“Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico” [Ley 17 de 23 de Septiembre de 1948, según enmendada]

“Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”

Ley Núm. 17 de 23 de Septiembre de 1948, según enmendada

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 3 de 26 de Abril de 1957

Ley Núm. 13 de 30 de Mayo de 1960

Ley Núm. 1 de 11 de Septiembre de 1986

Ley Núm. 69 de 17 de Septiembre de 1992

Ley Núm. 75 de 7 de Septiembre de 1993

Ley Núm. 215 de 9 de Agosto de 1998

Ley Núm. 236 de 13 de Agosto de 1998

Ley Núm. 33 de 14 de Enero de 2000

Ley Núm. 418 de 10 de Octubre de 2000

Ley Núm. 93 de 4 de Agosto de 2001

Ley Núm. 82 de 16 de Junio de 2002

Ley Núm. 125 de 8 de Agosto de 2002

Ley Núm. 173 de 16 de Diciembre de 2009

Ley Núm. 97 de 1 de Julio de 2015

Ley Núm. 21 de 6 de Abril de 2016

Ley Núm. 40 de 5 de Mayo de 2016)

Para crear una Corporación como instrumentalidad gubernamental del gobierno estadual bajo el nombre de “Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico”, otorgándole una Carta Constitucional prescribiendo sus facultades, deberes, derechos, obligaciones, privilegios, inmunidades, propósitos, organización y estatus; Para definir los actos criminales cometidos en violación de esta Ley y fijarles penalidades; para disolver el Banco de Fomento para Puerto Rico creado bajo la ley 252 aprobada en Mayo 13, 1942, salvo en lo que respecta a aquellas limitaciones contenidas en esta ley para el traspaso de su activo al nuevo Banco por la presente creado; Para derogar dicha Ley 242 de Mayo 13, 1942; Para derogar la Ley 46 aprobada en Mayo 4 de 1943; para enmendar el título de la Ley 272 aprobada en Mayo 15, 1945; Para declarar que el mismo prevalecerá sobre el español; para declarar una emergencia, y para otros fines.

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

Artículo 1. — Creación y Objetivos del Banco. (7 L.P.R.A. § 551)

   Para ayudar al Gobierno estadual en el desempeño de sus deberes fiscales y realizar más efectivamente su responsabilidad gubernamental de fomentar la economía de Puerto Rico, y especialmente su industrialización, por la presente se crea una corporación como instrumentalidad gubernamental del Gobierno estadual para actuar, por autoridad del mismo, bajo el nombre de “Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico” (en lo sucesivo en la presente denominado “el Banco”).

Artículo 2. — Carta Constitucional del Banco. (7 L.P.R.A. § 552)

   La Carta Constitucional de "el Banco" será la siguiente:

CARTA CONSTITUCIONAL

   Primero: La existencia del Banco será perpetua.

   Segundo: La oficina principal del Banco estará en San Juan, Puerto Rico.

   Tercero: Los fines para los cuales se organiza el Banco y los negocios y propósitos a realizar y fomentar por él, son los siguientes:

(A) Actuar como agente fiscal y como agente pagador y como agente consultivo financiero o informativo del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y de las agencias, instrumentalidades, comisiones, autoridades, municipios y subdivisiones políticas de Puerto Rico, del Gobernador de Puerto Rico, del Consejo Ejecutivo de Puerto Rico y del Tesorero de Puerto Rico.

(B)

(1) Actuar como depositario o fideicomisario de fondos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos, y de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, municipio o subdivisión política de Puerto Rico o de los Estados Unidos, y de fondos bajo la custodia o jurisdicción de cualquier tribunal, para dar garantía por el reembolso de cualesquiera de dichos fondos, para pagar intereses sobre los mismos, y para actuar como depositario de fondos de cualquier banco o compañía de fideicomiso que opere en el Estado Libre Asociado de Puerto Rico.

(2) Se presumirán abandonadas y no reclamadas las cantidades de dinero y otros bienes líquidos en poder del Banco, más los intereses o dividendos que éstos hayan devengado o acumulado, luego de restarles los cargos que legalmente se les impongan, cuando dentro de los cinco (5) años anteriores, para cuyo cálculo se incluirá el tiempo transcurrido previo a la efectividad de esta Ley, su dueño no haya demostrado algún interés en dicho dinero o bienes líquidos en cualquiera de las siguientes formas:

(a) Efectuando alguna transacción con respecto a dicho dinero u otros bienes líquidos;

(b) Depositando fondos en, o retirando fondos de, la cuenta; o

(c) Comunicándose por escrito con el Banco con relación a dichos activos.

(3) A partir del mes de mayo del 2015, el Banco deberá publicar anualmente, una vez durante cada uno de los meses de mayo y junio, en el portal electrónico del Banco y en un periódico de circulación general un aviso titulado Aviso de Dinero y Otros Bienes Líquidos No Reclamados en Poder del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. Dicho aviso deberá contener una lista general ordenada alfabéticamente de los nombres de las personas naturales o personas jurídicas que tengan derecho o estén designadas como representantes autorizados a reclamar dinero u otros bienes líquidos cuyo valor agregado sea mayor de $100 y el pueblo o ciudad de la última dirección conocida de éstos.

(4) Aquellas cantidades de dinero y otros bienes líquidos que:

(i) se presuman abandonadas conforme al inciso 2 de esta unidad y que no hayan sido reclamadas al 1ro. de noviembre del año en el que se publicó el aviso requerido conforme al inciso 3 de esta unidad o

(ii) cuyo valor agregado sea igual o menor de $100 y se presuman abandonadas conforme al inciso 2 de esta unidad, serán respectivamente transferidas a la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, hasta la cantidad de veinte millones de dólares ($20,000,000.00), para proyectos de infraestructura y mejoras permanentes. Cualquier cantidad en exceso del límite de veinte millones de dólares ($20,000,000.00) aquí establecido será aplicado de la siguiente forma:

(I) para el pago de cualesquiera deudas u obligaciones que tengan para con el Banco las personas naturales o personas jurídicas que figuren como dueños registrados de los fondos abonados, conforme a los récords del Banco y,

(II) en caso de que dichos dueños registrados no tengan deudas y obligaciones para con el Banco, dichas cantidades de dinero y otros bienes líquidos serán aplicadas para el pago de cualesquiera deudas u obligaciones que tenga el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o sus agencias para con el Banco.

(C) Prestar dinero, con o sin garantías, al Estado Libre Asociado de Puerto Rico, o a cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, municipio o subdivisión política de Puerto Rico.

(D) Prestar dinero, en o fuera de Puerto Rico, con o sin garantía, a cualquier persona, firma, corporación u otra organización o ente jurídico o político cuando tales préstamos sean para usarse en promover el propósito gubernamental de fomentar la economía de Puerto Rico, y especialmente su industrialización, préstamos que estarán evidenciados por pagarés, bonos, cédulas, cédulas convertibles, certificados con derecho a adquisición de valores, certificados de equipo en fideicomiso, valores recibidos mediante la organización de la entidad que los emite, u otras obligaciones o documentos de dichos deudores; Disponiéndose, que el Banco podrá retener, negociar o en cualquier otra forma disponer de tales pagarés, bonos, cédulas, cédulas convertibles, certificados con derecho a adquisición de valores, certificados de equipo en fideicomiso, valores recibidos mediante la organización de la entidad que los emite, u otras obligaciones o documentos de dichos deudores o los valores obtenidos mediante el ejercicio de los derechos y/o privilegios contenidos en las mismas. La facultad que aquí se le concede al Banco para prestar dinero fuera de Puerto Rico se ejercitará únicamente cuando concurran por lo menos una de las siguientes circunstancias:

(a) Que el financiamiento cree o estimule la retención de empleos en Puerto Rico.

(b) Que el financiamiento resulte en el establecimiento de nuevas industrias en Puerto Rico.

   La facultad aquí concedida podrá ejercitarse para financiar operaciones complementarias que incluyan una combinación de producción, conversión o utilización de bienes o servicios entre Puerto Rico y otros países, o para financiar la infraestructura esencial para el establecimiento o expansión de tales operaciones, o para financiar exportaciones de industrias puertorriqueñas.

   Disponiéndose, que la totalidad de los financiamientos aquí autorizados nunca excederá del dieciocho por ciento (18%) del capital total del Banco. Disponiéndose, además, que la deuda total de cualquier prestatario con el Banco no excederá en ningún momento del diez por ciento (10%) del capital y sobrantes del Banco, más un margen adicional de quince por ciento (15%) de tal capital y sobrantes cuando tal deuda, ya en todo o en parte, pero siempre que en la parte en exceso de diez por ciento (10%) de dicho capital y sobrantes esté garantizada con el colateral de un valor determinado de no menos de un veinticinco por ciento (25%) más que el monto de lo adeudado en exceso del diez por ciento (10%) del referido capital y sobrante.

(E) Invertir sus fondos en obligaciones directas de los Estados Unidos o en obligaciones garantizadas tanto en principal como en intereses por los Estados Unidos, o en obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, u otras subdivisiones políticas de Estados Unidos; o en obligaciones de Puerto Rico, o garantizadas tanto en principal como en intereses por Puerto Rico, o en obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, municipio, u otras subdivisiones políticas de Puerto Rico, o en obligaciones de instituciones bancarias internacionales reconocidas por los Estados Unidos y a las cuales los Estados Unidos hayan aportado capital, o en obligaciones o acciones comunes o preferidas emitidas por entidades corporativas domésticas o del extranjero, públicas o privadas, clasificadas por una agencia clasificadora de crédito, reconocida nacionalmente en los Estados Unidos de América, en una de sus tres (3) escalas genéricas de más alto crédito, o en caso que no sean clasificadas por tales agencias clasificadoras de crédito, deben ser de una calidad comparable a éstas. También podrá el Banco invertir sus fondos en aceptaciones u otras obligaciones bancarias o certificados de depósitos, endosados o emitidos, según sea el caso, por bancos organizados o autorizados a realizar negocios bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos, o de los Estados de la Unión Americana.

(F) Descontar, para bancos o compañías de fideicomiso organizadas bajo o sujetas a la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), a un tipo o tipos uniformes de interés a ser fijado de tiempo en tiempo por la Junta de Directores del Banco, giros negociables, pagarés, letras de cambio y aceptaciones que lleven el endoso del banco o compañía de fideicomiso para el que se descuenten; Disponiéndose, sin embargo, que el total montante de los pagarés, giros, letras de cambio y aceptaciones de que una persona, sociedad, asociación o corporación sea responsable como libradora, aceptante, endosante, giradora o garantizadora, descontados para cualquier banco o compañía de fideicomiso, en ningún momento excederá del montante por el cual esa persona, sociedad, asociación, o corporación pueda legalmente obligarse con dicho banco o compañía de fideicomiso bajo las disposiciones aplicables de la “Ley de Bancos” (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), según sea enmendada de tiempo en tiempo.

(G) Prestar dinero, a un tipo o tipos uniformes de interés a ser fijado de tiempo en tiempo por la Junta de Directores del Banco, a cualquier banco o compañía de fideicomiso organizados bajo, o sujetos a la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), por períodos que no excederán de noventa (90) días, y sobre pagarés de dichos bancos o compañías de fideicomiso garantizados por pagarés, giros, letras de cambio o aceptaciones elegibles para descuento por el Banco bajo las disposiciones del párrafo (F) precedente, o garantizados por obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos o garantizados tanto en principal como en interés por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de los Estados Unidos o por obligaciones de cualquier agencia, instrumentalidad, comisión, autoridad, municipio, o subdivisión política de Puerto Rico, o garantizados por otra colateral [sic] satisfactoria al Banco; Disponiéndose, sin embargo, que en caso de que la garantía consista de tal otra colateral, el tipo de interés de dicho préstamo en ningún caso podrá ser menor que un medio del uno por ciento (0.5%) anual más alto que el tipo corriente más alto entonces aplicable a los descuentos provistos por el párrafo (F) precedente.

(H) Prestar valores, sobre bases de completa seguridad, a cualesquiera de las siguientes entidades:

(1) Cualquier banco o compañía de fideicomiso organizado bajo, o sujeto a la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.);

(2) cualquier banco o institución financiera organizado bajo las leyes de los Estados Unidos, de sus territorios o de cualquier estado, y que esté sujeto a reglamentación como una entidad bancaria o institución financiera por una agencia federal o estatal;

(3) cualquier sucursal o agencia en los Estados Unidos de un banco organizado bajo las leyes de un país extranjero, siempre y cuando la entidad esté sujeta a reglamentación como una entidad bancaria por una agencia federal o estatal, y

(4) cualquier corredor-traficante o compañía de inversiones que esté inscrito como tal con:

(a) el Securities and Exchange Commission de los Estados Unidos bajo el Securities and Exchange Act of 1934 o el Investment Company Act of 1940, según sea el caso, o

(b) con la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico.

(I) Tomar dinero a préstamo y contraer deudas para sus fines corporativos bajo aquellos términos y condiciones que el Banco de tiempo en tiempo determine, con o sin garantías disponer de sus obligaciones evidenciando tales préstamos, hacer, otorgar y entregar instrumentos de fideicomiso y de otros convenios en relación con cualesquiera de dichos préstamos, contracción de deudas, emisión de bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones y por autoridad del Gobierno de Puerto Rico, que aquí se le otorga, emitir sus propios bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones en la forma, con la garantía y bajo aquellos términos de redención, con o sin prima, y vender los mismos en venta pública o privada por el precio o precios, según se determinare para todo ello, por su Junta de Directores.

(J) Entrar en transacciones de compra y venta de valores con pacto de retrocompra o retroventa.

(K) Ejercer todos aquellos poderes incidentales que fueren necesarios o convenientes para los fines de realizar sus antedichos negocios y propósitos. El poder conferido en los párrafos (C), (D) y (E) no incluye poder para prestar dinero a corto plazo, ni para invertir en valores a corto plazo, excepto valores de fácil venta, cuando el prestatario o deudor tiene facilidades disponibles en los bancos organizados bajo, o sujetos a la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.)

(L) Realizar cualquier transacción de compra y venta de divisas de países extranjeros mediante transferencia de fondos sobre cuentas bancarias y participar en el comercio de moneda después de cumplir con lo dispuesto en la nota de disposiciones especiales bajo esta sección. Disponiéndose, que el término "divisa" se entenderá [que] comprende billetes y moneda metálica, depósitos bancarios, títulos de crédito y toda clase de documento de crédito y valores denominados en moneda de cualquier país, que sean considerados de primer orden en los mercados internacionales. El negocio de compra y venta de divisas contempla incurrir en riesgos financieros inherentes al negocio. Por tal motivo, la Junta de Directores por recomendación del Presidente del Banco deberá aprobar una política de administración de riesgo para el negocio de compra y venta de divisas. La Junta de Directores tomará en cuenta dentro de su política de riesgo la utilización y protección óptima de los recursos del Estado.

   Cuarto: El Banco tendrá, además, las siguientes facultades:

(A) Poseer un sello oficial y alterar el mismo de tiempo en tiempo.

(B) Adquirir bienes para sus fines corporativos por concesión, regalo, compra, legado o donación; y poseer y ejercer derechos de propiedad sobre los mismos y disponer de ellos.

(C) Adquirir toda clase de bienes en pago o a cuenta de deudas previamente contraídas o en permuta por inversiones previamente hechas en el curso de sus negocios, cuando tal adquisición es necesaria para disminuir o evitar una pérdida en conexión con las mismas, y para retener tales bienes por el tiempo que la Junta de Directores estime conveniente y para ejercer sobre ellos derechos de propiedad y disponer de los mismos.

(D) Establecer una o más sucursales, oficinas o agencias necesarias o convenientes para la transacción de sus negocios, dentro o fuera de Puerto Rico.

(E) Comprar, poseer, arrendar, hipotecar y transmitir bienes inmuebles como sigue:

(1) Un solar donde ya exista o pueda construirse un edificio adecuado para la transacción de sus negocios, de partes del cual, no necesarias para su propio uso, pueda derivar rentas;

(2) aquellos inmuebles que le fueren traspasados en pago o reducción de deudas previamente contraídas o en permutas por inversiones previamente hechas en el curso de sus negocios;

(3) aquellos que comprase o de otro modo adquiriera bajo ejecución de sentencias, decretos o hipotecas a su favor, y

(4) aquellos que fueren necesarios para residencia de sus empleados; Disponiéndose, sin embargo, que los inmuebles comprados o adquiridos por el Banco deberán ser vendidos dentro de los diez (10) años a contar de la fecha de su compra o adquisición salvo aquéllos ocupados con el edificio de sus oficinas o por residencia de sus empleados, o aquéllos para cuya retención y venta el Secretario de Hacienda le haya concedido alguna prórroga.

(F) Demandar y ser demandado.

(G) Nombrar, emplear y contratar los servicios de oficiales, agentes, empleados y auxiliares profesionales y pagar por tales servicios aquella compensación que el Banco determinare y fijar y pagar dietas a sus directores.

(H) Ejercer todos aquellos otros poderes corporativos, no incompatibles con los aquí expresados que por las Leyes de Puerto Rico se confieren a las corporaciones y ejercer todos esos poderes, dentro y fuera de Puerto Rico, en la misma extensión que lo haría o podría hacerlo una persona natural.

(I) Adquirir, poseer y disponer de acciones y de certificaciones con derecho a adquirir acciones, participaciones (con o sin preferencia) en sociedades y empresas comunes, así como cédulas, cédulas convertibles y cualesquiera otros valores emitidos por cualquier ente corporativo organizado bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o autorizado a hacer negocios en Puerto Rico, o sociedad o empresas comunes organizadas bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, de los Estados Unidos o de cualquier otro país del mundo dedicadas a proyectos que promuevan el desarrollo económico de Puerto Rico y a ejercer todos y cada uno de los poderes y derechos relacionados a los mismos; así como garantizar, mediante garantía o carta de crédito, préstamos y otras obligaciones incurridas por entidades públicas y privadas.

