“Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”

 

Ley Núm. 125 de 7 de mayo de 1942, según enmendada

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

Ley Núm. 453 de 25 de Abril de 1946

Ley Núm. 27 de 21 de Abril de 1948

Ley Núm. 444 de 14 de Mayo de 1952

Ley Núm. 463 de 14 de Mayo de 1952

Ley Núm. 74 de 13 de Junio de 1953

Ley Núm. 17 de 19 de Abril de 1955

Ley Núm. 85 de 26 de Junio de 1959

Ley Núm. 55 de 22 de Mayo de 1968

Ley Núm. 47 de 22 de Mayo de 1968

Ley Núm. 31 de 18 de Junio de 1971

Ley Núm. 46 de 4 de Junio de 1982

Ley Núm. 65 de 17 de Agosto de 1989

Ley Núm. 33 de 9 de Agosto de 1990

Ley Núm. 28 de 26 de Julio de 1991

Ley Núm. 29 de 26 de Julio de 1991

Ley Núm. 243 de 14 de Agosto de 1998

Ley Núm. 128 de 15 de Mayo de 2003

Ley Núm. 183 de 8 de Diciembre de 2016)

 

         

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

Artículo 1. Título Abreviado. (23 L.P.R.A. § 331)

 

   Esta ley podrá citarse con el nombre de “Ley de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico”.

 

Artículo 2. Definiciones. (23 L.P.R.A. § 332)

 

   Los siguientes términos, dondequiera que aparecen usados o aludidos en esta ley, tendrán los significados que a continuación se expresan, excepto donde el contexto claramente indique otra cosa:

(a) Autoridad. — Significará la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico que se crea por esta ley.

(b) Bonos. — Significará los bonos, bonos temporeros, bonos convertibles, obligaciones, pagarés, bonos provisionales o interinos, recibos, certificados, u otros comprobantes de deudas u obligaciones que la Autoridad está facultada para emitir de acuerdo con esta ley, pero no incluirá las deudas o cuentas en que se incurra en el curso ordinario de los negocios para gastos de la Autoridad.

(c) Director Ejecutivo. — Significará el Director Ejecutivo de la Autoridad.

(d) Junta o Junta de Directores. — Significarán la Junta de Directores de la Autoridad.

(e) Empresa. — Significará cualesquiera propiedad o propiedades o combinación de las mismas, bien sea inmueble, mueble o mixta, que la Autoridad posea, explote, administre, controle o use, o que se destine para esa posesión, explotación, administración, control o uso en relación con cualquiera de sus actividades, incluyendo, pero sin limitarse, a cualesquiera sistema o sistemas, buques y naves aéreas, oficinas, equipo, materiales, combustibles, energía, servicios, facilidades, estructuras, plantas, vehículos, y material rodante, junto con todas sus partes y pertenencias, que se usen o puedan usarse, o que sean útiles o convenientes para conducir cualquiera de las actividades o servicios que comúnmente realizan los porteadores públicos y las empresas navieras y aéreas que se dedican a la transportación de personas o propiedad, o actividades o servicios auxiliares o complementarios de los mismos.

   Empresa significará además terminales aéreos y marítimos según subsiguientemente se definen:

(1) Terminal aéreo. — Significará desarrollos consistentes de pistas, hangares, torres de control, rampas, muelles, malecones, edificios, estructuras, áreas de estacionamiento, mejoras, facilidades u otra propiedad inmueble necesaria, conveniente o deseable para el aterrizaje, despegue, acomodo y servicio de naves aéreas de todos los tipos, incluyendo aeroplanos, dirigibles, helicópteros, planeadores, anfibios, hidroplanos, o cualquier otro aparato que ahora o en el futuro se use para la navegación o vuelo en el espacio, operados por porteadores públicos de personas o propiedad, o para cargar, descargar, intercambiar o trasladar tales pasajeros o su equipaje, o tal propiedad, o de otra manera para la comodidad, uso o conveniencia de tales pasajeros, o de tales porteadores o sus empleados, o de las personas que visiten los aeropuertos o para el aterrizaje, despegue, acomodo o servicio de naves aéreas poseídas u operadas por personas otras que porteadores.

(2) Terminales marítimos. — Significará desarrollos consistentes de uno o más muelles, atracaderos, embarcaderos, malecones, diques, dársenas, carreteras para vehículos, conexiones ferroviarias, desviaderos, apartaderos u otros edificios, estructuras, facilidades o mejoras necesarias o convenientes para acomodar vapores y otras embarcaciones y su carga y pasajeros.

(f) Agencia federal. — Significará los Estados Unidos de América, el Presidente, o cualquiera de sus departamentos, o cualquier corporación, agencia o instrumentalidad creada o que pueda crearse, designarse o establecerse por los Estados Unidos de América.

(g) Tenedor de bonos o bonista. — O cualquier término similar significará cualquier persona que sea portadora de cualquier bono o bonos en circulación, inscritos a su nombre o no inscritos, o el dueño, según el registro, de cualquier bono o bonos en circulación que a la fecha estén inscritos a nombre de otra persona que no sea el portador.

(h) Las palabras usadas en el número singular incluirán el número plural y viceversa, y las palabras que se refieran a personas incluirán firmas, sociedades de todas clases y corporaciones.

(i) Emergencia. — Significará aquella situación revestida de unas necesidades públicas inaplazables, inesperadas e imprevistas causadas por sucesos o circunstancias de desgracia o infortunio fuera del alcance humano, que requieran acción inmediata por estar en peligro la vida o la salud de una o más personas, por estar en peligro de dañarse o perderse la propiedad pública o por estar en peligro de suspenderse o afectarse adversamente el servicio público. Dicha situación deberá ser establecida mediante resolución aprobada por la Junta de Directores de la Autoridad, donde se indique y fundamente en qué consiste tal emergencia.

 

Artículo 3. Creación de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. (23 L.P.R.A. § 333)

 

(a) Por la presente se crea un cuerpo corporativo y político que constituirá una corporación pública e instrumentalidad gubernamental del Estado Libre Asociado de Puerto Rico con el nombre de Autoridad de los Puertos de Puerto Rico. La Autoridad de los Puertos de Puerto Rico será la sucesora de la Autoridad de Transporte de Puerto Rico a todos los efectos incluyendo, pero sin que se entienda como limitación, el cobro y pago de las deudas y obligaciones de acuerdo con los términos de las mismas.

(b) La Autoridad creada por la presente es y deberá ser una instrumentalidad gubernamental y corporación pública con existencia y personalidad legales separadas y aparte de las del Gobierno y de cualquiera de los funcionarios del mismo. Las deudas, obligaciones, contratos, bonos, notas, pagarés, recibos, gastos, cuentas, fondos, empresas y propiedades de la Autoridad, sus funcionarios, agentes o empleados, debe entenderse que son de la mencionada corporación gubernamental controlada y no del Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni de ningunas oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipios, ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo.

