​Advertencia: Esta Ley fue DEROGADA por el Plan1-2011, y posteriormente sustituida por la Ley 76-2013.

Se mantiene en esta Biblioteca Virtual de OGP únicamente para propósitos de archivo.


Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada

 

Ley Núm. 203 de 7 de agosto de 2004, según enmendada

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 28 de 23 de Enero de 2006

Ley Núm. 303 de 26 de Diciembre de 2006

Ley Núm. 17 de 6 de Marzo de 2007

Ley Núm. 83 de 30 de Julio de 2007

Ley Núm. 89 de 30 de Julio de 2007

Ley Núm. 21 de 2 de Junio de 2009)

 

 

Para crear la Oficina y el cargo del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada con poderes investigativos, fiscalizadores y cuasi judiciales para implantar la política pública declarada en esta Ley; crear el Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, establecer su composición y sus funciones; disponer el procedimiento para tramitar reclamaciones y querellas; autorizar la imposición de multas administrativas y compensación por daños y fijar penalidades; establecer cláusulas transitorias; derogar la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988 , según enmendada, que crea la Oficina para los Asuntos de la Vejez y para transferir sus fondos, equipos, expedientes y personal a la nueva Oficina, derogar la Ley Núm. 308 de 3 de octubre de 1999; y para otros fines.

   

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

   A raíz del rápido y continuo aumento de la población de edad avanzada, sumado a la llegada abrupta del más alto por ciento de esta población a partir del 2006, cuando la generación de "baby boomers" o generación post guerra comienza a cumplir sesenta años de edad, se necesita integrar y atemperar las estructuras tanto públicas como privadas que ofrecen programas y servicios a esta población, con el propósito de poder llenar las expectativas y necesidades de esta población.

   Los resultados del censo llevado a cabo en el año 2000 demuestran el envejecimiento de la población en Puerto Rico. En el año 1899 sólo el cuatro (4) por ciento de la población o sea 38,229 personas tenía sesenta (60) años o más de edad. A partir de la década de los años 50, este sector de la población ha ido en constante crecimiento. La población de 60 años o más de edad, para el año 2000, sobrepasó la cifra del medio millón de personas. Puerto Rico contaba con 585,701 personas de 60 años o más de edad, representando un 15.4 por ciento de los habitantes. Mientras que para el Censo de 1990 esta población representaba el 13.2 por ciento para un total de 465,736 personas de edad avanzada. Durante la década de los años 90 hubo una ganancia de 119,965 adultos de edad avanzada para un aumento porcentual de 25.8 por ciento entre las dos últimas fechas censales. Por su parte, las proyecciones poblacionales de la Junta de Planificación de Puerto Rico para el año 2005 indican que un 17 por ciento o unas 674,422 personas estarán en la edad de 60 años o más. Por otro lado las estadísticas indican que para el 2010 que la proporción de la población de más de 60 años aumentará al 20 por ciento o sea 790,143 personas de edad avanzada, mientras que la proporción de la población de menos de 19 años reduciría al 30.8 por ciento, comparado con 36.4 por ciento en el 1990.

   Según las últimas cifras disponibles correspondientes al Censo de Población y Vivienda del año 2000 las categorías de edad dentro de esta población describen las características más importantes que traerán consigo las repercusiones más significativas de demanda en el ofrecimiento de los programas y servicios. Dentro de las categorías de edad se encontró que el grupo entre 60-64 años, registró la mayor concentración con 160,564 personas de edad avanzada, seguido a su vez por el grupo de edades de 65-69 años con 134,281 personas, el grupo de 70-74 años con 106,670 personas, el de 75-79 años con 83,073 personas, el de 80-84 años con 53,402 personas, el de 85-89 años con 31,698 personas y el grupo de 90 ó más años con 16,008 personas.

   Si nos referimos a las diferencias por sexo, en la población de personas de 60 años o más la mayoría son femeninas (55.5%), comparado con la masculina (44.5%). Esto significa que habrá más población femenina con mayor expectativa de vida, viudas y que residen solas en la comunidad. Si comparamos los datos anteriores con la expectativa de vida reflejada para el año 1998 la misma fue de 73 años (77.87% mujeres y 71.41 % hombres). Para el año 2000 la expectativa de vida en Puerto Rico fue de 76 años y se espera que para el 2025 sea de 79.9 años. Una expectativa de vida prolongada dentro de un grupo poblacional que se acrecienta significa que un número creciente de personas de edad avanzada permanecerá más tiempo demandando una serie de programas y servicios que necesitan para mantener una buena calidad de vida.

   La limitación de actividad en las personas de edad avanzada es algo crítico en su calidad de vida. La pérdida de la habilidad funcional resulta en dependencia de otros para poder llevar a cabo las actividades del diario vivir, principalmente entre la categoría de viejos-viejos. Según el Censo de 1990 un 28 por ciento de esta población tenía limitación de cuidado propio y/o movilidad.

   Según el Censo de 2000 en cada tres (3) de todos los hogares puertorriqueños habita al menos una persona de edad avanzada. Un veinticuatro (24) por ciento de las personas de edad avanzada reside solo(a) o comparte con una o dos personas no relacionadas. Solamente un 2.5 por ciento de esta población habita en alojamientos de grupo (casas de salud, asilos, etc.). Para el año 1990 el veintisiete (27) por ciento de esta población vivía en la zona rural.

   Para el Censo del año 1990 un total de cincuenta y seis (56) por ciento de la población de edad avanzada se encontraba bajo los índices de pobreza mientras que para el año 2000 se registró un cuarenta y cuatro (44) por ciento de sesenta y cinco (65) años o más, la mayoría mujeres y viudas, sin perder de perspectiva el aumento del costo de vida. Para el año 2001 según las estadísticas del Departamento del Trabajo unas 71,000 (11.3%) personas de 60 años o más se encontraban dentro del grupo trabajador, en su mayoría varones. Por otro lado e influenciando el impacto económico en este sector poblacional un nuevo dato censal para el año 2000 demuestra que tenemos 133,881 abuelos y que de estos, la mitad (70,341 personas) son el principal sustento de sus nietos.

   Una vez descrito los datos demográficos de la población de edad avanzada es importante mencionar que este fenómeno es mucho más crítico cuando a ello se reconoce la nueva generación llamada los "baby boomers" o generación post guerra; aquellos nacidos entre los años 1946 al 1964, que se estiman en 939,552 habitantes, para un veinticinco (25) por ciento de la población actual. Se espera que en la próxima década esta población de "baby boomers", al advenir los 60 años de edad, por ser más educados y con mayor poder adquisitivo, impacte considerablemente la población de personas de edad avanzada, lo que a su vez generará una demanda más de edad exigente de servicios.

   Las últimas proyecciones más alarmantes emitidas por el Negociado del Censo Federal, proyectan que para el año 2003 la población de personas de 60 años o más será de aproximadamente 636,092 (16.4%), para el año 2004 aproximadamente 654,481 (16.8%), para el año 2005 aproximadamente 674,422 (17.2%), para el año 2010 aproximadamente 790,143 (19.7%), para el año 2020 aproximadamente 1,008,876 (24.6%), para el año 2030 aproximadamente 1,205,575 (29.3%), para el año 2040 aproximadamente 1,349,727 (33.7%) y para el año 2050 aproximadamente 1,419,837 (37.2%). En relación a la población total, en el año 2003, la población de 80 años o más representa un 2.9 por ciento de la población de Puerto Rico. Se espera que para el año 2050 (dentro de 47 años) esta población represente 10.8 por ciento de toda la población en Puerto Rico. Por otro lado si analizamos el por ciento dentro de 60 años o más, el grupo de mayor crecimiento será también el de 80 años o más. Si evaluamos las estadísticas por grupos de edad desde el año 2003 al 2010 el grupo de 60-64 años permanece casi constante ya que son los años donde se empieza a notar la entrada de los "Baby Boomers" o generación post guerra. Siendo la categoría de edad de 60-64 la que nos demuestra la entrada de esta nueva generación de manera continua. A partir del año 2020, empezaremos a observar la disminución de esta categoría ya que toda la generación post guerra habrá entrando para 2024 en la categoría de edad de 60 años o más. Dado el hecho del crecimiento mayor de esta población en la categoría de 80 años o más de edad y debido al aumento de la expectativa de vida junto a menos tazas de mortalidad entre esta población, las estadísticas proyectadas nos dan una voz de alerta siendo este crecimiento inminente y con un impacto de gran envergadura en Puerto Rico.