(J)

(1) Crear empresas subsidiarias o afiliadas mediante resolución de su Junta de Directores cuando en opinión de ésta tal acción es aconsejable, deseable o necesaria para el desempeño de las funciones del Banco o para cumplir con sus propósitos institucionales o para ejercer sus poderes. El Banco podrá vender, arrendar, prestar, donar o traspasar cualesquiera de sus bienes a las empresas subsidiarias. Las subsidiarias del Banco en virtud del poder que se le confiere en este inciso constituirán instrumentalidades gubernamentales del Estado Libre Asociado de Puerto Rico independientes y separadas del Banco, y tendrán todos aquellos poderes, derechos, funciones y deberes que este capítulo le confiere al Banco y que la Junta de Directores de éste les delegue. La Junta de Directores del Banco será la Junta de Directores de todas y cada una de dichas subsidiarias, con las siguientes excepciones:

(a) La subsidiaria conocida con el nombre de “Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico”, la cual tendrá una Junta de Directores compuesta por siete miembros nombrados por el Gobernador o Gobernadora de Puerto Rico. Dos de ellos serán miembros ex officio, los cuales serán los siguientes: el Secretario del Departamento de la Vivienda, quien presidirá la Junta de Directores y el Presidente de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico. También formarán parte de dicha Junta, tres miembros de la Junta de Directores del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico designados de entre sus miembros y dos miembros del sector privado; y

(b) la subsidiaria conocida con el nombre de Fondo para el Desarrollo del Turismo de Puerto Rico (el “Fondo del Desarrollo de Turismo”), la cual tendrá una Junta de Directores compuesta por el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo, el Secretario de Hacienda y dos miembros adicionales a seleccionarse por la Junta de Directores del Banco de entre sus miembros.

(2) La Junta de Directores del Banco tendrá la facultad para proveer los fondos necesarios para capitalizar el Fondo del Desarrollo de Turismo; disponiéndose, sin embargo, que cualquier solicitud para capitalizar el Fondo del Desarrollo de Turismo, en exceso de los cincuenta millones de dólares ($50,000,000) de capitalización inicial, deberá ser sometido por el Director Ejecutivo del Fondo del Desarrollo de Turismo a la consideración y aprobación del:

(a) Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto;

(b) el Secretario de Hacienda;

(c) el Presidente del Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico; y

(d) el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo de Puerto Rico.

   El incremento en la capitalización del Fondo del Desarrollo de Turismo aprobado deberá ser notificado por el Director Ejecutivo del Fondo del Desarrollo de Turismo a la Asamblea Legislativa.

(3) Anualmente, el Director Ejecutivo del Fondo del Desarrollo de Turismo le certificará al Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto el Desembolso Neto, si alguno, que debe reembolsársele al Fondo del Desarrollo de Turismo. El “Desembolso Neto” significa la cantidad, si alguna, por la cual los desembolsos (excluyendo desembolsos para adquirir inversiones) del Fondo del Desarrollo de Turismo durante un año calendario (incluyendo la Pérdida Realizada de dicho año) sobrepasan los ingresos cobrados por el Fondo del Desarrollo de Turismo durante dicho año calendario. Los desembolsos hechos por el Fondo del Desarrollo de Turismo para (i) préstamos a terceros, (ii) la adquisición de participaciones en préstamos y (iii) la aceleración del vencimiento de préstamos, pagarés, bonos u otro tipo de deuda garantizada o asegurada por el Fondo del Desarrollo de Turismo, no se considerarán hechos en el año en que dichos pagos se desembolsan por el Fondo del Desarrollo de Turismo, sino que se considerarán hechos en el año en que el Director Ejecutivo del Fondo del Desarrollo de Turismo determine que se realizó una pérdida en cuanto al referido préstamo, pagaré, bono o deuda (dicha determinación siendo una “Pérdida Realizada”). El Director de la Oficina de Gerencia y Presupuesto procederá a incluir el Desembolso Neto en el Presupuesto General de Puerto Rico para el próximo año fiscal. El certificado del Director Ejecutivo estará certificado por un auditor externo del Banco y estará basado en una evaluación de los desembolsos hechos (excluyendo desembolsos para adquirir inversiones) y los ingresos cobrados por el Fondo del Desarrollo de Turismo, pero la determinación por el Director Ejecutivo del Fondo del Desarrollo de Turismo en cuanto al año en que se incurrió una Pérdida Realizada será concluyente. El reembolso del Desembolso Neto estará sujeto a consideración por la Asamblea Legislativa.

(4) Las disposiciones del Artículo 5 de esta Ley se aplicarán a todas las empresas subsidiarias así organizadas y que estén sujetas al control del Banco con excepción de cualquier subsidiaria en cuya resolución constitutiva la Junta del Banco le autorice a emitir bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones que devenguen intereses que no estén sujetos a las disposiciones de dicho Artículo 5.

   Quinto: Los negocios del Banco serán administrados y sus poderes corporativos ejercidos por una Junta de Directores compuesta de siete (7) miembros. El Gobernador de Puerto Rico, con la aprobación del Consejo de Secretarios de Puerto Rico, nombrará los primeros miembros de la Junta de Directores, dos (2) de los cuales recibirán nombramiento por el término de dos (2) años, dos (2) por el término de tres (3) años y tres (3) por el término de cuatro (4) años. En adelante, según vayan expirando los términos de los cargos de directores, el Gobernador, designará a los directores sucesores por términos de cuatro (4) años. Toda vacante en el cargo de director se cubrirá por nombramiento del Gobernador. Disponiéndose, sin embargo, que toda vacante que ocurra entre uno y otro de dichos nombramientos, se cubrirá, por el término que reste sin expirar y dentro de un periodo de sesenta (60) días desde que ocurre la vacante para llenar la misma. Todos los directores, a menos que fueren antes destituidos, descalificados, renunciado o por razón de muerte, servirán sus cargos, por el término de sus nombramientos, y hasta que sus sucesores sean nombrados y hayan tomado posesión. Una mayoría de los directores en servicio constituirá quórum de la Junta de Directores para todos los fines. A partir del 1 de enero de 2018, todo nuevo nombramiento del Gobernador para el cargo de miembro de la Junta de Directores del Banco requerirá del consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico.

   Sexta: La Junta de Directores podrá, por el voto afirmativo de una mayoría de toda la Junta, adoptar, enmendar, cambiar, derogar o hacer adiciones a un reglamento del Banco que no esté en pugna con lo aquí provisto o con este capítulo, disponiendo lo necesario para la gestión de los negocios del Banco, la reglamentación de sus asuntos, la organización, gobierno y reuniones de la Junta de Directores, y las renuncias de convocatoria, la designación de comités de la Junta de Directores y las facultades de dichos comités; el número, títulos, requisitos, términos, elección o nombramiento, destitución y deberes de los oficiales; la forma del sello del Banco y la preparación y presentación a la Asamblea Legislativa, de informes anuales y otros informes; disponiéndose, sin embargo, que no se hará adición al reglamento, ni se enmendará o cambiará el mismo, ni se derogará ninguna cláusula del reglamento en reunión alguna de la Junta de Directores, a menos que se dé aviso por escrito de la propuesta adición, enmienda, cambio o derogación, y se haya entregado o enviado dicho aviso por correo a cada director con por lo menos una semana de antelación a dicha reunión.

   La Junta de Directores del Banco establecerá un Comité de Auditoría, un Comité de Manejo de Riesgo y aquellos otros comités que estime apropiados compuestos por Directores de la propia Junta y por aquellos oficiales que la Junta pueda nombrar de tiempo en tiempo. Disponiéndose, que los oficiales nombrados en los comités de la Junta de Directores del Banco, si alguno, no tendrán derecho al voto.

   El Comité de Auditoría asistirá a la Junta de Directores en el cumplimiento de su responsabilidad de supervisar a la gerencia con relación a: (1) los principios y políticas de contabilidad y reportes financieros y los controles y procedimientos internos de contabilidad del Banco, (2) los estados financieros del Banco, sus subsidiarias y afiliadas, (3) el gobierno corporativo y el sistema de control interno, (4) el proceso de auditoría, incluyendo la evaluación de las calificaciones, independencia y desempeño de auditores externos y (5) el cumplimiento con los requisitos legales del Banco, sus subsidiarias y afiliadas con relación a los procesos de contabilidad y reportes financieros del Banco, incluyendo aquellas restricciones y limitaciones impuestas al Banco, en especial certificar el cumplimiento de las disposiciones del Artículo 18 de la Ley 164-2001 y las auditorías de los estados financieros del Banco, sus subsidiarias y afiliadas.

   Las responsabilidades del Comité de Manejo de Riesgo incluirán, entre otras, asistir a la Junta de Directores a supervisar a la gerencia en el cumplimiento de su responsabilidad de evaluar y manejar: (1) los riesgos de mercado, riesgos de crédito, riesgos estructurales de tasas de interés, riesgos de principal, riesgos de liquidez y riesgos de modelo; (2) los marcos de gobernanza o políticas para riesgos operacionales y fiduciarios; (3) la planificación y análisis de capital y liquidez; y (4) cualquier otra responsabilidad de manejo de riesgo que le asigne la Junta de Directores.

   Séptimo: El Banco no hará ningún préstamo a sus directores, oficiales, agentes o empleados, o a empresa privada alguna, en la cual uno o más de dichos directores, oficiales, agentes o empleados posean un interés sustancial; ni concederá préstamos con la garantía de un director, oficial, agente o empleado excepto, y en cada caso, con la aprobación unánime de todos los directores, con exclusión de cualquiera director o directores interesados, que estén presentes en una reunión de la Junta de Directores a la que asistan por lo menos el setenta y cinco por ciento (75%) del número total de miembros de la Junta con exclusión de cualquier director o directores interesados, y durante la consideración de tales préstamos y votación sobre los mismos, se excusará de dicha reunión a los susodichos director o directores interesados.

   Octavo: Del ingreso neto que resulte al final del año de negocios, se adicionará a la cuenta de reserva del Banco la suma que la Junta de Directores estime necesaria o pertinente; y el balance de dicho ingreso podrá, en todo o en parte, ingresarse en la cuenta de sobrantes del Banco, o permanecer en una cuenta de ingresos sin asignación, según lo determine la Junta de Directores. De tiempo en tiempo la Junta de Directores podrá, a su discreción, efectuar transferencias de la cuenta de reserva a la de sobrantes; de la de sobrantes a la de reserva, y de la de sobrantes a la de capital del Banco.

Artículo 3. — Cláusula Derogatoria (7 L.P.R.A. § 551 nota)

   El Banco de Fomento de Puerto Rico creado por la Ley Núm. 252, aprobada el 13 de mayo de 1942, queda por la presente disuelto, salvo hasta donde sea necesario para el traspaso de su activo, y dicha ley y la Ley Núm. 46, aprobada el 4 de mayo de 1943, quedan por la presente derogadas y sin necesidad de ninguna otra gestión ni de que se otorgue ninguna escritura, documento de traspaso, ni endoso o transferencia de clase alguna, todos los bienes, fideicomisos, relaciones de agencia, acciones, derechos, franquicias, poderes, privilegios, instrumentos negociables, pagarés, bonos incluyendo expresamente todas las hipotecas sobre muebles o inmuebles y propiedades de todas clases muebles o inmuebles, efectivo en bancos ya en cuenta corriente o en cualquier otro concepto, y todas las responsabilidades y obligaciones pertenecientes a dicho Banco de Fomento de Puerto Rico pasarán a ser de la pertenencia y se entenderán traspasadas y transferidas al Banco, que por esta ley se crea; y el Banco tendrá, en cuanto a tales propiedades, fideicomisos, relaciones de agencia, acciones, derechos, franquicias, poderes, privilegios, instrumentos negociables, pagarés, bonos, hipotecas sobre muebles o inmuebles y propiedades de todas clases muebles o inmuebles, y efectivo en bancos, los mismos derechos que tenía el Banco de Fomento de Puerto Rico; y podrá disponer de ellos libremente y sin limitación alguna; Disponiéndose, sin embargo, que si por cualquier circunstancia no prevista fuere preciso o necesario hacer algún registro o verificar algún asiento en cualquier registro privado o público incluyendo los registros de la propiedad, los mismos deberán realizarse por los oficiales encargados de dichos registros, libremente y sin pago de derechos de clase alguna.

Artículo 4. — Agente Fiscal del Gobierno, de sus Agencias y de los Municipios. (7 L.P.R.A. § 581)

   El Banco Gubernamental de Fomento para Puerto Rico (en adelante llamado "el Banco"), estará autorizado y por la presente se le autoriza para actuar como Agente Fiscal del Gobierno estadual, de sus agencias y municipios, y del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, con el propósito de inscribir, autenticar o refrendar los bonos, pagarés u otra evidencia de deuda del Gobierno estadual, de sus agencias y municipios, y del Secretario de Hacienda de Puerto Rico; y para prestar, sin limitación alguna, al Gobierno estadual, a sus agencias y municipios, y al Secretario de Hacienda de Puerto Rico, los demás servicios para cualquier fin que no esté en pugna con legislación ya vigente, con sujeción, sin embargo, a la aprobación del Secretario de Hacienda de Puerto Rico y bajo los términos que el Banco y el Secretario de Hacienda de Puerto Rico convengan para los servicios prestados al Gobierno estadual, a sus agencias y al Secretario de Hacienda de Puerto Rico y bajo los términos que el Banco y los municipios de Puerto Rico convengan, para los servicios prestados a los municipios de Puerto Rico.

Artículo 5. — Propósito Público; Exenciones Contributivas; Aportación al Fondo General. (7 L.P.R.A. § 551)

   Por la presente se determina y declara que el propósito para el cual se crea el Banco es el de ayudar al Estado Libre Asociado de Puerto Rico en el desempeño de sus deberes fiscales, y para realizar con mayor eficacia sus responsabilidades gubernamentales de fomentar la economía de Puerto Rico, y especialmente su industrialización, y que es finalidad pública en todo respecto para beneficio del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y que, por consiguiente, al Banco no se le exigirá el pago de ningún impuesto o tributo sobre ningún bien adquirido o que se adquiera por dicho Banco, o sobre sus operaciones, o actividades, o sobre los ingresos recibidos por concepto de cualquiera de sus operaciones o actividades. Para facilitar la obtención de fondos por el Banco y para que el mismo pueda cumplir sus referidos propósitos, todos los bonos, pagarés, obligaciones hipotecarias u otras obligaciones del Banco, y el ingreso por concepto de los mismos, estarán exentos del pago de cualquiera contribución sobre ingresos. Las deudas u obligaciones del Banco no serán deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de ninguno de los municipios u otras subdivisiones políticas de Puerto Rico y ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguno de dichos municipios o subdivisiones políticas será responsable por las mismas.

   A partir del año fiscal iniciado el 1ro de julio de 2000 y terminado el 30 de junio de 2001, el Banco podrá aportar anualmente al Fondo General del Estado Libre Asociado de Puerto Rico hasta el diez por ciento (10%) del ingreso neto del año fiscal anterior o la suma de diez millones (10,000,000) de dólares, lo que sea mayor. Dicha aportación podrá ser realizada el día primero de cada año fiscal, entiéndase el 1ro de julio de cada año. No obstante, el cómputo del diez por ciento (10%) deberá ser revisado una vez se presenten los estados financieros auditados, y de existir alguna diferencia, se realizará el ajuste correspondiente.

Artículo 6. — Reserva Legal. (7 L.P.R.A. § 554)

   El Banco mantendrá una reserva que no será menor del veinte por ciento (20%) de sus obligaciones por concepto de depósitos a la demanda. No menos del cincuenta por ciento (50%) de dicha reserva consistirá de efectivo depositado en otros bancos o instrumentos de inversión con un vencimiento no mayor de noventa (90) días. Para propósitos de aclaración, los fondos de los municipios depositados en el Banco que representan cantidades no desembolsadas de préstamos del Banco a dichos municipios no se incluirán como depósitos a la demanda para propósitos de determinar la reserva. El Secretario de Hacienda podrá, a solicitud de la Junta de Directores del Banco emitida mediante resolución, suspender este requisito de reserva legal por un término no mayor de tres (3) meses, sujeto a cualquier término o condición razonable prescrita por el Secretario, debido a la existencia de una emergencia fiscal.

Artículo 7. — Efectos de Endosos. (7 L.P.R.A. § 555)

   El endoso por cualquier banco o compañía de fideicomiso organizado bajo o sujeto a la "Ley de Bancos", (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), de cualquier giro, pagaré, letra de cambio, o aceptación, descontado o pignorado por el mismo con el Banco, constituirá una renuncia de demanda, aviso, y protesta por dicho banco o compañía de fideicomiso, en cuanto a su propio endoso exclusivamente.

Artículo 8. — Informe Trimestral sobre Préstamos. (7 L.P.R.A. § 556)

   El Banco preparará y someterá al Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico un informe por escrito de su situación al día último de cada trimestre de su año fiscal, en la forma que el Comisionado de Instituciones Financieras prescriba. Dicho informe mostrará el importe total de los préstamos vigentes hechos a directores, oficiales, agentes y empleados, o a cualquier empresa de propiedad particular en la cual uno o más de los directores, oficiales, agentes o empleados posean un interés sustancial y los préstamos vigentes garantizados por un director, oficial, agente o empleado, y dicho informe estará suscrito por un oficial del Banco y comprobado por su juramento declarando que a su mejor saber y entender el informe es fiel y exacto en todo respecto, y el mismo se someterá al Comisionado de Instituciones Financieras de Puerto Rico dentro de los primeros treinta (30) días luego de concluir cada trimestre de su año fiscal, excluyéndose los días feriados oficiales.