 

Artículo 4. Facultades Ejecutivas. (23 L.P.R.A. § 334)

 

   La Autoridad de los Puertos será regida por una Junta de Directores integrada por el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Administrador de Fomento Económico, el Secretario de Comercio, el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo y un (1) ciudadano particular en representación del interés público. Este último será designado por el Gobernador, con el consejo y consentimiento del Senado, por el término de cuatro (4) años y hasta que su sucesor sea designado. El Gobernador podrá separar de su cargo al representante del interés público, previa formulación de cargos, notificación y audiencia, por negligencia en el desempeño de sus funciones, convicción por delito grave o menos grave que implique depravación moral, ausencia reiterada e injustificada a las reuniones de la Junta, conflicto de intereses o incapacidad total y permanente para el desempeño de las funciones del cargo. La vacante del miembro que representa el interés público que surja antes de expirar el término será cubierta mediante nuevo nombramiento por el término no cumplido. El Gobernador deberá cubrir la vacante del miembro que representa el interés público dentro de un período no mayor de sesenta (60) días, luego de ésta haber ocurrido. Una mayoría de los miembros que componen la Junta de Directores constituirá quórum para todos los fines y los acuerdos se tomarán por la mayoría de los presentes.

   El miembro de la Junta que representa el interés público tendrá derecho a recibir una compensación de cincuenta dólares ($50) por cada día o fracción de éste en que asista a una reunión debidamente convocada.

   El Presidente de la Junta será el Secretario de Transportación y Obras Públicas. La Junta de Directores elegirá de entre sus miembros los otros oficiales que determine necesarios. Se reunirá por lo menos una (1) vez al mes en reunión ordinaria y podrá reunirse todas las veces que lo estime pertinente en reuniones extraordinarias, previa convocatoria del Presidente.

   El Administrador de Fomento Económico, el Secretario de Comercio y el Director Ejecutivo de la Compañía de Turismo podrán delegar en el Subadministrador de Fomento Económico, el Subsecretario de Comercio y el Subdirector de la Compañía de Turismo, respectivamente, en casos excepcionales o de fuerza mayor su representación en la Junta de Directores. En ningún caso las ausencias de los jefes de agencias que integran la Junta deberán exceder de cuatro (4) veces al año.

   Disponiéndose, que no podrá desempeñar el cargo de miembro de la Junta ninguna persona que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de transporte o a cualquier negocio cuyas actividades primordiales sean auxiliares del mismo. Cuando tal incompatibilidad afecte un miembro de la Junta que no sea el representante del interés público, la vacante así creada se cubrirá, mientras dure dicha incompatibilidad, por el funcionario que le sigue en orden de jerarquía en dicha agencia. Lo anterior no constituirá una limitación al poder del Gobernador de separar de su cargo al representante del interés público, sujeto a las causas establecidas en esta sección.

   La Junta creada por virtud de esta ley tendrá, sin que se entienda como una limitación, los siguientes deberes y facultades:

(a) Establecer la política general para cumplir con los objetivos de esta ley;

(b) Autorizar el plan de trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad;

(c) Nombrar el Director Ejecutivo de la Autoridad, establecer sus deberes y poderes en armonía con lo dispuesto en esta ley y fijar su compensación;

(d) Adoptar y aprobar reglamentos que rijan su funcionamiento interno, así como aquellos que sean necesarios para desempeñar las facultades y poderes que le han sido conferidas por esta ley;

(e) Requerir al Director Ejecutivo o cualquier otro funcionario o empleado de la Autoridad, los informes y datos estadísticos que entienda necesarios;

(f) Delegar en el Director Ejecutivo cualesquiera poderes y facultades necesarios para llevar a cabo los objetivos dispuestos en esta ley;

(g) Desempeñar cualquier acto que sea conveniente o necesario para llevar a cabo los objetivos dispuestos en esta ley.

 

Artículo 5. Director Ejecutivo. (23 L.P.R.A. § 335)

 

   La Autoridad funcionará bajo la dirección de un Director Ejecutivo, quien será nombrado por la Junta y ejercerá su cargo a voluntad de esta última. Sus funciones serán, sin que constituya una limitación, las siguientes:

(a) Ser el principal oficial ejecutivo de la Autoridad;

(b) preparar y presentar a la Junta de Directores el plan de trabajo y el presupuesto anual de la Autoridad;

(c) autorizar y supervisar todo contrato que sea necesario para el funcionamiento de la Autoridad sujeto a las normas que establezca la Junta;

(d) asistir a todas las reuniones de la Junta, pero no tendrá derecho al voto;

(e) establecer, organizar, dirigir y supervisar la estructura administrativa de la Autoridad;

(f) establecer los niveles de funcionamiento de las operaciones de la Autoridad, incluyendo la facultad para reclutar y contratar a cualquiera de los funcionarios y empleados bajo su supervisión, sujeto a las normas que establezca la Junta;

(g) desempeñar todas aquellas funciones que le sean asignadas por la Junta.

 

Artículo 6. Facultades de la Autoridad. (23 L.P.R.A. § 336)

 

   Los propósitos de la Autoridad serán desarrollar y mejorar, poseer, funcionar y administrar cualquiera y todos los tipos de facilidades de transporte y servicios aéreos y marítimos, así como el establecer y administrar sistemas de transportación colectiva marítima por sí sola o en coordinación con otras entidades gubernamentales, corporativas o municipales en, para y desde el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y proporcionarle en la forma económica más amplia, los beneficios de aquéllos e impulsar por este medio el bienestar general y aumentar el comercio y la prosperidad; y a la Autoridad se le confieren, y ésta tendrá y podrá ejercer, todos los derechos y poderes que sean necesarios o convenientes para llevar a efecto los propósitos mencionados, incluyendo, pero sin limitar la generalidad de lo anterior, los siguientes:

(a) Tener sucesión perpetua como corporación;

(b) adoptar, alterar y usar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial;

(c) formular, adoptar, enmendar y derogar estatutos para regir las normas de sus negocios en general y de ejercitar y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le conceden e imponen;

(d) tener completo dominio e intervención sobre cualquier empresa que adquiera o construya, incluyendo el poder de determinar el carácter y la necesidad de todos los gastos, y el modo como los mismos deberán incurrirse, autorizarse y pagarse, sin tomar en consideración ninguna disposición de ley que regule los gastos de fondos públicos y tal determinación será final y definitiva para con todos los funcionarios del Estado Libre Asociado de Puerto Rico; y formular, adoptar, enmendar y derogar aquellas reglas y reglamentos que fueren necesarios o pertinentes para ejercitar y desempeñar sus poderes y deberes, o para regular la prestación, o venta o intercambio de servicios o facilidades de transporte;

(e) demandar y ser demandada;

(f) hacer contratos y formalizar todos los instrumentos que fueren necesarios o convenientes en el ejercicio de cualquiera de sus poderes;

(g) preparar o hacer preparar planos, proyectos y presupuestos de coste para la construcción, reconstrucción, extensión, mejora, ampliación o reparación de cualquiera empresa o parte o partes de ésta, y de tiempo en tiempo modificar tales planos, proyectos o presupuestos;

(h) adquirir en cualquier forma legal, incluyendo, sin limitación, la adquisición por compra, bien sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, arrendamiento, manda, legado o donación, y poseer, conservar, usar y explotar cualquiera empresa o parte o partes de ésta;

(i) adquirir por los procedimientos indicados en el anterior inciso (h), producir, desarrollar, manufacturar, poseer, conservar, usar, distribuir, entregar, permutar, vender, arrendar y disponer de cualquier otro modo de cualquier o todo equipo, material, servicio, efecto, y de aquellos otros bienes muebles e inmuebles que la Autoridad estime necesarios, propios, incidentales o convenientes en conexión con sus actividades;

