estén directamente relacionados con la antigua Junta Examinadora de Anuncios adscrita a esa agencia.

9.    Para instrumentar los propósitos de este Artículo en la Elección General de 2020, la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico asignará, y depositará inmediatamente en la cuenta de la Oficina del Contralor Electoral, la cantidad de doscientos cincuenta mil dólares ($250,000) para sufragar los gastos de implantación del sistema electrónico para el recibo, trámite y resolución de las peticiones o querellas relacionadas con los gastos de difusión pública y los gastos operacionales relacionados con la Junta de esta agencia. A partir de la Elección General de 2024, la Oficina del Contralor Electoral deberá consignar estos gastos en su petición presupuestaria.

   Ningún fondo, asignación de dinero, ni cuenta presupuestaria adscrita a la Oficina del Contralor Electoral podrá ser congelada por orden ejecutiva, orden administrativa, carta circular y tampoco por orden de ninguna otra naturaleza durante los dieciocho (18) meses previos al día de una elección general. Durante ese término, la transferencia, liberación y disponibilidad de fondos se ejecutarán dentro de las setenta y dos (72) horas a partir de la notificación de la solicitud de la Oficina del Contralor Electoral.”

10. Habiendo una transición de la Junta de Anuncios entre la Comisión y la Oficina del Contralor Electoral, la vigencia de las disposiciones de este Artículo para la Oficina del Contralor comenzará no más tarde de los treinta (30) días contados a partir de la aprobación de esta Ley para que pueda ajustar su operación y sus sistemas relacionados con el recibo y la evaluación de anuncios. Mientras la Oficina del Contralor no notifique a la Comisión la culminación de todos los ajustes operacionales necesarios, las solicitudes de autorización de anuncios continuarán presentándose en la Comisión para su evaluación, revisión y adjudicación. Una vez se concrete la transición entre ambas agencias, la Comisión deberá completar la evaluación de las solicitudes que haya recibido hasta esa fecha y cualquier querella u otro procedimiento administrativo o judicial que se origine de tales solicitudes. La Oficina del Contralor Electoral realizará su mejor esfuerzo para reducir al máximo el término aquí dispuesto para sus ajustes operacionales.

 

 

CAPITULO XI. — REVISIÓN JUDICIAL

 

 

Artículo 11.000. — Revisión Judicial. (16 L.P.R.A. § 631)

 

   Las determinaciones finales del Contralor Electoral, excepto la determinación que tome en cuanto a la presentación de recursos en el Tribunal de Primera Instancia, se revisarán en el Tribunal de Apelaciones mediante un recurso de revisión durante los treinta (30) días contados a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la determinación de la que se recurrirá. Durante los noventa (90) días anteriores a la fecha de un evento electoral, este término se reducirá a quince (15) días. Durante los sesenta (60) días anteriores a la fecha de un evento electoral, el término se reducirá a diez (10) días. Durante los treinta (30) días anteriores a un evento electoral, el término se reducirá a cinco (5) días. Los términos expuestos en este Artículo son de carácter jurisdiccional. En casos de interdictos relacionados con suspensión de desembolsos a partidos políticos y de campañas de medios, el término para presentar el recurso de revisión será de cinco (5) días a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.

 

Artículo 11.001. — Tribunal de Apelaciones. (16 L.P.R.A. § 631a)

 

   El Tribunal de Apelaciones dará prioridad en su calendario a los recursos interpuestos bajo este Capítulo y deberá exponer los fundamentos para su dictamen. Una vez dictada sentencia, podrá presentarse una moción de reconsideración, durante el término jurisdiccional de diez (10) días a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.

 

Artículo 11.002. — Certiorari. (16 L.P.R.A. § 631b)

 

   De la Sentencia que dicte el Tribunal de Apelaciones podrá recurrirse al Tribunal Supremo mediante un recurso de certiorari, dentro de los mismos términos jurisdiccionales legislados para recurrir al Tribunal de Apelaciones. En caso de haberse presentado oportunamente una moción de reconsideración ante el Tribunal de Apelaciones, el término para presentar el recurso de certiorari comenzará a correr en la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la resolución del Tribunal de Apelaciones en que se resuelva la moción de reconsideración. El Tribunal Supremo deberá exponer los fundamentos para su dictamen. Se podrá presentar una moción de reconsideración ante el Tribunal Supremo, durante el término jurisdiccional de diez (10) días a partir de la fecha de archivo en autos de copia de la notificación de la sentencia.