Artículo 9. — Informe Anual; Publicación. (7 L.P.R.A. § 557)

   El Banco radicará anualmente en el Departamento de Estado de Puerto Rico, dentro de los noventa (90) días siguientes al cierre de su año fiscal, un informe jurado por un oficial o por cualesquiera dos directores del Banco expresando:

(1) El nombre del Banco;

(2) el sitio, pueblo o ciudad, calle y número, si tuviere número, de su oficina principal en Puerto Rico;

(3) un estado de situación financiera para el último año, y

(4) los nombres y direcciones postales de todos los directores y oficiales del Banco y la fecha en que vence el término del cargo de cada uno. El estado de situación financiera se publicará por el Banco en un periódico de circulación general en Puerto Rico.

Artículo 10. — Examen y Supervisión del Banco. (7 L.P.R.A. § 558)

   El Banco estará sujeto a examen y supervisión por el Comisionado de Instituciones Financieras de acuerdo con los términos de la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), aplicable a los bancos organizados al amparo de ésta o sujetos a sus disposiciones. El Comisionado de Instituciones Financieras podrá cobrarle al Banco una suma nominal que nunca excederá de veinticinco mil (25,000) dólares para cubrir los gastos incurridos por esa agencia al examinar al Banco, en caso de que surja la necesidad por problemas de presupuesto de la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras.

   El Comisionado de Instituciones Financieras expedirá al Banco un certificado expresando el resultado de dicho examen. El certificado se someterá a la Junta de Directores en su próxima reunión ordinaria o extraordinaria.

   El Banco, además, estará sujeto a un examen anual por contadores públicos autorizados de reputación nacional seleccionados por la Junta de Directores del Banco.

Artículo 11. — Nombramiento y Poderes de un Síndico. (7 L.P.R.A. § 559)

(A) La Junta de Directores del Banco o el Secretario de Hacienda de Puerto Rico tendrán autoridad para recomendarle al Gobernador la designación de un síndico para el Banco si la Junta de Directores del Banco o el Secretario de Hacienda de Puerto Rico determina que (1) los activos del Banco son menores que sus obligaciones a sus acreedores; (2) el Banco es incapaz de pagar sus deudas a su vencimiento en el curso ordinario de los negocios (3) el Banco está operando de manera insegura o inapropiada para desempeñar sus funciones estatutarias; o (4) el Banco ha incurrido o es probable que incurra en pérdidas que agotarán todo o sustancialmente todo su capital, y no hay una expectativa razonable de que el Banco llegue a estar adecuadamente capitalizado.

(B) Tras recibir una recomendación conforme al inciso (A), el Gobernador podrá (1) designar, o solicitarle al Secretario de Hacienda de Puerto Rico que designe, un síndico para el Banco; (2) designar a otra entidad, ya sea una entidad privada o instrumentalidad gubernamental existente o nueva, después de consultar con el Secretario de Justicia, para que asuma las responsabilidades de pago y funciones depositarias del Banco; y (3) designar Juntas de Directores nuevas, y si es necesario, de cualquiera de las subsidiarias directas o indirectas o afiliadas que podrán haber tenido la misma Junta de Directores del Banco. En el ejercicio de la discreción del Gobernador o del Secretario de Hacienda de Puerto Rico, cualquier persona podrá ser nombrada síndico.

(C) Excepto en la medida que se pruebe mediante sentencia final y firme que la persona haya incurrido en conducta dolosa para beneficio propio o en negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria de sus deberes y la omisión de llevarlos a cabo, los miembros de la Junta de Directores y los funcionarios del Banco, el banco puente y cualquier subsidiaria del Banco, cualquier empleado, agente del Banco, el banco puente o cualquier subsidiaria del Banco, cualquier síndico o aquellas personas privadas o entidades contratadas, designadas o empleadas por dicho síndico no tendrán responsabilidad personal hacia ninguna entidad y, sin necesidad de notificación u orden adicional, serán exonerados de responsabilidad por acciones u omisiones de buena fe en su capacidad, y dentro de su autoridad bajo esta Ley. Cualquier reclamación contra una persona o entidad enumerada en este inciso con relación a sus actos u omisiones relacionados a, o que surjan de, esta Ley deberá presentarse en el Tribunal de Primera Instancia de Puerto Rico, Sala Superior de San Juan.

(D) Inmediatamente después de la designación de un síndico, dicho síndico adquirirá (1) todos los derechos, títulos, poderes y privilegios del Banco y de cualquier titular de cuenta, depositante, oficial o director del Banco con relación al Banco y a los activos del Banco, con poder absoluto para realizar todos los actos y ejecutar en nombre y en representación del Banco todas las funciones, incluyendo, sin limitación, otorgar escrituras, recibos y otros documentos; y (2) título sobre los libros, récords y activos de cualquier síndico anterior o cualquier otro custodio legal del Banco.

(E) Inmediatamente después de la designación de un síndico, dicho síndico podrá (1) hacerse cargo de y operar los activos del Banco con todos los poderes de los directores y oficiales del Banco, incluyendo el poder de emplear y utilizar el sello del Banco y llevar a cabo todo negocio del Banco; (2) recaudar todas las obligaciones y dinero adeudado al Banco, incluyendo, sin limitación, llevar a cabo todos los actos necesarios para obtener pago de cualquier dinero adeudado por cualquier deudor del Banco o su patrimonio, para evidenciar, establecer prioridad y reclamar en la quiebra, insolvencia o embargo de cualquier deudor del Banco cualquier balance contra cualquier patrimonio y para recibir pagos en cualquier procedimiento por dinero adeudado al Banco; (3) vender, transferir y comprometer cualquier activo, pasivo, derecho, poder u obligación del Banco, a través de subasta pública o contrato privado, sin necesidad de aprobación alguna, cesión o consentimiento con relación a dicha transferencia y sin pago de ninguna tarifa, cargo, sello, comprobante de inscripción u otro comprobante; (4) elaborar, aceptar, realizar, comprometer, terminar y endosar cualquier letra de cambio, pagaré u otro documento u obligación del Banco en nombre y en representación del Banco; (5) proveer o facilitar a través de garantías o de otra manera el financiamiento necesario para cumplir los propósitos y ejercer los poderes autorizados por esta Ley; (6) retener, nombrar y contratar los servicios de personas y entidades privadas, bajo aquellos términos y condiciones que el síndico apruebe, para ayudar al síndico en el desempeño de las responsabilidades bajo esta Ley, y dichas personas o entidades privadas tendrán el pleno recurso de los poderes y derechos del síndico, según sea el caso, en la manera en que lo ordene, limite o dirija el síndico; (7) demandar y ser demandado, salvo en la medida en la que esto se limite en esta Ley, y realizar en nombre del Banco todas las funciones de éste que sean consistentes con la designación del síndico; (8) según sea apropiado, preservar y conservar los activos y la propiedad del Banco; (9) pagar todas las reclamaciones y obligaciones válidas del Banco de acuerdo con las disposiciones y limitaciones de esta Ley; (10) investigar e instar toda reclamación o acción judicial y cobrar las sentencias de las reclamaciones en contra de personas que puedan ser responsables por los daños y las pérdidas del Banco por negligencia o alguna otra falta; (11) ejercer todos los derechos y autorizaciones expresamente concedidos bajo esta Ley al síndico, respectivamente, y aquellos poderes incidentales que sean necesarios para llevar a cabo los poderes concedidos; y (12) tomar cualquier acción autorizada por esta Sección que el síndico entienda está en los mejores intereses del Banco o sus depositantes y acreedores.

(F) El síndico:

(1) podrá colocar al Banco en liquidación y proceder a vender los activos del Banco, teniendo en cuenta las funciones y responsabilidades del Banco.

(2) podrá permitir, rechazar o de alguna otra manera hacer determinaciones sobre reclamaciones conforme a los requisitos de este Artículo.

(3) deberá (i) publicar sin demora en un periódico de circulación nacional, en un periódico de circulación local y en el portal electrónico del Banco un aviso general a los acreedores del Banco y enviará por correo una notificación a los acreedores que aparezcan en los récords del Banco para que presenten sus reclamaciones al síndico, junto con evidencia de éstas, en o antes de la fecha especificada en la notificación, la cual deberá ser al menos noventa (90) días después de la publicación de dicha notificación; (ii) publicar otra notificación aproximadamente treinta (30) días después de la publicación bajo la cláusula (i); y (iii) si se descubriese el nombre y la dirección de un acreedor que no esté identificado en los récords del Banco, se deberá enviar notificación a dicho acreedor dentro de los treinta (30) días de dicho descubrimiento.

(4) determinará si permitirá o no la reclamación y notificará al reclamante, por correo a la dirección identificada en la reclamación, de cualquier decisión del síndico sobre dicha reclamación, estableciendo las razones para cualquier denegatoria de la reclamación y los procedimientos disponibles para revisión adicional, no más de ciento ochenta (180) días después de la fecha en la que se presentó la reclamación al síndico. Dicho periodo podrá extenderse a través de un acuerdo escrito entre el reclamante y el síndico.

(5) podrá solicitarle al Secretario de Hacienda de Puerto Rico que organice un banco puente conforme al Artículo 14 de esta Ley.

(6) podrá crear una o más subsidiarias de conformidad con el Artículo 2 de esta Ley, a asumir cualquiera de las funciones del Banco, fuera de las responsabilidades de pago y funciones depositarias del Banco.

(7) no tendrá que prestar fianza y podrá designar a un agente o agentes para asistirle en sus deberes como síndico. El síndico fijará los honorarios, la compensación y los gastos de liquidación, los cuales podrán ser pagados por éste de los fondos que estén en su posesión como síndico.

(G) Si el síndico deniega una reclamación o parte de ella, o si el síndico no toma una decisión dentro de los ciento ochenta (180) días desde que se presenta cualquier reclamación y no ha habido una extensión de dicho término, el reclamante podrá presentar una acción judicial con relación a dicha reclamación (o continuar una acción iniciada antes de la designación del síndico) en la Sala de Cumplimiento con las Deudas y para la Recuperación de las Corporaciones Públicas creada por la Ley 71-2014, y si dicha Sala no está operando, el Tribunal de Primera Instancia, Sala Superior de San Juan, dentro de los sesenta (60) días de la desestimación de toda o cualquier parte de la reclamación o la expiración del término de ciento ochenta (180) días para la determinación de las reclamaciones. Si el reclamante no presenta una acción judicial sobre su reclamación (o no continúa una acción iniciada antes de la designación del síndico) dentro de dicho término, se entenderá abandonada la reclamación (salvo cualquier parte de la reclamación que haya sido permitida por el síndico), y tal abandono será final y el reclamante no tendrá derechos o remedios adicionales con relación a dicha reclamación. Ningún tribunal tendrá jurisdicción para tomar alguna acción, y ningún reclamante podrá continuar alguna acción judicial pendiente contra el Banco en sindicatura, hasta que el reclamante haya agotado todos los remedios especificados en esta Sección. Una vez se hayan agotado todos los remedios antes mencionados, cualquier acción judicial con relación a dicho reclamo debe radicarse o continuarse dentro de sesenta (60) días y, de no radicarse dentro de dicho periodo, el reclamante no tendrá más derechos o remedios con relación a dicha reclamación y ningún tribunal tendrá jurisdicción.

(H) Cada persona que tenga una reclamación contra el Banco o la sindicatura no deberá recibir, en ningún caso, pago o propiedad con un valor menor a la cantidad que el acreedor hubiese tenido derecho a recibir si el Banco se hubiese liquidado en la fecha de la designación del síndico, y la máxima responsabilidad a cualquier persona que tenga una reclamación contra el Banco o el síndico o la sindicatura deberá ser igual que la cantidad que dicho acreedor hubiese recibido si el Banco se hubiese liquidado en la fecha de la designación del síndico. Debido al efecto que la sindicatura del Banco podrá tener en las condiciones económicas y en la estabilidad financiera de las instituciones depositarias y en las comunidades de bajos ingresos, minorías o marginadas, el proceso de sindicatura deberá preservar y priorizar la seguridad, solvencia y estabilidad de las instituciones depositarias y sus depósitos.

(I) El síndico deberá pagar todas las obligaciones válidas del Banco de acuerdo con las disposiciones y limitaciones de esta Ley.

(J) El derecho a ceder o transferir conferido en los Artículos 11 al 14 de esta Ley reemplazará todos los demás derechos e intereses, incluyendo, sin limitación, los derechos a consentir u objetar a dicha transferencia o cesión que pudieran tener otras partes bajo contratos de empleo, arrendamientos, cobros, hipotecas, “indentures” u otros acuerdos en los que el Banco pueda haber participado previo a la designación del síndico. Todo funcionario público que tenga el poder de aceptar y registrar o modificar cualquier entrada en cualquier registro relacionado a la transferencia o cesión de un activo o pasivo debe, previa solicitud del síndico, cesionario u otra persona, hacer todo lo necesario bajo las leyes para completar el registro de la cesión o transferencia.

(K) Una vez designado un síndico para el Banco, dicho síndico podrá solicitar una paralización de cualquier acción o procedimiento judicial o administrativo en el que el Banco sea o se convierta en parte por un periodo que no excederá noventa (90) días. El tribunal o ente administrativo que reciba una solicitud de cualquier síndico para la paralización de cualquier acción o procedimiento judicial o administrativo de conformidad con este párrafo deberá conceder dicha paralización con relación a todas las partes.

(L) Salvo lo que se dispone en esta Ley, ningún tribunal, funcionario, empleado o departamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico podrá tomar acción alguna, excepto a solicitud del síndico, para restringir o afectar el ejercicio de los poderes y funciones del síndico. Salvo lo que se dispone en esta Ley, el remedio exclusivo en cualquier acción judicial en contra de la sindicatura o el Banco bajo sindicatura, será daños compensatorios, los cuales no incluirán daños punitivos o ejemplares, daños por pérdida de oportunidad o ganancia o daños por sufrimiento o angustias.

(M) Una vez designado un síndico para el Banco, éste tendrá discreción para utilizar los servicios de aquellos empleados del Banco que sean necesarios para llevar a cabo sus funciones y facultades autorizadas por esta Ley y, en ese sentido, podrá suspender temporeramente toda cláusula, precepto y/o disposición aplicable a dichos empleados y/o puestos del Banco contenidas en leyes, convenios colectivos, acuerdos, acuerdos suplementarios, políticas, manuales de empleo, cartas circulares, cartas contractuales, addenda, certificaciones, reglamentos, reglas y condiciones de empleo, cartas normativas, planes de clasificación y/o planes de retribución, referentes a toda y cualquier condición de empleo, siempre y cuando a dichos empleados no se le reduzca el sueldo o sus beneficios marginales. El síndico también podrá ordenar, efectuar o solicitar destaques y/o traslados de los empleados del Banco a otras agencias o entidades existentes o creadas por ésta y/o cualquier legislación, incluyendo a cualquier subsidiaria del Banco o a un banco puente creado al amparo del Artículo 14 de esta Ley. En el caso de liquidación del Banco, el síndico también podrá efectuar cesantías. De los empleados del Banco ser permanentemente transferidos a una agencia existente, sus términos y condiciones de empleo quedarán modificados para ajustarse a cualquier ley, reglamento y/o convenio que atienda la retribución y clasificación de los empleados de la agencia a la cual ha sido trasferido. En todo caso, se respetarán los términos y condiciones de empleo vigentes al momento de la designación del síndico, incluyendo, los derechos, privilegios, obligaciones y antigüedad, adquiridos bajo las leyes, convenios de negociación colectiva y reglamentos de personal en vigor, sujeto a las modificaciones contenidas en la Ley 66-2014 mientras ésta continúe en vigor. También en todo caso se garantizará que se satisfaga a todos los empleados cualesquiera salarios, sueldos o comisiones, incluyendo pago por concepto de vacaciones, mesada y licencia por enfermedad u otros beneficios de empleo similares adquiridos previo a la designación del síndico, conforme a las políticas de empleo del Banco o las leyes aplicables. La transferencia de empleados a un banco puente se regirá, además, por las disposiciones incluidas en el Artículo 14 de esta Ley.

(N) Para propósitos de interpretar los Artículos 11 al 14 de esta Ley, un tribunal debe considerar, en la medida en que sea aplicable, jurisprudencia interpretativa del Título 12 del Código de los Estados Unidos.

Artículo 12. — Prioridad de gastos y reclamaciones no garantizadas en sindicatura. (7 L.P.R.A. § 559a) [Nota: El Art. 302 de la Ley 21-2016 añadió este Artículo]

(A) Las reclamaciones no garantizadas contra el Banco o el síndico del Banco bajo esta Ley que hayan sido debidamente evidenciadas a satisfacción del síndico deberán ser pagadas en el siguiente orden de prioridad:

(1) Gastos administrativos del síndico.

(2) Salarios, sueldos o comisiones, incluyendo pago por concepto de vacaciones, mesada y licencia por enfermedad u otros beneficios de empleo similares adquiridos por un individuo previo a la designación del síndico, conforme a las políticas de empleo del Banco o las leyes aplicables.

(3) Contribuciones adeudadas a planes de beneficio de empleados relacionadas a servicios prestados previo a la fecha de la designación del síndico.

(4) Cualquier saldo pendiente de pago por dinero en posesión del Banco en sus cuentas de depósito para crédito del depositante (incluyendo sumas adeudadas por cualquier razón a instituciones depositarias) y cualquier otra obligación general o preferente del Banco (que no sea una de las obligaciones que se describen en el inciso (5)).

(5) Cualquier obligación que sea subordinada a los acreedores generales por medio de ley o contrato.