   Ante estas realidades socioeconómicas y demográficas será necesario un cambio de paradigmas en lo que toca a visiones de la edad avanzada, productividad, trabajo, mecanismos para la prestación de servicios, integración social y valoraciones del individuo de edad avanzada en nuestra sociedad. La fuerza social de este segmento de la población, sus necesidades y exigencias tendrán consecuencias significativas en el marco de la demanda de preparación por parte del individuo y la relación intergeneracional obligatoria para vivir en comunidad. El enorme reto de este cambio social y de paradigmas en torno a las personas de edad avanzada brinda a este tema una pertinencia fundamental.

   En vista de la función que tendrá que ejercer la Oficina creada por la presente legislación sobre entidades públicas y privadas es necesario que el cargo de Procurador(a) que aquí se crea cuente con el tiempo necesario para una efectiva planificación, implementación y seguimiento de programas y beneficios para este sector de la población, así como que se les garanticen sus derechos. Por ello es imperativo que el término de su cargo no este sujeto a los cambios de la administración pública que se dan como parte del proceso electoral cada cuatro años. Por tanto, el término propuesto de diez (10) años para el cargo de Procurador(a) garantiza e imparte aún más pureza a la naturaleza de las funciones y deberes de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada. Por todo lo anterior, esta Asamblea Legislativa, en el cumplimiento de los mandatos constitucionales, con el objetivo de fortalecer y hacer cumplir las políticas públicas que garanticen los derechos humanos de las personas de edad avanzada y promuevan su mejor bienestar, crea la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada y el cargo de Procurador(a), con el fin de realizar acciones concretas que logren la más cabal protección de los derechos de este sector poblacional.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

 

Artículo 1.—Título (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Esta Ley se conocerá como la Ley de la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada.

 

Artículo 2.—Definiciones (3 L.P.R.A. § 1976)

 

   Para fines de esta Ley, los siguientes términos tienen el significado que se expresa a continuación:

(a) Agencia Pública—significa cualquier departamento, junta, comisión, división, oficina, negociado, administración, corporación pública o subsidiaria de ésta, municipio o instrumentalidad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, incluyendo cualquiera de sus funcionarios, empleados o sus miembros que actúen o aparenten actuar en el desempeño de sus deberes oficiales.

(b) Consejo Consultivo—significa el Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez que se crea en virtud de esta Ley.

(c) Entidad Privada o Institución—significa cualquier asociación, organización, instituto o persona natural o jurídica que preste, ofrezca o rinda algún servicio o actividad o administre o desarrolle algún programa relacionado con las personas de edad avanzada en Puerto Rico, ya sea que reciba o no, alguna aportación económica del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o que reciba fondos de los programas del Gobierno de los Estados Unidos de América que para beneficio, atención y protección de dichas personas se contemplan en las leyes federales.

(d) Gobernador(a)—significa el Gobernador o la Gobernadora del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(e) Oficina—significa la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada.

(f) Persona de Edad Avanzada—significa toda persona de sesenta (60) años o más de edad.

(g) Procurador(a)—significa el Procurador o la Procuradora de las Personas de Edad Avanzada, cargo que se crea en virtud de esta Ley.

 

Artículo 3.—Política Pública (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   La seguridad y protección, así como el sentido de pertenencia, auto estimación y realización son aspiraciones de todo adulto que va experimentando al paso de los años.

   La atención de la población de personas de edad avanzada y la provisión de servicios para mejorar la calidad de vida son de alta prioridad para el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico. El desarrollo de actividades y acciones que contribuyen a mantener al máximo la capacidad de independencia física, mental y social posible en estos adultos, dentro de su ámbito familiar y social, es esencial para lograr su bienestar y su participación activa en la comunidad.

   Para la consecución de estos propósitos es menester planificar de manera integral la acción gubernamental dirigida a la provisión de los servicios necesarios para satisfacer las aspiraciones de este sector, entre las cuales pueden mencionarse la salud, el bienestar social, la seguridad económica, la vivienda, la educación y la recreación.

   Actualmente, los servicios se ofrecen a las personas de edad avanzada por diversas agencias y entidades públicas y privadas. Es necesaria la coordinación efectiva de todos estos servicios y recursos gubernamentales para lograr una mejor utilización.

   La planificación e implantación de la política pública debe, además, integrar a las familias y a la comunidad en el sistema de prestación de servicios por ser éstos el principal apoyo de la persona de edad avanzada y fomentar, a su vez, su participación en las decisiones que afecten sus vidas propiciando su envolvimiento personal en actividades y acciones dirigidas a la atención de sus propias necesidades y las de sus conciudadanos.

   Por tanto, es política pública del Estado Libre Asociado garantizar el pleno desarrollo y respeto de los derechos humanos de las personas de edad avanzada y el ejercicio y disfrute de sus libertades fundamentales. Al reconocer que las personas de edad avanzada tienen problemas que dificultan muchas veces su participación en la vida política, social, económica, cultural y civil, se hace necesario fortalecer y consolidar los instrumentos y mecanismos que tiene el Estado para la implantación efectiva de esta política pública. Es parte esencial de esta política pública garantizar estos derechos y que todas las personas de edad avanzada, sin importar su ubicación geográfica, raza, etnia, estado civil, condición social y económica, capacidad física, afiliación política o religiosa, tengan acceso a los procesos de participación que genere la Oficina en el desempeño de sus funciones.

   Para fiscalizar la implantación de esta política pública y de su cumplimiento por parte de agencias públicas y las entidades privadas se crea la Oficina y el cargo del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada. Esta Oficina está dotada de funciones educativas, investigativas, fiscalizadoras, de reglamentación y cuasi judiciales, con el propósito de que se investiguen y se provean los remedios y las actuaciones correctivas que sean necesarias ante acciones u omisiones que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada. Asimismo, esta Oficina está facultada para actuar por sí, en representación de personas de edad avanzada en su carácter individual o como clase para la defensa de sus derechos, así como para aprobar reglamentación para fiscalizar y velar que las agencias gubernamentales y las entidades o instituciones privadas cumplan con la política pública y los objetivos de esta Ley.

 

Artículo 4.—Creación de la Oficina (3 L.P.R.A. § 1976a)

 

   Se crea la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, como una entidad jurídica independiente y separada de cualquier otra agencia o entidad pública. Dicha Oficina, que será dirigida por un Procurador(a), tendrá entre otras funciones dispuestas en esta Ley, la responsabilidad de servir como instrumento de coordinación para atender y viabilizar la solución de los problemas, necesidades y reclamos de las personas de edad avanzada en las áreas de la educación, la salud, el empleo, de los derechos civiles y políticos, de la legislación social, laboral y contributiva, de vivienda, de transportación, de recreación y de cultura, entre otras. Asimismo, tendrá la responsabilidad de establecer y llevar a cabo un programa de asistencia, orientación y asesoramiento para la protección de los derechos de las personas de edad avanzada.

   En adición, será el organismo que fiscalizará, investigará, reglamentará, planificará y coordinará con las distintas agencias públicas y/o entidades privadas el diseño y desarrollo de los proyectos y programas encaminados a atender las necesidades de la población de edad avanzada en armonía con la política pública enunciada en virtud de esta Ley, de la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older American Act of 1965" de la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, mejor conocida como la "Carta de Derechos de Persona de Edad Avanzada" y de cualquier otra ley especial que así le faculte, a los fines de propiciar el disfrute de una vida plena y productiva y lograr la mayor participación de estas personas en la comunidad. En adición, fiscalizará la implantación y cumplimiento por las agencias públicas de la política pública en torno a este sector de la población.

