Ley del Derecho al Trabajo

 

Ley Núm. 115 de 21 de Junio de 1968, según enmendada

 

(Contiene enmiendas incorporadas por las siguientes leyes:

 

Ley Núm. 17 de 24 de Abril de 1972

Ley Núm. 15 de 9 de Julio de 1973

Ley Núm. 34 de 13 de Julio de 1978

Ley Núm. 153 de 19 de Julio de 1998

Ley Núm. 241 de 3 de Septiembre de 2003)

 

 

Para crear la Administración del Derecho al Trabajo; definir sus funciones, derechos y deberes; establecer penalidades por la violación de ciertas disposiciones de esta ley; asignar fondos para poner en vigor esta ley; transferir los contratos, obligaciones, personal y propiedades de la Administración de Fomento Ocupacional; y derogar la Ley núm. 140 de 19 de julio de 1960, según enmendada.

 

 

EXPOSICION DE MOTIVOS

 

   La abolición de la pobreza es parte fundamental del Propósito de Puerto Rico, ideal de primera magnitud del pueblo puertorriqueño. Disminuir sustancialmente primero, y abolir finalmente en su totalidad el desempleo es parte primordial del esfuerzo por realizar ese propósito y alcanzar ese ideal.

   Esta ley tiene por objeto reconocer el derecho de cada persona con necesidad de ello, al trabajo; y hacer viable e instrumentar la realización de este derecho en las vidas de los trabajadores puertorriqueños a la mayor brevedad que sea posible.

   Deben continuar y hasta donde sea factible mejorarse los estímulos al continuado crecimiento de la producción industrial y agrícola, de las actividades de servicios, y del movimiento comercial. Igualmente deben continuar y desarrollarse al ritmo de los tiempos recientes, y a mayor ritmo cada año, las obras y servicios que rinde al pueblo el Gobierno del Estado Libre Asociado y los gobiernos municipales de Puerto Rico.

   Todo desempleo que quede después de este esfuerzo debe absorberse de dos maneras: Una, mediante la creación de nuevas oportunidades de empleo en proyecto de obras y servicios de alto interés social adicionales a los que normalmente se emprenderían, a realizarse por iniciativa del Gobierno por agencias e instrumentalidades

públicas y entidades privadas con fines de lucro o sin el, y a costearse en parte o totalmente con fondos públicos. La otra, mediante el adiestramiento y readiestramiento de los desempleados a fin de capacitarlos para ocupar aquellos empleos vacantes que ahora no se llenan por falta de personal calificado.

   La eliminación del desempleo en esta forma no sólo hará realidad el derecho de todos los trabajadores puertorriqueños a obtener trabajo o adiestramiento y a recibir paga por ambos, sino que hará posible la movilización, en beneficio de la comunidad, de las vastas energías productivas que hoy se disipan sin provecho por razón del desempleo y la elevación al máximo de la capacidad productiva y, por consiguiente, de la remuneración y el poder adquisitivo de cada trabajador.

 

 

Decrétase por la Asamblea Legislativa de Puerto Rico:

 

 

TITULO I

 

CREACION DE LA ADMINISTRACION DEL DERECHO AL TRABAJO

 

 

Sección 1. — Título abreviado. (29 L.P.R.A. § 1101)

 

   Esta Ley se conocerá en el idioma español como Ley del Derecho al Trabajo y en el idioma inglés como Right to Employment Act.

 

Sección 2. — Creación; funciones ejecutivas; junta consultiva; comisiones regionales. (29 L.P.R.A. § 1102)

 

   Se crea una corporación pública del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico que se denominará "Administración del Derecho al Trabajo". Se transfiere y adscribe dicha entidad gubernamental al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, como componente operacional, bajo la dirección general, supervisión, coordinación y evaluación del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos. Asimismo, se transfieren al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos todos los poderes y facultades de la Administración conferidos por la ley al Gobernador de Puerto Rico para que sean ejercidos por él. Las funciones ejecutivas de la Administración las desempeñará un Administrador, que será nombrado por el Gobernador, previa recomendación del Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, con el consejo y consentimiento del Senado, por un término de cuatro (4) años y hasta que su sucesor sea nombrado y tome posesión del cargo. El Administrador recibirá aquella remuneración o salario que el Gobernador le asigne, el cual será consignado anualmente en el presupuesto general de gastos de funcionamiento del Gobierno de Puerto Rico. El sueldo del Administrador será de sesenta mil dólares ($60,000) anuales. El Administrador responderá directamente al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos por todos los asuntos de la Administración y estará sujeto a la política establecida y a las directrices y normas que promulgue el Secretario. El Secretario aprobará la organización interna de la Administración, determinará las prioridades programáticas y establecerá los mecanismos de enlace y coordinación que deberán existir entre la Administración y los demás componentes del Departamento. La Administración del Derecho al Trabajo continuará siendo un brazo operacional para el desarrollo de estrategias de adiestramiento y empleo en Puerto Rico.