(B) Este Artículo no afectará los créditos colateralizados o gravámenes sobre activos o bienes en posesión del Banco, y dichos créditos colateralizados o gravámenes sobre activos o bienes deberán ser pagados de la colateral o del valor realizado de la colateral. En la medida en que la colateral sea insuficiente para satisfacer la reclamación, la diferencia entre la reclamación y el valor realizado de la colateral deberá ser pagada de acuerdo con este Artículo.

(C) No obstante cualquier otra disposición de esta Ley o de la Ley de Moratoria de Emergencia y la Rehabilitación Financiera de Puerto Rico, cualquier obligación o compromiso de prestar o proveer dinero o crédito, un depositante o síndico puede compensar o canjear el monto de su depósito contra cualquier saldo pendiente de un préstamo con el Banco como pago completo y final de tal obligación hasta la cantidad del depósito.

(D) La prioridad por gastos administrativos, según esta frase se utiliza en el inciso (A), incluirá, (i) aquellas obligaciones incurridas por el Banco previo a la designación del síndico relacionadas a bienes y servicios provistos al Banco previo a dicha designación, con excepción de reclamaciones individuales en exceso de una cantidad a ser determinada por el síndico en su discreción razonable; (ii) aquellas obligaciones incurridas por el Banco luego de la designación del síndico relacionadas a bienes y servicios provistos al Banco luego de dicha designación; y (iii) cualquier otra obligación que el síndico determine sea apropiada para facilitar la resolución ordenada del Banco.

(E) El Secretario de Hacienda, luego de haber consultado con el síndico y el Gobernador, tendrá el poder de renunciar a, reducir, subordinar, o asignar cualquier reclamación de una unidad gubernamental excepto si dicha unidad gubernamental es un municipio, sin embargo, cualquier porción de la reclamación que ha sido asignada de acuerdo con esta subsección no podrá ser compensada por el cesionario según dispuesto en la subsección (C) de esta Sección.

Artículo 13. — Disposiciones Relacionadas a Contratos Celebrados antes del Nombramiento del Síndico. (7 L.P.R.A. § 559b) [Nota: El Art. 302 de la Ley 21-2016 añadió este Artículo]

A. Salvo por lo que se dispone en este Artículo, el síndico podrá exigir el cumplimiento de cualquier contrato o acuerdo celebrado por el Banco a pesar de que el mismo contenga alguna disposición contractual que provea para la terminación, incumplimiento, aceleración o ejercicio de algún otro derecho como resultado de, o por razón de, la insolvencia o la designación de un síndico a medida que sea necesario para una administración ordenada y/o una liquidación de los asuntos del Banco.

B. Además de cualquier otro derecho que el síndico pueda tener, el síndico, en el ejercicio de sus poderes de administrar y liquidar el Banco, puede anular o repudiar cualquier contrato o arrendamiento (1) del cual el Banco sea una parte; (2) si, a discreción del síndico, sería oneroso continuar el cumplimiento de dicho contrato; y (3) si, a discreción del síndico, la anulación o repudiación de dicho contrato o arrendamiento fomentaría la administración ordenada y/o una liquidación de los asuntos del Banco.

C. El síndico designado debe determinar si ejercerá o no los derechos de repudiación bajo esta Sección dentro de los ciento ochenta (180) días de su designación.

D. La responsabilidad de la sindicatura por la anulación o repudiación de cualquier contrato bajo el inciso (B) debe estar (1) limitada a daños compensatorios directos reales, y (2) determinada a la fecha de la designación del síndico. Para propósitos de este inciso, la frase “daños compensatorios directos reales” no incluye daños punitivos o ejemplares, daños por pérdida de oportunidad o ganancia o daños por sufrimiento o angustias.

E. Ninguna persona podrá ejercer un derecho o poder para terminar, acelerar o declarar un incumplimiento bajo un contrato del cual el Banco sea parte (y no exigible será disposición alguna de cualquiera de dichos contratos que provea para dicho incumplimiento, terminación o ejecución) o para obtener la posesión o ejercer control sobre una propiedad del Banco o afectar algún derecho contractual del Banco y el síndico podrá exigir el cumplimiento de cualquier contrato a pesar de cualquier disposición del contrato que provea para la terminación, incumplimiento, aceleración o ejercicio de derechos por, o exclusivamente por razón de la insolvencia, la condición financiera, la designación o el ejercicio de los derechos o poderes de un síndico, o la transferencia de cualquier operación, activo o pasivo del Banco a un banco puente o a cualquier otra persona o entidad; disponiéndose, sin embargo, que ninguna disposición de esta Sección deberá interpretarse como que impide o afecta cualquier derecho del síndico a exigir el cumplimiento de, o a recuperar bajo, un contrato de seguro de responsabilidad de un director o funcionario o una fianza de una institución financiera bajo alguna otra ley aplicable.

F. Ninguna persona podrá ejercer ningún derecho o poder para terminar, acelerar o declarar un incumplimiento bajo cualquier contrato del cual el Banco sea parte (y no será exigible disposición alguna de cualquiera de dichos contratos que provea para dicho incumplimiento, terminación o ejecución) o para obtener posesión o ejercer control sobre cualquier propiedad del Banco o afectar cualquier derecho contractual del Banco, sin el consentimiento del síndico del Banco dentro de los primeros noventa (90) días de la designación de dicho síndico; disponiéndose, sin embargo, que ninguna disposición de este párrafo será aplicable a un contrato de seguro de responsabilidad de directores o funcionarios o a una fianza de una institución financiera ni se interpretará como que le permite al síndico incumplir con alguna disposición de alguno de dichos contratos que de otra manera fuese válida.

Artículo 14. — Poder para organizar y operar un Banco Puente. (7 L.P.R.A. § 559c) [Nota: El Art. 401 de la Ley 21-2016 añadió este Artículo]

A. Una vez se designe un síndico para el Banco, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico tendrá facultad para, a su discreción, organizar un banco temporero, al cual se le referirá como “Banco Puente”, para asistir al síndico a llevar a cabo sus funciones y obligaciones. Dicho banco se organizará conforme a una Resolución de Constitución aprobada por el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, la cual deberá radicarse en el Departamento de Estado. El banco puente se organizará en la fecha que se presente la Resolución de Constitución en el Departamento de Estado. El Departamento de Estado procederá a registrar el banco puente como una institución bancaria. Cualquier enmienda a la Resolución de Constitución será también presentada en el Departamento de Estado. La fecha de vigencia será la fecha de presentación.

B. Un banco puente organizado bajo este Artículo tendrá (1) los poderes, beneficios y atributos establecidos en el Artículo 2 de esta Ley y las exenciones contributivas que contempla el Artículo 5 de esta Ley, y (2) aquellos poderes, derechos, funciones y responsabilidades conferidos, y las limitaciones impuestas, al Banco por esta Ley, y por cualquier otra ley federal o del Estado Libre Asociado, salvo en la medida en la que el Secretario de Hacienda de Puerto Rico, en la Resolución de Constitución del banco puente, limite los poderes, beneficios, atributos, derechos, funciones, responsabilidades y limitaciones establecidos en los subincisos (1) y (2). Las disposiciones de la Ley Núm. 55 de 12 de mayo de 1933, según enmendada, conocida como “Ley de Bancos de Puerto Rico”, no aplicarán al banco puente. Dicho banco puente estará bajo la administración de una junta de directores, que inicialmente será la Junta de Directores del Banco y posteriormente, o luego de producirse una vacante, será nombrada de la misma manera que los miembros de la Junta de Directores del Banco eran nombrados de acuerdo a esta Ley. En la medida que el síndico le transfiera al banco puente cualquiera de las subsidiarias del Banco cuya Junta de Directores es la misma que la del Banco, la Junta de Directores de dicha subsidiaria será, luego de dicha transferencia, la misma que la del banco puente. Si el banco puente dejase de existir, los miembros de la Junta de Directores de cualquier subsidiaria sobreviviente serán nombrados de la misma manera que los miembros de la Junta de Directores del Banco eran nombrados de acuerdo a esta Ley. El nombre del banco puente se especificará en la Resolución de Constitución. Para evitar cualquier duda, se aclara que cuando se organice un banco puente, cualquier referencia al Banco en cualquier ley del Estado Libre Asociado, se entenderá que se refiere o aplica a dicho banco puente, según sea el caso, pero en ninguna circunstancia el banco puente será responsable por cualquier responsabilidad del Banco a menos que el banco puente expresamente asuma dicha obligación. El Secretario de Hacienda podrá incluir en la Resolución de Constitución una disposición donde cualquiera de todas de las subsidiarias y afiliadas del Banco se convertirá en una subsidiaria o una afiliada del banco puente.

C. El síndico podrá transferir cualquier o todo de los poderes, derechos, funciones y deberes del Banco y cualquier propiedad, intereses contractuales u operacionales o relaciones entre el Banco y sus subsidiarias y afiliadas del banco puente, según se determine que sea apropiado.

D. Al transferir activos y pasivos a un banco puente y llevar a cabo sus operaciones, el síndico podrá ejercer todos los derechos otorgados al síndico y no estará sujeto a limitación alguna sobre la transferencia de activos o deberes establecidos en esta Ley al hacerse tal transferencia.

E. El banco puente podrá (1) asumir aquellas responsabilidades del Banco, incluyendo depósitos, que el síndico pueda, a su discreción, determinar sean apropiados; (2) adquirir aquellos activos incluyendo activos asociados con fideicomisos del Banco que el síndico, a su discreción, determine sean apropiados; (3) asumir dichos derechos, títulos, poderes, privilegios, intereses o autoridades del Banco con respecto a sus subsidiarias o afiliadas cuyas subsidiarias o afiliadas tendrán a partir de ese momento todos los derechos, títulos, poderes, privilegios, intereses o autoridades que ellos gozaban el día que fueron transferidos al banco puente, y (4) realizar cualquier otra acción temporera que el Secretario de Hacienda, a su discreción, recomiende de acuerdo con esta Sección. Dicho banco puente no estará sujeto a cualquier requisito que le requiera mantener reservas de depósitos sobre cierto nivel según lo disponga alguna ley aplicable y, en la medida que un requisito de reserva podría aplicarse al banco puente, el Secretario de Hacienda tendrá potestad para renunciar a este requisito cuando conceda permiso para organizar dicho banco puente.

F. El síndico ordenará la transferencia de todo el personal de carrera, transitorio y/o de confianza que trabaje en el Banco al banco puente y dichos empleados se convertirán en empleados del banco puente. Esta trasferencia de empleados se hará respetando los términos y condiciones de empleo vigentes al momento de la designación del síndico, incluyendo, los derechos, privilegios, obligaciones y antigüedad, adquiridos bajo las leyes, convenios de negociación colectiva y reglamentos de personal en vigor, sujeto a las modificaciones contenidas en la Ley 66-2014, según enmendada, mientras ésta continúe en vigor. Ninguna de las disposiciones de esta Ley afectará el derecho constitucional a la negociación colectiva que han disfrutado los empleados del Banco, ni los derechos, beneficios y privilegios adquiridos por virtud de los convenios colectivos. El banco puente reconocerá las uniones que representan a los empleados unionados del Banco transferidos a un banco puente y asumirá los convenios de negociación colectiva aplicables vigentes a la fecha. Se garantizarán también aquellos derechos relacionados a pensiones o a un sistema de retiro al cual puedan estar afiliados o del cual sean miembros a la fecha de efectividad de esta Ley. El banco puente vendrá obligado a satisfacer a todos los empleados cualesquiera salarios, sueldos o comisiones, incluyendo pago por concepto de vacaciones, mesada y licencia por enfermedad u otros beneficios de empleo similares adquiridos previo a la designación del síndico, conforme a las políticas de empleo del Banco o las leyes aplicables.

G. El banco puente, y cada una de sus subsidiarias, será una instrumentalidad pública y corporación pública independiente del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, con existencia legal separada, autonomía fiscal y administrativa, e independencia del Estado Libre Asociado.

H. Un banco puente se tratará como un banco en incumplimiento en aquellas ocasiones y para aquellos propósitos que el síndico del Banco, a su discreción, determine, y no será tratado como si estuviera insolvente o en un estado de impago.

I. El Secretario de Hacienda de Puerto Rico podrá proveer fondos en nombre del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, garantías bajo la Ley Núm. 12 de 9 de mayo de 1975, según enmendada, o cualquier otro apoyo adecuado para facilitar el funcionamiento y los negocios del banco puente y cualquier de sus subsidiarias de conformidad con las facultades provistas en esta Ley, y facilitar cualquier transacción del banco puente descrita en este Artículo o facilitar la adquisición o transferencia de cualquier función o activo, o la asunción de cualquier pasivo, del Banco o del banco puente, según se dispone en esta Ley.

J. El síndico del Banco puede transferir cualquier operación, activo o pasivo del Banco incluyendo cualquier operación, activo o pasivo asociado con fideicomisos al banco puente de acuerdo con, y sujeto a, las restricciones de los incisos (A) al (D) de este Artículo 14. En cualquier momento después del establecimiento del banco puente, el síndico podrá transferir cualquier operación, activo o pasivo del Banco o del banco puente y tomar cualquier otra acción que entienda, a su discreción, apropiada, de acuerdo con, y sujeto a, las restricciones de los incisos (A) al (D) de este Artículo 14. La transferencia de cualquier operación, activo o pasivo a un banco puente será efectiva sin necesidad de ninguna aprobación adicional bajo las leyes del Estado Libre Asociado, cesión o consentimiento con respecto a éstas. Se podrán transferir activos a un banco puente a cambio de la obligación de dicho banco de pagar, a través de un periodo de tiempo, con intereses a la tasa de interés legal aplicable, una cantidad determinada por el síndico, cuya cantidad no podrá ser menor a la cantidad que los acreedores del Banco, cuyas obligaciones no fueron asumidas por el banco puente, hubieran recibido por el valor de los activos transferidos al banco puente, luego de tomar en consideración el beneficio que reciban los acreedores del Banco tras la asunción por el banco puente de las obligaciones del Banco, como si el Banco se hubiese liquidado en la fecha de la designación del síndico (“Valor de Liquidación Neto”). A petición del banco puente, cualquier acción judicial de la cual un banco puente advenga parte en virtud de la adquisición de cualquier activo o asunción de cualquier pasivo del Banco se paralizará por un periodo de no más de noventa (90) días (o un periodo más corto o largo con el consentimiento de todas las partes). El síndico determinará el Valor de Liquidación Neto tomando el promedio de dos estimados de dicho valor preparados por dos expertos en valoración a los que se les haya provisto acceso completo a los récords del Banco y tiempo razonable para determinar el Valor de Liquidación Neto probable, neto de gastos, que se pudiera obtener de los activos del Banco si estos se vendieran con una cantidad razonable de mercadeo dentro de noventa (90) días del comienzo de la sindicatura; disponiéndose, sin embargo, que si el estimado más alto del Valor de Liquidación Neto es más de veinte porciento (20%) más alto que el estimado más bajo, el síndico debe contratar a un tercer experto en valoración independiente para que prepare un estimado adicional, teniendo acceso a los récords del Banco por un periodo de tiempo razonable, y el Valor de Liquidación Neto debe ser el promedio de los dos estimados más altos. Si un acreedor cuestiona el Valor de Liquidación Neto en un procedimiento judicial, se creará una presunción rebatible de que el Valor de Liquidación Neto es correcto.

K. Ningún banco puente que el Secretario de Hacienda organice como parte de la resolución o reestructuración del Banco, y ningún cesionario ulterior de todas o parte de las operaciones, activos o pasivos del Banco, será una entidad sucesora del Banco ni estará sujeto a ninguna responsabilidad derivada de las operaciones del Banco antes de la designación del síndico, salvo por lo acordado contractualmente entre el banco puente y el síndico, según sea el caso.

L. Sujeto a los incisos (M) y (P), la carta constitucional de un banco puente expirará dos (2) años después de su aprobación o en cualquier fecha anterior que el Secretario de Hacienda establezca. El Secretario de Hacienda puede, a su discreción, extender la condición de un banco puente como tal por no más de tres (3) periodos adicionales de un (1) año cada uno. La terminación de la carta constitucional para el banco puente no afectará ninguna de sus subsidiarias y afiliadas, y cada una permanecerá como corporación pública e independientes, salvo que se establezca lo contrario por el Secretario de Hacienda, cuyas juntas de directores serán nombradas de la misma manera que la junta de directores del Banco fue nombrada.

M. El Secretario de Hacienda podrá modificar la carta constitucional del banco puente para reflejar la terminación de la condición del banco puente como tal y proveer que el banco puente deberá ser un banco nuevo, tras lo cual el banco puente tendrá todos los derechos, poderes o privilegios aplicables bajo sus documentos constitutivos y las leyes del Estado Libre Asociado. Con relación a esto, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico podrá tomar aquellos pasos que sean necesarios y convenientes para reincorporar al banco puente bajo las leyes del Estado Libre Asociado de Puerto Rico e, independientemente de lo que disponga cualquier otra ley del Estado Libre Asociado, tal entidad se considerará que adquiere por operación de ley todos aquellos derechos, títulos, poderes e intereses del banco puente establecidos en su carta constitucional.

N. El banco puente podrá tomar cualquier y toda acción que sea razonable y necesaria para permitir que el banco puente continúe realizando sus operaciones regulares y cumpla con sus deberes legales, incluyendo, pero sin limitarse a, lo siguiente—

(1) estableciendo condiciones o restricciones sobre las operaciones del banco puente, incluyendo eximir del cumplimiento con requisitos establecidos por otras leyes aplicables, en todo o en parte, incluyendo los que requieren que el banco puente mantenga una reserva de depósitos por encima de cierto límite;

(2) limitando o condicionando el desembolso de préstamos;

(3) limitando o condicionando retiros o transferencias de depósitos según los términos que disponga el banco puente para atender las necesidades de liquidez del banco puente y facilitar la habilidad del banco puente a realizar sus operaciones normalmente; y

(4) limitando o suspendiendo

pagos de cualquier obligación;

pagos sobre cualquier carta de crédito (letter of credit); y

cualquier obligación o compromiso de prestar o proveer dinero o crédito.