(j) adquirir por los procedimientos indicados en el anterior inciso (h) y poseer, y usar cualesquiera bienes raíces, personales o mixtos, corpóreos o incorpóreos, o cualquier interés sobre los mismos que considere necesarios o convenientes para realizar los fines de la Autoridad, y (con sujeción a las limitaciones de esta ley) arrendar en carácter de arrendadora o permutar cualquiera propiedad o interés sobre la misma adquiridos por ésta en cualquier tiempo;

(k) construir, reconstruir y operar cualquier empresa o parte o partes de ésta, y cualesquiera adiciones, mejoras y ampliaciones a cualquier empresa de la Autoridad, mediante contrato o contratos, o bajo la dirección de sus propios funcionarios, agentes y empleados, o por conducto o mediación de los mismos;

(l)

(1) determinar, fijar, alterar, imponer, y cobrar tarifas, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las facilidades o servicios de la Autoridad, u otros artículos vendidos, prestados o suministrados por la Autoridad, que sean justos y razonables. Dichas tarifas, derechos, rentas y otros cargos deberán ser suficientes para, por lo menos:

(A) cubrir los gastos incurridos por la Autoridad en la preservación, desarrollo, mejora, extensión, reparación, conservación y funcionamiento de sus instalaciones, facilidades, propiedades y servicios;

(B) el pago de principal e intereses sobre cualesquiera bonos de la Autoridad y para cumplir con los términos y disposiciones de los convenios que se hicieren con o a beneficio de los compradores o tenedores de dichos bonos, y

(C) fomentar el uso de las facilidades y servicios de la Autoridad en la forma más amplia y variada que sea económicamente posible.

   La Junta podrá hacer cambios en la estructura general de las tarifas y si considerase necesaria la efectividad inmediata de los mismos en el caso de aumento temporero o de emergencia, radicará el reglamento tarifario en el Departamento de Estado, a tenor con las disposiciones de la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" (3 L.P.R.A. § 2101 et seq.)y celebrará una vista dentro de los treinta (30) días desde la radicación.

(2) Para determinar, fijar, alterar, imponer y cobrar tarifas, derechos, rentas y otros cargos por el uso de las instalaciones o servicios en el Aeropuerto Internacional y en los demás aeropuertos que posea u opere la Autoridad de los Puertos, así como de las instalaciones y de los frentes portuarios que posea u opere la Autoridad, se seguirán todas las normas establecidas en el inciso (l )(1) de esta sección. Sin que ello constituya una limitación a dichas normas, también se seguirán como guías que discrecionalmente pueden usarse para determinar la razonabilidad de esas tarifas, derechos, rentas y otros cargos, los siguientes criterios:

(A) Cualquier derecho o cargo sobre combustible de aviación que reciba la Autoridad no se tomará en cuenta, a los efectos de compensar los gastos y así producir alguna reducción en las tarifas, derechos, rentas y otros cargos que deban pagar los usuarios de los aeropuertos;

(B) los ingresos que reciba la Autoridad por concepto de concesiones, arrendamientos y otros servicios similares en los aeropuertos no se tomarán en cuenta con el fin de compensar los gastos y así, producir alguna reducción en las tarifas, derechos, rentas y otros cargos que deban pagar los usuarios de los mismos;

(C) a través de la estructura general de tarifas, derechos, rentas y otros cargos, la Autoridad recobrará:

1. una parte razonable de los gastos de la Oficina Central de la Autoridad, luego de deducir la proporción razonable que corresponda a la División de Isla Grande;

2. los gastos del Departamento de Aviación de la Autoridad, incluyendo los gastos de administración, operación y mantenimiento;

3. los intereses sobre el total de la inversión del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y de la Autoridad, incluyendo tanto los activos depreciables como los activos que no son depreciables;

4. los cargos por depreciación sobre todos los activos depreciables que existan en los aeropuertos como resultado de las inversiones hechas en los mismos por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico y por la Autoridad;

(D) en las áreas de aterrizaje, en los terminales de pasajeros y de carga y en las demás facilidades de cada aeropuerto se establecerán divisiones y subdivisiones separadas de costos a fin de determinar lo que razonablemente deberá cobrarse por el uso de las facilidades o servicios de cada una de dichas divisiones y subdivisiones;

(E) al fijar las tarifas y otros cargos en los terminales de pasajeros, se distribuirán los costos del espacio de circulación pública y de espera entre los inquilinos que ocupen el área arrendable;

(F) al fijar las rentas y otros cargos en los terminales de pasajeros, los costos de las áreas de reclamación de equipaje y las áreas adyacentes para remolcadores de equipaje se distribuirán exclusivamente entre las líneas aéreas que usen dichas áreas;

(G) al fijar las tarifas y otros cargos por el uso de las áreas de aterrizaje, se usará como unidad de medida el peso bruto máximo autorizado al avión para despegue y no se concederán descuentos por cantidad;

(H) al fijar las tarifas y otros cargos por el uso de las áreas de aterrizaje, en tanto los porteadores aéreos que operen en Puerto Rico o entre Puerto Rico y las Islas Vírgenes demuestren que tienen costos de operación más altos o una capacidad para pagar menor que la de los porteadores que operan entre Puerto Rico y el continente de los Estados Unidos o entre Puerto Rico y países extranjeros, se establecerá un diferencial razonable para los vuelos "locales", o sea, los vuelos a sitios localizados en Puerto Rico y en las Islas Vírgenes, de modo que para dichos vuelos las tarifas, derechos y cargos sean proporcionalmente menores que las tarifas, derechos y cargos aplicables a los vuelos que se dirijan hacia los Estados Unidos Continentales o países extranjeros;

(I) a través de la estructura general de tarifas, derechos, rentas y otros cargos, la Autoridad recobrará cualesquiera otros incrementos que sean necesarios o convenientes para permitir o facilitar la emisión de los bonos que la Autoridad de tiempo en tiempo determine autorizar, emitir, vender o tener en circulación de acuerdo con las disposiciones de esta ley;

(J) al fijar las rentas y otros cargos que la Autoridad debe imponer y cobrar a los usuarios que no son porteadores aéreos, se tendrá en cuenta que tales usuarios deben pagar aquellas tarifas, derechos, rentas y otros cargos que rindan el máximo beneficio económico a la Autoridad de los Puertos.

(3) Los procedimientos administrativos de la Autoridad se regirán por la Ley Núm. 170 de 12 de Agosto de 1988, conocida como "Ley de Procedimiento Administrativo Uniforme" (3 L.P.R.A. § 2101 et seq.) y por los reglamentos que al amparo de las mismas adopte la Junta.