   Habrá una Junta Consultiva, la cual asesorará al Administrador en la implementación de las disposiciones de esta Ley. Dicha Junta estará compuesta por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos, quien será su Presidente, el Secretario de Agricultura quien será su Vicepresidente, el Secretario de Transportación y Obras Públicas, el Secretario de Educación y cinco (5) miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado. Estos últimos serán seleccionados, uno de entre la fuerza trabajadora, otro de entre los agricultores, otro de entre los alcaldes, otro de entre los industriales y otro de la comunidad en general. Uno de esos miembros deberá ser una persona mayor de dieciocho (18) y menor de veinticinco (25) años. Los nombramientos iniciales de estos cinco (5) miembros se harán, dos (2) por un término de cuatro (4) años, dos (2) por un término de tres (3) años y uno (1) por un término de dos (2) años. Los nombramientos subsiguientes se harán todos por términos de cuatro (4) años. Estos miembros desempeñarán sus funciones hasta que sus sucesores sean nombrados y tomen posesión de sus cargos. Los miembros de la Junta Consultiva no recibirán compensación por sus servicios como tales.

   La Administración organizará comisiones especiales, de carácter regional, consistentes de representantes de los trabajadores, los patronos, y la comunidad en general, a fin de recibir asesoramiento en relación con el desempeño de las funciones que por esta Ley se le asignan.

 

Sección 3. — Fomento de oportunidades de empleo, adiestramiento o readiestramiento. (29 L.P.R.A. § 1103)

 

   La función de la Administración del Derecho al Trabajo será la de fomentar, hasta donde los fondos a su disposición lo permitan, la creación por otras entidades públicas o por patronos privados, de oportunidades adicionales de empleo, adiestramiento o readiestramiento, y en determinados casos proveer ella directamente dichas oportunidades.

 

Sección 4. — Trabajador elegible a beneficios. (29 L.P.R.A. § 1104)

 

   Para los efectos de esta Ley un trabajador con derecho a recibir los beneficios del mismo será cualquier persona mayor de dieciséis (16) años de edad, que esté capacitada para trabajar o para adiestrarse o readiestrarse para trabajar y que no tenga empleo luego de haber tratado de obtenerlo, conforme a la reglamentación que a tales efectos adopte la Administración.

 

Sección 5. — Uso de los registros de trabajadores. (29 L.P.R.A. § 1105)

 

   La Administración, en cooperación con el Servicio de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, podrá utilizar los registros de trabajadores que para cada municipio de Puerto Rico posee dicho Servicio y utilizar estos registros para determinar los trabajadores que se encuentran entre las edades de dieciséis (16) a veintiún (21) años, los que son mayores de veintiún (21) años, los que son jefes de familia, o principales proveedores de la familia, así como cualquier otra información pertinente a los programas de la Administración.

 

Sección 6. — Enfasis de los programas en relación con la edad. (29 L.P.R.A. § 1106)

 

   En el caso de los trabajadores entre los dieciséis (16) y veintiún (21) años de edad la Administración dará énfasis en los programas de adiestramiento, aunque también podrá proveerse o facilitarse el empleo o readiestramiento.

   En el caso de los trabajadores mayores de veintiún (21) años el concepto de derecho al trabajo significará primordialmente derecho a un empleo, pero podrá interpretarse también en casos apropiados, como el derecho al adiestramiento para el trabajo, o al readiestramiento en nuevas formas de trabajo.

   El adiestramiento o readiestramiento que se provea a los trabajadores, no importa la edad que éstos tengan, será con paga.

 

Sección 7. — Personalidad jurídica. (29 L.P.R.A. § 1107)

 

   La Administración tendrá personalidad jurídica distinta y separada del Estado. Las deudas y obligaciones de la Administración no serán deudas u obligaciones del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, ni de sus subdivisiones políticas, no siendo éstos responsables de las mismas.