O. No obstante cualquier disposición en esta Ley a lo contrario, el banco puente no tendrá la autoridad de exigir depósitos de entidades gubernamentales conforme a los requisitos del Artículo 1, de la Ley 24-2014.

P. No obstante cualquier otra disposición de las leyes del Estado Libre Asociado, si la condición del banco puente como tal no ha terminado de conformidad con la subsección (L) o (M), (1) la Junta de Directores, con la aprobación del Secretario de Hacienda de Puerto Rico podrá disolver el banco puente conforme a este inciso en cualquier momento y (2) la junta de directores del banco puente, con la autorización del Secretario de Hacienda deberá comenzar inmediatamente procedimientos de liquidación de conformidad con este párrafo tras la expiración del periodo de dos (2) años a partir de la fecha de la organización del banco puente, o cualquier extensión de este término de conformidad con el inciso (M). El Secretario de Hacienda podrá designar un síndico para un banco puente si determina que dicha acción facilita la liquidación final del banco puente o del banco bajo sindicatura. El síndico de un banco puente deberá liquidar los asuntos del banco puente de conformidad con las disposiciones aplicables a la resolución del Banco bajo esta Ley. Con relación a cualquier banco puente, el síndico tendrá todos los derechos, poderes y privilegios y llevará a cabo las responsabilidades relacionadas al ejercicio de dichos derechos, deberes, poderes o privilegios otorgados por la ley al síndico del Banco bajo esta Ley e, independientemente de cualquier otra disposición de ley del Estado Libre Asociado, en el ejercicio de dichos derechos, poderes y privilegios, el síndico no estará sujeto a la dirección o supervisión de ninguna agencia del Estado Libre Asociado, con excepción de lo que se provee para un síndico del Banco en esta Ley.

Artículo 15. — Infracciones por Directores. (7 L.P.R.A. § 560)

   Si cualquier director del Banco violare, o a sabiendas o por negligencia permitiere que cualquiera de los oficiales, agentes o empleados del Banco viole cualquiera ley o cualesquiera de las disposiciones de la Carta Constitucional del Banco, el Secretario de Hacienda de Puerto Rico informará el asunto al Gobernador. Al recibir dicho informe el Gobernador convocará una reunión del Consejo de Secretarios y someterá al mismo el informe, juntamente con sus recomendaciones. El Consejo de Secretarios dará al director acusado la oportunidad de ser oído, y podrá luego destituir a dicho director y tomar cualquier acción adicional que estime necesaria.

Artículo 16. — Certificación de Cheques, Penalidad por Fraude. (7 L.P.R.A. § 561)

   Ni el Banco, ni ninguno de los oficiales, agentes, o empleados del mismo, certificará cheque alguno girado contra el Banco a menos que el librador de dicho cheque tenga en depósito en el Banco al tiempo en que se certifique dicho cheque una suma no menor que el montante de dicho cheque.

   Cualquier cheque así certificado por un oficial, agente o empleado del Banco debidamente autorizado, constituirá una obligación válida del Banco en manos de cualquier tenedor de buena fe de dicho cheque, pero cualquier oficial, agente o empleado del Banco que a sabiendas actuare en violación de las disposiciones de esta sección se considerará culpable de un delito menos grave (misdemeanor) y estará sujeto a prisión por no menos de un año ni más de dos (2) años.

Artículo 17. — Traspasos Preferentes, serán Nulos y Sin Efecto. (7 L.P.R.A. § 562)

   Serán nulos y sin efecto todo traspaso de pagarés, letras de cambio o acreencias del Banco o depósitos al crédito del mismo así como toda cesión de hipoteca, garantía sobre bienes raíces o de sentencia, o de decreto a favor del Banco, y todo depósito de efectivo, oro y plata en barras, u otra cosa de valor, y todo pago en efectivo hecho a sus acreedores, mientras el Banco esté insolvente o en espera de insolvencia, con la intención de evitar que se aplique el activo del Banco en la forma que en esta Ley se prescribe, o con la idea de dar preferencia a un acreedor sobre otro.

Artículo 18. — (7 L.P.R.A. § 563) [Nota: El Art. 4 de la Ley 97-2015 enmendó este Artículo, originalmente como Art. 15. La Ley 21-2016 lo renumeró como Art. 18]

   No tendrán responsabilidad personal civil hacia ninguna entidad y serán indemnizados por el Banco y exonerados de responsabilidad civil por acciones u omisiones de buena fe, en su capacidad y dentro de su autoridad, los miembros de la Junta de Directores, oficiales y empleados del Banco, en ausencia de prueba clara y convincente de negligencia crasa que conlleve una indiferencia temeraria hacia sus deberes o la omisión de llevarlos a cabo. Cualquier acción civil presentada ante un tribunal en la que se alegue la existencia de negligencia crasa deberá ser desestimada con perjuicio si el demandado produce documentos que demuestren que recibió información sobre los hechos relevantes, participó en persona o por teléfono y deliberó de buena fe o recibió y confió en el asesoramiento de expertos respecto a cualquier acción u omisión que sea base para la demanda.

Artículo 19. — Abuso de Confianza y Otros Delitos. (7 L.P.R.A. § 564)

   Todo director, oficial, empleado o agente del Banco que cometiere abuso de confianza, sustrajere, o voluntariamente malversare cualesquiera dineros, fondos, créditos o valores del Banco, o que sin estar debidamente autorizado para ello expidiere o librare cualquier certificado de depósito, librare cualquier orden o letra de cambio, hiciere cualquier aceptación, traspasare cualquier pagaré, bono, giro, letra de cambio, hipoteca, sentencia, o decreto, o que hiciere algún asiento falso en cualquier libro, informe, o estado del Banco con la intención, en cualquiera de esos casos, de perjudicar o defraudar el Banco, o cualquier otra compañía, cuerpo político o corporativo, o persona, o engañar a cualquier oficial del Banco o a cualquier agente nombrado para examinar los negocios del Banco, y toda persona que con análoga intención ayudare o instigare a cualquier director, oficial, agente, o empleado en cualquier violación de esta sección se considerará culpable de un delito grave (felony) y castigada con prisión por un término no menor de diez (10) años; Disponiéndose, que el Banco cobrará e ingresará en sus fondos, del montante de cualquier póliza de seguro de vida que el Banco hubiere tomado para dicho director, oficial, empleado, o agente, y las primas que el Banco hubiere pagado, hasta el montante que hubiere desfalcado o de que hubiere dispuesto, el director, oficial, empleado o agente, y el director, oficial, empleado o agente y los beneficiarios, cesionarios o causahabientes del mismo perderán todo derecho a los beneficios de dicha póliza.

Artículo 20. — Rumores Falsos sobre Insolvencia. (7 L.P.R.A. § 565)

   Cualquier persona u órgano de publicación que a sabiendas y maliciosamente haga, circule, o trasmita a otra u otras cualquiera manifestación, rumor o indicación, ya escrita, impresa, o de palabra, que directamente o por inferencia desacreditare la situación económica del Banco o de cualquiera de sus sucursales, o que afectare su solvencia o crédito, o cualquier persona o publicación que aconseje, ayude, procure o induzca a otra para que origine, trasmita, o circule cualquier manifestación o rumor de esta índole, será culpable de un delito grave (felony) y convicta que fuere será castigada con multa no menor de quinientos (500) dólares o con pena de presidio por un término no mayor de cinco (5) años, o con ambas penas.

Artículo 21. — Ley de Bancos, No Será Aplicable. (7 L.P.R.A. § 566)

   En vista de que se incluyen en esta Ley todas las disposiciones necesarias y pertinentes análogas a las contenidas en la “Ley de Bancos”, ninguna de las disposiciones de la Ley de Bancos, (7 L.P.R.A. § 1 et seq.), se aplicarán al Banco, sus directores, oficiales, empleados o agentes.

Artículo 22. — Obligaciones o Compromisos, No Serán Menoscabados. (7 L.P.R.A. § 567)

   Ninguna enmienda a esta Ley o a cualquier otra ley de Puerto Rico menoscabará obligación alguna o compromisos del Banco.

Artículo 23. — Salvedad. (7 L.P.R.A. § 551 nota)

   Si cualquier disposición de esta ley o la aplicación de dicha disposición a cualquier persona o circunstancia fuere declarada nula, el resto de la ley y la aplicación de dicha disposición a personas o circunstancias fuera de aquellas con respecto a las cuales se declare nula no quedará afectada por dicha declaración de nulidad.

Artículo 24. — Texto en Inglés, Prevalecerá. (7 L.P.R.A. § 568)

   Por la presente se declara que el texto oficial de esta Ley es su versión en el idioma inglés y si en la interpretación y aplicación de esta Ley surgiere algún conflicto entre el texto español y el texto inglés de la misma, prevalecerá el último sobre el primero.

Artículo 25. — Traducción oficial al inglés. (7 L.P.R.A. § 551 nota)

(a) La traducción oficial al idioma inglés del título de esta Ley será la siguiente:

“To create a corporation as a governmental instrumentality of the Commonwealth Government Development Bank for Puerto Rico” granting the same a Charter prescribing its powers, duties, rights, obligations, privileges, immunities, purposes, constitution and status; to define criminal acts committed in violation of this law and fix the penalties therefore; to dissolve the Development Bank of Puerto Rico created under Act 252, approved May 13, 1942, except as to limitations set forth in this law for the transfer of its assets to the new Bank hereby created; to repeal said Act 252 of May 13, 1942; to repeal Act 46 approved, approved May 4, 1943; to amend the title of Act No. 272, approved May 15, 1945; to declare the official text of this law in the English language; to declare the same will prevail over the Spanish text; to declare an emergency, and for other purposes”

(b) La traducción oficial al idioma inglés de los artículos desde el número 1 hasta el número 21 de esta Ley, ambos inclusive será la siguiente:

(Contains amendments incorporated by:

Act No. 3 of April 26, 1957

Act No. 13 of May 30, 1960

Act No. 1 of September 11, 1986

Act No. 69 of September 17, 1992

Act No. 75 of September 7, 1993

Act No. 215 of August 9, 1998

Act No. 236 of August 13, 1998

Act No. 33 of January 14, 2000

Act No. 418 of October 10, 2000

Act No. 93 of August 4, 2001

Act No. 82 of June 16, 2002

Act No. 125 of August 8, 2002

Act No. 173 of December 16, 2009

Act No. 97 of July 1, 2015

Act No. 21 of April 6, 2016

Act No. 40 of May 5, 2016)

Section 1. — [Creation and purpose] (7 L.P.R.A. § 551)

   To aid the Commonwealth Government in the performance of its fiscal duties and more effectively to carry out its governmental responsibility to develop the economy of Puerto Rico, particularly with respect to its industrialization, there is hereby created a corporation as a governmental instrumentality of the Commonwealth Government to act by its authority under the title of “Government Development Bank for Puerto Rico” (hereinafter referred to as “the Bank”).

Section 2. — Charter (7 L.P.R.A. § 552)

   The Charter of the Bank shall be as follows: (7 L.P.R.A. § 552 nota)

CHARTER

   "First" The existence of the Bank shall be perpetual.

   "Second" The principal office of the Bank shall be at San Juan, Puerto Rico.

   "Third" The purposes for which the Bank is formed and the business or objects to be carried on and promoted by it are as follows:

(A) To act as fiscal agent and as paying agent and as a financial advisory and reporting agency of the Commonwealth Government and of the agencies, instrumentalities, commissions, authorities, municipalities and political subdivisions of Puerto Rico, the Governor of Puerto Rico, the Council of Secretaries of Puerto Rico and the Secretary of the Treasury of Puerto Rico.

(B)

(1) To act as depositary or trustee of funds for the Commonwealth Government or for the United States and for any agency, instrumentality, commission, authority, municipality or political subdivision of Puerto Rico or the United States and of funds within the custody or jurisdiction of any court, to give security for the repayment of any such funds and to pay interest thereon, and to act as depositary of funds for any bank or trust company doing business in the Commonwealth of Puerto Rico.

(2) Such sums of money and other liquid assets in the custody of the Bank, plus the interest or dividends that the same have accrued or accumulated, after deducting the charges legally imposed thereon, shall be presumed as abandoned and unclaimed when, within the five (5) preceding years, including such time elapsed prior to the effective date of this Act, the owner has shown no interest in said money or liquid assets, in any of the following ways:

(a) Making some transaction with regard to said money or other liquid assets;

(b) Completing a deposit or withdrawal of funds into, or from, the account; or

(c) Communicating in writing with the Bank regarding such assets.

(3) Commencing on May 2015, the Bank shall publish two annual notices, which shall be titled Unclaimed Money and Other Liquid Assets in the Custody of the Government Development Bank for Puerto Rico, once during each of the months of May and June, in the Bank’s website and in a newspaper of general circulation. Such notices shall include a general list in alphabetical order of the names of the persons who have the right to claim money or other liquid assets whose aggregate value is $100 or more and the last known city or town of residence of each.

(4)

(i) Such amounts of unclaimed money and other liquid assets that are presumed abandoned pursuant to item 2 of this paragraph and which remain unclaimed after November 1 of the year in which the notice required pursuant to item 3 of this paragraph is published and

(ii) such amounts of unclaimed money and other liquid assets whose aggregate value is $100 or less and that are presumed abandoned pursuant to item 2 of this paragraph, shall be transferred to the Puerto Rico Infrastructure Financing Authority of the Commonwealth of Puerto Rico, up to the amount of twenty million dollars ($20,000,000.00) for infrastructure projects and improvements. Any amount above the limit of twenty million dollars ($20,000,000.00) established herein shall be applied as follows:

(I) to the payment of the debts and obligations owed to the Bank by those persons that appear as registered owners of the abandoned funds, pursuant to the Bank’s records and,

(II) if the registered owners do not have any debts and obligations with the Bank, said unclaimed monies and other liquid assets shall be applied to the payment of the debts and obligations owed to the Bank by the Commonwealth of Puerto Rico or its agencies.

(C) To lend money, with or without security, to the Commonwealth government or to any agency, instrumentality, commission, authority, municipality or political subdivision of Puerto Rico.

(D) To lend money, in or outside Puerto Rico with or without security, to any person, firm, corporation or other organization or legal or political entity where such moneys are to be used to further the governmental purpose of developing the economy of Puerto Rico, particularly with respect to its industrialization, such loans to be represented by the promissory notes, bonds, debentures, convertible debentures, warrants, equipment trust certificates, securities received through the organization of the issuer thereof or other obligations or evidences of debt of such borrowers; Provided, That the Bank may hold, negotiate or in any other manner dispose of such promissory notes, bonds, debentures, convertible debentures, warrants, equipment trust certificates, securities received through the organization of the issuer thereof, or other obligations or evidences of debt of such borrowers, or the securities obtained through the exercise of the rights and/or privileges contained therein. The power herein granted to the Bank to lend money outside of Puerto Rico shall be exercised only if:

(1) The financing creates or promotes the retention of jobs in Puerto Rico, and/or

(2) the financing results in the establishment of new industries in Puerto Rico.

   The power herein granted shall be exercised to finance complementary operations involving any combination of production, transformation or use of goods and services between Puerto Rico and the location abroad, or to finance infrastructure essential to establish or expand such operation, or to finance exportations of Puerto Rican industries.

   Provided, That the total amount of financing herein authorized shall never exceed eighteen percent (18%) of the total capital of the Bank outstanding at any point in time. Provided further, That the aggregate indebtedness of any such borrower to the Bank shall not exceed at any time ten percent (10%) of the capital funds and surplus of the Bank plus an additional fifteen percent (15%) of such capital funds and surplus if such indebtedness, either in whole or in part, but in any event, that part thereof in excess of ten percent (10%) of such capital funds and surplus is secured by collateral of any ascertained value of at least twenty-five percent (25%) more than the amount of such indebtedness in excess of ten percent (10%) of such capital fund and surplus.

(E) To invest its funds in direct obligations of the United States or obligations guaranteed as to both principal and interest by the United States, or obligations of any agency, instrumentality, commission, authority or other political subdivisions of the United States; or obligations of Puerto Rico, guaranteed as to both principal and interest, by Puerto Rico; or obligations of any agency, instrumentality, commission, authority, municipality or other political subdivisions of Puerto Rico; or obligations of international banking institutions recognized by the United States and to which the United States may have contributed capital; or obligations or common or preferred stock issued by domestic or foreign, public or private corporate entities which are classified by a credit-rating agency that is nationally recognized in the United States of America in one of its three (3) generic rates of the highest credit or, in case these are not classified by such credit-rating agencies, they should be of a quality comparable to that of these. The Bank also may invest its funds in bank acceptances or other obligations, or certificates of deposit endorsed or issued, as the case may be, by banks organized or authorized to do business under the laws of the Commonwealth of Puerto Rico, the United States, or any State of the Union.

(F) To discount, at a uniform rate or rates of interest to be fixed from time to time by the Board of Directors of the Bank, for banks or trust companies organized under or subject to the "Banking Law", negotiable drafts, notes, bills of exchange and acceptance, bearing the endorsement of the bank or trust company for which discounted; Provided, however, That the aggregate amount of notes, drafts, bills of exchange and acceptance upon which any person, partnership, association or corporation is liable as maker, acceptor, endorser, drawer or guarantor discounted for any bank or trust company shall at no time exceed the amount for which such person, partnership, association or corporation may lawfully become liable to such Bank or trust company under the applicable provisions of the "Banking Law", as from time to time amended.