(m) Nombrar aquellos funcionarios, agentes y empleados y conferirles aquellas facultades, imponerles aquellos deberes y fijarles, cambiarles y pagarles aquella compensación por sus servicios que la Autoridad determine;

(n) tomar dinero a préstamo, hacer y emitir bonos de la Autoridad para cualquiera de sus fines corporativos o para el propósito de financiar, refinanciar, pagar o redimir cualesquiera de sus bonos u obligaciones en circulación o asumidas, y garantizar el pago de sus bonos y de todas y cualesquiera de sus otras obligaciones mediante pignoración o hipoteca o cualquier otro gravamen sobre todos o cualesquiera de sus contratos, rentas, ingresos o propiedad;

(o) hacer y emitir bonos con el propósito de consolidar, reembolsar, comprar, pagar o redimir cualesquiera bonos u obligaciones, emitidos o subrogados por ella, que estén en circulación; o cualesquiera bonos u obligaciones cuyo principal o intereses sean pagaderos en total o en parte de sus rentas;

(p) aceptar donaciones de, y hacer contratos, arrendamientos, convenios u otras transacciones con cualquier agencia federal, el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o subdivisiones políticas del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y expender el producto de cualesquiera de dichas donaciones para cualquier fin corporativo;

(q) Vender o de otro modo disponer de cualquier propiedad real, personal o mixta, o de cualquier interés sobre las mismas, que a juicio de la Junta no sea ya necesaria para el negocio de la Autoridad o para efectuar los propósitos de esta ley.

(r) entrar, previa notificación a sus dueños o posesores, o a sus representantes, en cualesquiera terrenos, cuerpos de agua o propiedad con el fin de hacer mensuras, sondeos o estudios;

(s) Adquirir, poseer y disponer de acciones, derechos de miembros, contratos, bonos u otros intereses de otras corporaciones y ejercitar cualesquiera y todos los poderes o derechos en relación con los mismos, y obtener la organización de acuerdo con la ley y ejercer dominio parcial o total sobre corporaciones subsidiarias, afiliadas o asociadas, siempre que, a juicio de la Junta, tal arreglo sea necesario, apropiado o conveniente, para efectuar los fines de la Autoridad o el ejercicio de sus poderes; y vender, arrendar, donar o de otro modo conceder cualquier propiedad de la Autoridad o delegar o traspasar cualquiera de sus derechos, poderes, funciones o deberes a cualquiera de dichas corporaciones que esté sujeta a su dominio. La facultad de delegar o traspasar antes mencionada no será extensiva al derecho de expropiación de tarifas, las cuales deberán ejercitarse directamente por la Autoridad.

(t) Toda concesión de franquicia, derechos y privilegios de naturaleza pública o cuasi pública a porteadores públicos de personas o propiedad, hecha por la Comisión de Servicio Público, contendrá disposiciones requiriendo que el concesionario cumpla con los reglamentos de la Autoridad y proveyendo para la terminación de dicha franquicia por incumplimiento con este requisito;

(u) La Autoridad requerirá, por vía electrónica o manual, de las empresas de transportación aérea y marítima, que utilizan sus facilidades, la información estadística específica sobre el número de viajeros, gastos incurridos, satisfacción e intereses de éstos, entre otras, para desarrollar una base de datos que contribuya a la planificación y mercadeo efectivo de la actividad turística. Dicha información se suplirá con carácter confidencial haciéndose disponible las cifras detalladas y agregadas a los estudiantes, universidades, prensa, agencias gubernamentales, las empresas turísticas que las suplieron así como a los inversionistas potenciales para ayudarles en el desarrollo de sus planes, previa solicitud ante la Autoridad. Esta disposición no menoscabará los poderes o facultades otorgadas a otras agencias, dependencias o instrumentalidades del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, que traten sobre este mismo asunto.

(v) Realizar todos los actos o cosas necesarias o convenientes para llevar a efecto los poderes que se le confieren por los Artículos 1 al 22 de esta ley o por cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico o del Congreso de los Estados Unidos; Disponiéndose, sin embargo, que la Autoridad no tendrá facultad alguna en ningún tiempo ni en ninguna forma para empeñar el crédito o el poder de imponer tributos del Estado Libre Asociado de Puerto Rico o de cualquiera de sus subdivisiones políticas; ni será el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguna de sus subdivisiones políticas responsables del pago del principal de cualesquiera bonos emitidos por la Autoridad o de los intereses sobre los mismos.

 

Artículo 7. Funcionarios y Empleados. (23 L.P.R.A. § 337)

 

(a) Nombramientos, separaciones, ascensos, traslados, ceses, reposiciones, suspensiones, licencias y cambios de categoría, remuneración o título de los funcionarios y empleados de la Autoridad se harán y permitirán como dispongan las normas y reglamentos que prescriba la Junta, las que deberán estar de conformidad con los principios de mérito establecidos en la Ley Núm. 5 de 14 de Octubre de 1975, según enmendada conocida como “Ley de Personal del Servicio Público de Puerto Rico”. El Director Ejecutivo y los funcionarios y empleados de la Autoridad tendrán derecho al reembolso de los gastos necesarios de viaje, o en su lugar a las dietas correspondientes, que sean autorizados o aprobados de acuerdo con los reglamentos adoptados por la Junta para la Autoridad. Los funcionarios y empleados de cualquier junta, comisión, agencia o departamento del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que sean nombrados por la Autoridad y que, con anterioridad a tal nombramiento fueran beneficiarios de cualquier sistema de fondo de ahorro y préstamo, continuarán teniendo después de dicho nombramiento los derechos, privilegios, obligaciones y status , respecto a los mismos, que la ley prescribe para los funcionarios y empleados que ocupan posiciones similares en el Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, a menos que, en el término de seis (6) meses después de tal nombramiento, dichos funcionarios y empleados o cualquiera de ellos signifique la intención de renunciarlos.

(b) No podrá desempeñar el cargo de funcionario, empleado o agente de la Autoridad ninguna persona que tenga interés económico, directo o indirecto, en alguna empresa privada dedicada al negocio de transporte o a cualquier negocio cuyas actividades primordiales sean auxiliares del mismo.

 

Artículo 8. Dineros y Cuentas de la Autoridad. (23 L.P.R.A. § 338)

 

   Todos los dineros de la Autoridad se depositarán en depositarios reconocidos para los fondos del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, pero se mantendrán en cuenta o cuentas separadas inscritas a nombre de la Autoridad. Los desembolsos se harán por ella de acuerdo con los reglamentos y presupuestos aprobados por la Junta.

   El Secretario de Hacienda, mediante consulta con la Autoridad, establecerá el sistema de contabilidad que se requiera para los adecuados control y registro estadísticos de todos los gastos e ingresos pertenecientes a, o administrados o controlados por, la Autoridad. El Secretario de Hacienda requerirá que las cuentas de la Autoridad se lleven en tal forma que apropiadamente puedan segregarse hasta donde sea aconsejable, las cuentas en relación con las diferentes clases de operaciones, proyectos, empresas y actividades de la Autoridad. El Contralor de Puerto Rico o su representante examinará cada tres (3) años, o en períodos menores cuando así se estime necesario, las cuentas y los libros de la Autoridad, incluyendo sus ingresos, desembolsos, contratos, arrendamientos, fondos en acumulación, inversiones y cualesquiera otras materias que se relacionen con su situación económica e informará respecto a las mismas a la Junta, al Gobernador de Puerto Rico y a la Asamblea Legislativa.