 

Sección 8. — Derechos y poderes. (29 L.P.R.A. § 1108)

 

   La Administración tendrá, y por la presente se le confieren todos los derechos y poderes que sean necesarios y convenientes para llevar a cabo los propósitos mencionados, incluyendo, aunque sin limitación, los siguientes:

(a)   Llevar a cabo acuerdos y contratos para efectuar los fines de esta Ley.

(b)   Demandar y ser demandada.

(c)   Establecer las normas y reglamentaciones internas necesarias para su operación y funcionamiento. Los desembolsos de la Administración se harán de acuerdo con dichos reglamentos y con los presupuestos que apruebe el Gobernador.

(d)   Nombrar y emplear personal, y contratar trabajadores, oficiales, agentes, empleados, servicios profesionales o técnicos, y compensar esos servicios y fijar y pagar cualesquiera otros emolumentos. A excepción de lo dispuesto en la Sección 2 del Título V (29 L.P.R.A. §1152), todo el personal de la Administración estará clasificado en el Servicio Exento bajo la Ley de Personal. La Administración adoptará un reglamento interno de personal el cual deberá estar basado en los principios básicos del sistema de mérito.

(e)   Adquirir materiales y equipo sin sujeción a la Ley Núm. 96 de 29 de junio de 1954 conocida por Ley de Compras y Servicios.

(f)   Suministrar materiales y equipo para la realización de proyectos acordados con agencias gubernamentales y con los municipios.

(g)   Solicitar y obtener cualesquiera fondos o ayudas del gobierno federal o de fuentes privadas para llevar a cabo los fines dispuestos en esta Ley bajo las condiciones que se establezcan en la legislación, reglamentación, acuerdo o contrato aplicable. Se autoriza a la Administración a auspiciar proyectos originados bajo leyes federales; actuar como agencia delegante o delegatoria; y a supervisar la utilización de los fondos así adquiridos. Esta autorización no se extiende a aquellos programas federales donde se hubiere designado por ley otras agencias del Estado Libre Asociado como las agencias encargadas de participar en tales programas.

(h)   Controlar de manera exclusiva sus propiedades y actividades.

(i)   Adoptar un sello corporativo del cual se tomará conocimiento judicial.

(j)   Decidir el carácter y necesidad de todos sus gastos y la forma en que los mismos habrán de incurrirse, autorizarse y pagarse, sin sujeción a las leyes que regulan el desembolso de fondos públicos.

(k)   Adquirir en cualquier forma legal y poseer, administrar, arrendar, vender o en cualquier forma disponer de bienes, o cualquier interés en los mismos, que considere necesarios para realizar sus fines.

(l) Llevar a cabo directamente o mediante contrato la promoción y publicidad de las actividades y programas de la Administración.

(m)   Adoptar, enmendar y derogar reglas y reglamentos para regir las normas de su actividad en general y para ejercer y desempeñar los poderes y deberes que por ley se le conceden. Previa la adopción de dichas reglas y reglamentos la Administración celebrará vistas públicas, las cuales deberán ser notificadas al público con suficiente antelación a su celebración y en las cuales se dará oportunidad a éste de exponer sus puntos de vista sobre las reglas y reglamentos que la Administración se propone adoptar. Una vez aprobadas por la Administración dichas reglas y reglamentos, los mismos serán promulgados conforme a lo dispuesto en la Ley de Junio 30, 1957, Núm. 112. Los reglamentos de orden meramente internos podrán ser adoptados sin sujeción a dichas secciones.

(n)   Concertar acuerdos con patronos privados o con agencias gubernamentales para proveer el reclutamiento o contratación de personal para llevar a cabo programas de adiestramiento o readiestramiento, aportar los fondos necesarios para el pago de los honorarios de este personal así como para el del equipo y los materiales.

(o)   Realizar estudios sobre desempleo y subempleo; establecer proyectos pilotos, hacer proyecciones a corto y a largo plazo sobre la demanda normal de empleados, las necesidades de empleo adicional, y sobre la forma de llevar a cabo sus programas con efectividad.