 

Artículo 11.003. — Criterio de Revisión. (16 L.P.R.A. § 631c)

 

   Las determinaciones de la Oficina del Contralor Electoral al amparo de esta Ley se sostendrán de existir evidencia sustancial que obre en el expediente administrativo. Las determinaciones de derecho serán revisables en todos sus aspectos, con la debida deferencia a la interpretación que haga la Oficina del Contralor Electoral al amparo de esta Ley al administrar e implementar esta Ley y los reglamentos promulgados al amparo de la misma.

 

 

CAPITULO XII. — DISPOSICIONES GENERALES Y TRANSITORIAS

 

 

Artículo 12.000. — Casos pendientes ante la consideración de la Comisión Estatal de Elecciones y el Tribunal General de Justicia. (16 L.P.R.A. § 632)

 

   Cualquier procedimiento administrativo, caso, querella o acusación pendiente por violaciones a las leyes o parte de éstas, o reglamentos derogados o afectados por esta Ley, que ocurran con anterioridad a la fecha de vigencia de esta Ley, se transferirán a la Oficina del Contralor Electoral, para que se sigan tramitando bajo la ley vigente al momento de haberse cometido la violación. Esta facultad incluirá cualquier investigación preliminar y que se encuentre en trámite ante la Comisión Estatal de Elecciones. Cualquier acción civil radicada en relación con la estructuración de cualquiera de las leyes, o partes de éstas, derogadas o afectadas por esta Ley, y en trámite antes de la fecha de vigencia de esta Ley, no quedará afectada por ninguna de las derogaciones o modificaciones formuladas por esta Ley.

 

Artículo 12.001. — Órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos. (16 L.P.R.A. § 632a)

 

   Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo de la Comisión Estatal de Elecciones o la Oficina del Contralor Electoral, sobre cualquier asunto cubierto por esta Ley deberá ser evaluado y enmendado, según corresponda, dentro de los términos previstos para la aprobación y adopción de los reglamentos creados al amparo de esta Ley. Cualquier orden administrativa, carta circular, memorando o documento interpretativo que sea inconsistente con las disposiciones de esta Ley o los reglamentos que se adopten al amparo de la misma, carecerá de validez y eficacia. Esta disposición no limitará la facultad del Contralor Electoral de emitir órdenes administrativas, cartas circulares, memorandos o documentos interpretativos cuando lo estime necesario para cumplir con los fines de esta Ley.

 

Artículo 12.002. — Recopilación de información y creación de bases de datos. (16 L.P.R.A. § 632b)

 

   A petición de la Oficina del Contralor Electoral, la Comisión Estatal de Elecciones obtendrá, compilará y proveerá a la Oficina del Contralor Electoral toda aquella información o documentación en papel, en forma digital, o de cualquier otro tipo que sea necesaria para el cumplimiento de las facultades y deberes que bajo esta Ley se le asignan a la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 12.003. — Cooperación y acceso a información y bases de datos. (16 L.P.R.A. § 632c)

 

   La Comisión Estatal de Elecciones tiene el deber continuo de proveer a la Oficina del Contralor Electoral, toda aquella información o documentación en papel, en forma digital, o de cualquier otro tipo que sea necesaria para el cumplimiento de las facultades y deberes que bajo esta Ley se le asignan a la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 12.004. — Exención de la Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme. (16 L.P.R.A. § 632d)

 

   La Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme, Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 38-2017], no le será aplicable a la Oficina del Contralor Electoral.

 

Artículo 12.005. — Revisión general de reglamentos. (16 L.P.R.A. § 632e)

 

   Los Reglamentos, Ordenes Administrativas, Cartas Circulares, Determinaciones y cualquier otro documento normativo aprobado por la Oficina del Contralor Electoral antes de la aprobación de esta Ley continuarán vigentes en todo lo que no sea incompatible con esta Ley, mientras el Contralor Electoral no apruebe otros que los sustituyan. Todo reglamento, carta circular o determinación vigente que haga referencia a la Junta de Contralores Electorales se entenderá sustituida por la figura del Contralor Electoral.

 

Artículo 12.006. — Responsabilidad. (16 L.P.R.A. § 632f)

 

   La Oficina del Contralor Electoral y los oficiales, agentes o empleados de éstas no incurrirán en responsabilidad civil por cualquier acción tomada de buena fe en el desempeño de sus deberes y responsabilidades, conforme a las disposiciones de esta Ley, y serán indemnizados por todos los costos que incurran con relación a cualquier reclamación para la cual gozan de inmunidad de acuerdo a lo aquí dispuesto y bajo las leyes de Puerto Rico y los Estados Unidos de América.