 

Artículo 9. Adquisición de Bienes por el Estado Libre Asociado para la Autoridad. (23 L.P.R.A. § 339)

 

   A solicitud de la Autoridad, el Gobernador de Puerto Rico, o el Departamento de Transportación y Obras Públicas a través de su Secretario, tendrá facultad para comprar, ya sea por convenio o mediante el ejercicio del poder de expropiación forzosa, o por cualquier otro medio legal, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, cualquier título de propiedad o interés sobre la misma que la Junta estime necesaria o conveniente para los fines de la Autoridad. La Autoridad podrá poner anticipadamente a disposición de dichos funcionarios aquellos fondos que puedan necesitarse para pagar dicha propiedad, y una vez adquirida la misma, podrá reembolsar al Gobierno del Estado Libre Asociado cualquier cantidad pagada que no hubiera sido previamente entregada. Al hacerse dicho reembolso al Gobierno del Estado Libre Asociado (o en un tiempo razonable si el costo o precio total ha sido anticipado por la Autoridad según lo determinare el Gobernador), el título de dicha propiedad así adquirida pasará a la Autoridad. El Secretario de Transportación y Obras Públicas, con la aprobación del Gobernador, podrá hacer aquellos arreglos que él estime apropiados para la explotación y control de dicha propiedad por la Autoridad a beneficio del Gobierno del Estado Libre Asociado durante el período que transcurra antes de que dicho título haya pasado a la Autoridad. La facultad que por la presente se confiere no limitará ni restringirá en forma o límite alguno la facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades. El título de cualquier propiedad del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adquirida antes de ahora o que pueda serlo en el futuro, y que se considere necesaria o conveniente para los fines de la Autoridad, puede ser transferido a ésta por el funcionario encargado de dicha propiedad o que la tenga bajo su custodia, mediante términos y condiciones que serán fijados por el Gobernador de Puerto Rico.

 

Artículo 9-A. Toma de Posesión de Bienes Expropiados. (23 L.P.R.A. § 339a)

 

   Cuando a juicio de la Autoridad fuere necesario tomar posesión inmediata de los bienes que han de ser expropiados, la Autoridad deberá solicitar del Gobernador de Puerto Rico que, en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, adquiera, y éste tendrá facultad para adquirir por compra, expropiación o cualquier otro medio legal para uso y beneficio de la Autoridad, los bienes y derechos reales necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos y fines de la misma. La Autoridad deberá poner anticipadamente a disposición del Estado Libre Asociado de Puerto Rico los fondos necesarios que sean estimados como el valor de los bienes o derechos que se vayan a adquirir. La diferencia en valor que pueda decretar el tribunal podrá ser pagada del Tesoro Estatal pero la Autoridad vendrá obligada a reembolsarle esa diferencia. Una vez hecha la totalidad del reembolso el título de dicha propiedad será transferido a la Autoridad por orden del tribunal mediante constancia al efecto; Disponiéndose, que en aquellos casos en que el Gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico estime necesario y conveniente que el título sobre los bienes y/o derechos así adquiridos deba ser inscrito directamente a favor de la Autoridad para acelerar el cumplimiento de los fines y propósitos para los cuales fue creada, podrá así solicitarlo al tribunal en cualquier momento dentro del procedimiento de expropiación forzosa y éste así lo ordenará. En estos casos, el registrador de la propiedad procederá a hacer, con preferencia, la inscripción del título de propiedad de los bienes o derechos de que se trate a favor de la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico, al presentársele para inscripción la documentación pertinente. La facultad que por la presente se confiere no limitará ni restringirá en forma alguna la facultad propia de la Autoridad para adquirir propiedades.

   Por la presente se declaran de utilidad pública todos los bienes muebles o inmuebles y todo derecho o interés sobre los mismos que la Autoridad considere necesario adquirir para llevar a cabo sus fines y éstos podrán ser expropiados por la Autoridad o a solicitud y para uso y beneficio de ésta por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico, representado por su Gobernador, sin la previa declaración de utilidad pública provista en la Sección 2 de la Ley General de Expropiación Forzosa (32 L.P.R.A. § 2902).

 

Artículo 10. Concesión de Bienes por Municipios, etc. (23 L.P.R.A. § 340)

 

   No obstante cualquier disposición de ley en contrario, todos los municipios y subdivisiones políticas de Puerto Rico quedan autorizados para ceder y traspasar a la Autoridad, a solicitud de ésta y bajo términos y condiciones razonables, cualquier propiedad o interés sobre la misma (incluyendo bienes ya dedicados a uso público) que la Autoridad crea necesaria o conveniente para realizar sus propios fines. La Autoridad tendrá derecho y facultad para construir o situar cualquier parte o partes de cualquiera de sus empresas a través, en, sobre, bajo, por o a lo largo de cualquier calle, vía pública o cualesquiera terrenos que sean actualmente o puedan ser en adelante propiedad del Gobierno Estadual o de cualquier municipio o subdivisión política del mismo, sin necesidad de obtener franquicia u otro permiso al efecto. La Autoridad restaurará dichas calles, vías públicas o terrenos de modo que queden, hasta donde sea posible, en la condición o estado en que se hallaban al comenzarse las obras, y no usará las mismas en forma que menoscabe innecesariamente su utilidad.

 

Artículo 11. Contratos de Construcción y Compra. (23 L.P.R.A. § 341)

 

   Todas las compras y contratos de suministros o servicios, excepto servicios personales, que se hagan por la Autoridad, incluyendo contratos para la construcción de obras de la misma, deberán hacerse mediante anuncio de subasta hecho con la suficiente antelación a la fecha de apertura de pliegos de proposiciones para que la Autoridad asegure el adecuado conocimiento y oportunidad de concurrencia; disponiéndose, que cuando la suma estimada para la compra no exceda de setenta y cinco mil dólares ($75,000) y cuando el valor estimado de la obra de construcción no exceda de doscientos mil dólares ($200,000), podrá efectuarse la misma sin anuncio de subasta. Para compras cuyo valor fluctúe entre diez mil dólares ($10,000) y setenta y cinco mil dólares ($75,000) y cuando el valor de la obra de construcción no exceda de doscientos mil dólares ($200,000) la Autoridad deberá obtener cotizaciones de por lo menos tres (3) fuentes de suministros. No serán necesarios anuncios de subasta ni requerimiento de cotizaciones, por otra parte:

(1) cuando se requiera la inmediata entrega de materiales, efectos y equipo, ejecución de servicios u obras de construcción debido a una emergencia según definido este término en la presente ley;

(2) cuando se necesiten piezas de repuestos, accesorios, equipo o servicios suplementarios para efectos o servicios previamente suministrados o contratados;

(3) cuando se requieren servicios o trabajos de profesionales o de expertos y la Autoridad estime que en interés de una buena administración, tales servicios o trabajos deban contratarse sin mediar tales anuncios;

(4) cuando los precios no están sujetos a competencia porque no haya más que una sola fuente de suministro o porque estén regulados por la ley, o

(5) cuando la Autoridad haya celebrado dos (2) subastas idénticas en especificaciones, términos y condiciones dentro de un período de tiempo no mayor de seis (6) meses, a partir de la fecha de apertura de la primera, siempre que dichas subastas hayan resultado desiertas. En tales casos, la compra de materiales, efectos o equipo, o la obtención de tales servicios podrán hacerse en mercado abierto en la forma corriente en las prácticas comerciales. Al comparar proposiciones y hacer adjudicaciones, se dará debida consideración a aquellos factores (además de si el postor ha cumplido con las especificaciones) tales como el precio más bajo; la habilidad del postor para realizar trabajos de construcción de la naturaleza envuelta en el contrato bajo consideración; la calidad y adaptabilidad relativas de los materiales, efectos, equipo o servicios; la responsabilidad económica del licitador, y su pericia, experiencia, reputación de integridad comercial y habilidad para prestar servicios de reparación y conservación; y el tiempo de entrega o de ejecución que se ofrezca. La Autoridad podrá decretar reglamentos para la presentación de licitaciones.