(p)   Adquirir mediante expropiación forzosa, los terrenos y cualesquiera otros bienes y derechos necesarios para llevar a cabo los propósitos para los cuales fue creada. Cuando a juicio de la Administración fuere necesario tomar posesión inmediata de los bienes a ser expropiados solicitará del Gobernador que, a nombre y en representación del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, los adquiera. El Gobernador tendrá facultad para adquirir utilizando cualquier medio autorizado por ley, para uso y beneficio de la Administración, los bienes y derechos reales necesarios y adecuados para realizar los propósitos y fines de la misma. La Administración deberá anticipar al Estado Libre Asociado los fondos necesarios y estimados como el valor de los bienes y derechos a adquirirse. Cualquier diferencia en valor que decrete el tribunal deberá ser pagada por la Administración y, en su defecto por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico. La Administración estará obligada a reembolsar dicha diferencia. El título de propiedad será transferido a la Administración por orden del tribunal cuando ésta realice el reembolso total. En los casos en que, para acelerar el cumplimiento de los fines y propósitos corporativos, el Gobernador estime conveniente y necesario que el título de bienes y derechos así adquiridos sea inscrito directamente a favor de ésta, así podrá solicitarlo del tribunal en cualquier momento durante el proceso de expropiación forzosa y éste así lo ordenará. Se declaran de utilidad pública todos los bienes, muebles e inmuebles y derechos o intereses sobre los mismos, que la Administración estime necesarios a los fines corporativos los cuales podrán ser expropiados por o para uso de la Administración sin la previa declaración de utilidad pública dispuesta por la Ley General de Expropiación Forzosa (32 L.P.R.A. secs. 2901 a 2913). Una vez radicada la petición de adquisición, el tribunal tendrá facultad para fijar el término dentro del cual, y las condiciones bajo las cuales las personas que estén en posesión de las propiedades objeto del procedimiento deberán entregar la posesión material al Estado Libre Asociado o a la Administración. Ningún recurso de apelación, ni garantía que pudiere prestarse en el mismo demorará la adquisición por y entrega de las propiedades al Estado Libre Asociado de Puerto Rico o a la Administración.

 

Sección 9. — Exención de tributación. (29 L.P.R.A. § 1109)

 

   La Administración estará exenta de toda clase de tributación impuesta o que más adelante se impusiere por el Estado Libre Asociado de Puerto Rico o cualquier subdivisión política de éste, incluyendo todas sus propiedades muebles o inmuebles, su capital, ingresos y sobrantes, salvo los impuestos por la Ley de Compensaciones por Accidentes de Trabajo (11 L.P.R.A. secs. 1 a 42). Se exime también a la Administración del pago de toda clase de derechos, contribuciones o impuestos requeridos por ley para la prosecución de procedimientos judiciales, la emisión de certificaciones en las oficinas y dependencias del Estado Libre Asociado y la ejecución de documentos públicos y su registro en cualquier registro público en Puerto Rico.

 

Sección 10. — Informe anual. (29 L.P.R.A. § 1110)

 

   El Administrador rendirá al Gobernador del Puerto Rico un informe sobre las funciones y operaciones de la Administración al terminar cada año económico, y el Gobernador remitirá copia del mismo a la Asamblea Legislativa.

 

Sección 11. — Reevaluación periódica de los trabajadores. (29 L.P.R.A. § 1111)

 

   La Administración reevaluará periódicamente la capacidad o necesidad de los trabajadores que estén acogidos a los beneficios de esta Ley para ser empleados, adiestrados, o readiestrados, con el propósito de orientarlos y referirlos a otros empleos, adiestramiento o programas educativos llevados a cabo por agencias gubernamentales o personas privadas.

 

Sección 12. — Transferencia de programas, actividades y funciones. (29 L.P.R.A. § 1112)

 

   Se faculta al Secretario del Trabajo y Recursos Humanos para que a su discreción transfiera a la Administración del Derecho al Trabajo los programas, actividades y funciones relacionadas con la fase operacional para el desarrollo de estrategias del adiestramiento y empleo a tenor con los propósitos de esta Ley.

 

Sección 13. — Derechos adquiridos. (29 L.P.R.A. § 1113)

 

   El personal de la Administración del Derecho al Trabajo conservará todos los derechos o status que, a la fecha de aprobación de esta ley, ostente conforme las leyes, reglas, reglamentos y clasificaciones de personal vigentes. Asimismo, si fuere beneficiario de cualquier sistema de pensión, retiro, o fondo de ahorro y préstamo, retendrán los derechos, privilegios, obligaciones y status respecto de los mismos que cualquier ley al efecto dispone para el personal de Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.


Sección 14. — Derechos contractuales preservados. (29 L.P.R.A. § 1114)

 

   Las disposiciones de esta Ley no se entenderán como que modifican, alteran, enmiendan o invalidan cualquier acuerdo, convenio, estipulación o contrato otorgado o suscrito en virtud de las disposiciones de esta ley, que crea la Administración del Derecho al Trabajo.