(G) To lend money, at a uniform rate or rates of interest to be fixed from time to time by the Board of Directors of the Bank, to any bank or trust company organized under or subject to the "Banking Law", for a period not exceeding ninety (90) days, on the promissory note of such bank or trust company, secured by notes, drafts, bills of exchange or acceptance eligible for discount by the Bank under the provisions of the preceding subsection (F) hereof, or secured by obligations of the Commonwealth Government or of the United States or guaranteed as to both principal and interest by the Commonwealth Government or the United States or obligations of any agency, instrumentality, commission, authority, municipality or political subdivision of Puerto Rico, or secured by other collateral satisfactory to the Bank; Provided, however, That in case the security consists of such other collateral, the rate of interest on such loan shall in no event be less than one-half of one percent (0.5%) per annum higher than the highest rate then currently applicable to discounts provided for by the preceding subsection (F) hereof.

(H) To lend securities, on a fully secured basis, to any of the following entities:

(1) Any bank or trust company organized under or subject to the Banking Law;

(2) any bank or financial institution organized under the laws of the United States, its territories or a state, and that is subject to regulation as a bank or financial institution by a federal or state agency;

(3) any branch or agency of a bank organized under the laws of a foreign country located in the United States, provided such branch or agency is subject to regulation as a bank by a federal or state agency, and

(4) any broker-dealer or investment company, that is registered to operate as such with either:

(a) The United States Securities and Exchange Commission under the Securities and Exchange Act of 1934 or the Investment Company Act of 1940, as applicable, or

(b) the Office of the Commissioner of Financial Institutions of Puerto Rico.

(I) To borrow money and contract debts for its corporate purposes upon such terms and conditions as the Bank may from time to time determine, with or without security, to dispose of its obligations evidencing such borrowing, to make, execute and deliver trust indentures and other agreements with respect to any such borrowing, contracting of debt, issuance of bonds, notes, debentures or other obligations, and by the authority of the Government of Puerto Rico which is hereby granted, to issue its bonds, notes, debentures or other obligations in such form, secured in such manner, and subject to such terms of redemption with or without premium, and to sell the same at public or private sale for such price or prices, all as may be determined by its Board of Directors.

(J) To enter into transactions for the purchase or sale of securities with agreements to repurchase or resell such securities.

(K) To exercise all such incidental powers as may be necessary or convenient for the purpose of carrying on the forgoing business and objects. The power granted in subsections (C), (D), and (E) above shall not include the power to lend moneys on short term or to invest in short term securities other than marketable securities, where the borrower or obligor has facilities available to it in banks organized under or subject to the "Banking Law".

(L) Carry out any transaction involving the trading of currency of foreign countries through the transfer of funds in bank accounts, and participate in the trading of Latin American currency after complied with the terms established in a special provisions note under this section. Provided, That the term "currency" shall be deemed to include bills and coins, bank deposits, credit instruments and all types of securities and credit documents in foreign currency denominations of any country, which are deemed to be of prime rate in international markets. The business of currency trading contemplates incurring in financial risks inherent to any business. Therefore, the Board of Directors, by recommendation of the President of the Bank, should approve a policy to diminish the risk for the business of currency trading. The Board of Directors will take into consideration, within their risk policy, the optimal use and protection of the State resources.

   "Fourth" The Bank shall also have the following powers:

(A) To have a common seal and to alter the same from time to time.

(B) To acquire property for its corporate purposes by grant, gift, purchase, devise or bequest, and to hold and to exercise the rights of ownership of and to dispose of the same.

(C) To acquire any property in the settlement or reduction of debts previously contracted or in exchange for investments previously made in the course of its business, where such acquisition is necessary to minimize or avoid loss in connection therewith, and to hold such property for such periods as the Board of Directors may deem advisable and to exercise the rights of ownership of and to dispose of the same.

(D) To establish one or more branches, offices or agencies necessary or convenient for the transaction of its business within or without Puerto Rico.

(E) To purchase, hold, lease, mortgage and convey real property as follows:

(1) A plot whereon there is or may be erected a building suitable for the transaction of its business, from portions of which not required for its own use a revenue may be derived;

(2) such real estate as may be conveyed to it in settlement or reduction of debts previously contracted or in exchange for investments previously made in the course of its business;

(3) such as it shall purchase or otherwise acquire at sale under judgments, decrees or mortgages held by it, and

(4) such as may be necessary for residence of its employees; Provided, however, That real property purchased or acquired by it shall be sold within ten (10) years of the date of such purchase or acquisition unless there shall be a building thereon occupied by it as an office or by its employees as a residence or the Secretary of the Treasury of Puerto Rico shall have extended the time within which such sale shall be made.

(F) To sue and be sued.

(G) To appoint, employ and contract for the services of officers, agents, employees and professional assistants and to pay such compensation for their services as the Bank may determine, and to fix and pay directors' fees.

(H) To exercise such other corporate powers, not inconsistent herewith, as are conferred upon corporations by the laws of Puerto Rico and to exercise all its powers within and without Puerto Rico to the same extent as natural persons might or could do.

(I) To acquire, hold and dispose of stocks, warrants, participations (with or without preference) in partnerships and joint ventures, as well as debentures, convertible debentures and other securities issued by any corporate entity, organized under the laws of the Commonwealth of Puerto Rico or authorized to do business in Puerto Rico, or any partnership or joint venture organized under the laws of the Commonwealth of Puerto Rico, of the United States, or of any other country in the world engaged in projects which promote the economic development of Puerto Rico; and to exercise any and all powers or rights in connection therewith, as well as to guarantee, through guarantees or letters of credit, loans and other obligations incurred by public and private entities.

(J)

(1) To create subsidiary or affiliate corporations by resolution of its Board of Directors, when in the opinion of the Board, such creation is advisable, desirable or necessary to carry out the functions of the Bank, or to meet its institutional purposes or to exercise its powers. The Bank may sell, lease, lend, give, or transfer any of its properties to any subsidiary corporation. Such subsidiaries of the Bank, by virtue of the powers conferred in this subsection, shall constitute government instrumentalities of the Commonwealth of Puerto Rico, independent of and separate from the Bank, and shall have all those powers, rights, functions and duties as are conferred to the Bank by §§ 551--568 of this title and delegated to them by its Board of Directors. The Board of Directors of the Bank shall be the Board of Directors of each and every one of such subsidiary corporations, with the exception of:

(a) The subsidiary known as the Puerto Rico Housing Financing Authority, which shall have a Board of Directors composed of seven (7) members appointed by the Governor. The following two (2) shall be ex-officio members: The Secretary of the Department of Housing, who shall preside the Board of Directors, and the President of the Board of Directors of the Government Development Bank for Puerto Rico. The Board shall also be composed of three (3) members of the Board of Directors of the Government Development Bank for Puerto Rico to be designated from among its members, and two (2) members from the private sector, and

(b) the subsidiary known under the name of Puerto Rico Tourism Development Fund ("Tourism Development Fund"), which shall have a Board of Directors composed of the President of the Government Development Bank, the Executive Director of the Puerto Rico Tourism Company, the Secretary of the Treasury and two additional members to be selected by the Board of Directors of the Bank.

(2) The Board of Directors of the Bank shall have the power to provide the funds necessary to capitalize the Tourism Development Fund; Provided however, That any request to capitalize the Tourism Development Fund, in excess of fifty million dollars ($50,000,000) of initial capitalization, shall be remitted by the Executive Director of the Tourism Development Fund to the consideration and approval of:

(a) the Director of the Office of Management and Budget;

(b) the Secretary of the Treasury;

(c) the President of the Government Development Bank for Puerto Rico, and

(d) the Executive Director of the Puerto Rico Tourism Development Fund.

   The approved increase in the capitalization of the Tourism Development Fund shall be notified by the Executive Director of the Tourism Development Fund to the Legislative Assembly.

(3) Each year, the Executive Director of the Tourism Development Fund shall certify to the Director of the Office of Management and Budget the net disbursement, if any, that shall be reimbursed to the Tourism Development Fund. "Net disbursement" means the amount, if any, by which the disbursements (excluding disbursements to acquire investments) made by the Tourism Development Fund during a calendar year (including such year's realized loss) are in excess of the revenues collected by the Tourism Development Fund said calendar year. The disbursements made by the Tourism Development Fund for (i) loans to third parties, (ii) the acquisition of loan participations, and (iii) the acceleration of maturities of loans, notes, bonds or other type of debt guaranteed or insured by the Tourism Development Fund, shall not be deemed made in the year in which said amounts are disbursed by the Tourism Development Fund, instead shall be deemed in the year in which the Executive Director of the Tourism Development Fund determines that a loss was incurred with respect to said loan, note, bond or debt (such determination being referred to as "realized loss"). The Director of the Office of Management and Budget shall proceed to include the net disbursement in the General Budget of Puerto Rico for the following fiscal year. The certificate issued by the Executive Director shall be certified by an external auditor of the Bank and shall be based on an evaluation of the disbursements made (excluding disbursements to acquire investments) and the revenues collected by the Tourism Development Fund, but the determinations of the Executive Director of the Tourism Development Fund regarding the year in which a realized loss has incurred shall be conclusive. The reimbursement of the net disbursement shall be subject to consideration by the Legislative Assembly.

(4) The provisions of Section 5 of this Act shall apply to all the subsidiary corporations thus organized and which are subject to the control of the Bank, except for any subsidiary corporation which is authorized by the Board of Directors of the Bank in its constitutive resolution to issue bonds, notes, mortgage obligations or other obligations the interest on which is not subject to the provisions of said Section 5 of this Act.

   "Fifth" The affairs of the Bank shall be managed and its corporate powers exercised by a Board of Directors of seven (7) in number. The Governor of Puerto Rico shall appoint the first members of the Board of Director, two (2) of whom shall be appointed for a term of two (2) years, two (2) of whom shall be appointed for a term of three (3) years and three (3) shall be appointed for a term of four (4) years. Thereafter, as the terms of office of directors expire, successor directors shall be selected by the Governor, for terms of four years. All vacancies in the office of directors shall be filled by appointment of the Governor. Provided, however, that any vacancy occurring between such appointment shall, within a period of sixty (60) days, be filled by the Governor, for the unexpired term. All director shall, unless sooner removed, disqualified, resignation or death, hold office during the term for which appointed and until their successors are appointed and qualified. A majority of the directors in office shall constitute a quorum of the Board of Directors for all purposes. After January 1, 2018, all new appointments made by the Governor to the position of member of the Board of Director of the Bank shall require the counsel and consent of the Senate of Puerto Rico.

   "Sixth": The Board of Directors, by the affirmative vote of a majority of the whole Board, may adopt, add to, amend, alter or repeal bylaws of the Bank, not inconsistent herewith or with law, providing for the management of the business of the Bank, the regulation of its affairs, the organization, conduct and meetings of the Board of Directors, notice of meeting of the Board of Directors and waivers of notice, the appointment of committees of the Board of Directors and the power of such committees, the number, titles, qualifications, terms, election or appointment, removal and duties of officers, the form of the seal of the Bank and the preparation and submission to the Legislature of annual and other reports; Provided, however, That the bylaws shall not be added to, amended or altered nor shall any bylaw be repealed at any meeting of the Board of Directors unless written notice of the proposed addition, amendment, alteration or repeal shall have been delivered or mailed to each director at least one (1) week before such meeting.

   The Board of Directors of the Bank shall establish an Audit Committee, a Risk Management Committee and any other such committees as the Board of Directors may deem appropriate, whose members shall be Directors of the Board and those officers as the Board may appoint from time to time. Provided, that the officers appointed in the committees of the Board of Directors of the Bank, if any, are not entitled to vote.

   The Audit Committee shall assist the Board of Directors in fulfilling its responsibility to oversee management with regards to: (1) accounting and financial reporting principles and policies and internal accounting controls and procedures of the Bank, its subsidiaries and affiliates, (2) financial statements of the Bank, its subsidiaries and affiliates, (3) governance and the internal control system, (4) the audit process, including the evaluation of outside auditor´s qualifications, independence and performance, and (5) compliance with legal requirements of the Bank, its subsidiaries and affiliates, in relation to the accounting and financial reporting processes of the Bank, including those restrictions and limitations imposed on the Bank, especially certifying compliance with the provisions of Article 18 of Law 164-2001 [Note: As amended by Act 4-2009; Act 45-2013; Act 24-2014; Act 97-2015] and the audits of the financial statements of the Bank, its subsidiaries and affiliates.

   The Risk Management Committee´s responsibilities shall include, among others, assisting the Board of Directors in the oversight of management´s exercise of its responsibility to assess and manage: (1) market risk, credit risk, structural interest rate risk, principal risk, liquidity risk and model risk, (2) the governance frameworks or policies for operational and fiduciary risk, (3) capital and liquidity planning and analysis, and (4) any other risk management responsibilities assigned by the Board of Directors.

   "Seventh" The Bank shall not make any loans to its directors, officers, agents or employees or to any privately-owned enterprise in which one (1) or more of the directors, officers, agents or employees own a substantial interest, or make any loans guaranteed by a director, officer, agent or employee, except in each case with the unanimous approval of all the directors, exclusive of any interested director or directors, present at a meeting of the Board of Directors attended by at least seventy five percent (75%) of the full Board, exclusive of any interested director or directors, from which meeting such interested director or directors shall be excused during consideration and voting with regard to such loans.

   "Eighth" Out of the net income resulting at the end of the business year, such amount shall be added to the reserve account of the Bank as the Board of Directors may consider necessary or pertinent; and the balance of such income, may, in whole or in part, be added to the surplus account of the Bank or remain in an unassigned income account, as the Board of Directors may determine. From time to time the Board of Directors may in its discretion make transfers from the reserve account to the surplus account, from the surplus account to the reserve account and from the surplus account to the capital account of the Bank.

Section 3. — [Repealing clause] (7 L.P.R.A. § 551 note)

   The Development Bank of Puerto Rico, created under Act No. 252, approved May 13, 1942, is hereby dissolved, except to the extent necessary for the transfer of assets, and said act and Act No. 46, approved May 4, 1943, are hereby repealed and, without further act or execution of deed or document of conveyance, or endorsement or transfer of any kind, all properties, trusts, agency relationships, shares, rights, franchises, powers of attorney, privileges, negotiable instruments, notes, bonds, expressly including all chattel and real estate mortgages, properties of every kind, movable or immovable, deposits in banks in accounts current or in any other forms and all liabilities and obligations of said Development Bank of Puerto Rico, shall become the property of and are by this law transferred and conveyed to the Bank hereby created and the Bank shall have as regards such property, trusts, agency relationships, shares, rights, franchises, powers of attorney, privileges, negotiable instruments, notes, bonds, chattel and real estate mortgages, properties of any kind, movable or immovable and deposits in banks, the same rights as were had by the Development Bank of Puerto Rico, and shall dispose of them freely and without any limitation. Provided, however, That if, for any unforeseen circumstance a registration or recording in any private or public register, the Registry of Property included, is needed, such registration or recording shall be made by the officers in charge, absolutely free of the payment of any fee or charge.

Section 4. — [Fiscal agent of Government, its agencies and municipalities] (7 L.P.R.A. § 581)

   The Government Development Bank for Puerto Rico (hereinafter called the "Bank") shall be and it is hereby authorized to act as fiscal agent of the Commonwealth Government, its agencies and municipalities and of the Secretary of the Treasury of Puerto Rico for the purpose of registering, authenticating or countersigning the bonds, notes or other evidences of indebtedness of the Commonwealth Government, its agencies and municipalities and of the Secretary of the Treasury of Puerto Rico, and to perform, without limitation, such other services for the Commonwealth Government, its agencies and municipalities and for the Secretary of the Treasury of Puerto Rico, for any purpose not contrary to already existent legislation, subject, however, to the approval of the Secretary of the Treasury of Puerto Rico on such terms as may be agreed upon by and between the Bank and the Secretary of the Treasury of Puerto Rico for services rendered to the Commonwealth Government, its agencies and the Secretary of the Treasury of Puerto Rico, and on such terms as may be agreed upon by and between the Bank and the municipalities of Puerto Rico for services rendered to the municipalities of Puerto Rico.

Section 5. — [Public purpose, tax exemption; contribution to the General Fund] (7 L.P.R.A. § 553)

   It is hereby found and declared that the purpose for which the Bank is created is to aid the Commonwealth Government in the performance of its fiscal duties and more effectively to carry out its government responsibility to develop the economy of Puerto Rico, particularly with respect to its industrialization, and is a public purpose in all respects for the benefit of The People of Puerto Rico, and that therefore the Bank shall not be required to pay any taxes or assessments on any of the property acquired or to be acquired by it, or on its operations or activities, or on the income derived from any of its operations or activities. In order to facilitate the procurement of funds by the Bank to enable it to carry out its said purpose, all bonds, notes, debentures or other obligations of the Bank and the income therefrom shall be exempt from any income tax. The debts or obligations of the Bank shall not be debts or obligations of the Commonwealth Government or of any of the municipalities or other political subdivisions of Puerto Rico and neither the Commonwealth Government nor any of such municipalities or other political subdivisions shall be responsible for the same.

Section 6. — Legal reserve (7 L.P.R.A. § 554)

   The Bank shall maintain a reserve of not less than twenty percent (20%) of its liabilities on accounts of deposits on demand. No less than fifty percent (50%) of such reserves consist on cash or investment instruments with maturities not exceeding ninety (90) days. For the avoidance of doubt, any funds of municipalities on deposit in the Bank representing undisbursed amounts of loans from the Bank to such municipalities shall not be included as deposits on demand for purposes of the calculation of the legal reserve. The Secretary of the Treasury may, at the request of the Board of Directors of the Bank, evidenced by a resolution to that effect, suspend this legal reserve requirement for a term of no more than three (3) months, subject any reasonable term or condition set forth by the Secretary, due to the existence of a fiscal emergency.