 

Artículo 5.—Creación del Cargo de Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada (3 L.P.R.A. § 1976b)

 

   Se crea el cargo del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada, quien será nombrado por el Gobernador(a) con el consejo y consentimiento del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por el término de diez (10) años y hasta que su sucesor o sucesora sea nombrado y tome posesión del cargo.

   La remuneración del cargo del Procurador(a) la fijará el Gobernador(a) tomando en consideración lo establecido para los Secretarios(as) de Departamentos Ejecutivos. La persona designada deberá ser de reconocida capacidad profesional, independencia de criterio y probidad moral. En adición, dicho cargo sólo podrá ser desempeñado por una persona que tenga conocimientos y/o experiencia en la administración pública, gestión gubernamental, servicios para las personas de edad avanzada y en adición, que haya cursado estudios y obtenido un grado universitario a nivel graduado en gerontología. Este podrá acogerse a los beneficios establecidos mediante la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según enmendada , que establece el Sistema de Retiro de los Empleados del Gobierno de Puerto Rico y sus dependencias o entidades gubernamentales. Además deberá haber estado domiciliada en Puerto Rico por lo menos cinco (5) años inmediatamente anteriores a la fecha de su nombramiento. Ninguna persona que haya ocupado un puesto electivo o algún puesto ejecutivo que requiera confirmación del Senado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, podrá ser nombrada durante el término por el cual fue electa o designada para ocupar el cargo de Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada.

   El Gobernador(a), sin menoscabo de sus prerrogativas constitucionales, podrá solicitar y recibir recomendaciones del sector gubernamental y de los grupos identificados con los derechos de las personas de edad avanzada sobre posibles candidatos (as) para ocupar el cargo.

   El Gobernador(a), previa notificación y vista, podrá declarar vacante el cargo del Procurador(a) por incapacidad física o mental que le inhabilite para el desempeño de las funciones del cargo, por negligencia en el desempeño sus funciones u omisión en el cumplimiento del deber. En adición, serán causas de destitución del cargo la comisión y convicción de cualquier delito contra la función pública, contra el erario público y/o cualquier delito grave.

   En el caso de enfermedad o ausencia temporal del Procurador(a), el Procurador(a) podrá designar a un Procurador(a) Auxiliar a cubrir dicha posición y asumirá todas las funciones, deberes y facultades de dicho cargo, hasta tanto el Procurador(a) se incorpore en el mismo. Cuando surja una incapacidad que le impida continuar en dicho cargo o el cargo de Procurador(a) quede vacante de forma permanente, antes de expirar el término de su nombramiento, la persona designada temporeramente asumirá todas las funciones, deberes y facultades de ésta por el término no cumplido de la que ocasione tal vacante, hasta que su sucesor(a) sea designado y tome posesión del cargo.


Artículo 6.—Procuradores Auxiliares (3 L.P.R.A. § 1976c)

 

   El Procurador(a), previa consulta con el Gobernador(a), podrá nombrar Procuradores Auxiliares y delegarle cualesquiera de las funciones dispuestas en esta Ley, excepto la de nombrar el personal y adoptar los reglamentos necesarios para cumplir con los propósitos de esta Ley. Las personas que sean nombradas como Procuradores Auxiliares deberán ser de reconocida capacidad profesional, independencia de criterio y probidad moral. En adición, deberán tener conocimientos y/o experiencia en la administración pública, gestión gubernamental y servicios a personas de edad avanzada. Además, deberán contar con conocimientos en materia de gerontología.

   Además de los dispuesto en el párrafo anterior, la persona nombrada como Procurador(a) Auxiliar que en su momento sea designada por el Procurador(a) para cubrir su posición y asumir sus funciones, deberes y facultades hasta tanto el Procurador(a) se reincorpore en la misma, deberá haber cursado estudios y haber obtenido un grado universitario, a nivel graduado, en gerontología. Esto también será de aplicación cuando surja una incapacidad que le impida al Procurador(a) continuar en dicho cargo o quede vacante el mismo de manera permanente.

 

Artículo 7.—Funciones y Deberes de la Oficina (3 L.P.R.A. § 1976d)

 

   La Oficina tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones y deberes:

a) Realizar y fomentar estudios e investigaciones, así como recopilar y analizar estadísticas sobre la situación de las personas de edad avanzada, analizar los factores que afecten los derechos de las personas de edad

avanzada en todas las esferas de su vida social, política, económica, educativa, cultural y civil, así como el acceso de participación en materia de educación y capacitación, la salud, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico y, en general, en el ejercicio de sus derechos civiles, políticos, sociales y culturales, incluyendo la participación en la toma de decisiones a todo nivel, entre otros.

b) Fiscalizar el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley, velar por los derechos de las personas de edad avanzada y asegurar que las agencias públicas cumplan y adopten programas de acción afirmativa o correctiva, promover que las entidades privadas las incorporen, así como evaluar los programas ya existentes, a fin de lograr la integración de las personas de edad avanzada y propiciar su participación.

c) Radicar, a su discreción, ante los tribunales, los foros administrativos e instrumentalidades y subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, por sí o en representación de la parte interesada, ya sean personas de edad avanzada en su carácter individual o constituidos como una clase, las acciones que estime pertinente para atender violaciones a la política pública establecida en esta Ley. La Oficina estará exenta del pago y cancelación de toda clase de sellos, aranceles y derechos requeridos para la radicación y tramitación, de cualesquiera escritos, acciones o procedimientos, o para la obtención de copias de cualquier documento ante los tribunales de justicia y agencias administrativas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

d) Mantener una revisión y evaluación continua de las actividades llevadas a cabo por las agencias públicas y entidades privadas para evitar violaciones a los derechos de las personas de edad avanzada y posibilitar procesos sistemáticos de consulta con las entidades privadas y no gubernamentales de personas de edad avanzada con el propósito de garantizar que las actividades de la Oficina respondan en todo momento a las necesidades, exigencias y aspiraciones de las personas de edad avanzada de Puerto Rico.

e) Impulsar acciones que contribuyan a resolver el problema del maltrato contra las personas de edad avanzada, en todas sus manifestaciones.

f) Considerar el efecto que pueden tener nuevos acontecimientos sobre los métodos utilizados en la promoción y defensa de los derechos de las personas de edad avanzada y disponer la acción correctiva apropiada para ser implantadas.

g) Cooperar y establecer redes de trabajo y de intercambio de información y experiencias con las entidades privadas y organizaciones no gubernamentales de personas de edad avanzada del país y del exterior, y con las agencias estatales, municipales y federales, dedicadas al desarrollo y la promoción de los derechos de las personas de edad avanzada.

h) Estudiar y analizar los convenios, normas y directrices internacionales respecto a los derechos de las personas de edad avanzada e investigar planteamientos de controversias concretas en cuanto arrojen luz sobre problemas de importancia general, y recomendar remedios dirigidos a garantizar la participación de las personas de edad avanzada en todas las esferas de la vida social, educativa, recreativa, política, económica y cultural.

i) Proponer aquella legislación que estime pertinente para el desarrollo efectivo de la política pública establecida en esta Ley y de los derechos que la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes federales y locales le reconocen a las personas de edad avanzada, así como velar porque la política pública, las iniciativas, las declaraciones y proyectos dirigidos especialmente a las personas de edad avanzada sean evaluados e implantados con una visión de integración y respeto.

j) Coordinar los esfuerzos de educación a la comunidad sobre los derechos de las personas de edad avanzada y asuntos relacionados con éstos y podrá realizar en todo el país campañas de sensibilización, orientación y educación sobre los problemas que aquejan a las personas de edad avanzada.

k) Mantener actualizado un catálogo o manual sobre todos los programas, beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para las personas de edad avanzada, tanto en las agencias públicas como en entidades privadas sin fines de lucro. Tal catálogo deberá incluir y comprender una síntesis con su cita de las leyes estatales y federales, reglamentos, órdenes, normas, procedimientos, recursos, medios, mecanismos y requisitos necesarios para cualificar y obtener cualquier beneficio, servicio, derecho o privilegio.