 

Sección 15. — Disposiciones conflictivas derogadas. (29 L.P.R.A. § 1115)

 

   A excepción de las modificaciones que sean necesarias para transferir y adscribir la Administración del Derecho al Trabajo al Departamento del Trabajo y Recursos Humanos, las disposiciones de esta ley, continuarán en vigor, salvo aquellas que conflijan con los propósitos del Plan de Reorganización Núm. 2 de 4 de mayo de 1994, las cuales quedan por la presente derogadas.

Disponiéndose, además, que las reglas, reglamentos u órdenes de la referida Administración, vigentes a la fecha de aprobación de esta ley, se mantendrán en vigor hasta tanto sean alteradas, modificadas, enmendadas o derogadas por el Secretario del Trabajo y Recursos Humanos.

 

 

TITULO II

 

EMPLEOS

 

 

Sección 1. — Fomento y desarrollo de programas de empleo. (29 L.P.R.A. § 1121)

 

   Para el cumplimiento de las funciones que por esta Ley se le asignan, la Administración del Derecho al Trabajo podrá fomentar y desarrollar programas de empleo para trabajadores de dieciséis (16) años en adelante, en la agricultura, la construcción, reparación, conservación y ornato de obras y edificios públicos o de interés público, incluyendo carreteras, calles, caminos, parques, facilidades recreativas, y otras propiedades públicas; en la limpieza, mejoramiento, conservación de bosques, playas, lugares de belleza excepcional y zonas de recreo; en la conservación de suelos, agua, pesca y otra vida silvestre; en actividades de saneamiento ambiental; en proyectos de artesanía; en actividades culturales; en la prestación de servicios en oficinas o de atención personal tales como el de amas de llave, el cuidado de enfermos, niños o ancianos en hospitales, guarderías infantiles, casas de salud y hogares particulares cuando estos proyectos se realicen bajo los auspicios de entidades con fines no pecuniarios o por entidades públicas; en la protección de escolares contra los riesgos del tránsito en las inmediaciones de las escuelas; en proyectos de adiestramiento o readiestramiento en cualquier clase de ocupación; en la educación, en la enseñanza de analfabetas u otras personas; en el mejoramiento y expansión de los servicios públicos; y en proyectos análogos a los que aquí se enumeran.

 

Sección 2. — Autorización para celebrar acuerdos y contratos. (29 L.P.R.A. § 1122)

 

   A los fines de fomentar y proveer estos empleos, la Administración podrá concertar acuerdos con los diversos departamentos, agencias, y corporaciones públicas del Estado Libre Asociado, y con los municipios o con instrumentalidades de los municipios o intermunicipales. La Administración aportará los fondos necesarios para pagar la totalidad o cualquier parte de los haberes de los referidos trabajadores.

   La Administración podrá también celebrar contratos con patronos privados bien sean personas naturales o jurídicas de fines pecuniarios, así como de fines no pecuniarios, y con las organizaciones obreras. En estos casos la Administración podrá aportar cualquier parte de los fondos necesarios para pagar los haberes de tales trabajadores.

   Los trabajadores a ser seleccionados conforme a estos acuerdos o contratos serán seleccionados de entre los trabajadores que aparezcan en los registros del Servicio de Empleo del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos mediante el procedimiento que se acuerde a tales efectos, o mediante sorteo, o cualquier otro medio adecuado para lograr los objetivos de esta Ley.

Sección 3. — Presentación de planes al Gobernador. (29 L.P.R.A. § 1123)

 

   El Administrador presentará al Gobernador al comienzo de cada año fiscal un plan con los tipos de proyectos que propone llevar a cabo durante dicho año o cualquier parte de dicho año fiscal. El Gobernador determinará si el plan está de conformidad con las normas expresadas en esta Ley; y de estarlo lo certificará y auto rizará su ejecución.