Section 7. — [Effect of endorsement] (7 L.P.R.A. § 555)

   The endorsement by any bank or trust company organized under or subject to the 'Banking Law' of any draft, note, bill of exchange or acceptance discounted or pledged by it to the Bank shall constitute a waiver of demand, notice and protest by such bank or trust company as to its own endorsement exclusively.

Section 8. — [Quarterly report of loans] (7 L.P.R.A. § 556)

   The Bank shall make and submit to the Governor of Puerto Rico and the Treasurer of Puerto Rico a written report of its condition as of the last day of each month, in such manner as the Treasurer of Puerto Rico may prescribe. Such report shall show the total amount of outstanding loans to directors, officers, agents and employees or to any privately-owned enterprises in which one or more of the directors, officers, agents or employees may own a substantial interest and outstanding loans guaranteed by a director, officer, agent or employee; shall be subscribed by an officer of the Bank and verified by his oath stating that to the best of his knowledge and belief the report is true and correct in all respects; and shall be submitted to the Governor and the Treasurer within the first ten (10) days of the following month, legal holidays excluded.

Section 9. — [Annual report; publication] (7 L.P.R.A. § 557)

   The Bank shall file in the office of the Executive Secretary of Puerto Rico, annually, within ninety days after the close of its fiscal year, a report sworn to by an officer or by any two directors of the Bank, stating: (1) the name of the Bank; (2) the location, town or city, street and number, if there is a number, of its main office in Puerto Rico; (3) a profit and loss statement for the last fiscal year and a statement of its assets and liabilities as of the close of such year; and (4) the names and post office addresses of all directors and officers of the Bank and the time when the term of office of each expires. Such report shall he published by the Bank in a newspaper of general circulation in Puerto Rico.

Section 10. — [Examination and supervision] (7 L.P.R.A. § 558)

   The Bank shall be subject to examination and supervision by the Treasurer of Puerto Rico, in accordance with the terms of the Banking Law applicable to banks organized under or subject to the provisions thereof, provided, however, that no fee shall be required to be paid by the Bank in connection with any such examination.

   The Treasurer of Puerto Rico shall issue to the Bank a certificate setting forth the result of each such examination, which certificate shall be presented to the Board of Directors at its next regular or special meeting.

   The Bank shall also be subject to an annual examination and audit by certified public accountants of national reputation selected by the Board of Directors of the Bank.

Section 11. — Appointment of and powers of a receiver. (7 L.P.R.A. § 559)

A. The Board of Directors of the Bank or the Secretary of the Treasury of Puerto Rico shall have the power to recommend to the Governor the appointment of a receiver for the Bank if the Board of Directors of the Bank or the Secretary of the Treasury of Puerto Rico determines that: (1) the Bank’s assets are less than its obligations to its creditors; (2) the Bank is unable to pay valid debts or obligations as they mature in the normal course of business; (3) the Bank is operating in an unsafe or unsound condition to perform its statutory functions; or (4) the Bank has incurred or is likely to incur losses that will deplete all or substantially all of its capital, and there is no reasonable prospect for the Bank to become adequately capitalized.

B. Following a recommendation pursuant to subsection (A) above, the Governor may then (1) appoint, or direct the Secretary of the Treasury of Puerto Rico to appoint, a receiver for the Bank, (2) designate another entity, whether a privately owned entity or an existing or new government instrumentality, after consultation with the Secretary of Justice, to assume the Bank’s payment and depositary functions, and (3) appoint new Boards of Directors, if necessary, of any of the Bank’s direct or indirect subsidiaries or affiliates that may have had the same Board of Directors of the Bank. In the exercise of discretion by the Governor or the Secretary of the Treasury of Puerto Rico, any person may be appointed receiver.

C. Except to the extent proven by final and unappealable judgment to have engaged in willful misconduct for personal gain or gross negligence comprising reckless disregard of and failure to perform applicable duties, the Board of Directors and officers of the Bank, the bridge bank and any subsidiary of the Bank, any employee, agent of the Bank, the bridge bank or of any subsidiary of the Bank, any receiver, or such private persons or entities retained, appointed or employed by such receiver, shall not have any personal liability to any person for, and without further notice or order shall be exonerated from liability for, actions taken or not taken in good faith in their capacity, and within their authority under this Act. No action shall be brought against a person or entity concerning its acts or omissions in connection with, related to, or arising under this Act, except in the Commonwealth Court of First Instance for the Judicial Region of San Juan.

D. Immediately upon the appointment of a receiver, the receiver shall succeed to (1) all rights, titles, powers, and privileges of the Bank, and of any accountholder, depositor, officer, or director of the Bank with respect to the Bank and the assets of the Bank, with full power to do all acts and to execute in the name and on behalf of the Bank all functions, including without limitation all deeds, receipts, and other documents; and (2) title to the books, records, and assets of any previous legal custodian of the Bank.

E. Immediately upon the appointment of a receiver, the receiver may (1) take over the assets of and operate the Bank with all the powers of the directors and the officers of the Bank, including the power to employ and utilize the seal of the Bank, and conduct all business of the Bank; (2) collect all obligations and money due to the Bank, including without limitation to take all acts necessary for obtaining payment of any money due from a debtor of the Bank or his estate, to prove, rank and claim in the bankruptcy, insolvency, or sequestration of any debtor of the Bank for any balance against any estate, and to receive dividends in any proceeding for monies due to the Bank; (3) sell, transfer and compromise any asset, liability, right, power, or obligation of the Bank, by public auction or private contract, without any approval, assignment, or consent with respect to such transfer and without payment of any registration or other fee, charge, stamp or duty; (4) draw, accept, make, compromise, terminate, and endorse any bill of exchange, promissory note, or other document or obligation in the name and on behalf of the Bank; (5) provide or facilitate through guarantees or other support such funding as may be necessary to accomplish the purposes and exercise the powers authorized by this Act; (6) retain, appoint, and employ the services of private persons and entities, on such terms and conditions as the receiver may approve, to assist the receiver in fulfilling the duties under this Act and such private persons and entities shall have full recourse to the powers and rights of the receiver, as appropriate, as directed, limited and managed by the receiver; (7) sue and be sued in the name of the Bank, except as otherwise limited in this Act, and perform all functions of the Bank in the name of the Bank that are consistent with the appointment as receiver; (8) as appropriate, preserve and conserve the assets and property of the Bank; (9) pay all valid claims and obligations of the Bank in accordance with the prescriptions and limitations of this Act; (10) investigate, pursue all claims or lawsuits, and collect all claims against persons who may be liable for injuries or losses of the Bank through negligence or other wrongdoing; (11) exercise all powers and authorities specifically granted to receivers, respectively, under this Act and such incidental powers as shall be necessary to carry out such powers; and (12) take any action authorized by this Section, which the receiver determines is in the best interests of the Bank or its depositors and obligees.

F. The receiver:

(1) may place the Bank in resolution and proceed to realize upon the assets of the Bank, having due regard to the functions and responsibilities of the Bank.

(2) may allow or disallow and otherwise determine claims in accordance with the requirements of this Section.

(3) shall (i) promptly publish in a newspaper of national circulation and a newspaper of local circulation and in the Bank’s website, a general notice to the Bank’s creditors, and mail notice to any creditor shown in the Bank’s records, to present their claims, together with proof, to the receiver by a date specified in the notice which shall be not less than ninety (90) days after the publication of such notice; (ii) republish such notice approximately thirty (30) days after publication under clause (i); and (iii) upon discovery of the name and address of a claimant not identified in the Bank’s records, mail notice to such claimant within thirty (30) days of such discovery.

(4) shall determine whether to allow or disallow the claim and shall notify the claimant, by mail at the address identified in the claim, of any decision by the receiver on such claim, stating the reasons for any denial of the claim and the procedures available for further review, not later than one hundred eighty (180) days after the date the claim is presented to the receiver. Such period may be extended by a written agreement between the claimant and the receiver.

(5) may petition the Secretary of the Treasury of Puerto Rico to organize a bridge bank pursuant to Article 14 of this Act.

(6) may create one or more subsidiaries pursuant to Article 2 of this Act, to assume any of the functions of the Bank, other than the lending and depositary functions.

(7) shall not be required to furnish bond and may appoint an agent or agents to assist in its duties as receiver. All fees, compensation, and expenses of resolution and administration shall be fixed by the receiver, and may be paid by it out of funds coming into its possession as receiver.

G. If the receiver disallows all or any portion of a claim, or if no decision has been made by the receiver within one hundred eighty (180) days following the presentment of any claim and there has been no extension of that time, the claimant may file a judicial action on such claim (or continue an action commenced before the appointment of the receiver) in the Public Corporations Debt Enforcement and Recovery Act Courtroom created by Act 71-2014, and if such courtroom is not operative, then in the Court of First Instance of Puerto Rico, San Juan Part, not later than sixty (60) days after disallowance of all or any portion of the claim or the expiration of the 180-day period for determination of claims. If any claimant fails to file a judicial action on such claim (or continue an action commenced before the appointment of the receiver), within such time, the claim shall be deemed to be disallowed (other than any portion of such claim which was allowed by the receiver), such disallowance shall be final, and the claimant shall have no further rights or remedies on such claim. No court shall have any jurisdiction to take any action, and no pending judicial action against the Bank in receivership by any claimant may be continued, until the claimant has exhausted all remedies available under the claims procedures specified in this Section. After all remedies under the foregoing claims procedures are exhausted, any judicial action concerning such claim must be filed or continued within sixty (60) days or the claimant shall have no further rights or remedies on such claim and no court shall have further jurisdiction.

H. Each person having a claim against the Bank or against the receivership shall, in no event, receive in payments and/or property less than the amount the creditor would have been entitled to receive if the Bank had been liquidated on the date of the appointment of the receiver, and the maximum liability to any person having a claim against the Bank or against the receiver or receivership shall equal the amount such creditor would have received if the Bank had been liquidated on the date of the appointment of the receiver. Due to the effect that the receivership of the Bank would have on economic conditions in Puerto Rico and in the financial stability of depository institutions and for low income, minority, or underserved communities, the receivership process shall preserve and prioritize the safety, soundness and stability of depository financial institutions and their deposits.

I. The receiver shall pay all valid obligations of the Bank in accordance with the prescriptions and limitations of this Act.

J. The right of transfer or assignment conferred by Articles 11 to 14 of this Act shall override all other rights and interests, including but not limited to rights to consent or object to such transfer or assignment, of parties under indentures, contracts of employment, leases, charges, mortgages, or any other agreements the Bank may have entered into before the appointment of the receiver. Every public officer having the power or duty to accept and register or amend any entry in any register relating to a transfer or assignment of an asset or liability shall, upon request made by the receiver, transferee, or other person, do all such things as are by law necessary to complete the registration of the transfer or assignment.

K. After the appointment of a receiver for the Bank, the receiver may request a stay for a period not to exceed ninety (90) days in any judicial or administrative action or proceeding to which the Bank is or becomes a party. Upon receipt of a request by any receiver pursuant to this paragraph for a stay of any judicial or administrative action or proceeding in any court or administrative body with jurisdiction of such action or proceeding, the court or administrative body shall grant such stay as to all parties.

L. Except as provided in this Act, no court, officer, employee, agency, or department of the Commonwealth of Puerto Rico may take any action, except at the request of the receiver, to restrain or affect the exercise of the powers and functions of the receiver. Except as permitted in this Act, the exclusive remedy in any judicial action against the receivership, or the Bank in receivership, shall be compensatory monetary damages, which shall not include any punitive or other non-compensatory damages.

M. Once a receiver for the Bank has been appointed, the receiver shall have the discretion to use the services of those employees of the Bank that are necessary to exercise its function and powers pursuant to this Act, and in that sense, it may temporarily suspend every clause, precept and/or provision applicable to such employees and/or positions of the Bank contained in applicable laws, collective agreements, supplemental agreements, policies, employment manuals, circular letters, contractual letters, addenda, certifications, rules, regulations and employment conditions, regulation letters, classification plans and/or remuneration plans, referring to all and any employment condition, provided that the salary and marginal benefits of such employees are not reduced. The receiver may also order, effectuate or request the detachment and/or transfer of the Bank’s employees to other agencies or existing entities or new entities created by this Act and/or any other legislation, including to any subsidiary of the Bank or to a bridge bank created pursuant to Article 14 of this Act. In the case the Bank is liquidated, the receiver may also effectuate dismissals. If the employees of the Bank are permanently transferred to an existing agency, the terms and conditions of their employment shall be modified to comply with any law, regulation and/or agreement that addresses the remuneration and classification of the employees of the agency to which they have been transferred. In every case, the terms and conditions of employment effective as of the time the receiver is appointed shall be honored, including the rights, privileges, obligations and seniority, acquired pursuant to applicable laws, collective bargaining agreements and current personnel regulations, subject to the modifications contained in Act 66-2014 [Note: As amended by Act 125-2015] while it remains effective. In addition, the salaries, wages or commissions of every employee shall be guaranteed in every case, including payments related to paid vacations, allowances and sick leaves or other similar employment benefits acquired prior to the appointment of a receiver, in accordance with the employment policies of the Bank or applicable laws. The transfer of employees to a bridge bank shall also be governed by the provisions included in Article 14 of this Act.

N. For purposes of interpreting Articles 11 to 14 of this Act, a court shall consider, to the extent applicable, jurisprudence interpreting Title 12 of the United States Code.

Section 12. — Priority of expenses and unsecured claims in a receivership.

A. Unsecured claims against the Bank, or the receiver for the Bank under this Act, that are proven to the satisfaction of the receiver, shall have priority in the following order:

(1) Administrative expenses of the receiver.

(2) Wages, salaries, or commissions, including vacation, severance, and sick leave pay, or other similar employee benefits, earned by an individual prior to the appointment of the receiver in accordance with the Bank’s employment policies or by applicable law.

(3) Contributions owed to employee benefit plans arising from services rendered before the date of appointment of the receiver.

(4) Any unpaid balance of money held by the Bank in its depository accounts for the credit of a depositor (including amounts owed for any reason to depository institutions) and any other general or senior liability of the Bank (which is not a liability described in clause (5)).

(5) Any obligation that is statutorily or contractually subordinated to general unsecured creditors.

B. This Article shall not affect secured claims or security entitlements in respect of assets or property held by the Bank, and all such secured claims or security entitlements shall be paid from the security or from the realized value of the security. To the extent that the security is insufficient to satisfy the claim, then the difference between the claim and the realized value of the security shall be paid in accordance with this Section.

C. Notwithstanding any other provision of this Act or the Puerto Rico Emergency Moratorium and Financial Rehabilitation Act, a depositor or receiver may offset the amount of its deposit against any outstanding balance of a loan from the Bank as full and final payment up to the amount of the deposit.

D. The priority for administrative expenses, as that term is used in subsection (A), shall include (i) those obligations incurred by the Bank before the appointment of the receiver relating to goods and services provided to the Bank before such appointment, other than individual claims in excess of a threshold to be determined by the receiver in its reasonable discretion; (ii) those obligations incurred by the Bank after the appointment of the receiver relating to goods and services provided to the Bank after such appointment; and (iii) any other obligations that the receiver determines are appropriate to facilitate the orderly resolution of the Bank.

E. The Secretary of the Treasury, after consultation with the receiver and the Governor, shall have the power to waive, reduce, subordinate or assign any claim of a governmental unit except if such governmental unit is a municipality, provided, however, that any portion of a claim that has been assigned pursuant to this subsection may not be setoff by the assignee as provided for in subsection (C) of this Section.

Section 13. — Provisions relating to contracts entered into before appointment of receiver.

A. Except as otherwise provided by this Article, the receiver may enforce any contract or agreement entered into by the Bank notwithstanding any provision of a contract providing for termination, default, acceleration, or exercise of rights upon, or by reason of, insolvency or the appointment of a receiver to the extent necessary for the orderly administration and/or winding up of the Bank’s affairs.

B. In addition to any other rights a receiver may have, the receiver, in the exercise of his power to administer and wind up the Bank, may disaffirm or repudiate any contract or lease (1) to which the Bank is a party; (2) if, in the receiver’s discretion, its continued performance will be burdensome; and (3) if, in the discretion of the receiver, the disaffirmance or repudiation of the contract or lease will promote the orderly administration and/or winding up of the Bank’s affairs.

C. The receiver appointed shall determine whether or not to exercise the rights of repudiation under this Section within one hundred eighty (180) days following such appointment.

D. The liability of the receivership for the disaffirmance or repudiation of any contract pursuant to subsection (B) shall be (1) limited to actual direct compensatory damages; and (2) determined as of the date of the appointment of the receiver.

For purposes of this subsection, the term “actual direct compensatory damages” does not include punitive or exemplary damages, damages for lost profits or opportunity, or damages for pain and suffering.

E. No person may exercise any right or power to terminate, accelerate, or declare a default under any contract to which the Bank is a party (and no provision in any such contract providing for such default, termination, or acceleration shall be enforceable), or to obtain possession of or exercise control over any property of the Bank or affect any contractual rights of the Bank, in reliance on, and the receiver may enforce any contract notwithstanding, any provision of the contract providing for termination, default, acceleration, or exercise of rights upon, or solely by reason of, insolvency, financial condition, the appointment of or the exercise of rights or powers by a receiver, or the transfer of any operations, assets or liabilities of the Bank to a bridge bank pursuant to Article 14 of this Act or to any other person or entity, provided, however, no provision of this Section may be construed as impairing or affecting any right of the receiver to enforce or recover under a liability insurance contract of a director or officer or financial institution bond under other applicable law.