   A los fines de este inciso, la Oficina cobrará un precio razonable a cualquier ciudadano, que no sea de edad avanzada, que solicite copia de este catálogo o manual. Dicho precio se fijará con el único propósito de recuperar los gastos incurridos en la reproducción de tal manual o catálogo.

l) Establecer acuerdos colaborativos con el Departamento de Salud y la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Ciencias Médicas para:

Promover investigaciones científicas, que puedan identificar riesgos latentes en el medio ambiente como lo son los contaminantes, en la búsqueda de nuevas y mejores alternativas de prevención y mantenimiento de las condiciones de salud que le afectan a la población de edad avanzada.

m) Establecer acuerdos colaborativos con la Junta de Calidad Ambiental y el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para establecer iniciativas y estrategias con el propósito de motivar a las personas de edad avanzada a envolverse en la comunidad, con el fin de promover la reducción de los amenazas ambientales y así proteger nuestro entorno para las futuras generaciones. Estimulando con ello, el compromiso cívico de las personas de edad avanzada, para preservar la estabilidad ecológica.

n) Ofrecer en coordinación con la División para el Desarrollo del Capital Humano, adscrita a la Oficina de Recursos Humanos del Estado Libre Asociado, campañas de capacitación, sensibilización, orientación y educación a los empleados públicos sobre los derechos que asisten a las personas de edad avanzada.

o) Cualquier otra función que sea necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

 

Artículo 8.—Poderes Generales del Procurador(a) (3 L.P.R.A. § 1976e)

 

   El Procurador(a), tendrá, sin que se entienda como una limitación, las siguientes funciones, poderes y deberes a fin de cumplir con los propósitos de esta Ley:

a) Recibir, atender, investigar, procesar, resolver y adjudicar querellas relacionadas con acciones y omisiones que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada, le nieguen los beneficios y oportunidades a que tienen derecho, y afecten los programas de beneficio; y conceder los remedios pertinentes conforme a Derecho, así como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o cualquier agencia que niegue, entorpezca, viole o perjudique los derechos y beneficios de las personas de edad avanzada.

b) Tomar medidas para la tramitación de reclamaciones que propendan a la consecución de los fines de esta Ley, incluyendo representación legal u otro peritaje o servicio de apoyo para la tramitación de estas reclamaciones. A estos fines, el Procurador(a) podrá suministrar, directamente o mediante contratación o a través de referido, a su discreción, la prestación de servicios legales, profesionales, médicos, periciales o técnicos o comparecer por y en representación de las personas de edad avanzada que cualifiquen para obtener algún beneficio o derecho al amparo de leyes y reglamentos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico u ordenanzas municipales y leyes federales, ante cualquier tribunal, foro administrativo o de mediación, junta, comisión u oficina.

c) Realizar investigaciones, por su propia iniciativa o en relación con las querellas que investigue; obtener la información que sea pertinente; celebrar vistas administrativas y llevar a cabo inspecciones oculares. Las vistas ante la Oficina serán públicas a menos que por razón de interés público se justifique que se conduzcan en privado.

d) Adoptar cualesquiera reglas y reglamentos que fueren necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

e) Tomar juramentos y declaraciones por sí o por medio de sus representantes autorizados.

f) Inspeccionar expedientes, inventarios, documentos e instalaciones de las agencias o entidades privadas cuando ello sea pertinente y necesario para una investigación o querella ante su consideración. En cuanto a esto, el Procurador(a) y sus representantes tendrán acceso a inspeccionar cualquier documento o registro existente en los establecimientos de cuidado de larga duración con el historial social y cuidado médico de los adultos de edad avanzada residentes en éstos, salvo que el adulto de edad avanzada por sí o a través de su tutor o representante legal se oponga a ello. Se podrá requerir, además, al encargado del establecimiento, que presente documentos que demuestren que cumple con los requisitos de licenciamiento y certificados expedidos por agencias o entidades privadas que garanticen que el adulto de edad avanzada recibe la atención y cuidado por personal certificado para administrarlos.

g) Ordenar la comparecencia y declaración de testigos, requerir la presentación o reproducción o cualesquiera papeles, libros, documentos y otra evidencia pertinente a una investigación o querella ante su consideración.

h) Requerir por sí o solicitar el auxilio de cualquier Tribunal de Primera Instancia para la asistencia, declaración, reproducción o inspección de documentos cuando un testigo debidamente citado no comparezca a testificar o no produzca la evidencia que le sea requerida o cuando rehúse contestar alguna pregunta o permitir la inspección solicitada conforme a las disposiciones de esta Ley. A estos efectos, el Secretario(a) de Justicia deberá suministrar al Procurador(a) la asistencia legal necesaria a estos fines si le fuera solicitada por el Procurador(a) quien podrá optar por comparecer a través de sus abogados. La presentación del testimonio y la información y la inspección estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Núm. 27 de 8 de diciembre de 1990, según enmendada.

i) Imponer y cobrar multas administrativas hasta un máximo de diez mil (10,000) dólares por acciones u omisiones que lesionen los derechos de la personas de edad avanzada amparados por la Constitución de los Estados Unidos de América, en la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y podrá fijar la compensación por daños ocasionados, en los casos que así proceda.

j) Imponer a la parte que no prevalezca en un procedimiento cuasi judicial la obligación de pagar honorarios de abogado y costas, cuando así proceda conforme a derecho.

k) Nombrar conforme a la reglamentación Procuradores Auxiliares y/o Oficiales Examinadores para el cumplimiento de los propósitos de esta ley.

1) Recibir, investigar y resolver las querellas de personas de edad avanzada que residan en establecimientos de larga duración, o las que hayan sido presentadas en el interés de éstos.

m) Establecer los procedimientos que sean necesarios para el recibo y procesamiento de querellas y realizar investigaciones por sí o a través de sus representantes.

n) Investigar las acciones u omisiones administrativas en los establecimientos de cuidado de larga duración y de aquellos proveedores que brinden servicios a las personas de edad avanzada en dichos establecimientos que contravengan los derechos garantizados a estos ciudadanos según dispuesto en la Ley Núm. 121 de 12 de julio de 1986, según enmendada, conocida como "Carta de Derechos de la Persona de Edad Avanzada de Puerto Rico".

o) Rendir, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe completo y detallado al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, sobre sus logros, peticiones, querellas radicadas y atendidas, datos estadísticos, uso de recursos y actividades realizadas por la Oficina durante el año fiscal precedente a la fecha de radicación.

p) Garantizar la confidencialidad de toda documentación examinada y recopilada durante el curso de la investigación y procesamiento de una querella radicada al amparo de esta Ley y de las disposiciones de leyes federales y estatales aplicables. Se garantizará la confidencialidad de los querellantes, testigos, pacientes, o residentes, hasta tanto se obtenga autorización de dichos querellantes, testigos, pacientes, residentes o sus representantes legales o tutores para divulgar tal información. El Procurador(a) ni sus representantes podrán ser obligados a testificar sobre la información obtenida en el curso de una investigación, salvo en aquellos casos en los que puedan, legalmente, ser compelidos ha así hacerlo por los foros judiciales competentes.

q) Cualquier otra función que sea necesaria para la implementación de esta Ley.

   Se declara que la interferencia por parte de cualquier persona natural o jurídica con las funciones inherentes al cargo de Procurador(a) y sus representantes será ilegal. De igual forma será ilegal el que cualquier persona por sí o en representación de un establecimiento de cuidado de larga duración tome represalias, discrimine o penalice a un residente, paciente o empleado de dicho establecimiento por presentar una querella o por proveer información al Procurador(a) o su representante. En adición, el Procurador(a) ni sus representante podrán ser incursos en responsabilidad civil o criminal por el desempeño bonafide de sus funciones según lo establecido por esta Ley y las disposiciones para el cargo en la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older Americans Act of 1965".

   Por último, se declara que dentro del cargo del Procurador(a) recaerá simultáneamente las funciones y deberes del cargo de Procurador de los Residentes en Establecimientos de Cuidado de Larga Duración para Personas de Edad Avanzada, conforme a lo requerido y establecido en la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older Americans Act of 1965".