 

Sección 4. — Proyectos a realizarse. (29 L.P.R.A. § 1124)

 

   Los proyectos a realizarse bajo los programas de la Administración serán aquéllos de utilidad social en que el costo de la mano de obra sea un factor predominante, y serán de tal naturaleza que resulten en oportunidades de empleo que de otro modo no estarían disponibles. No se llevarán a cabo proyectos que tengan el efecto de producir una competencia desleal entre diversos patronos de la empresa privada; que disminuyan los empleos en el Gobierno o con patronos privados o que disminuyan los costos de la mano de obra del patrono para quien se realice por contrato la obra, salvo en aquellos casos en que se aporte una parte del jornal para crear oportunidades de empleo que no surgirían si el patrono tuviera que pagar el costo completo de dicho jornal. Tampoco se realizarán proyectos que tengan como consecuencia el desplazamiento de personas ya empleadas, inclusive el desplazamiento parcial que pueda resultar de la reducción de horas de trabajo o de tipos de salarios u otros beneficios del trabajador. Los proyectos que se realicen bajo las agencias y corporaciones públicas del Gobierno estatal o los municipios no serán en ningún caso en sustitución de los proyectos normalmente realizados por dichas agencias, corporaciones públicas o municipios, sino en adición a éstos y al incremento normal en los mismos que permita el crecimiento económico del país.

 

Sección 5. — Oportunidades para la totalidad de los empleados; prioridades. (29 L.P.R.A. § 1125)

 

   El objetivo de esta Ley es que haya oportunidad de empleo para la totalidad de los trabajadores desempleados en Puerto Rico. Si los fondos asignados para el funcionamiento de la Administración no fueren en un año dado suficientes para el total cumplimiento de dicho propósito, la Administración, mediante los estudios pertinentes, determinará las prioridades que dentro de tal circunstancia deban reconocerse y establecerse en las oportunidades de empleo bajo esta Ley, pero siempre brindando especial atención a aquellas personas que solicitan trabajo cuando ningún otro miembro de su núcleo familiar está empleado. Tales prioridades podrán relacionarse con la situación económica del trabajador y su posición de jefe de familia o de principal aportador a las necesidades de la familia; con la demanda presente y futura para trabajadores con determinados grados de adiestramiento en las diversas regiones o tipos de industrias, así como el número de personas jóvenes desempleadas. Disponiéndose, además, que la Administración respetará el principio de mérito, adoptará estrategias específicas destinadas a identificar aquellos solicitantes cuyo núcleo familiar no cuente con ninguna otra fuente de ingresos así como a los solicitantes que sean jefes de familia y tengan la custodia de sus hijos menores de edad con el propósito de atender dichos casos con mayor rapidez para promover la pronta integración o reintegración de estas personas a la fuerza laboral. La Administración establecerá una adecuada coordinación y articulación con los departamentos y agencias que proveen servicios de empleo y ayuda a las familias, tales como el Departamento de la Familia y el Departamento del Trabajo y Recursos Humanos.

 

Sección 6. — Prohibiciones al contratar. (29 L.P.R.A. § 1126)

 

   Sujeto a las disposiciones de esta Ley, al contratar con patronos privados o con instrumentalidades públicas, la Administración no podrá de otro modo variar o cambiar las condiciones fijadas por convenios concertados entre éstos y las organizaciones obreras; ni podrá variar las consideraciones fijadas en los convenios de aprendizaje aprobados por el Consejo de Aprendizaje del Departamento del Trabajo y Recursos Humanos; ni interferirá en ninguna forma con las relaciones obrero-patronales en aquellos casos en que una unión obrera haya iniciado o inicie actividades para la organización de determinado grupo de trabajadores a los fines de ser reconocida o certificada como la representante legal de dichos trabajadores. Tampoco podrá la Administración suplir trabajadores, o concertar un contrato para suplirlos, a patrono alguno, si los empleados normales de dicho patrono se hallaren en estado de huelga o el patrono está incurriendo en una práctica ilícita del trabajo.

 

Sección 7. — Salarios a pagarse. (29 L.P.R.A. § 1127)

 

   Los salarios a ser pagados por patronos privados a los trabajadores bajo las disposiciones de esta Ley, serán los que estén en vigor en cualquier momento dado, determinados por la legislación de salario mínimo de Puerto Rico, o de Estados Unidos, cualesquiera de las dos que fuere la más beneficiosa al trabajador, o por convenios colectivos en la región para trabajos similares.

   En el caso de que el patrono sea una agencia del Gobierno, instrumentalidad pública o municipio, los salarios a pagarse serán los que devenguen los empleados regulares de la agencia, instrumentalidad o municipio concernido por trabajos similares.

   Cuando sea la Administración la que directamente ofrezca el empleo, los salarios deberán ser fijados tomando en consideración los jornales prevalecientes en la región para trabajos similares y la intención legislativa de que mediante estos programas no se establezca una competencia desleal hacia determinados patronos privados, ni se coarten las oportunidades de trabajos normales en el sector privado.