 

 

CAPÍTULO XIII. — PROHIBICIONES Y DELITOS ELECTORALES

 

 

Artículo 13.000. — Uso Indebido de Fondos Públicos. (16 L.P.R.A. § 633)

 

   Todo empleado o funcionario público que ilegalmente usare fondos públicos o dispusiere de propiedad pública para el uso de un partido político, aspirante, candidato comité de campaña o comité de acción política incurrirá en delito grave y que fuere convicta será sancionada con pena de reclusión por un término mínimo de un (1) año y máximo de tres (3) años o multa que no será menor de cinco mil (5,000) dólares ni excederá de diez mil (10,000) dólares o ambas penas a discreción del tribunal. El tribunal podrá imponer también pena de restitución.

   La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.001. — Donativos Prohibidos por Personas Jurídicas. (16 L.P.R.A. § 633a)

 

Será ilegal que una persona jurídica directa o indirectamente haga donativos ilegales en dinero, bienes, servicios o cosa de valor, a un partido político, aspirante, candidato, comité de campaña, comité de acción política o funcionario público para cualquier campaña o actividad con el propósito de influenciar la elección de éstos. Toda persona jurídica que violare las disposiciones de este Artículo será sancionada con una multa de quince mil dólares ($15,000). En caso de reincidencia, será sancionada con una multa que no excederá de cien mil dólares ($100,000). La Oficina del Contralor Electoral podrá, además, solicitar al Secretario de Estado de Puerto Rico y obtener de éste la cancelación del certificado de incorporación, la disolución, la suspensión de actividades o la revocación de licencia de la corporación, según fuere el caso.

   La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.002. — Ejecutivos de Personas Jurídicas. (16 L.P.R.A. § 633b)

 

   Todo ejecutivo, director, gerente o socio gestor de una persona jurídica, esté o no organizada bajo las leyes de Puerto Rico, o esté o no autorizada para hacer negocios en Puerto Rico, que autorizare o consintiere en que se hiciere un donativo o pago en violación de las disposiciones de esta Ley, será sancionado con multa igual al doble de la cantidad total que haya autorizado o convenido en autorizar o diez mil (10,000) dólares, lo que sea mayor.

   Esta acción será considerada como un delito grave y prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.003. — Prohibiciones a Personas en Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias; o con Poder Adjudicativo en el Proceso de Concesión de Permisos o Franquicias. (16 L.P.R.A. § 633c)

 

   Toda persona natural o jurídica:

   1) que esté en proceso de concesión de permisos o franquicias, de adjudicación o de otorgamiento de uno o más contratos de compra y venta de inmuebles, de prestación de servicios, de materiales, de alquiler de terrenos, edificios, equipo o de construcción de obra pública con el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sus agencias o sus municipios o que esté sujeto a los reglamentos de éstos;

   2) que ofrezca, efectúe, reciba o solicite, directa o indirectamente mientras dure dicho proceso de adjudicación u otorgamiento, donativo alguno, ya sea monetario o de otra índole;

   3) con el propósito de obtener, aligerar o beneficiarse de dicho permiso, franquicia, adjudicación, otorgamiento, prestación;

   4) en apoyo de un partido político, aspirante, candidato, candidato independiente, comité de campaña, comité de acción política, funcionario público, o a una persona o personas que actuando independientemente recauden donativos a esos fines, conteniendo los elementos constitutivos de soborno según el Artículo 259 de la Ley 146-2012, según enmendada, conocida como “Código Penal de Puerto Rico” o cualquier otra ley que la sustituya, será sancionada en su modalidad grave con pena de reclusión que fluctúa entre ocho (8) años un (1) día y quince (15) años. Si es persona jurídica será sancionada con una multa en su modalidad grave equivalente al ocho por ciento (8%) del ingreso anual al momento de cometer el delito y en su modalidad grave equivalente al seis por ciento (6%) del ingreso anual al momento de cometer el delito. La Oficina del Contralor Electoral podrá solicitar al Secretario de Estado y obtener de éste la cancelación del certificado de incorporación, la disolución, la suspensión de actividades o la revocación de licencia de la corporación, según fuere el caso.

   A las personas naturales o jurídicas convictas por violación a este Artículo le aplicarán las disposiciones de la Ley Núm. 458-2000, según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 2-2018, “Código Anticorrupción para el Nuevo Puerto Rico”] que prohíbe la adjudicación de subastas y contratos del gobierno a personas convictas por ciertos delitos.