 

Artículo 9.—Planificación y Coordinación de Fondos Federales; Designación como Agencia Administradora (3 L.P.R.A. § 1976f)

 

   La Oficina podrá ser designada por el Gobernador(a) como la agencia estatal administradora y receptora de cualesquiera fondos o aportaciones concedidos por las leyes federales para los programas de personas de edad avanzada.

   Se designa a la Oficina como la agencia administradora y encargada de poner en vigor localmente los programas federales para personas de edad avanzada establecidos en virtud de la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older Americans Act of 1965".

   Cuando la Oficina sea designada conforme establece esta Ley, queda autorizada a realizar las diligencias necesarias y formalizar, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, convenios y contratos con las agencias federales pertinentes con el propósito de obtener los beneficios y fondos federales disponibles. La Oficina solicitará previamente a la Oficina de Gerencia y Presupuesto los fondos que se puedan requerir al Estado Libre Asociado de Puerto Rico para el pareo de los fondos federales.

 

Artículo 10.—Administración y Funcionamiento de la Oficina (3 L.P.R.A. § 1976g)

 

   La Oficina, sin que se entienda como una limitación, será administrada y funcionará de la siguiente manera:

a) El Procurador(a) determinará la organización interna de la Oficina y establecerá los sistemas necesarios para su adecuado funcionamiento y operación. A esos fines tendrá la responsabilidad de planificar, organizar y dirigir todos los asuntos y operaciones relacionadas con los recursos humanos, contratación de servicios, asignación presupuestaria, adquisición, uso y control de equipo, materiales y propiedad, reproducción de documentos y otros materiales y demás asuntos, transacciones y decisiones relativos al manejo y gobierno interno de la Oficina.

b) Atenderá las reclamaciones y quejas que insten las personas de edad avanzada cuando alegan inacción por parte de las agencias, entidades privadas y personas en el cumplimiento de la política pública establecida en esta Ley para proteger los derechos que le han sido reconocidos a las personas de edad avanzada mediante la Constitución de los Estados Unidos de América, de la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes federales y estatales y la reglamentación vigente.

c) El Procurador(a) nombrará el personal que fuere necesario para llevar a cabo los propósitos de esta Ley de acuerdo con la Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975, según enmendada (3 L.P.R.A. secs. 1301 et seq.) conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”, y podrá contratar los servicios de peritos y asesores para cumplir a cabalidad las funciones que le impone esta Ley.

d) El Procurador(a) adoptará la reglamentación interna de la Oficina y los reglamentos que regirán el funcionamiento de los programas y servicios que establezca a tenor con lo dispuesto en esta Ley, sujeto a la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico".

e) Para recibir información y datos para los estudios e investigaciones de carácter general sobre el tema de las personas de edad avanzada que la Oficina lleve a cabo, los reglamentos antes mencionados proveerán lo necesario para el cumplimiento de los siguientes requisitos procesales:

1) La celebración de audiencias públicas o ejecutivas, para lo cual podrá delegar en uno o más de sus funcionarios o empleados la función de escuchar testimonios o recibir cualquier otra evidencia para la Oficina.

2) Que las notificaciones de audiencias públicas deberán publicarse con diez (10) días de anticipación en por los menos dos (2) periódicos de circulación general o regionales que circulen en la región o área específica que abarque el estudio o investigación. Además, podrán anunciarse a través de otros medios de comunicación cuando sea necesario y razonable para una difusión más eficaz. Deberán incluir descripciones detalladas de los propósitos de las audiencias y los asuntos que en ellas se considerarán.

3) Que todas las declaraciones verbales se oirán en sesiones públicas. Sin embargo, en los casos en que la Oficina considere que la evidencia o el testimonio que se va a presentar en una vista tiende a difamar, degradar o incriminar a cualquier persona o a vulnerar su intimidad, para proteger su identidad, o en aquellos casos en que medien circunstancias que lo justifiquen, podrá hacer una excepción y optar por recibir dicho testimonio en sesión ejecutiva.

4) Cada deponente podrá, si lo estima conveniente, ser aconsejado por un abogado. También tendrá derecho a que no se le fotografíe sin su consentimiento, a ser interrogado por su abogado dentro de las normas de la audiencia y su aplicación por el Procurador(a), a revisar la exactitud de la transcripción de sus testimonios, a copiar dicha transcripción y a someter manifestaciones breves por escrito y bajo juramento para ser incluidas en el expediente de la audiencia.

5) La Oficina determinará las demás reglas de procedimiento para las audiencias públicas o ejecutivas, inclusive las que se refieran a la admisibilidad de evidencia y a la exclusión de personas que violen las normas que deben imperar en una audiencia.

f) Que el Procurador(a), ya sea por acción propia o mediante acuerdos de colaboración, podrá establecer y poner en vigor un plan para el establecimiento de oficinas regionales, de distrito o municipales que faciliten y promuevan el acceso de las personas de edad avanzada a la Oficina a fin de cumplir con los propósitos de esta Ley.

g) El Procurador(a) promoverá la formalización de los acuerdos de colaboración a nivel gubernamental y privado incluyendo, sin que se entienda como una limitación, acuerdos con los gobiernos, entidades y corporaciones municipales y con entidades y organizaciones no gubernamentales identificadas con los derechos de las personas de edad avanzada, cuando estos acuerdos viabilicen el ejercicio de sus responsabilidades sin menoscabo de su autonomía.

h) La Oficina podrá solicitar a personas o entidades privadas, así como a las agencias gubernamentales, por sí o a través del Gobernador(a), servicios y facilidades disponibles para llevar a cabo los propósitos de esta Ley.

i) La Oficina podrá contratar o nombrar a cualquier funcionario o empleado del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de sus agencias, con la anuencia de la autoridad nominadora del organismo gubernamental donde preste servicio el funcionario o empleado. En tal caso, la autoridad nominadora tiene la obligación de retener el cargo o empleo a dicho funcionario o empleado mientras la Oficina utilice sus servicios.

j) Se autoriza, además, a la Oficina a contratar, sin sujeción a lo dispuesto por el Artículo 177 del Código Político de Puerto Rico, según enmendado, los servicios de cualquier funcionario o empleado público y a pagarle por los servicios adicionales que preste a la Oficina fuera de sus horas regulares de servicio.

k) La Oficina podrá, con la aprobación del Gobernador(a), encomendar a cualquier agencia que efectúe algún estudio o investigación, o alguna fase o parte de los mismos, o que realice cualquier otra clase de trabajo que fuere necesario al desempeño de sus funciones, al cual deberá conferir prioridad. Si a su juicio fuere necesario, la agencia podrá solicitar de la Oficina, y obtener de ésta, previa autorización del Gobernador(a), una transferencia de fondos por la cantidad que la Oficina considere razonable.

l) La Oficina queda autorizada para recibir y administrar fondos provenientes de asignaciones legislativas, y de transferencias, delegaciones, aportaciones y donativos de cualquier clase que reciba de agencias, gobiernos municipales y del Gobierno de los Estados Unidos de América, así como los provenientes de personas, organizaciones no gubernamentales y de otras entidades privadas para el diseño e implantación de proyectos y programas a ser ejecutados por la Oficina, por las agencias, entidades y organizaciones no gubernamentales de personas de edad avanzada o por la sociedad civil. Los fondos así recibidos se contabilizarán, controlarán y administrarán con sujeción a las leyes que regulan el uso de fondos públicos, a las normas legales, reglas o convenios en virtud de los cuales los reciba la Oficina y según los reglamentos que ésta adopte para esos fines. La Oficina puede recibir además cualesquiera bienes muebles de agencias públicas en calidad de préstamo, usufructo o donación y poseerlos, administrarlos y usarlos para llevar a cabo las funciones dispuestas en esta Ley.