   La Administración determinará el total de horas que un trabajador podrá trabajar en una semana determinada o en cualquier período de tiempo, considerando la naturaleza del trabajo, la forma en que éste se lleva a cabo la intención legislativa de que los trabajadores que se acojan a los beneficios de esta Ley siempre tengan suficiente incentivo para pasar a empleos normales tan pronto estén éstos disponibles.

 

Sección 8. — Inaplicabilidad de derechos y obligaciones de empleados públicos. (29 L.P.R.A. § 1128)

 

   Los trabajadores que se acojan a los beneficios de esta Ley no tendrán el carácter de empleados públicos a los efectos de las leyes que establecen los derechos y obligaciones de los empleados públicos.

 

Sección 9. — Penalidad por discrimen. (29 L.P.R.A. § 1129)

 

   No podrá establecerse discrimen alguno por motivo de raza, color, sexo, nacimiento, origen o condición social, ni ideas políticas o religiosas, en los empleos, adiestramientos o readiestramientos que la Administración fomente o provea.

   La violación de las disposiciones de esta sección por cualquier persona constituirá delito menos grave y será castigable con cárcel por un término no mayor de seis (6) meses, o con multa no menor de quinientos dólares ($500) ni mayor de dos mil dólares ($2,000), o ambas penas a discreción del tribunal.

 

 

TITULO III

 

ADIESTRAMIENTO

 

Sección 1. — Programas; paga durante adiestramiento y readiestramiento. (29 L.P.R.A. § 1131)

 

   Para el cumplimiento de las funciones que por esta Ley se le asignan, la Administración del Derecho al Trabajo desarrollará programas de adiestramiento o readiestramiento para el trabajo para trabajadores comprendidos entre los dieciséis (16) y veintiún (21) años.

   La Administración desarrollará también programas para el adiestramiento para el trabajo, o el readiestramiento en nuevas formas de trabajo, para los trabajadores que sean mayores de veintiún (21) años de edad. Los trabajadores bajo adiestramiento o readiestramiento recibirán paga durante dicho período en la forma en que determine la Administración.

   Estos programas de adiestramiento y readiestramiento podrán establecerse y llevarse a cabo tanto en escuelas vocacionales, directamente por la Administración, o mediante contrato con entidades privadas, o mediante acuerdos con agencias públicas.

 

Sección 2. — Cantidades, horas y demás condiciones. (29 L.P.R.A. § 1132)

 

   En los programas de adiestramiento o de readiestramiento, las cantidades a ser devengadas por los trabajadores, y las horas y demás condiciones del adiestramiento, serán fijadas por la Administración tomando en consideración los jornales prevalecientes en la región, los jornales prevalecientes en otros programas de adiestramiento o readiestramiento existentes, los salarios submínimos para aprendices que dispone la Sección 23 de la Ley Núm. 96 de 26 de Junio de 1956, (29 L.P.R.A. § 245v), la intención legislativa de que mediante tales programas no se establezca una competencia desleal hacia determinados patronos del sector privado ni se coarten las oportunidades de empleo en dicho sector, y el objetivo de que tales cantidades, horas y demás condiciones de adiestramiento o readiestramiento resulten lo suficientemente atractivas para crear un fuerte incentivo hacia el adiestramiento o readiestramiento por parte de los trabajadores que cualifiquen para dichos programas.

 

Sección 3. — Disposiciones supletorias. (29 L.P.R.A. § 1133)

 

   Las disposiciones del Título II de esta Ley se entenderán aplicables y supletorias a lo dispuesto en esta ley, en la medida en que sean compatibles con el mismo.

 

 

TITULO IV

 

CUERPO DE TRABAJO Y PROGRESO

 

 

Sección 1 y 2. —[Suprimidas.] Ley Núm. 34 de 13 de Julio de 1978, Art. 13(a) (3 L.P.R.A. § 1601 nota)

 

 

TITULO V

 

DISPOSICIONES GENERALES

 

 

Sección 1. — Asignación para gastos de funcionamiento; depositarios. (29 L.P.R.A. § 1151)

 

(a)   Las asignaciones que se hagan a la Administración del Derecho al Trabajo se considerarán aportaciones sin año fiscal determinado y se incluirán anualmente en la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

(b)   La Administración depositará todos sus fondos en depositarios reconocidos para los fondos del Gobierno Estatal. Los referidos fondos se mantendrán en cuentas separadas a nombre de la Administración.