   La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.004. — Dejar de Rendir Informes. (16 L.P.R.A. § 633d)

 

   Toda persona o comité que teniendo bajo esta Ley la obligación de presentar cualquier informe dispuesto en esta Ley y no lo hiciere a sabiendas o luego de haberle sido requerido por la Oficina del Contralor Electoral incurriendo en conducta contumaz y obstinada de incumplimiento, incurrirá en delito menos grave además de estar sujeto a las multas administrativas que la Oficina podrá imponer.

   La acción penal por este delito menos grave prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.005. — Informes Falsos. (16 L.P.R.A. § 633e)

 

   Toda persona que deliberadamente, voluntariamente y a sabiendas, con la intención específica de engañar, presentare o firmare un informe falso de ingresos recibidos y gastos incurridos o de cualquier informe ordenado por las disposiciones de esta Ley que se exige sea certificado incurrirá en delito grave que conllevará una pena de reclusión que no será menor de un (1) año ni mayor de tres (3) años.

   La acción penal por este delito grave prescribirá a los cinco (5) años.

 

Artículo 13.006. — Faltas Administrativas y Multas. (16 L.P.R.A. § 633f)

 

   Toda infracción a esta Ley que no esté tipificada como delito constituirá una falta administrativa y acarreará una multa administrativa que será impuesta por la Oficina del Contralor Electoral. Las multas serán establecidas por reglamento promulgado por la Oficina del Contralor Electoral. Dichas multas fluctuarán en el caso de personas naturales, aspirantes, candidatos y de sus comités de campaña y comités autorizados, de hasta dos mil quinientos dólares ($2,500.00) por una primera infracción y hasta cinco mil dólares ($5,000.00) por infracciones subsiguientes. En caso de personas jurídicas y comités de acción política, las multas fluctuarán de hasta quince mil dólares ($15,000.00) por una primera infracción y hasta treinta mil dólares ($30,000.00) por infracciones subsiguientes.

   En ambos casos, cada día en que subsista la infracción se considerará como una violación independiente. La imposición de multas deberá fundamentarse. El importe de las multas se entregará al Secretario de Hacienda, quien lo utilizará para financiar los gastos relacionados con el Fondo Especial para Gastos de Campañas Políticas.

   Toda persona que a sabiendas haga donativos en exceso de las cantidades dispuestas en esta Ley estará sujeta a una multa administrativa de tres veces la cantidad donada en exceso.

 

 

CAPÍTULO XIV. — FECHA DE VIGENCIA

 

 

Artículo 14.000. — Cláusula de salvedad. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   Si cualquier Artículo, apartado, párrafo, inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley fuese declarada inválida o inconstitucional por un Tribunal de jurisdicción competente, la sentencia dictada a ese efecto no afectará, perjudicará o invalidará el resto de esta Ley, quedando sus efectos limitados al Artículo, apartado, párrafo, inciso, Capítulo, cláusula, frase o parte de esta Ley que fuere así declarada inválida o inconstitucional.

 

Artículo 14.001. — Interpretación en caso de otras leyes y reglamentos conflictivos. (16 L.P.R.A. § 634)

 

   Las disposiciones de cualquier otra ley o reglamento, que regule directa o indirectamente la evaluación, recomendaciones o actividades relacionadas directa o indirectamente al proceso de control de recaudos y gastos de campaña en Puerto Rico, cobros por cargos de servicios, aplicarán sólo de forma supletoria a esta Ley, en la medida en que sus disposiciones no estén en conflicto con las disposiciones o fines de esta Ley. Toda ley o reglamento en que aparezca o se haga referencia a la Oficina del Auditor Electoral o la Junta de Contralores Electorales, se entenderán enmendados a los efectos de ser sustituidos por la Oficina del Contralor Electoral o el Contralor Electoral, según el caso, siempre que sus disposiciones no estén en conflicto con las disposiciones o fines de esta Ley, pues entonces se deben entender derogados.

 

Artículo 14.002. — Vigencia y Transición. (16 L.P.R.A. § 621 nota)

 

   Todos los Artículos de esta Ley entrarán en vigor inmediatamente a partir de su aprobación, excepto en cuanto al nombramiento del Contralor Electoral, el cual aplicará como se indica en este Artículo. El actual Contralor Electoral continuará en funciones por el término que le resta en su nombramiento. Concluido dicho término se procederá con el nombramiento del Contralor Electoral por un término de diez (10) años.

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.