m) La Oficina presentará, no más tarde del 31 de enero de cada año, un informe anual escrito y cualesquiera informes especiales al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa sobre sus actividades, operaciones, logros y situación fiscal, junto con las recomendaciones que estime necesarias para la continua y eficaz protección de los derechos de las personas de edad avanzada. Luego del primer informe anual, la Oficina incluirá, al final de sus informes anuales, un resumen de las recomendaciones que ha hecho anteriormente y una descripción de la acción tomada sobre dichas recomendaciones. La Oficina publicará sus informes después de enviados al Gobernador(a) y a la Asamblea Legislativa, así como también podrá publicar los estudios y monografías que le sometan sus consultores y asesores.

n) Planificará y coordinará con las distintas agencias públicas así como con las entidades privadas los programas, actividades y servicios relacionados con las personas de edad avanzada para asegurar la implantación de la política pública de esta Ley de una manera integral, sujeto a las condiciones y restricciones que dispongan las leyes aplicables.

o) Proveerá guías a las agencias públicas en la formulación e implantación de programas y proyectos relacionados con las personas de edad avanzada.

p) Establecerá sistemas y procedimientos para evaluar la efectividad y mejorar la coordinación de los programas y proyectos de las diversas agencias públicas y entidades privadas encaminados a atender las necesidades y problemas de las personas de edad avanzada.

q) Fomentará la participación de los ciudadanos en el desarrollo e implantación de proyectos y programas en beneficio de las personas de edad avanzada y facilitará su comunicación con las agencias públicas.

r) Podrá brindar el asesoramiento, la ayuda técnica y los servicios profesionales a las agencias y entidades privadas que así lo soliciten a los fines de mejorar los servicios que prestan y satisfacer requisitos de funcionamiento establecidos por las leyes o reglamentos.

s) Podrá organizar y celebrar conferencias, seminarios y talleres y realizará estudios e investigaciones por sí, o en coordinación con otras agencias y entidades privadas o educativas o cualquier otra organización que lleve a cabo actividades afines con los propósitos de esta Ley, para el desarrollo de nuevos enfoques, métodos, programas y servicios, y el adiestramiento y mejoramiento del personal necesario para la prestación de servicios a personas de edad avanzada. Asimismo podrá establecer relación de coordinación y colaboración con colegios, universidades e instituciones educativas de educación postsecundaria para el diseño de currículo y la planificación de textos en gerontología.

t) Fomentará el establecimiento de servicios, y cuando fuere aconsejable, establecerlos con carácter de demostración o modelo, para ser luego transferidos a organizaciones públicas o privadas tales como clínicas de preparación para la vejez, y la jubilación del trabajo, centros de actividades múltiples, clínicas geriátricas y otras.

u) Recopilará, analizará y mantendrá actualizados los datos estadísticos necesarios para la planificación, coordinación y uso de los recursos gubernamentales disponibles para la implantación y desarrollo de una política pública con respecto a las personas de edad avanzada que responda a las exigencias del momento.

v) Mantener actualizado un catálogo o manual sobre todos los programas, beneficios, servicios, actividades y facilidades disponibles para las personas de edad avanzada, tanto en las agencias públicas como en entidades privadas sin fines de lucro. Tal catálogo deberá incluir y comprender una síntesis con su cita de las leyes estatales y federales, reglamentos, órdenes, normas, procedimientos, recursos, medios, mecanismos y requisitos necesarios para cualificar y obtener cualquier beneficio, servicio, derecho o privilegio. A los fines de este inciso, la Oficina cobrará un precio razonable a cualquier ciudadano, que no sea de edad avanzada, que solicite copia de este catálogo o manual. Dicho precio se fijará con el único propósito de recuperar los gastos incurridos en la reproducción de tal manual o catálogo.

w) Promoverá en la ciudadanía y en la persona de edad avanzada el conocimiento y un mejor entendimiento de las particularidades del proceso de envejecimiento.

x) Llevará a cabo actividades de divulgación y orientación con miras a desarrollar actitudes positivas en los ciudadanos y mantener a las personas de edad avanzada integradas activamente a la comunidad.

y) Orientará a las personas de edad avanzada sobre los servicios, beneficios, programas y actividades que ofrecen las agencias públicas y entidades privadas.

z) Designará aquellos comités especiales que estime necesarios para llevar a cabo las funciones de la Oficina, en consulta con el Consejo Consultivo.

aa) Recomendará al Gobernador(a) y la Asamblea Legislativa aquellas medidas que crea necesarias para atender las necesidades y problemas de las personas de edad avanzada.

bb) Analizará los factores que afectan el ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales y culturales, así como la prestación de servicios y beneficios conferidos a las personas de edad avanzada, a los fines de orientar y asesorar sobre los requisitos, mecanismos, medios, recursos y procedimientos para hacer valer los mismos o beneficiarse de éstos.

cc) Investigar, canalizar y resolver las peticiones o querellas en las que se alegue que algún acto administrativo o la inacción de cualquier agencia pública o entidad privada lesiona los derechos que la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, la Constitución de los Estados Unidos de América y las leyes y reglamentos en vigor le reconocen a las personas de edad avanzada; o en las que se alegue que se han negado beneficios y oportunidades a que tienen derecho, o que afectan los programas en beneficio de las personas de edad avanzada; y conceder los remedios pertinentes conforme a derecho, así como ordenar acciones correctivas a cualquier persona natural o jurídica, o a cualquier agencia pública o entidad privada que incurra en tales actuaciones.

dd) Asegurar que las agencias cumplan y adopten programas de acción afirmativa o correctiva y promover que las entidades privadas las incorporen, a fin de propiciar y lograr el cumplimiento con los derechos y beneficios conferidos por las leyes y reglamentos a las personas de edad avanzada.

ee) Radicar ante los tribunales y foros administrativos las acciones pertinentes para atender las violaciones a la política pública establecida en relación a las personas de edad avanzada. La Oficina tendrá discreción para radicar tales acciones por sí o en representación de parte interesada, ya sean personas de edad avanzada individualmente o una clase. La Oficina estará exenta del pago y cancelación de todo tipo de sellos, aranceles y derechos requeridos para la radicación y tramitación de cualesquiera escritos, acciones o procedimientos, o para la obtención de copias de cualquier documento ante los tribunales de justicia y agencias públicas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

ff) Mantener una revisión y evaluación continua del cumplimiento con los servicios y las actividades llevadas a cabo por las agencias y entidades privadas para evitar violaciones a los derechos de las personas de edad avanzada y posibilitar procesos sistemáticos de consulta con el propósito de garantizar que las actividades de la Oficina respondan en todo momento a las necesidades, exigencias y aspiraciones de este sector de la población.

gg) Cooperar y establecer redes de trabajo, intercambio de información y experiencias con las agencias, entidades privadas y organismos federales e internacionales dedicados al desarrollo y promoción de los derechos y beneficios de las personas de edad avanzada.

 

Artículo 11.—Consejo Consultivo; Creación (3 L.P.R.A. § 1976h)

 

   Se crea un Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez, adscrito a la Oficina para asesorar a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada en relación con la implantación de esta Ley. El Consejo Consultivo estará integrado por diecisiete (17) miembros cuya composición será la siguiente: nueve (9) miembros ex officios en representación del interés público y ocho (8) miembros en representación del interés de la comunidad, nombrados por el Gobernador(a). Los miembros ex officios en representación del interés público serán a saber: el Secretario(a) del Departamento de Salud, el Secretario(a) del Departamento de la Familia, Secretario(a) del Departamento de Educación, Secretario(a) del Departamento de Recreación y Deportes, Secretario(a) del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, Secretario(a) del Departamento de la Vivienda, la Procuradora del Paciente, el Procurador de las Personas con Impedimentos y la Procuradora de las Mujeres o el representante que estos funcionarios designen expresamente para estos propósitos. De los ocho (8) miembros en representación del interés de la comunidad, cuatro (4) de los mismos deberán ser personas de edad avanzada.

   Todos los miembros en representación del interés de la comunidad deberán ser personas de probada capacidad y liderato, conscientes de las necesidades y problemáticas de las personas de edad avanzada e identificadas con el respeto por los derechos que le asisten a éstas.