F. No person may exercise any right or power to terminate, accelerate, or declare a default under any contract to which the Bank is a party (and no provision in any such contract providing for such default, termination, or acceleration shall be enforceable), or to obtain possession of or exercise control over any property of the Bank or affect any contractual rights of the Bank, without the consent of the receiver for the Bank during the 90-day period beginning from the appointment of the receiver, provided, however, no provision of this paragraph shall apply to a director or officer liability insurance contract or a financial institution bond, or shall be construed as permitting the receiver to fail to comply with otherwise enforceable provisions of such contract.”

Section 14. — Power to organize and operate a bridge bank.

A. When a receiver has been appointed for the Bank, the Secretary of the Treasury of Puerto Rico shall have the power, in his/her discretion, to organize and charter a temporary bank to be referred to as a bridge bank to assist the receiver in fulfilling its powers and duties. Such bank shall be organized and chartered pursuant to a Charter Resolution adopted by the Secretary of the Treasury of Puerto Rico and filed in the Department of State. The bridge bank shall be chartered on the date the Charter Resolution is filed in the Department of State. The Department of State shall proceed to register the bridge bank as a banking institution. Any amendment to the Charter Resolution shall also be filed in the Department of State. The effective date shall be the date of filing.

B. A bridge bank so organized shall have (1) the powers, benefits and attributes set forth in Article 2 of this Act and the tax exemptions set forth in Article 5 of this Act; and (2) those powers, rights, functions and duties conferred to the Bank and such limitations as are imposed on the Bank by this Act and by any other Commonwealth or federal statute, except to the extent that any powers, benefits, attributes, rights, functions and duties provided in clauses (1) and (2) are limited or otherwise modified by the Secretary of the Treasury of Puerto Rico in the bridge bank’s Charter Resolution, subject to and in accordance with the provisions of this Article. The provisions of Act No. 55 of May 12, 1933, as amended, known as the Puerto Rico Banking Act, shall not apply to the bridge bank. Such bridge bank shall be under the management of a board of directors, which initially shall be the Board of Directors of the Bank and shall thereafter, or upon the occurrence of a vacancy, be appointed in the same manner as the members of the Board of Directors of the Bank were appointed pursuant to this Act. To the extent the receiver transfers to the bridge bank any of the subsidiaries of the Bank whose Board of Directors is the same as that of the Bank, the Board of Directors of such subsidiary shall upon such transfer be the same as that of the bridge bank. If the bridge bank ceases to exist, the members of the Board of Directors of any surviving subsidiary shall be appointed in the same manner as the members of the Board of Directors of the Bank were appointed pursuant to this Act. The name of the bridge bank shall be set forth in its Charter Resolution. For the avoidance of doubt, upon the charter of a bridge bank, any reference to the Bank in any Commonwealth law shall be understood to refer and apply to such bridge bank, as applicable, but in no case shall the bridge bank be responsible for any liabilities of the Bank unless such liabilities are expressly assumed by the bridge bank. The Secretary of the Treasury may include in the Charter Resolution a provision whereby any or all of the Bank’s subsidiaries and affiliates shall become subsidiaries or affiliates of the bridge bank.

C. The receiver may transfer any or all of the Bank’s powers, rights, functions and duties, and any ownership, contractual or operational interests or relationships between the Bank and its subsidiaries and affiliates to the bridge bank, as is determined to be appropriate.

D. In transferring assets and liabilities to a bridge bank, and otherwise conducting its operations, the receiver may exercise all powers granted to the receiver and shall not be subject to any limitation on the transfer of assets or liabilities contained in this Act when making such transfer.

E. The bridge bank may (1) assume such liabilities of the Bank, including deposits, as the receiver may, in its discretion, determine to be appropriate; (2) purchase such assets (including assets associated with any trust business); of the Bank as the receiver may, in its discretion, determine to be appropriate; (3) assume such rights, titles, powers, privileges, interests or authorities of the Bank relating to its subsidiaries or affiliates (which subsidiaries or affiliates shall thereafter have all rights, titles, powers, privileges, interests, or authorities as they enjoyed on the date they were transferred to the bridge bank); and (4) perform any other function that the Secretary of the Treasury, may, in its discretion, prescribe in accordance with this Section. Such bridge bank shall not be subject to any requirement to maintain deposit reserves above a certain threshold pursuant to applicable law and, to the extent a reserve requirement may be deemed to apply to such bridge bank, the Secretary of the Treasury may waive this requirement upon the granting of a charter to such bridge bank.

F. The receiver shall order the transfer of all permanent, temporary and/or non-union employees, that work for the Bank to the bridge bank and said employees shall become employees of the bridge bank. This transfer of employees shall be effectuated while honoring the terms and conditions of employment effective as of the appointment of the receiver, including the rights, privileges, obligations and seniority, acquired pursuant to applicable laws, collective bargaining agreements and current personnel regulations, subject to the modifications contained in Act 66-2014 [Note: As amended by Act 125-2015] while it remains effective. None of the provisions of this Act shall affect the constitutional right to collective bargaining enjoyed by the employees of the Bank, nor the vested rights, benefits and privileges, by virtue of any collective bargaining agreements. The bridge bank shall recognize the unions that represent the unionized workers of the Bank transferred to the bridge bank and shall assume the applicable collective bargaining agreements in effect on such date. Rights with regard to any pension or retirement system to which they may be affiliated or members of on the effective date of this Act shall also be guaranteed. The bridge bank shall be obligated to satisfy to all employees any of their salaries, wages, commissions, including payments related to vacations, allowances and sick leaves or other employment benefits acquired prior to the appointment of the receiver, in accordance with the Bank’s employment policies or applicable law.

G. The bridge bank, and each of its subsidiaries, shall be an independent public corporation and a public instrumentality of the Commonwealth of Puerto Rico with separate legal existence, fiscal and administrative autonomy, and independence from the Commonwealth.

H. A bridge bank shall be treated as the Bank in default at such times and for such purposes as the receiver for the Bank may, in its discretion, determine, and shall not otherwise be treated as in default or insolvent.

I. The Secretary of the Treasury of Puerto Rico may provide funding on behalf of the Commonwealth of Puerto Rico and provide such guarantees under Act No. 12 of May 9, 1975, as amended, or other support appropriate to facilitate the operation and conduct of the business of the bridge bank and any of its subsidiaries consistent with the authorities provided by this Article, and to facilitate any transaction described in this Section by the bridge bank or facilitate the acquisition or transfer of any functions or assets, or the assumption of any liabilities, of the Bank or of the bridge bank as provided in this Section.

J. The receiver for the Bank may transfer any operations, assets, and liabilities of the Bank (including any operations, assets or liabilities associated with any trust or custody business) to the bridge bank, in accordance with subsections (A)-(D). At any time after the establishment of the bridge bank with respect to the Bank, the receiver may transfer any operations, assets and liabilities of the Bank or the bridge bank and take any other action as it determines, in his discretion, to be appropriate in accordance with subsections (A)-(D). The transfer of any operations, assets or liabilities to a bridge bank shall be effective without any further approval under Commonwealth law, assignment, or consent with respect thereto. Assets may be transferred to a bridge bank in exchange for such bank’s obligation to pay, over time, with interest at the then applicable judgment rate of interest, an amount determined by the receiver, which amount shall be at least the amount that the Bank’s creditors whose debt is not assumed by the bridge bank would have received for the value of the assets transferred to the bridge bank, after taking into account the benefit to creditors of the Bank of the bridge bank’s assumption of liabilities of the Bank, as if the Bank had been liquidated on the date of the appointment of the receiver (the “Net Liquidation Amount”). Any judicial action to which a bridge bank becomes a party by virtue of its acquisition of any assets or assumption of any liabilities of the Bank shall be stayed from further proceedings for a period of not longer than ninety (90) days (or such longer or shorter period as may be agreed to upon the consent of all parties) at the request of the bridge bank. The receiver shall determine the Net Liquidation Amount by taking the average of two assessments of such amount by two independent valuation experts provided full access to the Bank’s records and sufficient time to determine the likely liquidation value, net of expenses, that could be obtained for the Bank’s assets if sold with a reasonable amount of marketing within ninety (90) days of the date the receivership commenced, provided, however, that if the higher assessment is more than 20% higher than the lower assessment of the Net Liquidation Value, the receiver shall retain a third independent valuation experts that shall prepare its assessment after having access to the Bank’s records for a sufficient time, and the Net Liquidation Value shall be the average of the two highest assessments. If a creditor challenges the Net Liquidation Value in a judicial proceeding, there shall be a rebuttable presumption that the Net Liquidation Value is correct.

K. Any bridge bank that the Secretary of the Treasury of Puerto Rico charters in relation to the resolution or restructuring of the Bank, and any subsequent transferee of all or any part of the operations, assets, or liabilities of the Bank, shall not be a successor entity to the Bank and shall not be subject to any liability arising from the operations of the Bank before the appointment of the receiver, except as contractually agreed by the bridge bank and the receiver, as applicable.

L. Subject to subsections (M) and (P), the charter of a bridge bank as such shall terminate two (2) years after the date it was granted or at such earlier time as determined by the Secretary of the Treasury of Puerto Rico. The Secretary of the Treasury of Puerto Rico may, in his discretion, extend the status of the bridge bank as such for no more than 3 additional 1-year periods. The termination of the charter for the bridge bank shall not affect any of its subsidiaries and affiliates, and each shall remain as independent public corporations, unless otherwise provided by the Secretary of the Treasury, whose board of directors shall be appointed in the same way the board of directors of the Bank was appointed.

M. The Secretary of the Treasury of Puerto Rico may amend the charter of the bridge bank to reflect the termination of the status of the bridge bank as such and provide that the bridge bank shall be a new bank, whereupon the bridge bank shall have all of the rights, powers, and privileges under its constituent documents and applicable Commonwealth law. In connection therewith, the bridge bank may be deemed to succeed by operation of law to such rights, titles, powers, and interests of the bridge bank provided by its charter.

N. The bridge bank may take any and all actions that are reasonable and necessary to allow the bridge bank to operate normally and fulfill its statutory obligations, including without limitation—

(1) prescribing such conditions or restrictions for the conduct of the business of the bridge bank;

(2) limiting or conditioning the disbursement of any loans;

(3) limiting or conditioning any withdrawals or transfers of deposits pursuant to terms the bridge bank prescribes to address the bridge bank’s liquidity needs or facilitate the bridge bank’s ability to perform its normal operations; and

(4) limiting or suspending —

(A) payments on any obligation;

(B) payments on any letter of credit; and

(C) any obligation or commitment to lend or extend money or credit.

O. Notwithstanding anything to the contrary in this law, the bridge bank shall not have the authority to require government entities to deposit in the bridge bank pursuant to Article 1 of Act 24-2014.

P. Notwithstanding any other provision of Commonwealth law, if the status of a bridge bank as such has not previously been terminated pursuant to subsection (L) or (M), (1) the Board of Directors, with the approval of the of the Secretary of Treasury of Puerto Rico, shall dissolve the bridge bank in accordance with this subsection at any time; and (2) the board of directors of the bridge bank with the approval of the Secretary of Treasury shall promptly commence dissolution proceedings in accordance with this paragraph upon the expiration of the 2-year period following the date on which the bridge bank was chartered, or any extension thereof, as provided in subsection (M). The Secretary of the Treasury of Puerto Rico may appoint a receiver for a bridge bank if it determines that such action will facilitate the winding up and final resolution of the bridge bank or the Bank in receivership. The receiver for a bridge bank shall wind up the affairs of the bridge bank in conformity with the provisions of law relating to the resolution of the Bank under this Act. With respect to any such bridge bank, the receiver shall have all the rights, powers, and privileges and shall perform the duties related to the exercise of such rights, powers, or privileges, granted by law to the receiver for the Bank under this Act and, notwithstanding any other provision of Commonwealth law, in the exercise of such rights, powers, and privileges, the receiver shall not be subject to the direction or supervision of any agency of the Commonwealth of Puerto Rico, except as provided for a receiver for the Bank in this Act.

Section 15. — [Misfeasance of directors] (7 L.P.R.A. § 560)

   If any director of the Bank shall violate or knowingly or negligently permit any of the officers, agents or employees of the Bank to violate any law or any of the provisions of the Charter of the Bank, the matter shall be reported to the Governor by the Treasurer of Puerto Rico. Upon receiving such report the Governor shall call a meeting of the Executive Council and shall submit to it the report with his recommendations. The Executive Council shall give the director under charge the opportunity to be heard and thereafter it may remove such director and take whatever additional action it may deem necessary.

Section 16. — [Certification of checks, penalty for fraud] (7 L.P.R.A. § 561)

   Neither the Bank or any officer, agent or employee thereof shall certify any check drawn upon it unless the drawer of such check has on deposit with the Bank at the time such check is certified an amount not less than the amount of such check. Any check so certified by a duly authorized officer, agent or employee of the Bank shall be a valid obligation of the Bank in the hands of any person holding such check in good faith; but any officer, agent or employee of the Bank who knowingly acts in violation of the provisions of this section shall be deemed guilty of a misdemeanor and shall be liable to imprisonment for not less than one nor more than two (2) years.

Section 17. — [Preferential transfers ineffective] (7 L.P.R.A. § 562)

   All transfers of notes, bonds, bills of exchange or credits of the Bank or of deposits to the credit thereof, and all assignments of mortgages, security on real property, or of judgments or decrees in favor of the Bank, and all deposits of money, gold and silver in bars, or other thing of value and all payments of money to its creditors, made while the Bank is insolvent, or in anticipation of insolvency, with the intent of preventing the application of the assets of the bank in the manner prescribed in this act, or with the intent of giving preference to one creditor over another, shall be null and ineffective; and no attachment, levy, execution, foreclosure or writ of injunction shall issue against the Bank or against its properties, before final judgment is rendered in any suit, action or proceedings in the Court of First Instance.

Section 18. — The members of the Board of Directors, officers, and employees of the Bank shall be indemnified by the Bank and shall not have any personal civil liability to any entity for actions taken or not taken in good faith in their capacity and authority, absent clear and convincing proof of gross negligence comprising reckless disregard of, and failure to perform, applicable duties. Any civil action brought in any court for gross negligence shall be dismissed with prejudice if the defendant produces documents showing such defendant was advised of relevant facts, participated in person or by phone, and deliberated in good faith or received and relied on the advice of experts in respect of whatever acts or omissions form the basis of the complaint.

Section 19. — [Embezzlement and other offenses] (7 L.P.R.A. § 564)

   Every director, officer, employee or agent of the Bank who embezzles, abstracts or wilfully misapplies any moneys, funds, credits or securities of the Bank, or who, without being duly authorized, issues or draws any certificate of deposit, draws any order or bill of exchange, makes any acceptance, assigns any note, bond, draft, bill of exchange, mortgage, judgment or decree for, or who makes any false entry in any book report or statement of, the Bank, with intent, in any of such cases, to injure or defraud the Bank or any other company, body politic or corporate, or any individual person, or to deceive any officer of the Bank or any agent appointed to examine the affairs of the Bank, and every person who with like intent aids or abets any director, officer, agent or employee in any violation of this section, shall be deemed guilty of a felony, and shall be imprisoned for not less than ten (10) years; Provided, That the Bank shall collect and cover into its funds, from the amount of any life insurance policy which the Bank may have taken for such director, officer, employee or agent and the premiums which the Bank may have paid, up to the sum embezzled or disposed of by the director, officer, employee or agent, and the director, officer, employee or agent, his beneficiaries, assignees or successors in interest shall lose all rights to the benefits of such policy.

Section 20. — [False rumors of insolvency] (7 L.P.R.A. § 565)

   Any person or publication that knowingly and maliciously makes, circulates or transmits to another, or to others, any statement, rumor or suggestion, whether written, printed, or by word of mouth, which directly or by inference discredits the financial condition of the Bank or any of its branches, or which affects its solvency or credit, or any person or publication that advises, aids, procures, or induces another to originate, transmit, or circulate any such statement or rumor, shall be guilty of a felony, and upon conviction shall be punished by a fine of not less than five hundred dollars ($500), or by confinement in the penitentiary for a term of not more than five (5) years, or by both penalties.

Section 21. — [Banking Law not applicable] (7 L.P.R.A. § 566)

   In view of the inclusion in this act of all necessary and pertinent provisions similar to provisions contained in the "Banking Law", none of the provisions of the "Banking Law" shall apply to the Bank, its directors, officers, employees, or agents.

Section 22. — [Obligations or commitments not impaired] (7 L.P.R.A. § 567)

   No amendment to this act or to any other law of Puerto Rico shall impair any obligations or commitment of the Bank.

Section 23. — [Separability] (7 L.P.R.A. § 551 note)

   If any provisions of this act or the application of such provisions to any person or circumstance shall be held invalid, the remainder of the act and the application of such provisions to persons or circumstances other than those as to which it is held invalid shall not be affected thereby.

Section 24. — [English version of text prevails] (7 L.P.R.A. § 568)

   It is hereby declared that the official text of this act is the English version thereof and if in the interpretation and application of this act any conflict arises as between the Spanish and the English texts thereof, the latter shall prevail over the former.

Section 25. — It is hereby declared that an emergency exists which justifies the immediate effectiveness of this Act, and the same shall, therefore, take effect immediately after its approval.

Artículo 26. — Por la presente se declara que existe una emergencia que justifica la inmediata vigencia de esta Ley, y la misma por lo tanto, empezará a regir a partir de la fecha de su aprobación.

Note. This compilation was prepared by the Puerto Rico Office of Management and Budget staff who have striven to ensure it is complete and accurate. However, this is not an official compilation and may not be completely free of error. It contains all amendments incorporated for reading purposes only. For accuracy and exactitude please refer to the act original text and the collection of Laws of Puerto Rico Annotated LPRA. The state links acts are property of Legislative Services Office of Puerto Rico. The federal links acts are property of US Government Publishing Office GPO . Compiled by the Office of Management and Budget Library.

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente.  Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

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