 

Artículo 12. Bonos de la Autoridad. (23 L.P.R.A. § 342)

 

(a) Por autoridad del Gobierno de Puerto Rico, que se otorga por la presente, la Autoridad de los Puertos de Puerto Rico podrá emitir de tiempo en tiempo y vender sus propios bonos, y tenerlos en circulación.

(b) Los bonos podrán autorizarse por resolución o resoluciones de la Junta aprobadas por una mayoría de votos de los miembros de la misma y podrán ser de las series; llevar la fecha o fechas; vencer en plazo o plazos que no excedan de cincuenta (50) años desde sus respectivas fechas; devengar intereses al tipo o tipos que no excedan el tipo máximo entonces permitido por ley; podrán ser de la denominación o denominaciones, y en forma de bonos con cupones o inscritos; podrán tener los privilegios de inscripción o conversión; podrán otorgarse en la forma, ser pagaderos por los medios del pago y en el sitio o sitios; estar sujetos a los términos de redención, con o sin prima; podrán ser declarados vencidos o vencer en la fecha anterior a su vencimiento; podrán proveer el reemplazo de bonos mutilados, destruidos, robados o perdidos; podrán ser autenticados en tal forma una vez cumplidas las condiciones, y podrán contener los demás términos y estipulaciones que provea dicha resolución o resoluciones. Los bonos podrán venderse pública o privadamente, al precio o precios que la Autoridad determine; Disponiéndose, que podrán cambiarse bonos convertibles por bonos de la Autoridad que estén en circulación, de acuerdo con los términos que la Junta estime beneficiosos a los mejores intereses de la Autoridad. No obstante su forma y texto, y a falta de una cita expresa en el bono de que éste no es negociable, todos los bonos de la Autoridad serán y se entenderán que son en todo tiempo documentos negociables para todo propósito.

(c) Los bonos de la Autoridad que lleven las firmas de los funcionarios de la Autoridad en el ejercicio de sus cargos a la fecha de la firma de los mismos serán válidos y constituirán obligaciones ineludibles aun cuando antes de la entrega y pago de dichos bonos cualquiera o todos los funcionarios cuyas firmas o facsímil de las firmas aparezcan en aquéllos, hayan cesado como tales funcionarios de la Autoridad. La validez de la autorización y emisión de bonos no habrá de depender o ser afectada en forma alguna por ningún procedimiento relacionado con la construcción, adquisición, extensión, o mejora de la empresa para la cual los bonos se emiten, o por algún contrato hecho en relación con tal empresa. Cualquier resolución autorizando bonos podrá proveer que tales bonos contengan una cita de que se emiten de conformidad con esta ley, y cualquier bono que contenga esa cita, autorizada por una tal resolución, será concluyentemente considerado válido y emitido de acuerdo con las disposiciones de esta ley.

(d) Podrán emitirse bonos provisionales o interinos, recibos o certificados, ínterin se otorgan y entregan los bonos definitivos, en la forma y con las disposiciones que se provean en la resolución o resoluciones.

(e) Cualquier resolución o resoluciones autorizando cualesquiera bonos puede incluir disposiciones que serán parte del contrato con los tenedores de los bonos:

(1) En cuanto a la disposición del total de las rentas brutas o netas e ingresos presentes y futuros de la Autoridad, incluyendo el comprometer todos o cualquiera parte de los mismos para garantizar el pago de los bonos;

(2) en cuanto a las tarifas a imponerse y la aplicación, uso y disposición de las cantidades que ingresen mediante el cobro de dichas tarifas y de otros ingresos de la Autoridad;

(3) en cuanto a la separación de reservas para fondos de amortización y reglamentación y disposición de los mismos;

(4) en cuanto a las limitaciones del derecho de la Autoridad para restringir y regular el uso de cualquier empresa o parte de la misma;

(5) en cuanto a las limitaciones de los fines a los cuales pueda aplicarse el producto de la venta de cualquier emisión de bonos que se haga entonces o en el futuro;

(6) en cuanto a las limitaciones relativas a la emisión de bonos adicionales;

(7) en cuanto al procedimiento por el cual puedan enmendarse o abrogarse los términos de cualquier resolución autorizando bonos, o de cualquier otro contrato con los tenedores de bonos; y en cuanto al montante de los bonos cuyos tenedores deban dar su consentimiento al efecto, así como la forma en que haya de darse dicho consentimiento;

(8) en cuanto a la clase y cuantía del seguro que debe mantener la Autoridad sobre sus empresas, y el uso y disposición del dinero del seguro;

(9) comprometiéndose a no empeñar en todo o en parte los ingresos y rentas de la Autoridad, tanto en cuanto al derecho que pueda tener entonces como el que pueda surgir en el futuro;

(10) en cuanto a los casos de incumplimiento y los términos y condiciones por los cuales cualquiera o todos los bonos deban vencer o puedan declararse vencidos antes de su vencimiento; y en cuanto a los términos y condiciones por los cuales dicha declaración y sus consecuencias puedan renunciarse;

(11) en cuanto a los derechos, responsabilidades, poderes y deberes a ejercerse en casos de la violación por la Autoridad de cualquiera de sus compromisos, condiciones u obligaciones;

(12) en cuanto a investir a uno o más fiduciarios con el derecho de hacer cumplir cualesquiera estipulaciones convenidas para asegurar, pagar, o en relación con los bonos; en cuanto a los poderes y deberes de cada fiduciario o fiduciarios y a la limitación de la responsabilidad de los mismos, y en cuanto a los términos y condiciones en que los tenedores de bonos o de cualquiera proporción o porcentaje de los mismos, puedan obligar a cumplir cualquier convenio hecho de acuerdo con esta ley, o los deberes impuestos por la presente;

(13) en cuanto al modo de cobrar las tarifas, derechos, rentas o cualesquiera otros cargos por los servicios, facilidades o artículos de las empresas de la Autoridad, y el de combinar en una sola factura las tarifas, derechos, rentas u otros cargos por los servicios, facilidades o artículos de cualesquiera dos o más de dichas empresas;

(14) en cuanto a la suspensión de servicios, facilidades o artículos de cualquier empresa de la Autoridad, en el caso de que las tarifas, derechos, rentas u otros cargos por dichos servicios, facilidades o artículos de dicha empresa dejen de pagarse; y

(15) en cuanto a otros actos y cosas que no estén en pugna con esta ley, que puedan ser necesarios o convenientes para garantizar los bonos, o que tiendan a hacer los bonos más negociables.

(f) Ni los miembros de la Autoridad, ni el Administrador de Fomento Económico, ni ninguna otra persona que otorgue los bonos serán responsables personalmente de los mismos.

(g) La Autoridad queda facultada para comprar, con cualesquiera fondos disponibles al efecto, cualesquiera bonos en circulación emitidos o asumidos por ella, a un precio que no exceda del montante del principal o del valor corriente de redención de los mismos más los intereses acumulados.