 

Sección 2. — Transferencia de activo, pasivo y personal de la Administración de Fomento Ocupacional. (29 L.P.R.A. § 1152)

 

   Se transfieren a la Administración del Derecho al Trabajo todos los contratos, obligaciones, fondos, propiedades, materiales, equipo y el personal de la Administración de Fomento Ocupacional.

   La Administración del Derecho al Trabajo podrá continuar los programas de incentivos agrícolas llevados a cabo por la Administración de Fomento Ocupacional. A tales efectos podrá recibir y analizar las solicitudes sometidas por los patronos privados y empresas gubernamentales.

   Los empleados a ser transferidos de la Administración de Fomento Ocupacional a la Administración del Derecho al Trabajo, que sean empleados regulares dentro del Servicio por Oposición, retendrán, mientras ocupen el mismo puesto que ocupaban al momento de la transferencia, el status que tengan dentro de dicho Servicio. Las personas que, al efectuarse la transferencia, fueren empleados probatorios, retendrán dicho status hasta completar la duración del período probatorio asignado en sus puestos. La Administración certificará al Director de Personal sobre la calidad de los servicios de estos empleados, como en los casos de empleados en el Servicio por Oposición. Los empleados transferidos que completen, satisfactoriamente, la prueba práctica en la Administración del Derecho al Trabajo, tendrán los mismos derechos que esta sección confiere a los empleados regulares.

   Las personas transferidas percibirán una retribución por lo menos igual a la que percibían al hacerse la transferencia y seguirán disfrutando de todos los derechos y beneficios, y tendrán las obligaciones que, al momento de la transferencia, su condición de empleado y las condiciones de sus puestos conlleven, de acuerdo con las disposiciones de la Ley Núm. 345, aprobada el 12 de mayo de 1947 (3 L.P.R.A. secs. 641 a 678), según ha sido enmendada ; de la Ley Núm. 447 de 15 de mayo de 1951, según ha sido enmendada (3 L.P.R.A. secs. 761 a 788), y de cualquier otra ley que otorgue derechos o beneficios a los empleados del Gobierno de Puerto Rico.

 

Sección 3. — Disposiciones especiales. (29 L.P.R.A. § 1108 nota)

 

   Se deroga la Ley núm. 140 aprobada el 19 de Julio de 1960, según enmendada (29 L.P.R.A. secs 581 a 585) Todas las reglas y reglamentos que no estén en conflicto con las disposiciones de la presente continuarán en vigor, hasta tanta sea aprobada la reglamentación autorizada por la presente.

 

Sección 4. — Vigencia. Esta ley empezará a regir treinta (30) días después de su aprobación.

 

 

 

Nota. Este documento fue compilado por personal de la Oficina de Gerencia y Presupuesto del Gobierno de Puerto Rico, como un medio de alertar a los usuarios de nuestra Biblioteca de las últimas enmiendas aprobadas para esta Ley. Aunque hemos puesto todo nuestro esfuerzo en la preparación del mismo, este no es una compilación oficial y podría no estar completamente libre de errores inadvertidos; los cuales al ser tomados en conocimiento son corregidos de inmediato. En el mismo se han incorporado todas las enmiendas hechas a la Ley a fin de facilitar su consulta. Para exactitud y precisión, refiérase a los textos originales de dicha ley y a la colección de Leyes de Puerto Rico Anotadas L.P.R.A.. Las anotaciones en letra cursiva y entre corchetes añadidas al texto, no forman parte de la Ley; las mismas solo se incluyen para el caso en que alguna ley fue derogada y ha sido sustituida por otra que está vigente. Los enlaces al Internet solo se dirigen a fuentes gubernamentales. Los enlaces a las leyes enmendatorias pertenecen a la página web de la Oficina de Servicios Legislativos de la Asamblea Legislativa de Puerto Rico. Los enlaces a las leyes federales pertenecen a la página web de la US Government Publishing Office GPO de los Estados Unidos de Norteamérica. Los enlaces a los Reglamentos y Ordenes Ejecutivas del Gobernador, pertenecen a la página web del Departamento de Estado del Gobierno de Puerto Rico. Compilado por la Biblioteca de la Oficina de Gerencia y Presupuesto.

 

 

 

Véase además la Versión Original de esta Ley​, tal como fue aprobada por la Legislatura de Puerto Rico.

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