   Al entrar en vigor esta Ley, de los ocho (8) miembros en representación del interés de la comunidad, cinco (5) miembros serán nombrados por término de dos (2) años y tres (3) miembros por el término de tres (3) años. Al vencer estos términos iniciales, se harán nombramientos por tres (3) años. Los miembros del Consejo Consultivo elegirán su

Presidente(a) de entre sus miembros, no obstante, el mismo deberá surgir de entre los miembros del interés de la comunidad.

   Nueve (9) miembros constituirán quórum para celebrar las reuniones del Consejo Consultivo y sus acuerdos se tomarán por mayoría de las/los presentes. El Consejo Consultivo adoptará un reglamento interno para regir sus trabajos, deliberaciones y ejecución de sus funciones. La Oficina proveerá al Consejo Consultivo las instalaciones, equipos, materiales y recursos humanos necesarios para cumplir las funciones que le asigna esta Ley.

   El Consejo Consultivo se reunirá cuantas veces sea convocado por el Procurador(a), pero nunca menos de seis (6) veces al año al menos una (1) vez cada dos (2) meses. El Consejo Consultivo mantendrá un récord de las reuniones, comparecencias y de las recomendaciones presentadas al Procurador(a).

 

Artículo 12.—Dietas para los miembros del Consejo Consultivo (3 L.P.R.A. § 1976i)

 

   Los miembros del Consejo Consultivo, recibirán una dieta de cincuenta (50) dólares por cada reunión a la que asistan, o por la asistencia a sesiones o reuniones de comisión, por cada sesión, reunión extraordinaria o de comité u otro organismo o realización de encomienda autorizada por el Presidente del Consejo Consultivo a la que asistan, excepto aquellos que sean jefes de agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y sus instrumentalidades, salvo el Presidente del Consejo Consultivo, quien recibirá una dieta equivalente al ciento treinta y tres (133) por ciento de la dieta que reciban los demás miembros del Consejo Consultivo.

   Aquel miembro del Consejo Consultivo que reciba una pensión por mérito o años de servicio o anualidad de la Administración de Sistemas de Retiro de los Empleados del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualesquiera de sus agencias, instrumentalidades, corporaciones públicas o subdivisiones políticas, podrá recibir el pago de dietas sin que se afecte su derecho a la pensión o anualidad de retiro.

 

Artículo 13.—Funciones y Deberes del Consejo Consultivo sobre Asuntos de la Vejez (3 L.P.R.A. § 1976j)

 

   El Consejo Consultivo tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y funciones:

   (a) Asesorar a la Oficina en materias relacionadas con las necesidades y el bienestar de las personas de edad avanzada en sus aspectos físico, mental y socioeconómico; sobre todo, evaluar la política pública relacionada con la situación de las personas de edad avanzada en el ámbito de la educación y capacitación, el empleo, la autogestión, el desarrollo económico, la vivienda y la salud, entre otros, con el propósito de propulsar acciones que contribuyan a procurar la participación de las personas de edad avanzada en todas las esferas de la vida social, política, económica y cultural.

   (b) Asesorar a la Oficina en cuanto al establecimiento de criterios para evaluar los programas y proyectos desarrollados bajo este capítulo y hacer las recomendaciones que estime pertinente al Procurador(a).

   (c) Recomendar sistemas y métodos encaminados a la integración de los programas que desarrolle el Gobierno para atender las necesidades de las personas de edad avanzada.

   (d) Asesorar a la Oficina con respecto a la distribución de fondos y ayuda económica proveniente de donaciones y otras aportaciones que reciba la Oficina.

   (e) Hacer recomendaciones a la Oficina con respecto a los reglamentos y normas que se adopten al amparo de esta Ley.

   (f) Asesorar a la Oficina en la preparación y administración de un plan de trabajo anual y de propuestas de la Oficina.

   (g) Investigar los servicios disponibles en el sistema penal de Puerto Rico para personas de edad avanzada, y hacer recomendaciones en cuanto a la adecuacidad de los mismos en las instituciones penales para dicha población.

   (h) Familiarizarse con los factores que contribuyen a que las personas de edad avanzada sean parte de las estadísticas de la población penal de Puerto Rico; identificar los servicios que se le presta a este sector poblacional, y recomendar legislación para la atención de esos problemas y/o acciones o programas que deben ser desarrollados por la Administración de Corrección y Rehabilitación u otras agencias gubernamentales.

   (i) Cualquier otra función que sea necesaria para el cumplimiento de esta Ley.

   El Consejo Consultivo vendrá obligado a informar a la Asamblea Legislativa sobre sus hallazgos, recomendaciones, acciones y conclusiones relacionadas con los factores que afectan a la población de personas de edad avanzada y, en particular, las personas de edad avanzada que son parte del sistema carcelario de Puerto Rico.

 

Artículo 14.—Tramitación de Peticiones o Querellas (3 L.P.R.A. § 1976k)

 

   Se faculta al Procurador(a) a establecer los sistemas necesarios para el acceso, recibo y encausamiento de las reclamaciones y quejas que insten las personas de edad avanzada cuando aleguen cualquier acción u omisión por parte de las agencias y entidades privadas que lesionen los derechos que le reconocen la Constitución de los Estados Unidos de América, la Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, las leyes y los reglamentos en vigor.

   Toda querella promovida al amparo de las disposiciones de esta Ley se tramitará en la forma que disponga el reglamento que a estos efectos se apruebe en cumplimiento de la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" . El Procurador(a) notificará a la parte promovente su decisión de investigar los hechos denunciados y en la misma fecha en que tramite la correspondiente notificación deberá notificarlo a la agencia o a la persona o entidad privada, según fuere el caso, con expresión de los hechos alegados en la querella y una cita de la ley que le confiere facultad para realizar tal investigación. También deberá notificar a la parte promovente su decisión de no investigar la querella en cuestión, cuando así proceda, expresando las razones para ello y apercibiéndole de su derecho a solicitar la reconsideración y revisión de la determinación.

   No obstante, el Procurador(a) no investigará aquellas querellas cuando:

a) Se refieran a algún asunto fuera del ámbito de su jurisdicción.

b) Sean carentes de mérito.

c) La parte promovente ha desistido voluntariamente.

d) La parte promoverte no tiene legitimación para instarla.

   En aquellos casos en que la querella radicada no plantee controversia adjudicable alguna o se refiera a algún asunto fuera del ámbito de jurisdicción de la Oficina, el Procurador(a) orientará a la parte promovente y la referirá a la agencia concernida, si ello fuera necesario.

   El Procurador(a), en el ejercicio de las facultades adjudicativas que le confiere esta Ley, podrá designar oficiales examinadores para que presidan las vistas administrativas que se celebren. Los procedimientos adjudicativos deberán regirse por lo dispuesto en la Ley Núm. 170 de 12 de agosto de 1988, según enmendada, conocida como la "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme del Estado Libre Asociado de Puerto Rico" y los reglamentos que adopte la Oficina para ello, incluyendo lo perteneciente al recurso de reconsideración y revisión de la determinación adversa del Procurador(a) y su facultad para imponer y cobrar multas administrativas hasta diez mil (10,000) dólares, así como podrá imponer la compensación por los daños ocasionados, incluyendo, entre otros, daños emocionales.

 

Artículo 14-A.—Fondo Especial. (3 L.P.R.A. § 1976k-1)

 

   Los dineros que se recauden por concepto de las multas administrativas que se impongan, en virtud de esta Ley o de la reglamentación derivada de ésta, por acciones u omisiones que lesionen los derechos de las personas de edad avanzada ingresarán en un Fondo Especial bajo la responsabilidad de la Procuraduría, sin sujeción a la política pública contenida en la Ley Núm. 230 de 23 de julio de 1974, según enmendada, conocida como "Ley de Contabilidad del Gobierno de Puerto Rico". El dinero que ingrese al Fondo podrá ser utilizado para cubrir parte de los gastos operacionales, fiscales y administrativos de la Procuraduría, en adición a las asignaciones presupuestarias anuales que continuará recibiendo dicha entidad. Al cierre de cada año fiscal, la Procuraduría someterá a la Asamblea Legislativa de Puerto Rico un informe comprensivo y detallado del uso dado a los ingresos recaudados por la imposición de las multas.