 

Artículo 13. Derecho a Nombramiento de Síndico por Falta de Pago. (23 L.P.R.A. § 343)

 

(a) En caso de que la Autoridad faltare al pago del principal o de los intereses de cualesquiera de sus bonos, después que tal o tales pagos vencieren, ya fuera la falta de pago del principal e intereses o de intereses solamente al vencimiento de los bonos o cuando se anuncie su redención, y dicha falta de pago persista por un período de treinta (30) días, o en caso de que la Autoridad o sus funcionarios, agentes o empleados violaren cualquier convenio con los tenedores de bonos, cualquier tenedor o tenedores de bonos (con sujeción a cualquier limitación contractual en cuanto a algún porcentaje específico de dichos tenedores), o fiduciario de éstos, tendrá el derecho de solicitar de cualquier tribunal de jurisdicción competente en Puerto Rico y mediante procedimiento judicial adecuado, el nombramiento de un síndico para las empresas o partes de las mismas, cuyos ingresos o rentas estén comprometidos para el pago de los bonos en descubierto, hayan o no sido declarados vencidos y pagaderos todos los bonos, y solicite o no, dicho tenedor o fiduciario o haya o no solicitado, que se cumpla cualquier otro derecho o que se ejerza cualquier otro remedio en relación con dichos bonos. El tribunal, de acuerdo con dicha solicitud, podrá designar un síndico para dichas empresas; pero si la solicitud se hiciere por los tenedores de un veinticinco por ciento (25%) del montante del principal de los bonos en circulación o por cualquier fiduciario de tenedores de bonos por tal montante de principal, el tribunal vendrá obligado a nombrar un síndico para dichas empresas.

(b) El síndico así nombrado procederá inmediatamente, por sí o por medio de sus agentes y abogados, a entrar en y tomar posesión de dichas empresas y de todas y cada una de sus partes, y podrá excluir totalmente de éstas a la Autoridad, sus funcionarios, agentes y empleados y todos los que estén bajo éstos; y tendrá, poseerá, usará, explotará, administrará y regulará las mismas y todas y cada una de sus partes; y, a nombre de la Autoridad o de otro modo, según el síndico crea mejor, ejercerá todos los derechos y poderes de la Autoridad con respecto a dichas empresas tal como la Autoridad misma lo haría. Dicho síndico conservará, restaurará, asegurará y mantendrá aseguradas tales empresas y hará las reparaciones necesarias o propias que de tiempo en tiempo estime oportunas, y establecerá, impondrá, mantendrá y cobrará las tarifas, derechos, rentas y otros cargos en relación con dichas empresas que dicho síndico estime necesarios, propios y razonables, y cobrará y recibirá todos los ingresos y rentas y depositará los mismos en una cuenta separada y aplicará dichos ingresos y rentas así cobrados y recibidos en la forma que el tribunal ordene.

(c) Cuando todo lo que se adeude de los bonos e intereses sobre éstos, y de cualesquiera otros pagarés, bonos u otras obligaciones e intereses sobre los mismos, que constituyan una carga, obligación o gravamen sobre las rentas de tales empresas, de acuerdo con cualquiera de los términos de cualquier contrato o convenio con los bonistas haya sido pagado o depositado según se especifica en los mismos, y todas las violaciones en consecuencia de las cuales puede designarse un síndico, hayan sido subsanadas y corregidas, el tribunal, a su discreción, luego del aviso y vista pública según éste crea razonable y propio, podrá ordenar al síndico darle posesión de dichas empresas a la Autoridad; y en casos subsiguientes de violaciones subsistirán los mismos derechos de los tenedores de bonos para obtener el nombramiento de un síndico, según se provee anteriormente.

(d) Dicho síndico, en cumplimiento de los poderes que se le confieren por la presente, actuará bajo la dirección e inspección del tribunal, estará siempre sujeto a sus órdenes y decretos, y podrá ser destituido por aquél. Nada de lo contenido en la presente limitará o restringirá la jurisdicción del tribunal para expedir aquellos otros decretos u órdenes adicionales que estime necesarios o adecuados para el ejercicio, por el síndico, de cualquiera de las funciones específicamente indicadas en esta ley.

(e) No obstante cualquier disposición en contrario contenida en esta sección, dicho síndico no tendrá poder para vender, traspasar, hipotecar o de otro modo disponer del activo de cualquier clase o naturaleza, pertenecientes a la Autoridad y que sean de utilidad para dichas empresas, sino que los poderes de tal síndico se limitarán a la explotación y conservación de dicha empresa, y al cobro y aplicación de los ingresos y rentas de ésta, y el tribunal no tendrá jurisdicción para expedir ninguna orden o decreto requiriendo o permitiendo a dicho síndico vender, hipotecar o de cualquier otro modo disponer de cualquier parte de tal activo.

 

Artículo 14. Recursos a que Tienen Derecho los Tenedores de Bonos. (23 L.P.R.A. § 344)

 

(a) Cualquier tenedor de bonos o su fiduciario, sujeto a cualesquiera limitaciones contractuales obligatorias para los tenedores de cualquier emisión de bonos o sus fiduciarios, incluyendo pero sin limitarse a la restricción de una porción o porcentaje específico de dichos tenedores, para ejercer cualquier recurso tendrá el derecho y el poder, en beneficio y protección por igual de todos los tenedores de bonos que estén con condiciones similares para:

(1) mediante mandamus u otro pleito, acción o procedimiento en ley o en equidad, hacer valer sus derechos contra la Junta y la Autoridad, sus funcionarios, agentes y empleados, para ejecutar y llevar a cabo sus deberes y obligaciones bajo así como sus convenios y contratos con los tenedores de bonos;

(2) mediante acción o demanda en equidad, exigir de la Junta y de la Autoridad que se hagan responsables como si ellos fueran los fiduciarios de un fideicomiso expreso;

(3) mediante acción o demanda en equidad, interdecir cualesquiera actos o cosas que pudieran ser ilegales o violar los derechos de los tenedores de bonos; y

(4) entablar pleitos sobre los bonos.

(b) Ningún recurso concedido por esta ley a tenedor alguno de bonos o fiduciario de éste, tiene por objeto excluir ningún otro recurso, sino que cada uno de dichos recursos es acumulativo y adicional a todos los demás y puede ejercerse sin agotar y sin considerar ningún otro recurso conferido por esta ley o por cualquiera otra ley. Si por cualquier tenedor de bonos o fiduciario de éste, dejare de impugnar cualquier falta o violación de deberes o de contrato, esto no cobijará ni afectará las faltas o incumplimientos subsiguientes de deberes o del contrato, ni menoscabará ningún derecho o recurso sobre éstas. Ninguna dilación u omisión de parte de cualquier tenedor de bono o fiduciario de éste, en ejercer cualquier derecho o poder que tenga en el caso de alguna violación, menoscabará dicho derecho o poder, ni se entenderá como pasando por alto dicha falta ni como una avenencia a la misma. Todo derecho substantivo y todo recurso conferido a los tenedores de los bonos podrán hacerse cumplir o ejercitarse de tiempo en tiempo y tan frecuentemente como se estime conveniente. En caso de que cualquier demanda, acción o procedimiento para hacer cumplir cualquier derecho o ejercer cualquier recurso fuese radicado o incoado y luego interrumpido o abandonado o fallado en contra del tenedor de bonos o de cualquier fiduciario de éste, entonces y en cada uno de tales casos la Autoridad y dicho tenedor de bonos o fiduciario serán restituidos a sus anteriores posiciones, derechos y recursos como si no hubiese tal demanda, acción o procedimiento.

 

Artículo 15. Informes. (23 L.P.R.A. § 345)

 

   La Autoridad someterá a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico tan pronto como sea posible después de cerrarse el año económico del Gobierno Estadual, pero con anterioridad a la terminación del año natural,

(1) un estado financiero de cuentas e informe completo de los negocios de la Autoridad durante el año económico precedente y

(2) un informe completo del estado y progreso de todas sus empresas y actividades desde la creación de la Autoridad o desde la fecha del último de estos informes. La Autoridad someterá también a la Asamblea Legislativa y al Gobernador de Puerto Rico en aquellas otras ocasiones en que se le requiera, informes oficiales de sus negocios y actividades de acuerdo con esta ley.

 

Artículo 16. Estado Libre Asociado y Subdivisiones Políticas No Serán Responsables en Cuanto a Bonos. (23 L.P.R.A. § 346)

 

   Los bonos y demás obligaciones emitidos por la Autoridad no constituirán una deuda del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni de ninguno de sus municipios u otras subdivisiones políticas, y ni el Estado Libre Asociado de Puerto Rico ni ninguno de dichos municipios u otras subdivisiones políticas tendrán responsabilidad en cuanto a los mismos, ni serán los bonos o demás obligaciones pagaderos de otros fondos que no sean los de la Autoridad.

 

Artículo 17. Bonos Serán Inversiones Legales y Garantía para Depósitos. (23 L.P.R.A. § 347)

 

   Los bonos de la Autoridad serán inversiones legales y podrán aceptarse como garantía para todo fondo de fideicomiso, especial o público y cuya inversión o depósito esté bajo la autoridad o el dominio del Gobierno de Puerto Rico o de cualquier funcionario o funcionarios de éste.

 

Artículo 18. Exención de Contribuciones. (23 L.P.R.A. § 348)

 

(a) Por la presente se resuelve y declara que los fines para los que la Autoridad se crea y debe ejercer sus poderes son promover el bienestar general y el fomento del comercio y la prosperidad, siendo todos ellos fines públicos para beneficio del pueblo de Puerto Rico; y, por tanto, la Autoridad no será requerida para pagar contribuciones, arbitrios o impuestos sobre ninguna de las propiedades adquiridas por ella o bajo su potestad, dominio, posesión o inspección, o sobre sus actividades en la explotación y conservación de cualquier empresa; o sobre los ingresos derivados de cualquiera de sus empresas y actividades.

(b) La Autoridad también estará exenta del pago de toda clase de derechos, aranceles e impuestos requeridos, o que puedan requerirse, por las leyes para la tramitación de procedimientos judiciales, la expedición de certificaciones en todas las oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, y para el otorgamiento de documentos públicos y su inscripción en cualquier registro público de Puerto Rico.

(c) Con el propósito de facilitar a la Autoridad la gestión de fondos que le permitan realizar sus fines corporativos, los bonos emitidos por la Autoridad, y las rentas que de ellos se devenguen, estarán y permanecerán en todo tiempo exentos de contribuciones sobre ingresos.

 

Artículo 19. Declaración de Utilidad Pública. (23 L.P.R.A. § 349)

 

   Para los propósitos del inciso (h) del Artículo 6 y del Artículo 9 de la presente, toda obra, proyecto y propiedad con sus accesorios, que la Autoridad estime necesario y conveniente utilizar para llevar a cabo los propósitos expresados en esta ley, queda por la presente declarado de utilidad pública.

 

Artículo 20. Acuerdo del Gobierno Estadual. (23 L.P.R.A. § 350)

 

   El Gobierno Estadual se compromete por la presente y acuerda con cualquier persona, firma, corporación o agencia federal, estadual o estatal que suscriba o adquiera bonos de la Autoridad para costear en todo o en parte cualquier empresa o parte de la misma, a no limitar ni restringir los derechos o poderes que por la presente se confieren a la Autoridad, hasta tanto dichos bonos, de cualquier fecha que sean, conjuntamente con los intereses sobre los mismos, queden totalmente solventados y retirados. El Gobierno Estadual se compromete y acuerda, además, con cualquiera agencia federal que, en caso de que cualquiera agencia federal construya, extienda, mejore o amplíe, o contribuya con cualesquiera fondos para la construcción, extensión, mejora o ampliación de cualquier proyecto de la Autoridad o cualquier parte del mismo, no alterará ni limitará los derechos o poderes de la Autoridad en forma alguna que sea incompatible con la continua conservación y explotación de dicho proyecto, o de la extensión, mejora o ampliación del mismo, o que sea incompatible con la debida ejecución de cualesquiera convenios entre la Autoridad y dicha agencia federal; y la Autoridad continuará teniendo, y podrá ejercer, por todo el tiempo que fuere necesario o conveniente para llevar a cabo los fines de esta ley y el propósito de cualquiera agencia federal al construir, extender, mejorar, o ampliar, o contribuir con fondos para la construcción, extensión, mejoramiento o ampliación de dicho proyecto o parte del mismo, todos los derechos y poderes que por la presente se le confieren.

 

Artículo 21. Injunctions. (23 L.P.R.A. § 351)

 

   No se expedirá ningún injunction para impedir la aplicación de esta ley o cualquier parte de las mismas.

 

Artículo 22. Disposiciones de Otras Leyes en Pugna Quedan Sin Efecto. (23 L.P.R.A. § 352)

 

   En los casos en que las disposiciones de esta ley estén en pugna con las disposiciones de cualquier otra ley de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico, prevalecerán las disposiciones de esta ley, y ninguna otra ley aprobada anterior o posteriormente regulando la administración del Gobierno Estadual, o cualesquiera partes, oficinas, negociados, departamentos, comisiones, dependencias, municipios, ramas, agentes, funcionarios o empleados del mismo será interpretada como aplicable a la Autoridad, a menos que así se disponga taxativamente, pero los asuntos y negocios de la Autoridad serán administrados conforme se provee en esta ley.

 

Artículo 23. Separación de las Disposiciones. (23 L.P.R.A. § 331 nota)

 

   Si cualquier disposición de esta ley o su aplicación a cualquier persona o circunstancia fuere declarada nula, esto no afectará al resto de la ley ni a la aplicación de dichas disposiciones a personas o circunstancias distintas de aquéllas en relación con las cuales ha sido declarada nula.

 

Artículo 24. Asignación. (23 L.P.R.A. § 331 nota)

 

   Por la presente se asigna, de cualesquiera fondos en el Tesoro no asignados para otras atenciones, la suma de un millón de dólares ($1,000,000) para llevar a cabo las disposiciones de esta ley, y se autoriza y ordena al Tesorero a pagar dicha cantidad a la Autoridad o al funcionario o agente de la misma que la Junta designare para tal fin.

 

Artículo 25. Vigencia. Por la presente se declara que esta ley es de carácter urgente y necesaria y por tanto la misma entrará en vigor inmediatamente después de su aprobación.

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

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