 

Artículo 15.—Disposiciones Penales (3 L.P.R.A. § 1976 l)

 

a) Cualquier persona que voluntariamente desobedezca, impida o entorpezca el desempeño de las funciones de la Oficina, o de cualesquiera de sus agentes autorizados en el cumplimiento de sus deberes de acuerdo con esta Ley, o que obstruya la celebración de una vista que se lleve a cabo de acuerdo a los propósitos de esta Ley, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere, será sancionada con pena de reclusión que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del Tribunal.

b) Cualquier persona que, sin el consentimiento expreso del Procurador(a), diere a la publicidad cualquier prueba o testimonio ofrecido en una sesión ejecutiva de la Oficina, incurrirá en delito menos grave y convicta que fuere será sancionada con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses o multa que no excederá de cinco mil (5,000) dólares, o ambas penas a discreción del tribunal.

c) Se declara que sin el consentimiento expreso del Procurador(a) no se dará publicidad a ninguna evidencia o testimonio ofrecido en una sesión ejecutiva. Por tanto, cualquier persona que violare esta disposición será sancionada con multa que no excederá de quinientos (500) dólares o con pena de reclusión por un término que no excederá de seis (6) meses o ambas penas, a discreción del tribunal.

 

Artículo 16.—Responsabilidad y Deberes de las Agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y Entidades Privadas con la Oficina.

 

   Toda agencia pública y/o entidad privada que ofrezca, preste, administre o tenga jurisdicción sobre cualesquiera procedimientos, programas, fondos, actividades, beneficios o servicios para las personas de edad avanzada, deberá remitir, a la Oficina, y ésta tendrá derecho a requerir que le suministren no menos cinco (5) copias de los reglamentos, normas, órdenes ejecutivas, decisiones, opiniones, manuales de procedimientos o de servicios que al amparo de las leyes locales y federales rijan respecto de las personas de edad avanzada. Subsiguientemente y en todo caso que se aprueben normas, reglas, procedimientos, o se enmienden, modifiquen o deroguen éstos, o se establezcan nuevos requisitos, o se amplíen, eliminen o alteren los servicios y beneficios que ofrezcan las agencias públicas y/o entidades privadas deberán, dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se tomare dicha acción enviar a la Oficina no menos de cinco (5) copias de estos cambios, enmiendas o modificaciones, según fuere el caso.

   Aquéllas agencias públicas y/o entidades privadas que ofrezcan servicios de evaluación, diagnóstico, asistencia, tratamiento, rehabilitación, educación y empleo a las personas de edad avanzada deberán notificar a la Oficina anualmente, sobre las personas de edad avanzada rehabilitadas física, mental y ocupacionalmente, las que hayan completado estudios o se hayan capacitado para el trabajo y de las que según su conocimiento, se hayan incorporado al mercado de empleo, a los fines de que la Oficina pueda llevar y mantener información y datos estadísticos.

   El Procurador(a) podrá solicitar a las distintas agencias públicas la creación de equipos de trabajo interagenciales para llevar a cabo algún estudio o investigación que estime necesario para cumplir con los propósitos de esta Ley, siempre y cuando no requiera de asignación presupuestaria mayores a las ya concedidas por las agencias correspondientes.

 

Artículo 17.—Presupuesto de la Oficina (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Se transfieren de la Oficina para los Asuntos de la Vejez a la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada todas sus facultades, obligaciones, funciones, contratos, acuerdos, propiedades y demás activos, fondos, entre otros recursos y empleados; además todo lo relacionado a recursos, asignaciones, propiedades, personal, y expedientes de la Ley Pública Núm. 89-73 de 14 de julio de 1965, según enmendada, conocida como "Older American Act of 1965" para ser utilizados para los mismos fines y propósitos previstos en esta Ley. En años siguientes los fondos necesarios para llevar a cabo los propósitos de esta Ley serán consignados en el Presupuesto General de Gastos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

 

Artículo 18.—Reglas y Reglamentos (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Se faculta a la Oficina para adoptar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios para el cumplimiento de las funciones y deberes que establece esta Ley. Las reglas y reglamentos que no sean de carácter interno tendrán fuerza de ley, una vez se cumpla con lo dispuesto en la Ley Núm. 112 de 20 de junio de 1957, conocida como "Ley sobre Reglamentos de 1958", según enmendada [Nota: Derogada y sustituida por la Ley 170-1988; “Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme”].

 

Artículo 19.—Disposiciones Generales (3 L.P.R.A. § 1976m)

 

   Los actuales nombramientos dentro de la Oficina para los Asuntos de la Vejez que han sido nombrados con anterioridad a la vigencia de esta Ley, continuarán en el cargo sin necesidad de nuevo nombramiento, hasta la expiración del término para el cual fueron nombrados, con la excepción del nombramiento del Procurador(a). Asimismo, las disposiciones de esta Ley no afectarán el ejercicio de las funciones y poderes ni el sueldo que estos funcionarios ostentan o devengan al entrar en vigor esta Ley.

   El personal transferido conservará todos los derechos adquiridos al amparo de las leyes y los reglamentos de personal vigentes, así como los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto a cualquier sistema existente de pensión, retiro o fondo de ahorro y préstamo a los cuales estuvieren acogidos al aprobarse esta Ley.

   Se dispone que toda querella, procedimiento o asunto pendiente ante la Oficina para los Asuntos de la Vejez se continuará tramitando por la Oficina del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada hasta que recaiga una determinación final de acuerdo con las leyes y reglamentos en vigor a la fecha en que estas querellas, procedimientos o asuntos se hayan iniciado.

   Ninguna disposición de esta Ley se entenderá como que modifica, altera o invalida cualquier acuerdo, convenio, reclamación o contrato que esté vigente al entrar en vigor la misma que haya sido otorgado por los funcionarios responsables de implantar la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez". En adición, con excepción a lo dispuesto en el Artículo 21 de esta Ley, quedan vigentes y recaen sobre la Oficina creada por esta Ley, todas las facultades y responsabilidades conferidas por las leyes especiales a la Oficina para los Asuntos de la Vejez, hasta tanto medie legislación independiente suprimiendo, modificando y lo ampliando las mismas, así como atemperando en dichas disposiciones la referencia a la Oficina y el cargo del Procurador(a) de las Personas de Edad Avanzada.

   El Procurador(a) podrá utilizar todos los documentos, sellos, papeles y materiales de oficina que tengan el nombre de la Ley que por la presente se deroga hasta que agote los mismos y pueda hacer los cambios correspondientes en cuanto al cambio de nombre de la nueva Oficina creada al amparo de esta Ley.

   El Gobernador(a) queda autorizado para adoptar aquellas medidas transitorias y tomar las decisiones que fueren necesarias a fin de que se efectúen las transferencias ordenadas en esta Ley sin que se interrumpan los procesos administrativos, la prestación de servicios y el funcionamiento de los programas transferidos.

 

Artículo 20.—Separabilidad (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Si cualquier cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley fuere declarada inconstitucional por un tribunal competente, la sentencia dictada a esos efectos no afectará ni invalidará sus demás disposiciones. El efecto de dicha sentencia quedará limitada a la cláusula, párrafo, artículo, inciso o parte de esta Ley que hubiere sido declarada inconstitucional.

 

Artículo 21.—Disposición Transitoria (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Todos los reglamentos de la Oficina para los Asuntos de la Vejez, adoptados al amparo de la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez" continuarán en vigor hasta tanto sean aprobados los nuevos reglamentos.

 

Artículo 22.—Derogación (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Se deroga la Ley Núm. 68 de 11 de julio de 1988, según enmendada, conocida como "Ley de la Oficina para los Asuntos de la Vejez" .

   Se deroga la Ley Núm. 308 de 3 de octubre de 1999.

 

Artículo 23.—Vigencia (3 L.P.R.A. § 1976 nota)

 

   Esta Ley comenzará a regir inmediatamente después de su aprobación, y se establece un término de noventa (90) días a partir de la aprobación de la misma para efectuar la transición ordenada por esta Ley.

 

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

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Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

 

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